Scott Bessent y la mano de Estados Unidos detrás de los cambios en la Ley de Glaciares"El primero que pidió esta modificación fue Scott Bessent. El secretario del Tesoro dijo -en enero de este año- que las empresas estadounidenses quieren la entrada preferencial en la minera del litio, cobre y tierras raras. Esas mismas corporaciones son las que necesitan modificar la ley de glaciares para avanzar sobre zonas que hoy están protegidas". Durante la reunión plenaria de las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales, el diputado Eduardo Valdés retomó la línea argumental que ya había esbozado en la Cámara alta Anabel Fernández Sagasti (UP-Mendoza) para rechazar el proyecto del Poder Ejecutivo.
El legislador no se equivocó. El pasado 4 de febrero, el canciller Pablo Quirno firmó junto a los Estados Unidos el "Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos".
"Los Participantes tienen la intención de implementar medidas destinadas a acelerar, simplificar o desregular los plazos y procesos de otorgamiento de permisos, incluidos aquellos necesarios para la minería, separación y procesamiento de minerales críticos dentro de sus respectivos sistemas regulatorios internos", sostiene uno de los considerandos del acuerdo. La modificación a la ley de glaciares encaja dentro de este esquema.
Las mineras dan por descontado el cambio normativo aunque ahora deberán aceptar que la sociedad civil discuta (y exponga) los alcances de los cambios propuestos por el oficialismo durante dos jornadas de audiencias públicas a realizarse el próximo 25 y 26 de marzo.
La insoportable vaguedad del ser
El debate parlamentario ocurre al mismo tiempo en que se desarrolla la convención anual Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), en la ciudad de Toronto. Allí, funcionarios de La Libertad Avanza y funcionarios sueñan con los cambios normativos.
"El gobierno entendió la necesidad de aclarar el texto para que puedan coexistir la protección del medio ambiente y la industria. A todo el sector le da muchísima más claridad sobre qué es lo que se puede hacer y cómo hay que hacer las cosas. Hay que cuidar y proteger los recursos naturales. Y los recursos naturales son tanto el medio ambiente como los minerales que podemos producir para potenciar la mejora en la calidad de vida de todos los argentinos", sostuvo el CEO de Glencore (La Alumbrera, MARA, Pachón), Martín Pérez de Solay, durante un reportaje realizado por Fernando Krakowiak para EconoJournal.
La vaguedad de la respuesta del CEO de Glencore ante la consulta por los cambios en la ley de glaciares es directamente proporcional a la misma vaguedad del texto enviado por el Poder Ejecutivo. Bajo la excusa de que la industria minera necesitaba "aclaraciones" sobre los alcances de la protección de los glaciares y áreas periglaciales, lo que hizo el Poder Ejecutivo fue otorgarles mayor discrecionalidad a las provincias - y, por ende, a las empresas mineras- para que decidan ellas qué proteger y qué no.
El artilugio elegido por la Libertad Avanza fue incluir dentro de la norma el vacuo concepto de "relevancia hídrica". "El concepto de la relevancia hídrica se incorpora como una forma de definir qué se protege y qué no, pero sin especificar cómo lo harían. No es una buena estrategia. La relevancia hídrica es relativa al ambiente, no es absoluto, no se mide en litros de agua. Ahora, con argumentos políticos se puede pasar por encima los aspectos técnicos sobre la definición de un cuerpo de hielo. Las provincias van a poder solicitar que se eliminen del inventario los cuerpos de hielo que no consideren relevantes", cuestionó Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)/CONICET), durante un reportaje publicado por El Destape.
La Barrick busca su revancha
La ley de Glaciares no es una ley antiminera; actualmente se desarrollan proyectos sin afectación alguna a los glaciares y su área periglacial. La norma representa la protección del 1% del territorio de los Andes. Pero los cambios impulsados por el sector privado poseen un correlato histórico.
Según recuerda el ex diputado por Cambiemos (2015-2019), Juan Carlos Villalonga, "en los años previos a la ley, la empresa Barrick Gold se hizo famosa por su intervención descontrolada en las áreas glaciares y periglaciares; más aún, porque algunos de sus proyectos contemplaban no solo la intervención sobre tales áreas sino que proponían trasladar glaciares".
No de casualidad fue la misma Barrick Gold junto a la provincia de San Juan quienes judicializaron la ley para declararla inconstitucional, hecho que la Corte Suprema rechazó en 2019 al sostener la coexistencia plena de los artículos constitucionales 41 (Presupuestos mínimos) y el 124 (propiedad provincial de los recursos).
"Los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de los recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental, para cumplir de la forma más fidedigna posible un mecanismo propio del federalismo concertado que estableció el constituyente reformador de 1994", puede leerse en la sentencia de 2019 que llevó las firmas de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
La modificación introducida por La Libertad Avanza es la revancha de la Barrick Gold, cuyo CEO, Marcelo Álvarez, había expresado en el último congreso del IAEF "con el RIGI solo no alcanza".
"Ahora se opta por salir de la lógica de los presupuestos mínimos ambientales para pasar a tener algo así como presupuestos mínimos por provincia. La idea es que las provincias definan los criterios ambientales con que se manejarán los recursos naturales en sus jurisdicciones. Atravesamos un proceso destinado a llevarse puesta la ley de glaciares, al menos en su sentido original. Por la experiencia que uno ha vivido, sospecho que vamos a una situación de mayor fragilidad institucional", concluyó su análisis Villalonga, en un texto publicado el pasado 2 de marzo (Hablemos de Minería).
El dumping provincial y norteamericano
Durante su intervención en las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales, Valdés exhibió un mapa con la cantidad de glaciares por provincia. "Hablamos de si vamos a preservar el acceso al agua dulce como una política de Estado o si vamos a poner en riesgo los glaciares y ambientes periglaciales, nuestra mayor reserva hídrica del país", sostuvo y advirtió que la semana próxima, la Cancillería organizará un evento en Nueva York bajo la premisa "Desbloqueando la frontera minera en Argentina", con la participación de Río Tinto, McEwen Copper, First Quantum Mineral y el JP Morgan.
¿La modificación de la ley de glaciares ya se resolvió en Wall Street? "En vez de cooperar y buscar un destino común -como fue cuando construimos la Nación, porque las provincias decidimos un destino común de cooperación-, se las pone a competir en un dumping flexibilizador para ver quién atrae más inversiones", había cuestionado la senadora Fernández Sagasti la semana pasada, durante el debate en el Senado.
A los Estados Unidos le incomodan -supuestamente - las políticas de dumping de China pero no las que piensa aplicar en su apropiación de los minerales críticos. Bajo la nueva Doctrina Monroe, la administración Trump busca hacerse de los minerales críticos de países como Argentina bajo el establecimiento de precios mínimos de importación en el contexto de su Proyecto Vault (Bóveda). El objetivo: abastecer su industria tecnológica y belicista. Esto fue lo que rubricó Quirno el pasado 4 de febrero.
Fuente: elDiarioAr
"El primero que pidió esta modificación fue Scott Bessent. El secretario del Tesoro dijo -en enero de este año- que las empresas estadounidenses quieren la entrada preferencial en la minera del litio, cobre y tierras raras. Esas mismas corporaciones son las que necesitan modificar la ley de glaciares para avanzar sobre zonas que hoy están protegidas". Durante la reunión plenaria de las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales, el diputado Eduardo Valdés retomó la línea argumental que ya había esbozado en la Cámara alta Anabel Fernández Sagasti (UP-Mendoza) para rechazar el proyecto del Poder Ejecutivo.
El legislador no se equivocó. El pasado 4 de febrero, el canciller Pablo Quirno firmó junto a los Estados Unidos el "Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos".
"Los Participantes tienen la intención de implementar medidas destinadas a acelerar, simplificar o desregular los plazos y procesos de otorgamiento de permisos, incluidos aquellos necesarios para la minería, separación y procesamiento de minerales críticos dentro de sus respectivos sistemas regulatorios internos", sostiene uno de los considerandos del acuerdo. La modificación a la ley de glaciares encaja dentro de este esquema.
Las mineras dan por descontado el cambio normativo aunque ahora deberán aceptar que la sociedad civil discuta (y exponga) los alcances de los cambios propuestos por el oficialismo durante dos jornadas de audiencias públicas a realizarse el próximo 25 y 26 de marzo.
La insoportable vaguedad del ser
El debate parlamentario ocurre al mismo tiempo en que se desarrolla la convención anual Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), en la ciudad de Toronto. Allí, funcionarios de La Libertad Avanza y funcionarios sueñan con los cambios normativos.
"El gobierno entendió la necesidad de aclarar el texto para que puedan coexistir la protección del medio ambiente y la industria. A todo el sector le da muchísima más claridad sobre qué es lo que se puede hacer y cómo hay que hacer las cosas. Hay que cuidar y proteger los recursos naturales. Y los recursos naturales son tanto el medio ambiente como los minerales que podemos producir para potenciar la mejora en la calidad de vida de todos los argentinos", sostuvo el CEO de Glencore (La Alumbrera, MARA, Pachón), Martín Pérez de Solay, durante un reportaje realizado por Fernando Krakowiak para EconoJournal.
La vaguedad de la respuesta del CEO de Glencore ante la consulta por los cambios en la ley de glaciares es directamente proporcional a la misma vaguedad del texto enviado por el Poder Ejecutivo. Bajo la excusa de que la industria minera necesitaba "aclaraciones" sobre los alcances de la protección de los glaciares y áreas periglaciales, lo que hizo el Poder Ejecutivo fue otorgarles mayor discrecionalidad a las provincias - y, por ende, a las empresas mineras- para que decidan ellas qué proteger y qué no.
El artilugio elegido por la Libertad Avanza fue incluir dentro de la norma el vacuo concepto de "relevancia hídrica". "El concepto de la relevancia hídrica se incorpora como una forma de definir qué se protege y qué no, pero sin especificar cómo lo harían. No es una buena estrategia. La relevancia hídrica es relativa al ambiente, no es absoluto, no se mide en litros de agua. Ahora, con argumentos políticos se puede pasar por encima los aspectos técnicos sobre la definición de un cuerpo de hielo. Las provincias van a poder solicitar que se eliminen del inventario los cuerpos de hielo que no consideren relevantes", cuestionó Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)/CONICET), durante un reportaje publicado por El Destape.
La Barrick busca su revancha
La ley de Glaciares no es una ley antiminera; actualmente se desarrollan proyectos sin afectación alguna a los glaciares y su área periglacial. La norma representa la protección del 1% del territorio de los Andes. Pero los cambios impulsados por el sector privado poseen un correlato histórico.
Según recuerda el ex diputado por Cambiemos (2015-2019), Juan Carlos Villalonga, "en los años previos a la ley, la empresa Barrick Gold se hizo famosa por su intervención descontrolada en las áreas glaciares y periglaciares; más aún, porque algunos de sus proyectos contemplaban no solo la intervención sobre tales áreas sino que proponían trasladar glaciares".
No de casualidad fue la misma Barrick Gold junto a la provincia de San Juan quienes judicializaron la ley para declararla inconstitucional, hecho que la Corte Suprema rechazó en 2019 al sostener la coexistencia plena de los artículos constitucionales 41 (Presupuestos mínimos) y el 124 (propiedad provincial de los recursos).
"Los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de los recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental, para cumplir de la forma más fidedigna posible un mecanismo propio del federalismo concertado que estableció el constituyente reformador de 1994", puede leerse en la sentencia de 2019 que llevó las firmas de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
La modificación introducida por La Libertad Avanza es la revancha de la Barrick Gold, cuyo CEO, Marcelo Álvarez, había expresado en el último congreso del IAEF "con el RIGI solo no alcanza".
"Ahora se opta por salir de la lógica de los presupuestos mínimos ambientales para pasar a tener algo así como presupuestos mínimos por provincia. La idea es que las provincias definan los criterios ambientales con que se manejarán los recursos naturales en sus jurisdicciones. Atravesamos un proceso destinado a llevarse puesta la ley de glaciares, al menos en su sentido original. Por la experiencia que uno ha vivido, sospecho que vamos a una situación de mayor fragilidad institucional", concluyó su análisis Villalonga, en un texto publicado el pasado 2 de marzo (Hablemos de Minería).
El dumping provincial y norteamericano
Durante su intervención en las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales, Valdés exhibió un mapa con la cantidad de glaciares por provincia. "Hablamos de si vamos a preservar el acceso al agua dulce como una política de Estado o si vamos a poner en riesgo los glaciares y ambientes periglaciales, nuestra mayor reserva hídrica del país", sostuvo y advirtió que la semana próxima, la Cancillería organizará un evento en Nueva York bajo la premisa "Desbloqueando la frontera minera en Argentina", con la participación de Río Tinto, McEwen Copper, First Quantum Mineral y el JP Morgan.
¿La modificación de la ley de glaciares ya se resolvió en Wall Street? "En vez de cooperar y buscar un destino común -como fue cuando construimos la Nación, porque las provincias decidimos un destino común de cooperación-, se las pone a competir en un dumping flexibilizador para ver quién atrae más inversiones", había cuestionado la senadora Fernández Sagasti la semana pasada, durante el debate en el Senado.
A los Estados Unidos le incomodan -supuestamente - las políticas de dumping de China pero no las que piensa aplicar en su apropiación de los minerales críticos. Bajo la nueva Doctrina Monroe, la administración Trump busca hacerse de los minerales críticos de países como Argentina bajo el establecimiento de precios mínimos de importación en el contexto de su Proyecto Vault (Bóveda). El objetivo: abastecer su industria tecnológica y belicista. Esto fue lo que rubricó Quirno el pasado 4 de febrero.
Fuente: elDiarioAr
