Mucho se discutió y tironeó sobre el tema YPF en la última semana por el fallo de Cámara que favoreció a la Argentina en los Tribunales de Nueva York; pero esos debates entre el libertarismo y el kirchnerismo, incluyendo al macrismo y al resto del peronismo evitan profundizar el meollo de la cuestión sobre quién tiene el control y la utilización de la renta petrolera generada en el país. A casi 35 años de la privatización de YPF en 1992 las conclusiones terminan siendo lapidarias para un Estado fallido que no ha querido retomar el manejo de la enorme rentabilidad que genera el sector petrolero. La argentinización de los Esquenazi, la expropiación parcial, el juicio ganado a los fondos buitres o la subsidiada puesta en marcha de Vaca Muerta no resultaron ser soluciones de fondo para los problemas de un país que cada vez más consolida la pobreza y las desigualdades al interior de su pueblo; mientras la rentabilidad generada por el petróleo y el gas queda en manos de las operadoras privadas o se esfuma en el pago de una ilegal y fraudulenta deuda externa. La demostración de ese fracaso se refleja en los 24 millones de argentinos que aún en la actualidad no acceden al gas por redes, pero la política sigue insistiendo y soñando con una Argentina exportadora de energía.
Triunfo pírrico
Ultraliberales y kirchneristas pujaron desde el fin de semana pasado por la paternidad del fallo judicial a favor de la Argentina que le cerró el avance al reclamo de los fondos buitres encabezados por Burford Capital, que pretendía cobrarle al país 16.000 millones de dólares por la estatización parcial de las acciones de Repsol en YPF.
Tanto Javier Milei -quien inclusive habló en cadena nacional- como Axel Kicillof recorrieron los medios de comunicación y se lanzaron a las redes sociales para apropiarse del "triunfo" en los tribunales de Nueva York.
Allí justamente radica una de las principales derrotas, las acciones políticas del Estado argentino y sus consecuencias se terminan dirimiendo en los estrados de los Estados Unidos con altísimos costos judiciales; esto sucede así porque desde la privatización la compañía petrolera lleva inscripto a fuego en sus estatutos que los litigios se resuelven en el extranjero. Algo que nadie parece cuestionar.
Aunque más allá de los tribunales donde se dirimió judicialmente el tema, el triunfo que todos quieren adjudicarse no deja de ser una victoria pírrica que no cambia en la profundidad lo sucedido durante largos años de políticas energéticas hacia un futuro que solo preanuncian una profundización de los problemas.
De la privatización a los buitres
En 1992 se concretó la privatización de YPF para que ingresara de lleno el capital privado en la que había sido la mayor empresa del Estado nacional y ocupó la cúspide de las petroleras en Latinoamérica, aunque antes del desguace ya la última dictadura militar había iniciado el proceso de aniquilación de la compañía con un endeudamiento desmedido que no se utilizó en el funcionamiento de la petrolera y los despidos de miles de trabajadores ypefianos.
Seis años más tarde de transformar a YPF en Sociedad Anónima desembarcó Repsol comprando a finales de los años ‘90 la casi totalidad de las acciones de la petrolera de bandera.
Nada mejoró con la llegada de los españoles al Directorio de YPF; por el contrario, se desinvirtió en exploración y los ritmos productivos se fueron estancando. Repsol comenzó a exportar la producción de hidrocarburos nacional, pero al país no le quedó nada, ni ganancias ni perspectivas a futuro. Es más, el ritmo de crecimiento económico rompió el frágil autoabastecimiento energético y comenzaron a crecer las importaciones.
En ese marco el kirchnerismo impulsó la argentinización con la entrada de la familia Eskenazi, con el Grupo Petersen, como socio accionista de Repsol. La estrategia sólo benefició a los amigos del poder que pagaban los créditos que habían tomado con los dividendos generados con las ganancias de YPF.
El esquema saltó por los aires cuando el país empezó a crujir por el desequilibrio de la balanza comercial energética; el déficit se hizo insoportable debido a la importación de gas, petróleo y combustibles, mientras que en paralelo se perdían reservas y el futuro se tornaba incierto.
El kirchnerismo, sabiendo que Vaca Muerta podía ser vendida por Repsol -que aparentemente no le interesaba explotarla- y en medio de la expansión de los no convencionales en Estados Unidos puso todo su interés en quedarse con las acciones de la compañía española en YPF.
Con las provincias como principal ariete, dueñas de los recursos naturales, se anularon las concesiones y posibilitaron que el Estado nacional se quede con el 51% del capital accionario que le fue expropiado a Repsol.
Chubut y Santa Cruz jugaron un papel clave en aquel proceso, pero casi 15 años más tarde pagan los platos rotos de una política que no atacó el corazón del problema y en la actualidad permitieron que la YPF libertaria abandone la Cuenca del Golfo San Jorge y todos los yacimientos maduros del país.
Los Eskenazi fueron a la quiebra porque dejaron de recibir dividendos y les vendieron -por 16 millones de dólares- a los buitres de Burford los derechos para litigar contra YPF y el Estado nacional por la expropiación de Repsol.
Emulando a Barack Obama que estaba desarrollando el fracking en Texas a toda velocidad gracias a los altos precios del crudo, en la búsqueda de abastecerse de energía tras la crisis de las hipotecas "subprime", el kirchnerismo puso proa hacia el desarrollo de Vaca Muerta y firmó acuerdos secretos con la estadounidense Chevron para hacerse de la experiencia que no se tenía.
Se habilitó la lluvia de subsidios estatales a YPF y las demás petroleras del mercado para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta, pero también se pusieron los fondos del Estado nacional para comenzar a desarrollar una infraestructura de transporte destinada a la exportación.
Nada de eso habría sido equivocado si la prioridad hubiese sido quedarse con la totalidad o una porción mayoritaria de la renta petrolera que se estaba generando en el país, aunque un párrafo aparte amerita el debate ambiental que el fracking deja y también deben incluirse los cambios en condiciones laborales que potenciaron la explotación obrera y los cientos de accidentes fatales producidos en Vaca Muerta.
La explotación de los no convencionales se convirtió en una verdadera política de Estado que atravesó al kirchnerismo, macrismo (multiplicando los subsidios estatales), peronismo albertista y al liberalismo mileísta que terminó siendo la etapa superior de un saqueo de recursos naturales y apropiación de la renta. En el desarrollo de Vaca Muerta no hubo grieta.
Miles de millones de dólares salidos de las arcas del Estado nacional fueron a parar a las petroleras en diferentes planes de subvención para la explotación de Vaca Muerta, todo con el único objetivo de romper con el esquema de importaciones energética, lo que en trazos generales no está nada mal, pero que fundamentalmente buscó y sigue buscando generar pilas de dólares en exportaciones para poder pagar más cómodamente la deuda externa ilegítima y fraudulenta que sigue creciendo.
Buena parte, por no decir la casi totalidad, del desarrollo de Vaca Muerta fue financiado por el Estado, ya sea a través de subsidios o a través de las millonarias inversiones efectuadas por YPF que terminaron atrayendo al resto de las compañías.
Casi nada para festejar y mucho para lamentarse
Las inversiones de YPF y las demás petroleras fueron migrando hacia la Cuenca Neuquina y la compañía lidera por Horacio Marín -ex CEO de Tecpetrol perteneciente al Grupo Techint- terminó de apuntalar ese rumbo al vender todos sus yacimientos maduros para focalizarse en Vaca Muerta.
Párrafo aparte amerita con alto nivel de ironía con el control de precios de los combustibles anunciado por Marín por televisión en medio de la escalada del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. El Gobierno más libertario del mundo y que repele los controles estatales, ahora impone precios en el libre mercado para que no se le dispare la inflación. Del absurdo no se vuelve.
Retomando el desastre generado por el libertarismo mileísta, esas consecuencias de abandonar las áreas maduras son por las que hoy están atravesando Chubut y Santa Cruz con miles de obreros petroleros despedidos, la producción en constante retroceso, las inversiones en un tobogán descendiente, la perforación y exploración aniquiladas, y las reservas en permanente caída.
Pero las secuelas negativas no se miden solamente por lo que está sucediendo en la Cuenca del Golfo San Jorge, sino también por lo que sigue sucediendo en millones de hogares argentinos que no tienen acceso al gas natural por redes, mientras los CEOs planifican exportaciones de millones de dólares en Gas Natural Licuado.
La política sueña con vender al extranjero -algo que se potencia mediáticamente en un entramado perfectamente armado de propaganda- entre 30.000 y 45.000 millones de dólares en exportaciones energéticas dentro de cinco años, pero en el país hay en la actualidad 24,7 millones de argentinos que tienen acceso al gas de cañería.
Eso no solamente es problema a la hora de calefaccionarse o cocinar en épocas invernales, sino que además significa un mayor gasto de las familias a la hora de comprar una garrafa de gas.
Según el Censo 2001 el 46,4% (16.675.651 personas) tenía acceso al gas natural por redes y el 53,4% restante (19.248.256 personas) no llegaba un caño a sus viviendas. Para cuando se concretó el Censo del 2010 el 51,2% (20.300.572 personas) accedía al gas natural por redes, pero todavía había un 48,8% (19.371.948 personas) que no tenía acceso.
El último Censo del 2022 reveló que aumentó la población y que las conexiones fueron mucho menores a esos ritmos demográficos. La cantidad de conectados al gas natural por redes cayó al 48,3% (22.167.790 personas) y los desconectados subieron al 51,7% (23.724.495 personas) para casi igualar los niveles de hace 20 años atrás.
Si se toman los datos de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el INDEC con el informe de Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos se observa que la primera medición corresponde al segundo semestre del 2017 y en ese momento había un 66,1% (18.235.000 personas) que tenían gas natural y un 33,9% (9.339.000 personas) que no accedía.
Ocho años más tarde y ya con Vaca Muerta volando en ritmos de producción, con la particularidad que las petroleras no producen más gas porque no tienen donde almacenarlo o exportarlo, los conectados al gas natural bajaron al 60,8% (18.191.000 personas) y los desconectados aumentaron al 39,2% (11.706.000 personas). Muchas de esas familias inclusive viven encima o en zonas circundantes de los prometedores yacimientos del fracking neuquino.
Los datos hablan a las claras del tiempo perdido, las prioridades desviadas y las perspectivas que tiene por delante un pueblo que no accede al gas natural, pierde empleo formal, la plata no le alcanza para llegar a fin de meses y se acumulan capas de pobreza con el paso de los años.
El autoabastecimiento energético no ha servido de mucho para el pueblo, ni bajaron las tarifas -e inclusive aumentaron por la eliminación de subsidios a los consumidores- ni tampoco los combustibles, ambos rubros sigue subiendo consumiéndose los pesos de los bolsillos.
El ex gasoducto Néstor Kirchner podría haber sumado millones de argentinos al gas natural, pero no fue prioritariamente concretado con esa finalidad; fue financiado por el Estado nacional para también poder exportar y los nuevos ductos que llevan hidrocarburos a Punta Colorada (en Río Negro) también son para vender los hidrocarburos al extranjero.
Vaca Muerta es casi en su totalidad inversión o impulso estatal, pero no se tradujo en mejoras significativas para el país y los beneficios son mayoritariamente privados; tampoco serán para el pueblo, la industrialización o la generación de empleo genuino los supuestos 45.000 millones de exportaciones que se podrían obtener en el futuro ya que en un gran volumen irá para pagar los vencimientos de deuda.
Pretender exportar para hacerse de dólares no es de por sí una política equivocada, aunque todo cambia si no se utilizan como principal objetivo de desarrollo para resolverle el problema del gas natural a 24,7 millones de argentinos, bajar los costos de los servicios y combustibles, generar empleo de calidad en el conjunto del país, potenciar industrias en todo el territorio nacional y hacer disminuir la pobreza de manera real distribuyendo riqueza.
Además, para lograr cumplir esas metas el país debería utilizar la renta petrolera junto a las provincias que son las dueñas de los recursos naturales; porque el cobro del 13% de regalías parece bastante insuficiente en un negocio tan rentable como el petrolero.
La YPF post privatización no les sirvió a los argentinos y tampoco le resolvió los problemas a los gobiernos que soñaron con lluvias de dólares que por ahora no llegaron. Al estilo del sketch de Capusotto esperaron que los dólares caigan del cielo con la crisis de la pandemia, luego con la guerra de Ucrania y ahora con la de Irán.
Nada de eso pasó, Argentina aún no está preparada para exportar en grandes dimensiones y nadie puede asegurar categóricamente que vaya a estarlo en el futuro. Si lograra conseguirlo, no se entiende ni se vislumbra cómo esa pila de dólares de las exportaciones va a traducirse en beneficios para la gente.
Mientras tanto, el tiempo pasa, la vida se va y las ilusiones se hacen trizas para muchos habitantes -especialmente los jóvenes que tienen trabajos miserables- de un país rico en hidrocarburos que entrega sus riquezas al capital privado que se quede con la renta petrolera. Esos miles de millones de dólares generados con la explotación petrolera podrían estar en manos del Estado para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Si con el fallo de los tribunales de Nueva York ganó un bando o el otro termina siendo secundario, porque por ahora los triunfadores son siempre los mismos y los perdedores también.
