Infancia en riesgo: lo que muestra el crimen de Angel, lejos de la espectacularización Durante las últimas semanas el rostro de Angel López inundó la escena pública. Se trata de un caso ampliamente mediatizado que evoca otros nombres, algunos más conocidos que otros. Sin embargo, son los rostros más visibles de una problemática estructural profunda: pese a las normativas de protección de la infancia, la violencia contra niños, niñas y adolescentes persiste, y en muchas ocasiones las propias falencias del sistema obstaculizan el camino de justicia. A ello se suma el paulatino desfinanciamiento de las políticas públicas de la niñez, sobre todo los programas de protección de derechos. Las narrativas punitivistas y el abordaje morboso de los casos parecen prevalecer frente a los datos duros y la deuda histórica con los derechos de las infancias.
Del niño como objeto a sujeto de derechos
El paradigma de la infancia ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas, enfocándose en una noción del niño como sujeto de derecho. En 1989 la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento de derechos humanos que establece 54 artículos que garantizan la protección, salud, educación y participación de niños, niñas y adolescentes.
Esta decisión implicó un pasaje legal del paradigma de la infancia tutelada al paradigma de la protección integral. En la práctica, sin embargo, reflotan discursos que deslegitiman la voz de las infancias, desconocen sus derechos y desoyen sus demandas.
De hecho, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó en julio del año pasado que "el Estado no tiene que cuidar a los niños" sino que "tiene que cuidarlos la familia". Lo hizo en el marco de un anuncio de la entrega de vouchers para actividades culturales y deportivas condicionados a cursos de "crianza" para madres y padres.
Petovello sostuvo que "el Estado no debe intervenir en la crianza" y que el foco debe estar puesto en "centros de familia", fortaleciendo políticas sin asistencia directa a las infancias.
En Argentina está vigente, desde el 2005, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que los reconoce como sujetos activos de derecho y no solo como objetos de protección.
La normativa contempla, entre otras cosas, el interés superior del niño en decisiones judiciales o administrativas y el derecho a ser escuchados. Asimismo, prohíbe el trato violento, humillante, abusivo y obliga a los agentes públicos a denunciar la vulneración de derechos. Algunos puntos de la ley garantizan el fortalecimiento de las políticas públicas para la niñez y adolescencia, y si bien reconocen a la familia como responsable de forma prioritaria, hace hincapié en el rol de los organismos estatales de asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir esta responsabilidad.
En 2023 se aprobó la denominada Ley Lucio (N° 27.709), tras la conmoción generada por el asesinato de Lucio Dupuy en 2021 en La Pampa. El caso estuvo caracterizado por diversas instancias institucionales que fallaron en escuchar y proteger al menor; algo similar a lo ocurrido en Comodoro Rivadavia.
La ley establece la capacitación obligatoria y continua en derechos de la infancia para funcionarios públicos de los tres poderes. Busca prevenir abusos y maltratos a través de la detección temprana. Plantea, en este sentido, la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, destinado a agentes de los tres poderes y a quienes forman parte del Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos de las Infancias.
El maltrato, una realidad cotidiana
En Argentina, la vulneración de las infancias evoca nombres significativos que en su momento han ocupado el centro del debate público: Angeles Rawson, Lucio Dupuy, Loan Peña, Guadalupe Lucero. Hoy el asesinato de Angel López en Comodoro Rivadavia reabre el reclamo ciudadano por un sistema capaz de escuchar y contener a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
No es el único caso reciente: a principios de abril encontraron muerta a Luana Cabral, una adolescente de 15 años con parálisis cerebral. Fue hallada dentro de su casa, en Federación, Entre Ríos. Las pericias iniciales indicaron que el cuerpo llevaba semanas en ese estado. Se investiga la causa como abandono de persona seguido de muerte.
Durante el mismo período fue hallada una beba sin vida dentro de una obra en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Por el crimen permanece detenida una mujer de 32 años, identificada como la madre de la menor.
Cada escena da cuenta de contextos de precariedad, maltratos sostenidos, falencias en el abordaje institucional y una sociedad en la que la violencia contra la infancia, lejos de constituir aislados, refleja una realidad cotidiana.
Según Unicef, la calidad de los registros sobre situaciones de violencia varía significativamente entre provincias, aunque constatan altos niveles de subregistro y dificultades para sistematizar información a nivel nacional.
El maltrato infantil aparece como una problemática imposible de ignorar en los casos que se visibilizan públicamente. No obstante, las cifras muestran que hacia adentro de los hogares es más común de lo que se cree. Según un informe elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral en 2025, 1 de cada 3 niños en Argentina recibe castigo físico como método de disciplina. El estudio advierte, además, que más del 50% sufre agresiones verbales y que los menores representan el 30% de las víctimas en casos de violencia familiar.
Según la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS 2019-2020), elaborada por Unicef y el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (Siempro), el 35,4% de los niños entre 1 y 14 años recibió castigo físico como método de disciplina, mientras que un 6,6% ha sido víctima de castigos físicos severos, como golpes con objetos o palizas. Más del 50% ha sido objeto de agresiones verbales y sólo el 30,6% recibe métodos de disciplina no violentos, como explicaciones o redirección de conducta.
De acuerdo a los datos de la Oficina de Violencia Doméstica correspondientes a 2024, los niños, niñas y adolescentes representan el 30% de los afectados por este tipo de violencia, con una tendencia creciente en los últimos años. Casi nueve de cada 10 víctimas tenía un vínculo familiar con el agresor y seis de cada 10 padecía violencia diaria o semanal.
Las formas más frecuentes fueron la violencia psicológica (más del 90%) y la física (entre el 34% y el 39%), seguidas por violencia simbólica, económica y sexual. El grupo más afectado fue el de 6 a 10 años, mientras que entre los adolescentes de 15 a 17 años se registró el 28% de las lesiones físicas constatadas.
Las cifras reflejan una realidad que vulnera los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. El informe de la Universidad Austral señala que la violencia contra la infancia sigue siendo un problema estructural y subraya que "la persistencia de prácticas violentas en la crianza plantea un desafío urgente para las políticas públicas y la sociedad en su conjunto".
Desde el Observatorio advierten que el maltrato infantil no solo afecta el bienestar inmediato
de los niños, sino que incrementa significativamente el riesgo de problemas de salud mental, ideación suicida y dificultades en el desarrollo emocional y cognitivo.
Más allá de la violencia directa, las infancias también son también víctimas colaterales.
Entre 2017 y 2024 se registraron al menos 1685 niñas, niños y adolescentes que estaban a cargo de las víctimas directas de femicidio, según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación. De ese total, 27 pertenecen a Chubut.
En 2018 se promulgó en Argentina la Ley Brisa (N° 27.452) que establece un régimen de reparación económica mensual para hijos e hijas menores de 21 cuya madre o progenitora afín haya sido víctima de femicidio o violencia intrafamiliar. La normativa permitió ampliar la protección para hijos de víctimas así como visibilizar una dimensión de la violencia machista que hasta ese momento había quedado marginada.
Sin embargo, desde 2024, familiares, organizaciones y referentes en la materia advierten que la ley enfrenta serios desafíos para su implementación, a raíz de los recortes presupuestarios a nivel nacional. Si bien sigue vigente, denuncian demoras en los trámites y en el pago de los subsidios.
Abuso sexual: el delito más impune
La violencia sexual es una de las modalidades que más afecta a las infancias. Si bien las cifras son alarmantes, se trata de un delito subregistrado debido a las barreras institucionales, los tabúes y los discursos que deslegitiman los relatos de las víctimas.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS 2019-2020) la violencia sexual afecta de manera desproporcionada a niñas vulnerables con menor nivel educativo: el 10,5% de las mujeres de entre 15 y 49 años declaró haber sufrido violencia sexual durante su niñez y las mujeres del quintil más bajo duplican en porcentaje a las del quintil más alto (13,5% vs. 6,3%).
Según la Línea Nacional 137, el 57,8% de víctimas de violencia sexual atendidas son menores de edad, predominando las niñas (77%). En el 73% de los casos el agresor es el padre, y el 37% de los abusos ocurren en el hogar. En 2023, al menos 305 NNyA fueron víctimas de explotación sexual, de los cuales 73 recibieron apoyo del Programa Nacional de Rescate.
La noción de núcleo familiar de Petovello como espacio de protección contrasta con las cifras de violencia sexual: en Argentina, entre el 70% y 80% de los casos de abuso sexual son inrafamiliares y ocurren dentro del hogar, lo que dificulta aún más la prevención y la posterior denuncia.
A partir del dato de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indica que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años, la Red por la Infancia estima que en Argentina hay potencialmente casi 2 millones de niños y niñas que sufren violencia sexual.
A pesar de su alta prevalencia, es uno de los delitos más impunes que existen. Algunos estudios calculan que cada 1000 casos de abuso sexual, solo 100 se denuncian y apenas 1 recibe condena, por lo que las estadísticas disponibles son apenas la punta del iceberg.
Las cifras de la inversión en Niñez
Las políticas destinadas a las infancias vienen sufriendo un fuerte ajuste en los últimos años, sobre todo en programas de protección de derechos. Los análisis presupuestarios elaborados por UNICEF respecto a las partidas destinadas a la niñez muestran una tendencia mixta.
En 2024, el presupuesto nacional destinado a la niñez ascendió a $9,25 billones, lo
que representó una reducción real del 18% respecto al presupuesto ejecutado en
2023, equivalente a una contracción de 0,24 puntos porcentuales del PIB. Según UNICEF, la contracción "afectó transversalmente a programas nacionales de los sectores educativo, de salud y de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, tanto por reducciones en los presupuestos como por bajos niveles de ejecución".
En 2025 registró un aumento en el presupuesto ejecutado para la niñez, sobre todo en políticas de protección de ingresos (con fortalecimiento de la Asignación Universal por Hijo y el Programa 1000 Días aunque con una notable reducción en asignaciones familiares contributivas y la Prestación Alimentar), en el presupuesto educativo (con un aumento del 54% respecto a 2024) y en la primera infancia.
Esta tendencia se explica, en gran medida, por el aumento en las políticas de protección de ingresos (que representan más del 70% del presupuesto total destinado a la niñez). En contraposición, se evidencia una caída en las políticas de Salud de la niñez (con una contracción del 21% en términos reales) y en las políticas de promoción de derechos. El presupuesto para las Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de NNyA, por ejemplo, se redujo un 23%, al igual que el presupuesto de la Defensoría Nacional, que cayó un 17%.
Respecto al Proyecto de Presupuesto 2026, UNICEF remarca que ratifica la regla fiscal orientada al cumplimiento del déficit cero, y que esto "plantea desafíos para la sostenibilidad de políticas públicas nacionales sensibles para la población, entre ellas las dirigidas a la niñez y la adolescencia".
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 asigna $15.326.923 millones a los programas dirigidos a la niñez y la adolescencia, equivalentes al 10,5% del gasto total presupuestado para la Administración Pública Nacional, "lo que permite sostener el peso relativo del gasto en niñez tanto dentro del gasto total como en el PIB, en un contexto de moderación del ritmo de consolidación fiscal proyectado para el próximo año", según detalla el informe. La asignación representa un incremento real del 6% respecto al 2025, bajo las proyecciones oficiales de inflación, nuevamente concentrado en las políticas de protección de ingresos en detrimento de las políticas de derechos.
El incremento se explica centralmente por el aumento en recursos destinados a las políticas de protección de ingresos para la niñez (+6%), educación (+14%) y salud (+21%).
No obstante, "el Proyecto de Presupuesto contempla reducciones en las asignaciones para las políticas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en aquellas dirigidas a la primera infancia", advierte Unicef.
En síntesis, se observa un fortalecimiento en políticas de asistencia económica, que constituyen más de la mitad del presupuesto total destinado a la infancia y la adolescencia, pero una marcada caída en políticas de protección de derechos.
Cada caso que protagoniza la escena pública echa luz sobre las múltiples aristas que reviste la situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina. Pese a normativa vigente, persisten obstáculos en el acceso a la Justica, discursos adultocéntricos e instituciones que no siempre escuchan los relatos de las infancias. Las cifras, por su parte, muestran un mapa todavía difuso de una problemática mucho más amplia, en el que las infancias son atravesadas por la crisis económica, el ajuste sobre las políticas públicas y las distintas formas de violencia.
Durante las últimas semanas el rostro de Angel López inundó la escena pública. Se trata de un caso ampliamente mediatizado que evoca otros nombres, algunos más conocidos que otros. Sin embargo, son los rostros más visibles de una problemática estructural profunda: pese a las normativas de protección de la infancia, la violencia contra niños, niñas y adolescentes persiste, y en muchas ocasiones las propias falencias del sistema obstaculizan el camino de justicia. A ello se suma el paulatino desfinanciamiento de las políticas públicas de la niñez, sobre todo los programas de protección de derechos. Las narrativas punitivistas y el abordaje morboso de los casos parecen prevalecer frente a los datos duros y la deuda histórica con los derechos de las infancias.
Del niño como objeto a sujeto de derechos
El paradigma de la infancia ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas, enfocándose en una noción del niño como sujeto de derecho. En 1989 la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento de derechos humanos que establece 54 artículos que garantizan la protección, salud, educación y participación de niños, niñas y adolescentes.
Esta decisión implicó un pasaje legal del paradigma de la infancia tutelada al paradigma de la protección integral. En la práctica, sin embargo, reflotan discursos que deslegitiman la voz de las infancias, desconocen sus derechos y desoyen sus demandas.
De hecho, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó en julio del año pasado que "el Estado no tiene que cuidar a los niños" sino que "tiene que cuidarlos la familia". Lo hizo en el marco de un anuncio de la entrega de vouchers para actividades culturales y deportivas condicionados a cursos de "crianza" para madres y padres.
Petovello sostuvo que "el Estado no debe intervenir en la crianza" y que el foco debe estar puesto en "centros de familia", fortaleciendo políticas sin asistencia directa a las infancias.
En Argentina está vigente, desde el 2005, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que los reconoce como sujetos activos de derecho y no solo como objetos de protección.
La normativa contempla, entre otras cosas, el interés superior del niño en decisiones judiciales o administrativas y el derecho a ser escuchados. Asimismo, prohíbe el trato violento, humillante, abusivo y obliga a los agentes públicos a denunciar la vulneración de derechos. Algunos puntos de la ley garantizan el fortalecimiento de las políticas públicas para la niñez y adolescencia, y si bien reconocen a la familia como responsable de forma prioritaria, hace hincapié en el rol de los organismos estatales de asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir esta responsabilidad.
En 2023 se aprobó la denominada Ley Lucio (N° 27.709), tras la conmoción generada por el asesinato de Lucio Dupuy en 2021 en La Pampa. El caso estuvo caracterizado por diversas instancias institucionales que fallaron en escuchar y proteger al menor; algo similar a lo ocurrido en Comodoro Rivadavia.
La ley establece la capacitación obligatoria y continua en derechos de la infancia para funcionarios públicos de los tres poderes. Busca prevenir abusos y maltratos a través de la detección temprana. Plantea, en este sentido, la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, destinado a agentes de los tres poderes y a quienes forman parte del Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos de las Infancias.
El maltrato, una realidad cotidiana
En Argentina, la vulneración de las infancias evoca nombres significativos que en su momento han ocupado el centro del debate público: Angeles Rawson, Lucio Dupuy, Loan Peña, Guadalupe Lucero. Hoy el asesinato de Angel López en Comodoro Rivadavia reabre el reclamo ciudadano por un sistema capaz de escuchar y contener a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
No es el único caso reciente: a principios de abril encontraron muerta a Luana Cabral, una adolescente de 15 años con parálisis cerebral. Fue hallada dentro de su casa, en Federación, Entre Ríos. Las pericias iniciales indicaron que el cuerpo llevaba semanas en ese estado. Se investiga la causa como abandono de persona seguido de muerte.
Durante el mismo período fue hallada una beba sin vida dentro de una obra en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Por el crimen permanece detenida una mujer de 32 años, identificada como la madre de la menor.
Cada escena da cuenta de contextos de precariedad, maltratos sostenidos, falencias en el abordaje institucional y una sociedad en la que la violencia contra la infancia, lejos de constituir aislados, refleja una realidad cotidiana.
Según Unicef, la calidad de los registros sobre situaciones de violencia varía significativamente entre provincias, aunque constatan altos niveles de subregistro y dificultades para sistematizar información a nivel nacional.
El maltrato infantil aparece como una problemática imposible de ignorar en los casos que se visibilizan públicamente. No obstante, las cifras muestran que hacia adentro de los hogares es más común de lo que se cree. Según un informe elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral en 2025, 1 de cada 3 niños en Argentina recibe castigo físico como método de disciplina. El estudio advierte, además, que más del 50% sufre agresiones verbales y que los menores representan el 30% de las víctimas en casos de violencia familiar.
Según la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS 2019-2020), elaborada por Unicef y el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (Siempro), el 35,4% de los niños entre 1 y 14 años recibió castigo físico como método de disciplina, mientras que un 6,6% ha sido víctima de castigos físicos severos, como golpes con objetos o palizas. Más del 50% ha sido objeto de agresiones verbales y sólo el 30,6% recibe métodos de disciplina no violentos, como explicaciones o redirección de conducta.
De acuerdo a los datos de la Oficina de Violencia Doméstica correspondientes a 2024, los niños, niñas y adolescentes representan el 30% de los afectados por este tipo de violencia, con una tendencia creciente en los últimos años. Casi nueve de cada 10 víctimas tenía un vínculo familiar con el agresor y seis de cada 10 padecía violencia diaria o semanal.
Las formas más frecuentes fueron la violencia psicológica (más del 90%) y la física (entre el 34% y el 39%), seguidas por violencia simbólica, económica y sexual. El grupo más afectado fue el de 6 a 10 años, mientras que entre los adolescentes de 15 a 17 años se registró el 28% de las lesiones físicas constatadas.
Las cifras reflejan una realidad que vulnera los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. El informe de la Universidad Austral señala que la violencia contra la infancia sigue siendo un problema estructural y subraya que "la persistencia de prácticas violentas en la crianza plantea un desafío urgente para las políticas públicas y la sociedad en su conjunto".
Desde el Observatorio advierten que el maltrato infantil no solo afecta el bienestar inmediato
de los niños, sino que incrementa significativamente el riesgo de problemas de salud mental, ideación suicida y dificultades en el desarrollo emocional y cognitivo.
Más allá de la violencia directa, las infancias también son también víctimas colaterales.
Entre 2017 y 2024 se registraron al menos 1685 niñas, niños y adolescentes que estaban a cargo de las víctimas directas de femicidio, según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación. De ese total, 27 pertenecen a Chubut.
En 2018 se promulgó en Argentina la Ley Brisa (N° 27.452) que establece un régimen de reparación económica mensual para hijos e hijas menores de 21 cuya madre o progenitora afín haya sido víctima de femicidio o violencia intrafamiliar. La normativa permitió ampliar la protección para hijos de víctimas así como visibilizar una dimensión de la violencia machista que hasta ese momento había quedado marginada.
Sin embargo, desde 2024, familiares, organizaciones y referentes en la materia advierten que la ley enfrenta serios desafíos para su implementación, a raíz de los recortes presupuestarios a nivel nacional. Si bien sigue vigente, denuncian demoras en los trámites y en el pago de los subsidios.
Abuso sexual: el delito más impune
La violencia sexual es una de las modalidades que más afecta a las infancias. Si bien las cifras son alarmantes, se trata de un delito subregistrado debido a las barreras institucionales, los tabúes y los discursos que deslegitiman los relatos de las víctimas.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS 2019-2020) la violencia sexual afecta de manera desproporcionada a niñas vulnerables con menor nivel educativo: el 10,5% de las mujeres de entre 15 y 49 años declaró haber sufrido violencia sexual durante su niñez y las mujeres del quintil más bajo duplican en porcentaje a las del quintil más alto (13,5% vs. 6,3%).
Según la Línea Nacional 137, el 57,8% de víctimas de violencia sexual atendidas son menores de edad, predominando las niñas (77%). En el 73% de los casos el agresor es el padre, y el 37% de los abusos ocurren en el hogar. En 2023, al menos 305 NNyA fueron víctimas de explotación sexual, de los cuales 73 recibieron apoyo del Programa Nacional de Rescate.
La noción de núcleo familiar de Petovello como espacio de protección contrasta con las cifras de violencia sexual: en Argentina, entre el 70% y 80% de los casos de abuso sexual son inrafamiliares y ocurren dentro del hogar, lo que dificulta aún más la prevención y la posterior denuncia.
A partir del dato de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indica que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años, la Red por la Infancia estima que en Argentina hay potencialmente casi 2 millones de niños y niñas que sufren violencia sexual.
A pesar de su alta prevalencia, es uno de los delitos más impunes que existen. Algunos estudios calculan que cada 1000 casos de abuso sexual, solo 100 se denuncian y apenas 1 recibe condena, por lo que las estadísticas disponibles son apenas la punta del iceberg.
Las cifras de la inversión en Niñez
Las políticas destinadas a las infancias vienen sufriendo un fuerte ajuste en los últimos años, sobre todo en programas de protección de derechos. Los análisis presupuestarios elaborados por UNICEF respecto a las partidas destinadas a la niñez muestran una tendencia mixta.
En 2024, el presupuesto nacional destinado a la niñez ascendió a $9,25 billones, lo
que representó una reducción real del 18% respecto al presupuesto ejecutado en
2023, equivalente a una contracción de 0,24 puntos porcentuales del PIB. Según UNICEF, la contracción "afectó transversalmente a programas nacionales de los sectores educativo, de salud y de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, tanto por reducciones en los presupuestos como por bajos niveles de ejecución".
En 2025 registró un aumento en el presupuesto ejecutado para la niñez, sobre todo en políticas de protección de ingresos (con fortalecimiento de la Asignación Universal por Hijo y el Programa 1000 Días aunque con una notable reducción en asignaciones familiares contributivas y la Prestación Alimentar), en el presupuesto educativo (con un aumento del 54% respecto a 2024) y en la primera infancia.
Esta tendencia se explica, en gran medida, por el aumento en las políticas de protección de ingresos (que representan más del 70% del presupuesto total destinado a la niñez). En contraposición, se evidencia una caída en las políticas de Salud de la niñez (con una contracción del 21% en términos reales) y en las políticas de promoción de derechos. El presupuesto para las Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de NNyA, por ejemplo, se redujo un 23%, al igual que el presupuesto de la Defensoría Nacional, que cayó un 17%.
Respecto al Proyecto de Presupuesto 2026, UNICEF remarca que ratifica la regla fiscal orientada al cumplimiento del déficit cero, y que esto "plantea desafíos para la sostenibilidad de políticas públicas nacionales sensibles para la población, entre ellas las dirigidas a la niñez y la adolescencia".
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 asigna $15.326.923 millones a los programas dirigidos a la niñez y la adolescencia, equivalentes al 10,5% del gasto total presupuestado para la Administración Pública Nacional, "lo que permite sostener el peso relativo del gasto en niñez tanto dentro del gasto total como en el PIB, en un contexto de moderación del ritmo de consolidación fiscal proyectado para el próximo año", según detalla el informe. La asignación representa un incremento real del 6% respecto al 2025, bajo las proyecciones oficiales de inflación, nuevamente concentrado en las políticas de protección de ingresos en detrimento de las políticas de derechos.
El incremento se explica centralmente por el aumento en recursos destinados a las políticas de protección de ingresos para la niñez (+6%), educación (+14%) y salud (+21%).
No obstante, "el Proyecto de Presupuesto contempla reducciones en las asignaciones para las políticas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en aquellas dirigidas a la primera infancia", advierte Unicef.
En síntesis, se observa un fortalecimiento en políticas de asistencia económica, que constituyen más de la mitad del presupuesto total destinado a la infancia y la adolescencia, pero una marcada caída en políticas de protección de derechos.
Cada caso que protagoniza la escena pública echa luz sobre las múltiples aristas que reviste la situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina. Pese a normativa vigente, persisten obstáculos en el acceso a la Justica, discursos adultocéntricos e instituciones que no siempre escuchan los relatos de las infancias. Las cifras, por su parte, muestran un mapa todavía difuso de una problemática mucho más amplia, en el que las infancias son atravesadas por la crisis económica, el ajuste sobre las políticas públicas y las distintas formas de violencia.
