En la mira de la CIDH: Neuquén y el Estado argentino, envueltos en conflictos territorialesPor Susana Lara
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió una causa contra el Estado argentino por la falta de reconocimiento formal del territorio comunitario que ocupa tradicionalmente una comunidad del pueblo mapuche asentada en Villa La Angostura, sur de Neuquén. A la vez, esta misma comunidad demandó ante la justicia federal a la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por no firmar el relevamiento técnico-catastral que fundamenta esa ocupación tradicional, carpeta técnica que tiene en su poder desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en diciembre de 2023. La Argentina ya carga con condenas por parte de este mismo tribunal internacional.
Al mismo tiempo, también en Neuquén, otro conflicto que viene desde 2017 dio un giro judicial previsible. Una Cámara Civil de la capital provincial le desconoció capacidad jurídica para intervenir en juicios a una comunidad por carecer de personería jurídica, demora del Poder Ejecutivo que estalló el año pasado cuando cuatro comunidades las reclamaron en el acceso a la Casa de Gobierno y fueron reprimidas violentamente. El conflicto es en el paraje Tratayén, en el corazón de Vaca Muerta. Allí está montada y proyectada infraestructura clave para la captación, compresión y transporte de gas.
La segunda quincena de abril estalló nuevamente un viejísimo reclamo por la contaminación del agua que realiza el complejo de deportes invernales sobre el cerro Chapelco, afectando a numerosas familias de dos comunidades que viven ladera abajo. El hospital público de San Martín de los Andes confirmó la contaminación del agua de red y alertó a la población de dos parajes, parte del territorio tradicional de las lof Curruhuinca y Vera.
Funcionarios provinciales armaron una mesa de negociación en el lugar para descomprimir la tensión con el nuevo concesionario del cerro -el mismo que explota el Catedral en Bariloche-, que se prepara para la temporada alta de invierno.
El reclamo por el derecho a la vida digna en el territorio tradicional dibuja un tablero con actores y tiempos propios, con una dinámica diferente a la de la política partidaria y electoral, aunque se cruza y se tiñe con ella en ocasiones. El Poder Judicial es un actor clave, en general como intérprete operativo de los deseos del Ejecutivo (nacional, provincial y municipal), así sea en contra de la Constitución Nacional, la Provincial y los tratados internacionales.
Tiempo largo
Aunque los reclamos territoriales de los pueblos originarios en la Argentina se inscriben en la historia larga de los 500 años del proceso de conquista del Abya Yala (continente americano), resultan lentos los reclamos ante los organismos internacionales por medidas de protección ante las faltas de garantías en el orden interno.
La comunidad Paicil-Antreao acudió a la CIDH, órgano dependiente de la Organización de Estado Americanos (OEA), en enero de 2010, cuando su espacio estaba rodeado por las fuerzas especiales de la policía provincial para ejecutar un desalojo sin orden judicial. Desde entonces permanece vigente una medida cautelar en su favor, a la que se sumaron numerosos y sucesivos reclamos. El último es porque el INAI no firma la carpeta técnica que realizó un equipo interdisciplinario avalado por la provincia y no emite la resolución correspondiente reconociendo el territorio comunitario tradicional, todo durante la vigencia de la ley nacional 26.160 (de emergencia de los territorios comunitarios) que después derogó la administración Milei. En noviembre de 2025, el gobierno neuquino realizó una presentación de pronto despacho al INAI para poder dar respuesta al pedido de la justicia en una causa en trámite ante los juzgados provinciales. Agotado el plazo para intentar un entendimiento entre la partes, el 24 de abril la CIDH notificó el inicio de una causa contra el Estado argentino, precisó Luis Virgilio Sánchez, abogado que representa a esta comunidad.
En marzo, inició una acción de amparo por mora contra el INAI, caso que lleva Ezequiel Andreani, juez federal subrogante de Zapala. Coincidió que el mismo 24 de abril, el magistrado requirió al INAI la información sobre el informe final del relevamiento técnico-catastral de Paicil-Antreao.
Claudio Avruj, presidente del INAI en este período de desmantelamiento del Estado, revirtió resoluciones de reconocimientos territoriales en Mendoza y Río Negro. En este caso, ya no tiene esa posibilidad, porque salió de la esfera de control nacional.
De todos modos, no hay que descartar que la administración Milei cuestione a la CIDH, así como lo hizo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Vaca Muerta
El blindaje a la explotación de hidrocarburos en el área Vaca Muerta reforzó la directriz previa de "seguridad jurídica para la propiedad privada de la tierra". Esta matriz la instaló Patricia Bullrich en 2017, cuando fue ministra de Seguridad del Presidente Mauricio Macri y creó los comandos unificados regionales.
El gobierno provincial no le otorga la personería jurídica a la lof Fvta Xayen, lo que permitió a lxs camaristas en lo Civil Patricia Clérice y Pablo Furlotti desconocerla como actora en la demanda que le iniciaron lxs hermanxs Carolina y Fernando Galván por 950 hectáreas ubicadas en la zona de Añelo.
Lefxaru Nawel, abogado de la Confederación Mapuche de Neuquén, anticipó que apelarán el fallo del 22 de abril que desconoce un fallo de la CIDH de 2005 sobre las personerías jurídicas en las organizaciones propias de los pueblos originarios y la preexistencia a los Estados, así como la Constitución Nacional. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dicho en otros reclamos desde Río Negro que las personerías son un derecho, no una obligación.
En Neuquén, cuatro comunidades sostienen un reclamo puntual por el reconocimiento administrativo de la personería jurídica, que derivó el año pasado en un acampe de protesta en la vereda de la Casa de Gobierno. La provincia lo desalojó el domingo 20 de julio, provocando heridxs y detenciones arbitrarias. Al mismo tiempo, el Ministerio Público Fiscal inició la criminalización contra 17 activistas por supuesta amenaza coactiva contra el gobierno y usurpación del espacio público, legajo cuyo derrotero actual se desconoce.
Lo cierto es que existe una relación directa entre la negación de una personería jurídica por parte del Ejecutivo, el uso argumental de esa negación por parte del Poder Judicial y el guiño a los particulares para que insten al desalojo.
Los viejos líderes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) reconocieron por ley, a fines de los ‘60, la existencia de agrupaciones mapuche -como se las llamó en ese entonces- con sus territorios bien delimitados. El crecimiento poblacional y la reafirmación identitaria de las nuevas generaciones multiplicaron la reconstitución de comunidades que reclaman sus propias personerías jurídicas. Aunque su existencia real, su legitimidad y participación en el movimiento social contemporáneo no depende de un decreto del gobernador de turno. Todo sugiere que la mano dura no resuelve la gobernabilidad.
Fuente: El cohete a la Luna
Por Susana Lara
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió una causa contra el Estado argentino por la falta de reconocimiento formal del territorio comunitario que ocupa tradicionalmente una comunidad del pueblo mapuche asentada en Villa La Angostura, sur de Neuquén. A la vez, esta misma comunidad demandó ante la justicia federal a la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por no firmar el relevamiento técnico-catastral que fundamenta esa ocupación tradicional, carpeta técnica que tiene en su poder desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en diciembre de 2023. La Argentina ya carga con condenas por parte de este mismo tribunal internacional.
Al mismo tiempo, también en Neuquén, otro conflicto que viene desde 2017 dio un giro judicial previsible. Una Cámara Civil de la capital provincial le desconoció capacidad jurídica para intervenir en juicios a una comunidad por carecer de personería jurídica, demora del Poder Ejecutivo que estalló el año pasado cuando cuatro comunidades las reclamaron en el acceso a la Casa de Gobierno y fueron reprimidas violentamente. El conflicto es en el paraje Tratayén, en el corazón de Vaca Muerta. Allí está montada y proyectada infraestructura clave para la captación, compresión y transporte de gas.
La segunda quincena de abril estalló nuevamente un viejísimo reclamo por la contaminación del agua que realiza el complejo de deportes invernales sobre el cerro Chapelco, afectando a numerosas familias de dos comunidades que viven ladera abajo. El hospital público de San Martín de los Andes confirmó la contaminación del agua de red y alertó a la población de dos parajes, parte del territorio tradicional de las lof Curruhuinca y Vera.
Funcionarios provinciales armaron una mesa de negociación en el lugar para descomprimir la tensión con el nuevo concesionario del cerro -el mismo que explota el Catedral en Bariloche-, que se prepara para la temporada alta de invierno.
El reclamo por el derecho a la vida digna en el territorio tradicional dibuja un tablero con actores y tiempos propios, con una dinámica diferente a la de la política partidaria y electoral, aunque se cruza y se tiñe con ella en ocasiones. El Poder Judicial es un actor clave, en general como intérprete operativo de los deseos del Ejecutivo (nacional, provincial y municipal), así sea en contra de la Constitución Nacional, la Provincial y los tratados internacionales.
Tiempo largo
Aunque los reclamos territoriales de los pueblos originarios en la Argentina se inscriben en la historia larga de los 500 años del proceso de conquista del Abya Yala (continente americano), resultan lentos los reclamos ante los organismos internacionales por medidas de protección ante las faltas de garantías en el orden interno.
La comunidad Paicil-Antreao acudió a la CIDH, órgano dependiente de la Organización de Estado Americanos (OEA), en enero de 2010, cuando su espacio estaba rodeado por las fuerzas especiales de la policía provincial para ejecutar un desalojo sin orden judicial. Desde entonces permanece vigente una medida cautelar en su favor, a la que se sumaron numerosos y sucesivos reclamos. El último es porque el INAI no firma la carpeta técnica que realizó un equipo interdisciplinario avalado por la provincia y no emite la resolución correspondiente reconociendo el territorio comunitario tradicional, todo durante la vigencia de la ley nacional 26.160 (de emergencia de los territorios comunitarios) que después derogó la administración Milei. En noviembre de 2025, el gobierno neuquino realizó una presentación de pronto despacho al INAI para poder dar respuesta al pedido de la justicia en una causa en trámite ante los juzgados provinciales. Agotado el plazo para intentar un entendimiento entre la partes, el 24 de abril la CIDH notificó el inicio de una causa contra el Estado argentino, precisó Luis Virgilio Sánchez, abogado que representa a esta comunidad.
En marzo, inició una acción de amparo por mora contra el INAI, caso que lleva Ezequiel Andreani, juez federal subrogante de Zapala. Coincidió que el mismo 24 de abril, el magistrado requirió al INAI la información sobre el informe final del relevamiento técnico-catastral de Paicil-Antreao.
Claudio Avruj, presidente del INAI en este período de desmantelamiento del Estado, revirtió resoluciones de reconocimientos territoriales en Mendoza y Río Negro. En este caso, ya no tiene esa posibilidad, porque salió de la esfera de control nacional.
De todos modos, no hay que descartar que la administración Milei cuestione a la CIDH, así como lo hizo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Vaca Muerta
El blindaje a la explotación de hidrocarburos en el área Vaca Muerta reforzó la directriz previa de "seguridad jurídica para la propiedad privada de la tierra". Esta matriz la instaló Patricia Bullrich en 2017, cuando fue ministra de Seguridad del Presidente Mauricio Macri y creó los comandos unificados regionales.
El gobierno provincial no le otorga la personería jurídica a la lof Fvta Xayen, lo que permitió a lxs camaristas en lo Civil Patricia Clérice y Pablo Furlotti desconocerla como actora en la demanda que le iniciaron lxs hermanxs Carolina y Fernando Galván por 950 hectáreas ubicadas en la zona de Añelo.
Lefxaru Nawel, abogado de la Confederación Mapuche de Neuquén, anticipó que apelarán el fallo del 22 de abril que desconoce un fallo de la CIDH de 2005 sobre las personerías jurídicas en las organizaciones propias de los pueblos originarios y la preexistencia a los Estados, así como la Constitución Nacional. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dicho en otros reclamos desde Río Negro que las personerías son un derecho, no una obligación.
En Neuquén, cuatro comunidades sostienen un reclamo puntual por el reconocimiento administrativo de la personería jurídica, que derivó el año pasado en un acampe de protesta en la vereda de la Casa de Gobierno. La provincia lo desalojó el domingo 20 de julio, provocando heridxs y detenciones arbitrarias. Al mismo tiempo, el Ministerio Público Fiscal inició la criminalización contra 17 activistas por supuesta amenaza coactiva contra el gobierno y usurpación del espacio público, legajo cuyo derrotero actual se desconoce.
Lo cierto es que existe una relación directa entre la negación de una personería jurídica por parte del Ejecutivo, el uso argumental de esa negación por parte del Poder Judicial y el guiño a los particulares para que insten al desalojo.
Los viejos líderes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) reconocieron por ley, a fines de los ‘60, la existencia de agrupaciones mapuche -como se las llamó en ese entonces- con sus territorios bien delimitados. El crecimiento poblacional y la reafirmación identitaria de las nuevas generaciones multiplicaron la reconstitución de comunidades que reclaman sus propias personerías jurídicas. Aunque su existencia real, su legitimidad y participación en el movimiento social contemporáneo no depende de un decreto del gobernador de turno. Todo sugiere que la mano dura no resuelve la gobernabilidad.
Fuente: El cohete a la Luna
