La huelga de los trabajadores de Guilford en Comodoro Rivadavia cumple 50 años y su final se vincula directamente con el comienzo de la dictadura militar. En esta primera parte de la investigación se profundiza sobre el conflicto que se extendió por varios meses desde finales de 1975 hasta principios de 1976, generando una amplia adhesión en el sector textil chubutense. Al mismo tiempo logró extenderse al resto de los gremios de la ciudad, provocando la convocatoria a una huelga general de la CGT y las 62 Organizaciones contra los despidos. Fue una dura pelea de los obreros y la comisión interna provisoria contra la burocracia sindical de la Asociación Obrera Textil (AOT), que acusó el proceso huelguístico de "guerrilla fabril", cuando en realidad sus reclamos eran por mejores condiciones de trabajo, aumento salarial y el profundo rechazo a la intervención de la AOT, midiendo fuerzas con los grupos de poder de la provincia. Algunos de sus dirigentes fueron perseguidos y amenazados por la Triple A, y otros fueron detenidos ilegalmente por "montoneros" o "guerrilleros" durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Por entonces la inteligencia militar ya había comenzado la "lucha contra la subversión" y con una andanada de Decretos Secretos se abrieron las puertas al infierno de la ilegalidad represiva. La huelga de Guilford dividió aguas política y sindicalmente en Comodoro y la región, inclusive dentro del propio peronismo, tomando posturas opuestas el gobernador Benito Fernández y el intendente de Comodoro Alberto Lamberti. Varios de sus protagonistas fueron encarcelados durante la dictadura y torturados en los Centros Clandestinos de Detención instalados en el extremo sur del país, todo con la colaboración del juez federal Omar Garzonio y el sistema judicial. El conflicto es un capítulo poco transitado por la historia regional y a medio siglo de su concreción amerita un pormenorizado análisis ya que algunos de los involucrados, que trabajaron en la fábrica, fueron parte del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Comodoro Rivadavia -Causa 8008- que terminó con tres militares condenados.
Orígenes del conflicto y el contexto sindical
El proceso huelguístico se inició en febrero de 1976 y finalizó el mismo 24 de marzo, aunque tiene antecedentes desde la segunda mitad del año ‘75. Los obreros debieron regresar a sus tareas justamente cuando comenzaba la dictadura más cruel de la historia nacional. La medida empezó como un reclamo contra la dirección de la AOT por una intervención de 7 años, el rechazo a despidos, reclamos por mejores condiciones laborales y por aumentos salariales; se encendió la mecha tras la cesantía de Juan Navarrete, uno de los integrantes de la Comisión Interna Provisoria en la planta de Guilford ubicada en el Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia, y rápidamente se extendió a las otras dos instalaciones que esa empresa tenía en la zona del Barrio Industrial.
Era la textil más grande en la región sur de Chubut, instalada desde 1957 (el programa de industrialización subsidiada se inició en 1956), con alrededor de 900 trabajadores entre sus tres edificios.
Navarrete relató a El Extremo Sur que "el conflicto comienza el 5 de febrero (de 1976) a la medianoche cuando me despiden a mí y al día siguiente sale mi fábrica de Km 8 a la huelga. El turno no ingresa y salen marchando hacia Comodoro para parar las otras dos plantas en el Barrio Industrial. A mí me van a buscar a las 8 de la mañana, yo estaba durmiendo, y se hace la primera asamblea donde se decide extender el conflicto con el reclamo de mi reincorporación, mejoras salariales y la recuperación del sindicato que estaba intervenido".
Juan, que trabajaba desde 1975 en Guilford y era delegado de la Sección Tintorería de Km 8, recordó: "Me dijeron que estaba despedido y no me dejaron entrar a trabajar. Cuando entra el último compañero del turno le dije ‘loco me echaron, no me dejan entrar'. El entró y les dijo a los compañeros ‘lo despidieron a Navarrete' y se llamó a la asamblea, pararon la fábrica, hicieron carteles con las telas. Cuando llega el turno de la mañana (el 6 de febrero) comenzó la huelga y se marchó a las otras plantas para sumarlas".
Tapa del diario Crónica del 10 de febrero de 1976 (*)
El expediente del Juzgado Federal de Rawson, que hoy es parte del Archivo Provincial de la Memoria de Chubut, presenta en su construcción una narrativa interesante, que aquí retomamos. ¿Dónde ubica esa narración oficial el comienzo del conflicto? En la Resolución 138 de la Asociación Obrera Textil (AOT), fechada el 23 de julio de 1975, donde se aceptó la renuncia de César Ayala al cargo de delegado reorganizador de la seccional Comodoro Rivadavia y se impuso, en ese mismo rol, a su hermano, Horacio Ayala. César había logrado un "ascenso" en la estructura sindical: quedaba a cargo de la AOT provincial y en su conducción nacional, y "legaba" su antiguo rol hacia su hermano menor.
Luego se ubica el Acta Nº 1 de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo (DRMT), realizada el 9 de febrero. En esa reunión Roberto Marín, titular de la DRMT, recibió a los representantes de Guilford (Juan Dachs y Hugo Bassi), quienes denunciaron la huelga, remarcando que no les constaba ningún reclamo o presentación del gremio.
En verdad, el proceso se venía incubando desde hacía tiempo. El reclamo central era contra el rol de la burocracia sindical, la falta de atención a las necesidades planteadas por los trabajadores, la traición de sus sindicalistas y la falta de representación que sentían los obreros textiles. La AOT nacional y regional no lograba hacer pie en la ciudad, y cuando los trabajadores ponían representantes estos eran cooptados con prebendas por la burocracia nacional bajo el mando de Casildo Herreras.
Navarrete recuerda que "el conflicto giró entorno de la recuperación del sindicato (AOT) contra (Virgilio) Graneros y los interventores que fueron los hermanos Ayala (César y Horacio), a ellos los habían nombrado desde la AOT de Buenos Aires y no hay que olvidarse que Casildo Herreras (secretario general de la AOT nacional) estaba muy bien parado en la CGT nacional".
Obviamente, y en especial después del "Rodrigazo", se sumó la exigencia por la carestía de vida: exigían un aumento del 130%, ya que sus remuneraciones eran de 600 o 700 mil pesos. Pretendían llegar a percibir alrededor de 2 millones, en una ciudad con alto costo de vida, en la que los sueldos petroleros estaban en torno a los 5 millones.
Enfrentamiento con la empresa y la AOT
Grupos de trabajadores textiles ya se habían entrevistado, repetidamente, con el integrante de la AOT regional para solicitar su acompañamiento; el rechazo fue total. Graneros había sido elegido por los trabajadores para impulsar sus reclamos y terminó uniéndose a la conducción del sindicato textil.
Ante ello, los obreros conformaron una comisión provisoria, que fue ganando apoyo interno. Contra esa dinámica organizativa comenzó la ofensiva patronal y sindical, buscando ahogar un conflicto que ya había escalado. A la huelga se habían sumado, por la acción obrera, otras fábricas textiles, como Omnipol, Rostas, Cortilene, Textil Sud, Bounty, Cardet y Las Margaritas.
Comenzaron a realizarse asambleas textiles, algunas realmente masivas. El 9 de febrero de 1976 alrededor de 2.000 trabajadores denunciaron la actitud patronal de los hermanos Ayala y Graneros. Allí también plantearon su apoyo a la huelga los integrantes de la Juventud Sindical Peronista y las 62 Organizaciones Peronistas.
Como un evidente contraataque, ese mismo día se presentó Graneros ante la DRMT "en forma espontánea" para solicitar se declarase la ilegalidad de la huelga, ya que "la medida no tiene ningún tipo de representatividad gremial" (folio 4, exp. APM). Reclamó que el personal se reincorporase a su lugar de trabajo, con un posicionamiento aún más contundente que el planteado por la patronal.
Durante los siguientes días la huelga se consolidó y la AOT debió revisar, al menos temporalmente, su postura. Intentó controlar el conflicto, dialogando con los sectores más moderados del movimiento. Así consiguieron que se levantase la huelga por unos días con la promesa de comenzar una negociación legal.
Esa situación se expresó en el acta número 3 de la DRMT, realizada el 11 de febrero. Allí se presentó César Ayala (por el Consejo Directivo Nacional de la AOT), Graneros, y los delegados de la fábrica Guilford del barrio industrial (Héctor Villagra, Horacio Guzmán, Juan Carlos Contreras, Gerardo Oyarzún y Luis Vidal) y de kilómetro 8 (Carlos Herreras y Luis Reynoso), más Dachs, Velerdas y Bassi por la empresa. Estos últimos reclamaron que se declarase ilegal a la huelga, citando para ello la postura del gremio en igual sentido.
La AOT desconoció su anterior pedido de que se decretase la ilegalidad, aunque repitieron que no habían autorizado ninguna medida; por ello los trabajadores "corren por cuenta y riesgo de quienes realizaron e incitaron a la realización del movimiento" (folio 5, exp. APM). Afirmaron, sin embargo, que ahora sí tenían reclamos de los delegados, y que estaban comenzando a construir un petitorio. La DRMT solicitó a la asesoría letrada su dictamen, que recién se emitió el 19 de febrero; ese día se publicó el acta 4, que intimó a los operarios a reintegrarse a sus tareas. Pero, durante esos días que fueron del 11 al 19 de febrero, habían pasado muchas cosas en ese agitado verano de Comodoro Rivadavia.
Desborde, ilegalidad, solidaridad y huelga general
Tras el fracaso de la AOT en su intento de controlar la protesta (la huelga se retomó el 13 de febrero), la dirigencia sindical radicalizó su postura en contra de los trabajadores. El 15 el gremio publicó en los diarios regionales un comunicado titulado "A los trabajadores textiles, autoridades nacionales y provinciales, a la opinión pública". En él "denuncia la instrumentación de un plan tendiente al sabotaje y la paralización de la actividad fabril por parte de elementos complicados en la subversión y el terrorismo", y sostenía que la huelga era una acción de "la guerrilla fabril", desarrollada "ante el fracaso de la subversión armada destruida por nuestras gloriosas Fuerzas Armadas". Convocan a "exterminar la maligna subversión en todas sus manifestaciones", "en salvaguarda de los supremos intereses de la Patria y de la comunidad" (El Patagónico, 15/2/76).
En ese marco, y sin dudas aprovechando esa postura sindical, la empresa despidió a 46 obreros y envió telegramas, amenazando con acciones similares, a más de 200. La reacción obrera también fue contundente: otra asamblea ratificó la huelga. Varios dirigentes sindicales (entre ellos el secretario general de la CGT local) conformaron una Comisión Intergremial en apoyo a la lucha, y el 19 de febrero (tras la declaración de "ilegalidad") se realizó una reunión en la DRMT, impuesta por la presión obrera. Participó la Intergremial, la Comisión Provisoria y representantes empresariales de las otras fábricas textiles instaladas en la ciudad, afectadas por el enorme impacto social que había adquirido la protesta.
La Intergremial solicitó al empresariado una solución al conflicto. La mayor gravedad residía en Guilford y a esos propietarios se les reclamó algún tipo de respuesta; Dachs respondió que no estaba autorizado a nuevas negociaciones. El representante de Textil Sud planteó su preocupación, y destacó que su empresa no tenía cesantes y nada podía hacer para solucionar el problema; con esa postura coincidieron los integrantes de las otras textiles, que solicitaron retirarse de la reunión.
La representación obrera informó que, por mandato de asamblea, el paro continuaría hasta solucionar sus demandas: el reclamo de aumento salarial (que, aclararon, ahora era para todos los textiles de Comodoro) y la reincorporación de los despedidos. A la vez amenazaron con una huelga general en la ciudad. El conjunto de las patronales respondió que ya habían otorgado un aumento salarial y que no había posibilidad de otro incremento.
Convocatoria a la huelga general de la CGT y la 62 Organizaciones en apoyo a los obreros de Guilford (*)
Fue la fase de mayor movilización y unidad obrera. Los trabajadores tenían el apoyo de gremios importantes, y la dirigencia local de la AOT parecía aislada. En la asamblea textil del día 19, realizada en el Centro Asturiano, el dirigente de la CGT local trató de "alcahuetes" a los hermanos Ayala y a Graneros (Crónica, 20/02/1976), y otra vez se habló de huelga general. Sin embargo, no hubo acciones que profundizasen la lucha, y la correlación de fuerzas luego se fue modificando. La negociación se trasladó a Buenos Aires, entre la dirección nacional de la AOT y Guilford, y la dirigencia regional empezó a sufrir presiones desde la cúpula nacional.
Política, "guerrilla fabril" y "sabotajes"
La confrontación entre el peronismo revolucionario y la derecha política-sindical se reflejó claramente en el conflicto de Guilford; no sólo por los posicionamientos de los dirigentes sindicales, sino también por el accionar de la gestión provincial del gobernador Benito Fernández y el rol fundamental jugado por el delegado de trabajo en Comodoro Rivadavia.
El parteaguas que generó la huelga de los obreros textiles se tradujo en posturas contrapuestas al interior del peronismo en el gobierno. El gobernador Fernández, relacionado con la ortodoxia peronista y candidato del FREJULI, no se involucró directamente en la resolución del conflicto, aunque su delegado regional al frente del Ministerio de Trabajo comodorense (José Ubaldo Verón) jugó un papel esencial favor de la intervención de la AOT y el sector empresario, declarando "ilegal" a la huelga.
En la vereda de enfrente, el intendente comodorense Alberto Lamberti -más cercano a los sectores de la izquierda peronista- mostró cierto acompañamiento con el conflicto, facilitando el Gimnasio Municipal para algunas asambleas de los huelguistas y entregando subsidios económicos de "manutención" para la madre, la esposa y la hija de trabajadores involucrados en el paro (Crónicas del Centenario, 2001). Esa acción fue la que determinó que en agosto de 1977 fuera detenido por los militares, quedando alojado en una comisaría de Rawson hasta el 15 de diciembre, adjudicándole la existencia de un "delito de terrorismo" por subsidiar a personas vinculadas con una huelga que había sido declarada "ilegal".
La tensión por el conflicto en Guilford se mantuvo durante los siguientes días: los obreros volvieron al trabajo buscando abrir instancias de negociación, pero rápidamente retomaron la huelga por la intransigencia patronal y la presión del sindicato para que no hubiese una resolución favorable. La AOT operaba para que el conflicto fuese un fracaso, y reclamaba a la empresa que impulsase nuevos despidos.
El dirigente radical nacional Ricardo Balbín introdujo sobre finales de 1975 el concepto de "guerrilla fabril", aduciendo que "la subversión está en todas partes... la guerrilla del monte y la de acá, en las fábricas". Refiriéndose a la represión contra la huelga que dejó 300 detenidos y 20 desaparecidos, sostuvo que "los sucesos de Villa Constitución fueron necesarios para erradicar a la subversión industrial". Las frases del legendario referente de la UCR complementaron e institucionalizaron, desde la oposición al peronismo, la lucha contra el "enemigo interno" que ya se estaba desarrollando y preanunciando el "extermino" de la "subversión" que se implantaría con los métodos más planificados y cruentos con el desembarco de la dictadura.
Asamblea de los obreros en Villa Constitución, Santa Fe y la imagen de Ricardo Balbín
Esa acusación de "guerrilla fabril" fue utilizada por los miembros de la AOT en la región para acusar a los huelguistas de Guilford. El 25 de febrero Horacio Ayala denunció la presencia de sujetos con "intereses ajenos a la comunidad" y de una "guerrilla fabril", con críticas a los gremialistas que apoyaban la protesta. Sostuvo que "este proceso viene mal guiado por sujetos que están identificados con la subversión, porque participan activamente en grupos declarados ilegales por la Presidenta".
La situación se debatió en la Legislatura provincial a partir de un proyecto formulado por el diputado del Partido Revolucionario Cristiano, Venicio Fenizi (acompañado por Agustín Torrejón) que planteaba la reincorporación de los obreros cesanteados a través de una intervención estatal. Dicha propuesta fue enfrentada por el diputado Carlos Nizetich, del FREJULI, que había ingresado en la lista como representante sindical ligado a la AOT, y que así describió el proceso en plena cámara legislativa de la provincia del Chubut: "una política extraña a nuestro país, que lo vínculo con lo sucedido en Villa Constitución, la Hilandería Olmos de Buenos Aires, también con los hechos ocurridos en Sierra Grande y con otras fábricas del parque industrial que si bien no han tomado estado público se encuentran personas detenidas en la Unidad 6 que quisieron hacer lo mismo en Trelew y lo estaban logrando en la fábrica Cirsa" (Legislatura del Chubut, 1976, f. 5).
La referencia es a que en Cirsa (una planta textil de Trelew) se habría intentado un sabotaje, y "no tuvieron éxito por la habilidad -posiblemente- de los dirigentes gremiales con que cuenta esta zona" (Legislatura del Chubut, 1976, f. 5).
Proceso histórico, ilegalidad, disputa sindical y desgaste
Es evidente que el conflicto de Guilford se ubicaba en el eje de las confrontaciones que se desarrollaban a nivel nacional (entre ellas la de los obreros mineros de Hipasam en Sierra Grande y los metalúrgicos del "Villazo" en la santafecina Villa Constitución), y en la dinámica de enfrentamiento capital-trabajo. Eran tiempos de enormes luchas obreras por aumentos salariales y mejores condiciones laborales, que terminaron dando origen a la mayoría de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) que en 1975 alcanzaron su pico máximo en conquistas para los trabajadores. Esos CCT son los que el empresariado intentó destruir a lo largo de los últimos 50 años y que la actual reforma laboral aspira modificar radicalmente.
Finalmente, la Legislatura provincial aprobó un proyecto que no planteaba ninguna resolución favorable para los obreros en lucha. La Comisión Provisoria recibió el apoyo de la Unión Obrera de la Construcción (cuyo dirigente era Marcial Paz), pero se diluía el antiguo acompañamiento de la CGT. Los obreros buscaban alejarse de las acusaciones de subversión, remitiendo "al amparo de la generosa doctrina justicialista", y convocaban a "la recuperación de nuestro gremio y sus legítimos destinatarios a través de la voluntad soberana de sus afiliados". Además, devolvían la acusación de "subversión" al propio Ayala: "un hombre sin escrúpulos, vendido abiertamente a los intereses empresarios y realmente subversivo, porque cabiéndole, no ha intercedido en la búsqueda de una solución" (Crónica, 26/2/1976).
El conflicto comenzó a perder fuerzas. Recién el 2 de marzo se anunció la postergada huelga general en Comodoro Rivadavia: a ella se sumó la UOCRA, Gastronómicos, Carne, Comercio, Obreros y Empleados de Petroquímica, Panaderos, ATE, Petroleros Privados, Bancarios, Gas del Estado, transporte de corta y larga distancia, Sanidad, Unión Ferroviaria y Juventud Sindical Peronista. La CGT se posicionó en contra, junto a Petroleros del Estado, Metalúrgicos, Mecánicos, Municipales, Luz y Fuerza, La Fraternidad y Correos (El Patagónico, 2/3 y 3/3/1976).
El 3 se realizó la acción; la policía provincial prohibió reuniones y marchas sin autorización, comunicando la vigencia del estado de sitio y la Ley 20840. La DRMT sostuvo que toda huelga sería declarada ilegal. Pese a ello, fue un día de importantes conflictos: con el titular "Terrorismo y tiroteo" ilustraba Crónica su portada del 4 de marzo. El Gobierno provincial había trasladado cincuenta efectivos desde la capital (ubicada a más de 400 kilómetros). Se denunciaron tiroteos y bombas, en un "clima de guerrilla" (Crónica, 4/3/1976); los obreros textiles se reunieron en el local de la UOCRA, y los adherentes a la CGT en el de la UOM.
Los trabajadores de Guilford y las fuertes críticas la intervención de los hermanos Ayala y Graneros (*)
La medida consiguió repercusión política, pero se seguía debilitando la unidad obrera. El gobernador Benito Fernández sostuvo que intervendría en el conflicto y la CGT convocó un plenario al cual invitó a la Comisión Provisoria. Se inició una dura pulseada, en la cual la conducción de la CGT disputó la dirección del conflicto: la asamblea textil aceptó que los dirigentes de la CGT encabezasen la negociación y sólo quedaron tres miembros de la Comisión en el deslucido rol de "veedores".
Ese 4 de marzo el subsecretario del Ministerio de Trabajo, José Ubaldo Verón, ratificó la ilegalidad de la huelga. La CGT insistió en que la única manera de negociar los reclamos era volviendo al trabajo. Si bien hubo resistencia, tras más de un mes de conflicto las fuerzas flaqueaban: el 7 de marzo, la asamblea de trabajadores decidió levantar el paro y quedar a la espera de las gestiones. Los dirigentes de las 62 Organizaciones y la Juventud Sindical Peronista, quienes apoyaron el movimiento desde un inicio, eran desplazados por la CGT, al igual que la Comisión Provisoria.
El 8 de marzo, en una de las instalaciones de Guilford de Barrio Industrial, se reunió la empresa, Horacio Ayala y los "dirigentes cegetistas". Ayala exigió que la CGT se retirara, ya que era "un problema interno de la AOT", generado "por un montón de bandidos". Reclamó que los despidos debían ser más numerosos, para depurar el colectivo obrero. El trabajo en las fábricas había recuperado una relativa normalidad, y los obreros decidían esperar que las gestiones de la CGT lograsen alguna mejora. Durante la asamblea del día 14, Morejón, dirigente de la CGT local, informó que se había comunicado con Campos (secretario de interior de la CGT nacional), quien a su vez había dialogado con Casildo Herreras. Según esa muy indirecta referencia, se prometía que los hermanos Ayala serían desplazados del conflicto y el caso lo tomaría en forma directa la AOT nacional, para garantizar una resolución.
En esa asamblea, dirigida por la CGT, los reclamos ya fueron solo defensivos: reincorporación de los trabajadores despedidos, aumento salarial de emergencia y pago de los jornales caídos. La Comisión había perdido su capacidad de dirección, en especial a medida que el conflicto se canalizó por los caminos de negociación estatal. Las deliberaciones se trasladaron a Capital Federal (a 2.000 kilómetros del conflicto), y por ello los obreros ya discutían retomar la huelga. El 21 de marzo otra asamblea textil votó el retorno a medidas de fuerza, aun contra la postura de la CGT. Según la prensa local, en la asamblea "se produjo un intenso cambio de opiniones" (Crónica, 22/3/76). Se convocó otra asamblea para el 28 de marzo, si no mediaban novedades relevantes: ese nuevo encuentro, obviamente, nunca tuvo lugar.
La CGT quedó debilitada, y sus dirigentes acusaron a Ayala de boicotear la negociación (Crónica, 23/3/76). Es interesante analizar las gradaciones de posturas sindicales. Desde la más radicalizada (representada por la Comisión Provisoria), la que sostenía una postura "obrerista", pero que reclamaba moderación en los métodos (representada aquí por las 62 Organizaciones), pasando por la de quienes buscaban canalizar todo por los mecanismos institucionales (la CGT local), hasta la de los que tenían como programa "exterminar" las orientaciones radicales, misma perspectiva que se impulsaría durante la dictadura militar (posición de la AOT). Ya en esos días era evidente la participación de esa corriente como parte del aparato represivo: "Un alto dirigente de la CGT manifestó que desde el Ministerio del Interior se requirieron informes a esa organización y que en el ámbito de las Fuerzas Armadas también se estarían recabando antecedentes" (Crónica, 23/3/76).
El mismo 23 de marzo la dirigencia local de la AOT se notificó de la resolución 89/76 del Ministerio de Trabajo, que ratificó la ilegalidad de la huelga y exigió el retorno al trabajo. El Golpe de Estado impuesto durante la madrugada del 24 de marzo inhibió toda resistencia obrera. Los despidos se concretaron y los trabajadores retornaron a sus tareas sin conquistar sus reclamos. Allí terminaba el conflicto en lo que hacía a lo laboral: la represión y los costos de la misma continuarían hasta el presente.
(*) Las imágenes de los diarios comodorenses, Crónica y El Patagónico, fueron aportadas a manera de colaboración por la magister Virginia Bersáis y la profesora Lorena Hernández de la UNPSJB.
Foto de portada: Periódico Avanzada Socialista N°181 del 15 de marzo de 1976 del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).
