La organización Somos V.I.D.A Chubut expresó su preocupación por la publicación de permisos de exploración y cateo vinculados a la firma Powerhaus S.A.U., destinados a la búsqueda de uranio, tierras raras y otras sustancias nucleares en el Departamento Escalante.
De acuerdo con los datos difundidos, se trata de cuatro cateos que abarcan cerca de 40.000 hectáreas. Las presentaciones fueron realizadas en diciembre de 2024, aprobadas en julio de 2025 y protocolizadas en febrero de 2026.
La entidad señaló además que los informes ambientales del proyecto Malbec Centro consignan como titular a Powerhaus S.R.L., con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vinculan las tareas a los expedientes 17234, 17235, 17236 y 17237. En ese mismo documento se menciona que el proyecto Malbec tendría una superficie total aproximada de 190.000 hectáreas, de las cuales unas 40.000 corresponden a Malbec Centro.
En ese contexto, la organización advirtió que la publicación en el Boletín Oficial resulta insuficiente frente a la magnitud de las actividades proyectadas y planteó la necesidad de contar con información pública, verificable y sometida a discusión social.
También recordó que la Ley 5001 prohíbe en Chubut la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en procesos productivos, además de establecer que cualquier zonificación minera debe ser aprobada por ley. Bajo ese marco, apuntó a la responsabilidad de la Legislatura Provincial en el control de este tipo de iniciativas.
Somos V.I.D.A Chubut reclamó la publicación completa de los expedientes vinculados a Powerhaus, informes oficiales de los ministerios de Hidrocarburos y de Ambiente, y precisiones sobre los titulares, beneficiarios finales y la capacidad técnica y financiera de la empresa. A su vez, solicitó la difusión de la ubicación de los cateos con mapas accesibles, la realización de audiencias públicas en las comunidades involucradas y la intervención activa del Poder Legislativo.
Entre los puntos enumerados, también incluyó la implementación de controles ambientales independientes con participación de universidades y técnicos, junto con instancias de participación ciudadana, y la exigencia de que cualquier avance extractivo cuente con licencia social.
Finalmente, la organización sostuvo que las decisiones vinculadas al uso del territorio, el agua y el ambiente requieren instancias públicas de debate y posicionamientos explícitos por parte de los representantes provinciales.
