Pueblos originarios

Arranca la avanzada judicial contra la Lof Cayunao: Polista con vínculos qataríes los acusa de usurpación

Desde este martes, cinco integrantes de la Lof Cayunao serán juzgados en Bariloche en una causa por presunta usurpación que, para la comunidad, forma parte de un proceso más amplio de judicialización y presión sobre territorios utilizados históricamente por el pueblo mapuche.

La lof sostiene su presencia en la zona de la naciente del río Chubut como parte de una práctica ancestral de veranada, es decir, el traslado estacional de animales hacia áreas de pastoreo que -afirman- ocupan desde hace generaciones. En ese marco, rechazan la acusación penal y la interpretan como un intento de desplazamiento.

La denuncia fue impulsada por el ex polista Hugo Alberto Barabucci, quien figura como titular de unas 14 mil hectáreas en el área en disputa. Su figura se vincula además a intereses empresariales internacionales: integra el directorio del fideicomiso Amaike, que tiene entre sus principales inversores al empresario qatarí Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente del Emirates Stallions Group, firma que desarrolló un coto de caza en la región.

Para la comunidad, el conflicto no puede leerse únicamente en términos de propiedad privada. Denuncian que en la zona se produjeron modificaciones en cursos de agua y lagunas, afectando no sólo el ecosistema sino también las veranadas donde históricamente sostuvieron su forma de vida. En ese sentido, plantean que su permanencia responde también a la defensa ambiental de la naciente del río Chubut, uno de los cursos de agua más extensos de la Patagonia.

La escalada del conflicto se profundizó en los últimos años. Desde 2020 se registraron episodios de tensión entre trabajadores de la estancia y miembros de la lof, con denuncias cruzadas. Mientras la parte empresarial avanzó con acusaciones por usurpación y hurto, la comunidad denunció amenazas, hostigamiento y la sustracción de pertenencias.

En 2023, la Lof Cayunao decidió reafirmar su presencia en el territorio en disputa, en lo que definieron como un proceso de resistencia. Ese mismo año se formalizó la causa judicial que ahora llega a instancia de juicio.

El proceso que comienza este martes se inscribe en un escenario más amplio de conflictividad en la Patagonia, donde comunidades originarias enfrentan causas penales en el marco de reclamos territoriales que, sostienen, tienen raíz previa a la conformación misma del Estado y al avance de emprendimientos privados sobre esos espacios.