Comunidades aborígenes y la reforma de la Ley de Glaciares: "Sin consulta es inconstitucional"Por Laki Quispe
En los pasillos del Congreso de la Nación, donde el aire suele estar viciado de tecnicismos y cabildeos, irrumpió el aroma a cerro, el sonido del Mapuzungún y el Quechua, y una verdad que el poder se niega a escuchar. Los días 25 y 26 de marzo, apenas un porcentaje mínimo de decenas de miles de inscriptos fue autorizado a exponer; de ese pequeño número, al menos quince voces de Pueblos Originarios pudieron exponer en el debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares (26.639). No fueron a pedir permiso; fueron a ejercer su preexistencia y a denunciar que lo que el Estado llama «progreso», para ellos, es una sentencia de muerte.
Argentina cuenta con más de 16.000 glaciares registrados en inventarios científicos desarrollados por organismos como el CONICET. En un país donde más del 70% del territorio es árido, estos cuerpos de hielo no son un recurso más: son la base misma de la vida. Como advirtió Antonella Guevara (comunidad Rafaela Ishton Pueblo Selknam de Tierra del fuego), «estamos discutiendo si vamos a hipotecar o no la vida de nuestros hijos», señalando que las cuencas atraviesan de punta a punta el país y sostienen territorios enteros. Pero lo que se puso en discusión en estas audiencias no fue solo una ley. Fue el sentido mismo de la democracia, del desarrollo y de la vida.
El Congreso como «Casa Teatral»: una audiencia de espaldas al pueblo
La sensación generalizada entre los expositores fue de indignación ante una puesta en escena democrática que consideran fallida. Cesar Rolando «Moro» Flores (Resistencia Diaguita, Tucumán) sintetizó el sentimiento con una matemática dolorosa: «1.350 kilómetros para tener cuatro minutos de palabra... un minuto por cada 100 años de saqueo». Esta restricción del tiempo no fue la única barrera. Antonella Guevara denunció que, de las miles de personas inscriptas, la mayoría fue silenciada, cuestionando la validez de un proceso que excluye la participación real.
Daniel Naporichi (Pueblo Qom - Fuerza Ancestral Indígena De Santa Fe) fue más tajante al preguntar cuándo el Congreso se convirtió en una «Casa Teatral» al servicio de las corporaciones y no del pueblo, denunciando una alarmante «baja de inteligencia» y sensibilidad de los legisladores frente a la naturaleza. Moira Millán (Weychafe Lof Mapuche Pillan Mawgiza, Chubut) profundizó esa crítica: «a veces me parece que todo esto es parte de un espacio circense... haciendo de cuenta que es una democracia verdaderamente participativa. Y es mentira». Para ella, esa «falacia» no podrá sostenerse en el tiempo. Por su parte, Héctor Mario Quinteros (Comunidad Amaicha Del Valle, Tucuman) calificó estas audiencias como una «cosmética» para legitimar un proceso viciado de nulidad, donde el Estado actúa con «soberbia y antropocentrismo».
Luis Romero (Comunidad Mapuche Felipin De Neuquén) aportó una dimensión histórica: «El Estado se gestó sobre un genocidio... y los pueblos indígenas también fuimos víctimas de ese genocidio». En ese marco, las audiencias no aparecen como un hecho aislado, sino como continuidad de un proceso de despojo.
Cosmovisión vs. capital: el agua como ser vivo
Mientras los legisladores discuten «presupuestos mínimos» y «zonas de explotación», las ponencias articularon una visión radicalmente distinta: los glaciares no son recursos, son seres vivos, sujetos de derecho, ancestros y bancos perpetuos de agua.
Josué Vargas "Kuntur" (Parlamento De Comunidades Indígenas De Jujuy) explicó que los cerros y ríos son «seres vivos» con derecho a la vida, independientemente de que las leyes «eurocentristas» los reconozcan o no. Liliana Herrera (Omta De Comunidad Huarpe Guaytamari, Mendoza) reforzó esta mirada al señalar que con los glaciares «tenemos una relación espiritual y cultural». Para el pueblo Mapuche, según Hugo Aranea (Coordinadora Del Parlamento Mapuche Tehuelche De Rio Negro), los glaciares son los nien, las fuerzas cuidadoras de las cuencas que alimentan la vida.
Esta diferencia de paradigmas es absoluta. Mientras el Estado busca minerales para el «dios capital extranjero», los pueblos cuidan la tierra como una madre, ejerciendo su rol como guardianes ancestrales. Mabel Gutiérrez (Comunidad Laguna Blanca ee Catamarca) lo puso en palabras simples pero demoledoras: «Para ellos la tierra es dinero, para nosotros la tierra es nuestra madre». En la misma línea, Verónica Azpiroz Cleñan (Mapuche, Epu Lafken) describió la «tetralogía del agua» -mujer, varón, niñez, ancianidad- y advirtió que no se puede «diseccionar un cuerpo que late» -el sistema hídrico- sin afectar su integridad total.
Daniel Naporichi lo sintetizó con claridad: «para los Pueblos Indígenas la naturaleza es como un cuerpo; si le falta algo, no funciona». Bajo esta mirada, intervenir glaciares o ríos no es una actividad económica: es una forma de violencia.
El cerco legal: inconstitucionalidad y violación de tratados
La defensa de la ley vigente además de espiritual, es también jurídica. Vilca Nicolás (Comunidad Indigena La Pulpera Del Pueblo Chichas, Jujuy) recordó el principio de no regresión ambiental, que impide reducir niveles de protección. Reformar la ley, sostuvo, es un retroceso que pone en riesgo el acceso al agua y los derechos de las futuras generaciones. La totalidad de las intervenciones coincidieron en que cualquier modificación sin consulta es inconstitucional, por violar los artículos 41 (ambiente sano) y 75 inciso 17 (preexistencia indígena) de la Constitución Nacional.
Lourdes Albornoz (Unión Diaguita De Tucumán) advirtió además que el estado Argentino ya fue condenada por la Corte Interamericana en el caso Lhaka Honhat por no garantizar el acceso al agua a comunidades Indígenas. «Ninguna de las cámaras ha brindado información suficiente y culturalmente adecuada a las 36 naciones indígenas en sus 19 lenguas», denunció.
Un punto de coincidencia absoluta fue la violación sistemática del Convenio 169 de la OIT y del Acuerdo de Escazú, algo que este proyecto ignora deliberadamente al intentar recortar la protección de los periglaciares. De avanzar en estas condiciones, el país podría enfrentar sanciones internacionales.
Mercedes Velardez (Red TICCA, Tucumán) y Luis Romero subrayaron que, al no existir consentimiento de las naciones indígenas, cualquier avance legislativo es nulo.
Territorios en la línea de fuego: del NOA a la Patagonia
Las intervenciones trajeron el mapa del conflicto a la sala.
En el NOA, se denunció la existencia de más de 1.700 proyectos mineros en Jujuy. Kuntur relató que estas actividades consumen miles de litros de agua por segundo, mientras las comunidades deben recorrer largas distancias para conseguir un bidón, una situación que se agrava durante los períodos de sequía. Explicó que sin agua no pueden desarrollar ninguna de sus actividades: "Los periglaciares permanecen congelados durante la época de frío. Durante el resto del año, esos hielos se derriten y nos brindan agua constantemente para nuestra principal fuente de trabajo, que es el pastoreo, la cosecha, la ganadería, la elaboración de artesanías y el turismo comunitario".
En Catamarca, Mabel Gutiérrez expuso el avance sobre territorios como Laguna Blanca y Peñas Negras, denunciando la complicidad del gobierno provincial con empresas mineras. Recordó también más de 800 semanas de resistencia en Andalgalá contra el emprendimiento Agua Rica Mara en el nevado de Aconquija, así como los cinco años de lucha sostenida contra la empresa Elevado Gold. "El gobierno ha rechazado las zonas de reserva de la biósfera de Laguna Blanca para que la zona de usos múltiples, donde hoy se pastorea, sea zona intangible, y la zona intangible de altas cumbres pase a ser zona de usos múltiples para habilitar la minería", cuestionó.
En Cuyo, particularmente en Mendoza, Liliana Herrera alertó sobre el proyecto San Jorge, denunciando irregularidades en los estudios de impacto ambiental, represión y criminalización en el marco de la defensa del "agua antigua" de los glaciares del Aconcagua. "El proyecto minero San Jorge, que explota montañas enteras, ha envenenado las aguas con sustancias tóxicas, falseando la declaración de impacto ambiental que luego fue aprobada por el Ejecutivo y el Legislativo provincial. Hay represión, presos políticos, criminalización de la protesta y no se escuchan las propuestas del pueblo para generar un desarrollo basado en el turismo sustentable, con identidad y áreas protegidas", aseguró.
En la Patagonia -Chubut, Río Negro y Neuquén-, José Tureo (Presidente Cooperativa Productores Cordilleranos De Cushamen, Chubut) describió una sequía inédita: animales muriendo, vertientes secas y territorios cercados por grandes terratenientes -como Benetton-, dejando a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad. "La falta de agua, de nieve en la montaña y de lluvias hace que los manantiales y los ríos carezcan de caudal. Tenemos como principal afluente el río Chubut, que nace en la vecina provincia de Río Negro, en los glaciares de la cordillera, y atraviesa toda la provincia. Gran parte de este río es utilizada por la compañía de tierras de Benetton, y los productores no pueden acceder al agua porque todo está cercado con alambres. Además, la mayoría de los cauces está en manos de terratenientes, donde tampoco nuestros hermanos pueden hacer uso del agua", explicó. Y cerró con una pregunta que es, en sí misma, una denuncia: "¿Qué provincia con minería es rica?".
En Tierra del Fuego, Antonella Guevara se refirió al vínculo entre los glaciares y los humedales, fundamentales para la vida del pueblo Selk'nam, donde se obtiene el junco para la elaboración de su artesanía ancestral, hoy amenazada por el avance de la industria salmonera y el extractivismo.
Censura y negación: cuando se silencia la palabra ancestral
Uno de los hechos más graves ocurrió durante la intervención de Lourdes Albornoz, quien fue interrumpida al inicio y al final de su exposición por el presidente de la comisión, el diputado José Peluc (LLA), impidiéndole cerrar con un canto ancestral. "¿Cuál es el apuro, señores diputados?", preguntó. "Respeten mi canto porque es también la palabra de mi nación", reclamó. Lo que se expresó en esa escena fue una forma de violencia simbólica que responde a una lógica colonial, incapaz de reconocer el canto ancestral como palabra legítima.
La censura no es un hecho menor. Para los Pueblos Originarios, el canto no es un adorno: es palabra, es memoria y es una forma de transmisión de conocimiento. Interrumpirlo no constituye solo una falta de respeto individual, sino un acto de negación cultural. Este episodio evidencia el choque entre dos paradigmas: uno, desde una lógica eurocentrista y colonial, que define el discurso en términos exclusivamente orales, lineales y argumentativos; y otro que lo concibe como una expresión integral de un Pueblo-Nación ancestral. Así, lo que se impone no es un límite temporal, sino una jerarquización cultural que excluye otras formas de decir, de transmitir y de habitar la palabra.
La calle como audiencia
Afuera del Congreso de la Nación Argentina, mientras puertas adentro se desarrollaba un proceso abiertamente autoritario, con participación limitada, selectiva y sin consulta real, las voces que fueron excluidas construyeron su propio espacio. La audiencia pública popular en la calle no fue un gesto simbólico: fue una respuesta política concreta frente a un mecanismo que restringe la palabra y decide quién puede hablar y quién no. En ese escenario, lo que se puso en discusión no fue sólo la reforma de la ley de glaciares, sino el intento de imponer decisiones sobre el agua, los territorios y la vida sin los pueblos.
Desde San Martín de los Andes, la referente mapuche Paulina Curruhuinca relató el esfuerzo colectivo por llegar a Buenos Aires y la exclusión que atravesaron: "Hemos viajado kilómetros en representación de nuestras comunidades y no pudimos ingresar. ¿Será casualidad? ¿Será Vaca Muerta?". Su intervención dejó una definición central que atravesó toda la jornada: los glaciares y el ambiente periglacial "no son recursos", sino parte de un sistema vivo. "No son una roca congelada -remarcó-. Son las montañas, los mallines, las nacientes. Cada uno tiene fuerza, tiene newen. Defender el agua es defender la vida".
Desde el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Hugo Aranea tomó la palabra en representación de más de 180 comunidades y vinculó el presente con una continuidad histórica de despojo. "Esto no es nuevo -señaló-. Hace más de 500 años que nuestros pueblos enfrentan el mismo proceso". En su intervención, denunció las audiencias oficiales como un "engaño" sin participación real, atravesadas por cercos y restricciones, y marcó con claridad el trasfondo político del momento actual: en la provincia de Río Negro existen alrededor de 53 proyectos extractivistas en carpeta, que incluyen la explotación de oro, plata, litio y uranio.
"Podrán callar algunas voces adentro, pero la calle es nuestra", sostuvo, reivindicando ese espacio como territorio de expresión colectiva. Desde allí, planteó la defensa del agua y de los glaciares como una causa que no admite concesiones: "Cuando rompen un cerro o contaminan un río, nos están matando un poco".
La situación en el norte del país también fue parte de las intervenciones. Desde Jujuy, Kuntur -en representación del Parlamento de Pueblos, Naciones y Comunidades Indígenas en Jujuy- advirtió que más del 70% del territorio de la Puna se encuentra comprometido por proyectos megamineros. "Las comunidades ya lo veníamos anunciando", señaló, vinculando este escenario con el avance de la reforma constitucional provincial de 2023.
En ese contexto, remarcó el proceso de organización comunitaria frente al extractivismo, a través de asambleas, marchas y pronunciamientos, y llamó a ampliar la mirada: no se trata sólo de una problemática local, sino de un modelo que impacta sobre territorios enteros.
No hay licencia social para la muerte
La síntesis de las ponencias es clara: la reforma de la Ley de Glaciares es un intento de "hipotecar la vida de nuestros hijos" para satisfacer al lobby minero y al FMI. No se trata de un debate entre "agua o trabajo", como pretenden instalar algunos sectores, sino de la supervivencia misma frente a un "ecocidio" inminente. En este sentido, no existe licencia social para avanzar sobre los glaciares.
Como propuesta superadora, Verónica Azpiroz Cleñan planteó la realización de un plebiscito vinculante para ampliar la participación democrática, de modo que sea el propio pueblo quien decida sobre sus aguas, frente a una profunda crisis de representación. La iniciativa, señaló, tiene un carácter contracultural, ya que "quiere ensanchar la fraternidad entre nosotros y nosotras como cuerpos humanos para vivir en reciprocidad con los cuerpos de agua". En esa misma línea, calificó a la audiencia como autoritaria y advirtió: "Hay una nueva epidemia -dijo- y se llama ambición de poder y dinero".
Por su parte, Lourdes Albornoz sostuvo: "Estamos de acuerdo en que es necesario hacer recortes en tiempos de crisis. Propongo que se recorte el presupuesto de los congresos que han dado sobradas cuentas de ineficacia en la finalidad para la que fueron creados. Volvamos a los cuatro principios fundamentales del buen vivir: ama sua, ama llula, ama qhella y ama llunku (No robar, no mentir, no ser flojo y no ser servil.)".
Aun reconociendo sus limitaciones por no incorporar plenamente una visión indígena, Mabel Gutiérrez señaló que la ley vigente continúa siendo una herramienta fundamental para la defensa de los territorios frente al avance extractivista. En ese marco, se reafirmó que la Ley 26.639 no debe ser modificada para favorecer emprendimientos mineros o hidrocarburíferos en zonas glaciares y periglaciares.
El cierre de las jornadas no dejó lugar a dudas sobre los pasos a seguir. Lourdes Albornoz, en representación de la Unión Diaguita, recordó que su nación ya ha visto morir ríos a causa de la megaminería y reafirmó que el Apu Aconquija no se toca. La advertencia final fue unánime: se dicte la ley que se dicte, en los territorios no van a pasar.
El agua es memoria, es vida y, sobre todo, es una fuerza que los pueblos están dispuestos a defender con el cuerpo, porque, como bien señaló una autoridad Huarpe: "Si los glaciares mueren, ¡morimos nosotros!".
Mirá completa las intervenciones Indígenas en las «Audiencias Públicas» por la modificación de la ley de glaciares ACA.
Fuente: TeleSisa
Por Laki Quispe
En los pasillos del Congreso de la Nación, donde el aire suele estar viciado de tecnicismos y cabildeos, irrumpió el aroma a cerro, el sonido del Mapuzungún y el Quechua, y una verdad que el poder se niega a escuchar. Los días 25 y 26 de marzo, apenas un porcentaje mínimo de decenas de miles de inscriptos fue autorizado a exponer; de ese pequeño número, al menos quince voces de Pueblos Originarios pudieron exponer en el debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares (26.639). No fueron a pedir permiso; fueron a ejercer su preexistencia y a denunciar que lo que el Estado llama «progreso», para ellos, es una sentencia de muerte.
Argentina cuenta con más de 16.000 glaciares registrados en inventarios científicos desarrollados por organismos como el CONICET. En un país donde más del 70% del territorio es árido, estos cuerpos de hielo no son un recurso más: son la base misma de la vida. Como advirtió Antonella Guevara (comunidad Rafaela Ishton Pueblo Selknam de Tierra del fuego), «estamos discutiendo si vamos a hipotecar o no la vida de nuestros hijos», señalando que las cuencas atraviesan de punta a punta el país y sostienen territorios enteros. Pero lo que se puso en discusión en estas audiencias no fue solo una ley. Fue el sentido mismo de la democracia, del desarrollo y de la vida.
El Congreso como «Casa Teatral»: una audiencia de espaldas al pueblo
La sensación generalizada entre los expositores fue de indignación ante una puesta en escena democrática que consideran fallida. Cesar Rolando «Moro» Flores (Resistencia Diaguita, Tucumán) sintetizó el sentimiento con una matemática dolorosa: «1.350 kilómetros para tener cuatro minutos de palabra... un minuto por cada 100 años de saqueo». Esta restricción del tiempo no fue la única barrera. Antonella Guevara denunció que, de las miles de personas inscriptas, la mayoría fue silenciada, cuestionando la validez de un proceso que excluye la participación real.
Daniel Naporichi (Pueblo Qom - Fuerza Ancestral Indígena De Santa Fe) fue más tajante al preguntar cuándo el Congreso se convirtió en una «Casa Teatral» al servicio de las corporaciones y no del pueblo, denunciando una alarmante «baja de inteligencia» y sensibilidad de los legisladores frente a la naturaleza. Moira Millán (Weychafe Lof Mapuche Pillan Mawgiza, Chubut) profundizó esa crítica: «a veces me parece que todo esto es parte de un espacio circense... haciendo de cuenta que es una democracia verdaderamente participativa. Y es mentira». Para ella, esa «falacia» no podrá sostenerse en el tiempo. Por su parte, Héctor Mario Quinteros (Comunidad Amaicha Del Valle, Tucuman) calificó estas audiencias como una «cosmética» para legitimar un proceso viciado de nulidad, donde el Estado actúa con «soberbia y antropocentrismo».
Luis Romero (Comunidad Mapuche Felipin De Neuquén) aportó una dimensión histórica: «El Estado se gestó sobre un genocidio... y los pueblos indígenas también fuimos víctimas de ese genocidio». En ese marco, las audiencias no aparecen como un hecho aislado, sino como continuidad de un proceso de despojo.
Cosmovisión vs. capital: el agua como ser vivo
Mientras los legisladores discuten «presupuestos mínimos» y «zonas de explotación», las ponencias articularon una visión radicalmente distinta: los glaciares no son recursos, son seres vivos, sujetos de derecho, ancestros y bancos perpetuos de agua.
Josué Vargas "Kuntur" (Parlamento De Comunidades Indígenas De Jujuy) explicó que los cerros y ríos son «seres vivos» con derecho a la vida, independientemente de que las leyes «eurocentristas» los reconozcan o no. Liliana Herrera (Omta De Comunidad Huarpe Guaytamari, Mendoza) reforzó esta mirada al señalar que con los glaciares «tenemos una relación espiritual y cultural». Para el pueblo Mapuche, según Hugo Aranea (Coordinadora Del Parlamento Mapuche Tehuelche De Rio Negro), los glaciares son los nien, las fuerzas cuidadoras de las cuencas que alimentan la vida.
Esta diferencia de paradigmas es absoluta. Mientras el Estado busca minerales para el «dios capital extranjero», los pueblos cuidan la tierra como una madre, ejerciendo su rol como guardianes ancestrales. Mabel Gutiérrez (Comunidad Laguna Blanca ee Catamarca) lo puso en palabras simples pero demoledoras: «Para ellos la tierra es dinero, para nosotros la tierra es nuestra madre». En la misma línea, Verónica Azpiroz Cleñan (Mapuche, Epu Lafken) describió la «tetralogía del agua» -mujer, varón, niñez, ancianidad- y advirtió que no se puede «diseccionar un cuerpo que late» -el sistema hídrico- sin afectar su integridad total.
Daniel Naporichi lo sintetizó con claridad: «para los Pueblos Indígenas la naturaleza es como un cuerpo; si le falta algo, no funciona». Bajo esta mirada, intervenir glaciares o ríos no es una actividad económica: es una forma de violencia.
El cerco legal: inconstitucionalidad y violación de tratados
La defensa de la ley vigente además de espiritual, es también jurídica. Vilca Nicolás (Comunidad Indigena La Pulpera Del Pueblo Chichas, Jujuy) recordó el principio de no regresión ambiental, que impide reducir niveles de protección. Reformar la ley, sostuvo, es un retroceso que pone en riesgo el acceso al agua y los derechos de las futuras generaciones. La totalidad de las intervenciones coincidieron en que cualquier modificación sin consulta es inconstitucional, por violar los artículos 41 (ambiente sano) y 75 inciso 17 (preexistencia indígena) de la Constitución Nacional.
Lourdes Albornoz (Unión Diaguita De Tucumán) advirtió además que el estado Argentino ya fue condenada por la Corte Interamericana en el caso Lhaka Honhat por no garantizar el acceso al agua a comunidades Indígenas. «Ninguna de las cámaras ha brindado información suficiente y culturalmente adecuada a las 36 naciones indígenas en sus 19 lenguas», denunció.
Un punto de coincidencia absoluta fue la violación sistemática del Convenio 169 de la OIT y del Acuerdo de Escazú, algo que este proyecto ignora deliberadamente al intentar recortar la protección de los periglaciares. De avanzar en estas condiciones, el país podría enfrentar sanciones internacionales.
Mercedes Velardez (Red TICCA, Tucumán) y Luis Romero subrayaron que, al no existir consentimiento de las naciones indígenas, cualquier avance legislativo es nulo.
Territorios en la línea de fuego: del NOA a la Patagonia
Las intervenciones trajeron el mapa del conflicto a la sala.
En el NOA, se denunció la existencia de más de 1.700 proyectos mineros en Jujuy. Kuntur relató que estas actividades consumen miles de litros de agua por segundo, mientras las comunidades deben recorrer largas distancias para conseguir un bidón, una situación que se agrava durante los períodos de sequía. Explicó que sin agua no pueden desarrollar ninguna de sus actividades: "Los periglaciares permanecen congelados durante la época de frío. Durante el resto del año, esos hielos se derriten y nos brindan agua constantemente para nuestra principal fuente de trabajo, que es el pastoreo, la cosecha, la ganadería, la elaboración de artesanías y el turismo comunitario".
En Catamarca, Mabel Gutiérrez expuso el avance sobre territorios como Laguna Blanca y Peñas Negras, denunciando la complicidad del gobierno provincial con empresas mineras. Recordó también más de 800 semanas de resistencia en Andalgalá contra el emprendimiento Agua Rica Mara en el nevado de Aconquija, así como los cinco años de lucha sostenida contra la empresa Elevado Gold. "El gobierno ha rechazado las zonas de reserva de la biósfera de Laguna Blanca para que la zona de usos múltiples, donde hoy se pastorea, sea zona intangible, y la zona intangible de altas cumbres pase a ser zona de usos múltiples para habilitar la minería", cuestionó.
En Cuyo, particularmente en Mendoza, Liliana Herrera alertó sobre el proyecto San Jorge, denunciando irregularidades en los estudios de impacto ambiental, represión y criminalización en el marco de la defensa del "agua antigua" de los glaciares del Aconcagua. "El proyecto minero San Jorge, que explota montañas enteras, ha envenenado las aguas con sustancias tóxicas, falseando la declaración de impacto ambiental que luego fue aprobada por el Ejecutivo y el Legislativo provincial. Hay represión, presos políticos, criminalización de la protesta y no se escuchan las propuestas del pueblo para generar un desarrollo basado en el turismo sustentable, con identidad y áreas protegidas", aseguró.
En la Patagonia -Chubut, Río Negro y Neuquén-, José Tureo (Presidente Cooperativa Productores Cordilleranos De Cushamen, Chubut) describió una sequía inédita: animales muriendo, vertientes secas y territorios cercados por grandes terratenientes -como Benetton-, dejando a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad. "La falta de agua, de nieve en la montaña y de lluvias hace que los manantiales y los ríos carezcan de caudal. Tenemos como principal afluente el río Chubut, que nace en la vecina provincia de Río Negro, en los glaciares de la cordillera, y atraviesa toda la provincia. Gran parte de este río es utilizada por la compañía de tierras de Benetton, y los productores no pueden acceder al agua porque todo está cercado con alambres. Además, la mayoría de los cauces está en manos de terratenientes, donde tampoco nuestros hermanos pueden hacer uso del agua", explicó. Y cerró con una pregunta que es, en sí misma, una denuncia: "¿Qué provincia con minería es rica?".
En Tierra del Fuego, Antonella Guevara se refirió al vínculo entre los glaciares y los humedales, fundamentales para la vida del pueblo Selk'nam, donde se obtiene el junco para la elaboración de su artesanía ancestral, hoy amenazada por el avance de la industria salmonera y el extractivismo.
Censura y negación: cuando se silencia la palabra ancestral
Uno de los hechos más graves ocurrió durante la intervención de Lourdes Albornoz, quien fue interrumpida al inicio y al final de su exposición por el presidente de la comisión, el diputado José Peluc (LLA), impidiéndole cerrar con un canto ancestral. "¿Cuál es el apuro, señores diputados?", preguntó. "Respeten mi canto porque es también la palabra de mi nación", reclamó. Lo que se expresó en esa escena fue una forma de violencia simbólica que responde a una lógica colonial, incapaz de reconocer el canto ancestral como palabra legítima.
La censura no es un hecho menor. Para los Pueblos Originarios, el canto no es un adorno: es palabra, es memoria y es una forma de transmisión de conocimiento. Interrumpirlo no constituye solo una falta de respeto individual, sino un acto de negación cultural. Este episodio evidencia el choque entre dos paradigmas: uno, desde una lógica eurocentrista y colonial, que define el discurso en términos exclusivamente orales, lineales y argumentativos; y otro que lo concibe como una expresión integral de un Pueblo-Nación ancestral. Así, lo que se impone no es un límite temporal, sino una jerarquización cultural que excluye otras formas de decir, de transmitir y de habitar la palabra.
La calle como audiencia
Afuera del Congreso de la Nación Argentina, mientras puertas adentro se desarrollaba un proceso abiertamente autoritario, con participación limitada, selectiva y sin consulta real, las voces que fueron excluidas construyeron su propio espacio. La audiencia pública popular en la calle no fue un gesto simbólico: fue una respuesta política concreta frente a un mecanismo que restringe la palabra y decide quién puede hablar y quién no. En ese escenario, lo que se puso en discusión no fue sólo la reforma de la ley de glaciares, sino el intento de imponer decisiones sobre el agua, los territorios y la vida sin los pueblos.
Desde San Martín de los Andes, la referente mapuche Paulina Curruhuinca relató el esfuerzo colectivo por llegar a Buenos Aires y la exclusión que atravesaron: "Hemos viajado kilómetros en representación de nuestras comunidades y no pudimos ingresar. ¿Será casualidad? ¿Será Vaca Muerta?". Su intervención dejó una definición central que atravesó toda la jornada: los glaciares y el ambiente periglacial "no son recursos", sino parte de un sistema vivo. "No son una roca congelada -remarcó-. Son las montañas, los mallines, las nacientes. Cada uno tiene fuerza, tiene newen. Defender el agua es defender la vida".
Desde el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Hugo Aranea tomó la palabra en representación de más de 180 comunidades y vinculó el presente con una continuidad histórica de despojo. "Esto no es nuevo -señaló-. Hace más de 500 años que nuestros pueblos enfrentan el mismo proceso". En su intervención, denunció las audiencias oficiales como un "engaño" sin participación real, atravesadas por cercos y restricciones, y marcó con claridad el trasfondo político del momento actual: en la provincia de Río Negro existen alrededor de 53 proyectos extractivistas en carpeta, que incluyen la explotación de oro, plata, litio y uranio.
"Podrán callar algunas voces adentro, pero la calle es nuestra", sostuvo, reivindicando ese espacio como territorio de expresión colectiva. Desde allí, planteó la defensa del agua y de los glaciares como una causa que no admite concesiones: "Cuando rompen un cerro o contaminan un río, nos están matando un poco".
La situación en el norte del país también fue parte de las intervenciones. Desde Jujuy, Kuntur -en representación del Parlamento de Pueblos, Naciones y Comunidades Indígenas en Jujuy- advirtió que más del 70% del territorio de la Puna se encuentra comprometido por proyectos megamineros. "Las comunidades ya lo veníamos anunciando", señaló, vinculando este escenario con el avance de la reforma constitucional provincial de 2023.
En ese contexto, remarcó el proceso de organización comunitaria frente al extractivismo, a través de asambleas, marchas y pronunciamientos, y llamó a ampliar la mirada: no se trata sólo de una problemática local, sino de un modelo que impacta sobre territorios enteros.
No hay licencia social para la muerte
La síntesis de las ponencias es clara: la reforma de la Ley de Glaciares es un intento de "hipotecar la vida de nuestros hijos" para satisfacer al lobby minero y al FMI. No se trata de un debate entre "agua o trabajo", como pretenden instalar algunos sectores, sino de la supervivencia misma frente a un "ecocidio" inminente. En este sentido, no existe licencia social para avanzar sobre los glaciares.
Como propuesta superadora, Verónica Azpiroz Cleñan planteó la realización de un plebiscito vinculante para ampliar la participación democrática, de modo que sea el propio pueblo quien decida sobre sus aguas, frente a una profunda crisis de representación. La iniciativa, señaló, tiene un carácter contracultural, ya que "quiere ensanchar la fraternidad entre nosotros y nosotras como cuerpos humanos para vivir en reciprocidad con los cuerpos de agua". En esa misma línea, calificó a la audiencia como autoritaria y advirtió: "Hay una nueva epidemia -dijo- y se llama ambición de poder y dinero".
Por su parte, Lourdes Albornoz sostuvo: "Estamos de acuerdo en que es necesario hacer recortes en tiempos de crisis. Propongo que se recorte el presupuesto de los congresos que han dado sobradas cuentas de ineficacia en la finalidad para la que fueron creados. Volvamos a los cuatro principios fundamentales del buen vivir: ama sua, ama llula, ama qhella y ama llunku (No robar, no mentir, no ser flojo y no ser servil.)".
Aun reconociendo sus limitaciones por no incorporar plenamente una visión indígena, Mabel Gutiérrez señaló que la ley vigente continúa siendo una herramienta fundamental para la defensa de los territorios frente al avance extractivista. En ese marco, se reafirmó que la Ley 26.639 no debe ser modificada para favorecer emprendimientos mineros o hidrocarburíferos en zonas glaciares y periglaciares.
El cierre de las jornadas no dejó lugar a dudas sobre los pasos a seguir. Lourdes Albornoz, en representación de la Unión Diaguita, recordó que su nación ya ha visto morir ríos a causa de la megaminería y reafirmó que el Apu Aconquija no se toca. La advertencia final fue unánime: se dicte la ley que se dicte, en los territorios no van a pasar.
El agua es memoria, es vida y, sobre todo, es una fuerza que los pueblos están dispuestos a defender con el cuerpo, porque, como bien señaló una autoridad Huarpe: "Si los glaciares mueren, ¡morimos nosotros!".
Mirá completa las intervenciones Indígenas en las «Audiencias Públicas» por la modificación de la ley de glaciares ACA.
Fuente: TeleSisa
