"Operación masacre": El juicio por los fusilamientos de José León Suárez comienza en junioPor Marcial Amiel
El Juzgado Federal Nro.2 de San Martín informó que el juicio por la verdad acerca de los fusilamientos de los basurales de José León Suárez, que en realidad fueron asesinatos por la espalda, comenzará a principios de junio próximo.
La fecha estimada coincide con el septuagésimo aniversario de los hechos, en los que les fue arrebatada la vida a Carlos Lizaso, Vicente Rodríguez, Mario Brión, Nicolás Carranza y Francisco Garibotti, los militantes peronistas que esperaban la proclama del General Juan José Valle para movilizarse y reclamar la recuperación de la democracia.
Los hechos, que ocurrieron en la madrugada del 9 al 10 de junio de 1956, permanecieron impunes. El principal responsable, el coronel Desiderio Fernández Suárez, entonces jefe de la policía bonaerense que actuaba a las órdenes del vicepresidente de facto, Almirante Isaac Rojas, murió en su cama en 2001 a las 92 años de edad.
La idea del juicio por la verdad surgió entre los familiares luego de que en 2022 se declarara crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible, la Masacre de Napalpí, ocurrida un siglo antes en el Chaco. Con ese antecedente, durante todo 2023, hijos y familiares de las víctimas se presentaron a declarar en el juzgado de la Dra. Alicia Vence.
El fiscal encargado de evaluar la prueba era Paul Starc, que cumplió funciones en el Ejecutivo del presidente Javier Milei durante 2024 y 2025 sin que se le designara un remplazante.
Esa situación generó una demora que se subsanó en los últimos meses, luego de que Starc volviera a la fiscalía, tras abandonar la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por diferencias con la Ley de Inocencia Fiscal. El dictamen elevado por Starc desaconsejaba la realización del juicio pero la jueza decidió en sentido contrario.
El reclamo de justicia que los hijos de los caídos, hoy hombres y mujeres de entre 70 y 80 años, llevaron adelante a lo largo de toda su vida comenzará a saldarse justo cuando se cumplan setenta años de los trágicos sucesos ocurridos durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu.
Las áreas de Cultura y Derechos Humanos del municipio de San Martín, al que pertenece la localidad de José León Suárez, trabajan en una serie de actos conmemorativos para el próximo 9 de junio.
Uno de ellos es la presentación del libro Después del basural. Familias peronistas violentadas por La Fusiladora, que narra la infancia y la juventud de aquellos pibes y pibas, marcados por la muerte de sus padres, la persecución policial y el mandato de silencio.
El 9 de junio del año pasado, por primera vez, se realizó un homenaje en la sede nacional del PJ, en la calle Matheu. Fue la última aparición pública de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, antes de su detención.
Reparación tardía
A fines de los años noventa, gracias a una ley provincial, los familiares de los caídos obtuvieron una pensión graciable del Instituto de Previsión Social (IPS).
Poco antes de terminar su mandato, en 1999, el presidente Carlos Menem impulsó la sanción de una ley nacional que equiparaba su situación a la delos desaparecidos, contemplada en la 24411. Pero recién Néstor Kirchner hizo efectiva esa reparación.
Fuente: Página 12
Por Marcial Amiel
El Juzgado Federal Nro.2 de San Martín informó que el juicio por la verdad acerca de los fusilamientos de los basurales de José León Suárez, que en realidad fueron asesinatos por la espalda, comenzará a principios de junio próximo.
La fecha estimada coincide con el septuagésimo aniversario de los hechos, en los que les fue arrebatada la vida a Carlos Lizaso, Vicente Rodríguez, Mario Brión, Nicolás Carranza y Francisco Garibotti, los militantes peronistas que esperaban la proclama del General Juan José Valle para movilizarse y reclamar la recuperación de la democracia.
Los hechos, que ocurrieron en la madrugada del 9 al 10 de junio de 1956, permanecieron impunes. El principal responsable, el coronel Desiderio Fernández Suárez, entonces jefe de la policía bonaerense que actuaba a las órdenes del vicepresidente de facto, Almirante Isaac Rojas, murió en su cama en 2001 a las 92 años de edad.
La idea del juicio por la verdad surgió entre los familiares luego de que en 2022 se declarara crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible, la Masacre de Napalpí, ocurrida un siglo antes en el Chaco. Con ese antecedente, durante todo 2023, hijos y familiares de las víctimas se presentaron a declarar en el juzgado de la Dra. Alicia Vence.
El fiscal encargado de evaluar la prueba era Paul Starc, que cumplió funciones en el Ejecutivo del presidente Javier Milei durante 2024 y 2025 sin que se le designara un remplazante.
Esa situación generó una demora que se subsanó en los últimos meses, luego de que Starc volviera a la fiscalía, tras abandonar la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por diferencias con la Ley de Inocencia Fiscal. El dictamen elevado por Starc desaconsejaba la realización del juicio pero la jueza decidió en sentido contrario.
El reclamo de justicia que los hijos de los caídos, hoy hombres y mujeres de entre 70 y 80 años, llevaron adelante a lo largo de toda su vida comenzará a saldarse justo cuando se cumplan setenta años de los trágicos sucesos ocurridos durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu.
Las áreas de Cultura y Derechos Humanos del municipio de San Martín, al que pertenece la localidad de José León Suárez, trabajan en una serie de actos conmemorativos para el próximo 9 de junio.
Uno de ellos es la presentación del libro Después del basural. Familias peronistas violentadas por La Fusiladora, que narra la infancia y la juventud de aquellos pibes y pibas, marcados por la muerte de sus padres, la persecución policial y el mandato de silencio.
El 9 de junio del año pasado, por primera vez, se realizó un homenaje en la sede nacional del PJ, en la calle Matheu. Fue la última aparición pública de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, antes de su detención.
Reparación tardía
A fines de los años noventa, gracias a una ley provincial, los familiares de los caídos obtuvieron una pensión graciable del Instituto de Previsión Social (IPS).
Poco antes de terminar su mandato, en 1999, el presidente Carlos Menem impulsó la sanción de una ley nacional que equiparaba su situación a la delos desaparecidos, contemplada en la 24411. Pero recién Néstor Kirchner hizo efectiva esa reparación.
Fuente: Página 12
