Milei y los Glaciares: cruzada religiosa por el agua y participación en la lucha frente a las mineras Por Guillermo Villarreal
La ley de Glaciares activó una cruzada religiosa por el agua cuando el gobierno de Javier Milei impulsó cambios para habilitar proyectos mineros vinculados al RIGI. La reacción no se limitó a un pronunciamiento católico: sumó redes ecuménicas, territorios cordilleranos y organizaciones de fe que leyeron el debate como una advertencia sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales.
El intento oficialista se apoyó en una promesa conocida en provincias con presupuestos frágiles: empleo, divisas y obra pública indirecta. San Juan, Catamarca, Mendoza y el Noroeste minero fueron mencionados como motor de una nueva etapa de inversiones. Del otro lado, sectores de iglesias cristianas y organizaciones socioambientales advirtieron que un cambio en la ley podía debilitar la protección de reservas estratégicas de agua.
En ese clima, la Alianza Cristiana Evangélica de la República Argentina (Aciera), la organización del evangelismo vernáculo más cercana al presidente Milei, evitó pronunciarse sobre la discusión. El silencio contrastó con la intervención pública de sectores católicos y de espacios ecuménicos que decidieron involucrarse de lleno en el debate legislativo.
RIGI y minería en alta montaña
La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) fijó la posición más clara dentro de la Iglesia católica. En una carta dirigida a legisladores sostuvo que "los glaciares no son simples recursos económicos. Son fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico", y los definió como "verdaderas catedrales de agua".
El documento reclamó preservar los presupuestos mínimos de protección ambiental y pidió escuchar a comunidades locales, especialistas y organizaciones sociales antes de avanzar con cambios en la norma.
La estrategia no se agotó en el texto. La Pastoral Social anticipó que tomó contacto con legisladores nacionales para expresar su postura, un lobby explícito que buscó instalar un criterio: el agua como bien común por encima de las urgencias fiscales. El mensaje fue pastoral, pero también político.
La presión territorial se amplificó con redes y organizaciones religiosas que ya venían participando en conflictos mineros. El pronunciamiento Porque la cordillera es fuente de vida alertó sobre una "situación de extrema gravedad" y calificó la reforma como una "acción regresiva". El documento puso el foco en el ambiente periglaciar y en el hielo subterráneo, menos visible pero decisivo para el sistema hídrico.
Laudato si' y el mandato de la ecología integral
En ese entramado, el papa Francisco funcionó como referencia central. La encíclica Laudato si' planteó que no existen dos crisis separadas -una ambiental y otra social- sino una sola crisis socioambiental.
Ese marco permitió que la objeción religiosa no se presentara como un rechazo al desarrollo. La crítica apuntó a un modelo extractivo que, según sus cuestionamientos, suele dejar pasivos ambientales mientras concentra beneficios económicos.
Las organizaciones de fe retomaron además la insistencia del pontífice argentino en torno al agua como derecho humano. En el plano local, el argumento se tradujo en una advertencia concreta: si la protección legal se reduce, el impacto se trasladará a poblaciones, producción agrícola y economías regionales aguas abajo.
El Vaticano también ofreció señales de continuidad con un pronunciamiento atribuido a León XIV en un foro por el aniversario de Laudato si'. La pregunta citada en ambientes eclesiales fue directa: "¿Hemos cuidado el mundo creado para beneficio de todos y de las generaciones futuras?". En Argentina, la frase fue interpretada como un límite moral a una eventual flexibilización de la ley.
Audiencias públicas y lobby en el Congreso
El escenario parlamentario agregó tensión al debate. El Gobierno definió que la reforma de la ley de Glaciares que aprobó el Senado no tendrá modificaciones sustanciales. Esa fue la señal que recibieron legisladores de La Libertad Avanza que esta semana visitaron la Casa Rosada.
El grupo fue encabezado por Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, quien coordinó el plenario en el que se discutió el proyecto. Como viene contando Letra P, el oficialismo debió ceder ante la presión opositora y aceptar la convocatoria a dos audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo.
La decisión funcionó como válvula política para descomprimir el conflicto. Las audiencias prometen reunir a científicos, asambleas ambientales, representantes empresariales y organizaciones sociales en un debate que se anticipa áspero.
En el campo religioso, la instancia fue leída como una oportunidad para amplificar posiciones desde distintos territorios. Pero también persiste la sospecha de que la consulta pública termine siendo apenas un paso formal antes de avanzar con la iniciativa.
Mineras y seguridad jurídica
En paralelo, el lobby minero se movió con nombres propios. Barrick Gold, Glencore, BHP, Lundin Mining y Río Tinto aparecen entre las compañías interesadas en reforzar la seguridad jurídica para proyectos en zonas donde el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) inventarió glaciares y ambiente periglaciar.
La discusión técnica se volvió disputa por la letra fina de la ley. En el mapa de inversiones, proyectos como Los Azules, en San Juan, fueron mencionados como ejemplos de desarrollos que podrían acelerarse si se despejan zonas grises en la normativa.
Para organizaciones religiosas y ambientales, el razonamiento invierte el orden del debate: en lugar de adaptar los proyectos a la ley vigente, sostienen que se busca modificar la ley para acomodarla a los proyectos.
Redes ecuménicas y actores del territorio
El enfoque ecuménico se expresó en alianzas territoriales y documentos compartidos. Entre las adhesiones aparecieron espacios como el Grupo Ecuménico Viedma y Patagones, junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborígen (Endepa), pastorales locales y asambleas ciudadanas.
En esos ámbitos, la defensa del agua se planteó como una agenda común entre credos, pueblos originarios y organizaciones socioambientales.
También surgieron voces provinciales dentro del catolicismo. La Comisión de Justicia y Paz de San Juan respaldó la carta episcopal y reclamó una protección integral que incluya "permafrost y glaciares de roca". Allí se sostuvo que el acceso al agua es "un derecho humano básico, universal e inalienable".
Del otro lado, las administraciones provinciales con economías dependientes de inversiones defendieron la potestad local para definir áreas protegidas. Invocaron la propiedad originaria de los recursos naturales y plantearon un conflicto entre autonomía provincial y presupuestos mínimos nacionales.
Memoria de conflictos recientes
La historia reciente explica por qué sectores religiosos decidieron involucrarse. En 2021, en Chubut, la resistencia social y el acompañamiento de referentes cristianos contribuyeron a frenar la zonificación minera impulsada por el entonces gobernador Mariano Arcioni.
En Mendoza ocurrió algo similar. La reacción popular de 2019 sostuvo la vigencia de la ley 7722, conocida como la "guardiana del agua", y marcó un límite político a los intentos de flexibilización.
Ese antecedente funciona como advertencia para el nuevo debate. En ambos casos, la alianza entre organizaciones sociales, comunidades religiosas y asambleas territoriales logró bloquear proyectos que parecían inevitables. En la actual discusión por los glaciares, esa memoria vuelve a aparecer como un actor más del conflicto.
Fuente: Letra P
Por Guillermo Villarreal
La ley de Glaciares activó una cruzada religiosa por el agua cuando el gobierno de Javier Milei impulsó cambios para habilitar proyectos mineros vinculados al RIGI. La reacción no se limitó a un pronunciamiento católico: sumó redes ecuménicas, territorios cordilleranos y organizaciones de fe que leyeron el debate como una advertencia sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales.
El intento oficialista se apoyó en una promesa conocida en provincias con presupuestos frágiles: empleo, divisas y obra pública indirecta. San Juan, Catamarca, Mendoza y el Noroeste minero fueron mencionados como motor de una nueva etapa de inversiones. Del otro lado, sectores de iglesias cristianas y organizaciones socioambientales advirtieron que un cambio en la ley podía debilitar la protección de reservas estratégicas de agua.
En ese clima, la Alianza Cristiana Evangélica de la República Argentina (Aciera), la organización del evangelismo vernáculo más cercana al presidente Milei, evitó pronunciarse sobre la discusión. El silencio contrastó con la intervención pública de sectores católicos y de espacios ecuménicos que decidieron involucrarse de lleno en el debate legislativo.
RIGI y minería en alta montaña
La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) fijó la posición más clara dentro de la Iglesia católica. En una carta dirigida a legisladores sostuvo que "los glaciares no son simples recursos económicos. Son fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico", y los definió como "verdaderas catedrales de agua".
El documento reclamó preservar los presupuestos mínimos de protección ambiental y pidió escuchar a comunidades locales, especialistas y organizaciones sociales antes de avanzar con cambios en la norma.
La estrategia no se agotó en el texto. La Pastoral Social anticipó que tomó contacto con legisladores nacionales para expresar su postura, un lobby explícito que buscó instalar un criterio: el agua como bien común por encima de las urgencias fiscales. El mensaje fue pastoral, pero también político.
La presión territorial se amplificó con redes y organizaciones religiosas que ya venían participando en conflictos mineros. El pronunciamiento Porque la cordillera es fuente de vida alertó sobre una "situación de extrema gravedad" y calificó la reforma como una "acción regresiva". El documento puso el foco en el ambiente periglaciar y en el hielo subterráneo, menos visible pero decisivo para el sistema hídrico.
Laudato si' y el mandato de la ecología integral
En ese entramado, el papa Francisco funcionó como referencia central. La encíclica Laudato si' planteó que no existen dos crisis separadas -una ambiental y otra social- sino una sola crisis socioambiental.
Ese marco permitió que la objeción religiosa no se presentara como un rechazo al desarrollo. La crítica apuntó a un modelo extractivo que, según sus cuestionamientos, suele dejar pasivos ambientales mientras concentra beneficios económicos.
Las organizaciones de fe retomaron además la insistencia del pontífice argentino en torno al agua como derecho humano. En el plano local, el argumento se tradujo en una advertencia concreta: si la protección legal se reduce, el impacto se trasladará a poblaciones, producción agrícola y economías regionales aguas abajo.
El Vaticano también ofreció señales de continuidad con un pronunciamiento atribuido a León XIV en un foro por el aniversario de Laudato si'. La pregunta citada en ambientes eclesiales fue directa: "¿Hemos cuidado el mundo creado para beneficio de todos y de las generaciones futuras?". En Argentina, la frase fue interpretada como un límite moral a una eventual flexibilización de la ley.
Audiencias públicas y lobby en el Congreso
El escenario parlamentario agregó tensión al debate. El Gobierno definió que la reforma de la ley de Glaciares que aprobó el Senado no tendrá modificaciones sustanciales. Esa fue la señal que recibieron legisladores de La Libertad Avanza que esta semana visitaron la Casa Rosada.
El grupo fue encabezado por Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, quien coordinó el plenario en el que se discutió el proyecto. Como viene contando Letra P, el oficialismo debió ceder ante la presión opositora y aceptar la convocatoria a dos audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo.
La decisión funcionó como válvula política para descomprimir el conflicto. Las audiencias prometen reunir a científicos, asambleas ambientales, representantes empresariales y organizaciones sociales en un debate que se anticipa áspero.
En el campo religioso, la instancia fue leída como una oportunidad para amplificar posiciones desde distintos territorios. Pero también persiste la sospecha de que la consulta pública termine siendo apenas un paso formal antes de avanzar con la iniciativa.
Mineras y seguridad jurídica
En paralelo, el lobby minero se movió con nombres propios. Barrick Gold, Glencore, BHP, Lundin Mining y Río Tinto aparecen entre las compañías interesadas en reforzar la seguridad jurídica para proyectos en zonas donde el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) inventarió glaciares y ambiente periglaciar.
La discusión técnica se volvió disputa por la letra fina de la ley. En el mapa de inversiones, proyectos como Los Azules, en San Juan, fueron mencionados como ejemplos de desarrollos que podrían acelerarse si se despejan zonas grises en la normativa.
Para organizaciones religiosas y ambientales, el razonamiento invierte el orden del debate: en lugar de adaptar los proyectos a la ley vigente, sostienen que se busca modificar la ley para acomodarla a los proyectos.
Redes ecuménicas y actores del territorio
El enfoque ecuménico se expresó en alianzas territoriales y documentos compartidos. Entre las adhesiones aparecieron espacios como el Grupo Ecuménico Viedma y Patagones, junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborígen (Endepa), pastorales locales y asambleas ciudadanas.
En esos ámbitos, la defensa del agua se planteó como una agenda común entre credos, pueblos originarios y organizaciones socioambientales.
También surgieron voces provinciales dentro del catolicismo. La Comisión de Justicia y Paz de San Juan respaldó la carta episcopal y reclamó una protección integral que incluya "permafrost y glaciares de roca". Allí se sostuvo que el acceso al agua es "un derecho humano básico, universal e inalienable".
Del otro lado, las administraciones provinciales con economías dependientes de inversiones defendieron la potestad local para definir áreas protegidas. Invocaron la propiedad originaria de los recursos naturales y plantearon un conflicto entre autonomía provincial y presupuestos mínimos nacionales.
Memoria de conflictos recientes
La historia reciente explica por qué sectores religiosos decidieron involucrarse. En 2021, en Chubut, la resistencia social y el acompañamiento de referentes cristianos contribuyeron a frenar la zonificación minera impulsada por el entonces gobernador Mariano Arcioni.
En Mendoza ocurrió algo similar. La reacción popular de 2019 sostuvo la vigencia de la ley 7722, conocida como la "guardiana del agua", y marcó un límite político a los intentos de flexibilización.
Ese antecedente funciona como advertencia para el nuevo debate. En ambos casos, la alianza entre organizaciones sociales, comunidades religiosas y asambleas territoriales logró bloquear proyectos que parecían inevitables. En la actual discusión por los glaciares, esa memoria vuelve a aparecer como un actor más del conflicto.
Fuente: Letra P
