La educación se defiende en las calles: Chubut también se moviliza con la cuarta Marcha Federal Universitaria Argentina se movilizará este martes 12 de mayo en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria en reclamo de la plena aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso y que el gobierno de Javier Milei se niega a instrumentar. Las principales ciudades de Chubut ya definieron la convocatoria para la marcha de este martes: en Comodoro Rivadavia, la concentración será a las 13 en el Playón de la Universidad y se marchará a partir de las 14 hacia la Plaza San Martín, donde se realizará el acto central. En Trelew, la concentración será en la Universidad, con distintas actividades a partir de las 14, y la movilización a partir de las 17. En Puerto Madryn, la concentración será en la Plaza San Martín a las 18 para llevar adelante una Marcha de las Antorchas. Por su parte, en Esquel la marcha iniciará a las 17 en la Escuela Politécnica y el acto se desarrollará a las 18:30 en la Plaza del Cielo.
La Ley de Financiamiento, "suspendida"
A menos de una semana de la cuarta Marcha Federal Universitaria, la Justicia concedió el recurso extraordinario que solicitó el Gobierno en abril, lo que deja la aplicación de la Ley de Financiamiento, una vez más, en suspenso. Mientras tanto, las universidades atraviesan un momento crítico donde la falta de inversión se hace evidente en todos los ámbitos. Desde los gremios advierten que ya se cumplieron 200 días desde la aprobación de la Ley y desde el Gobierno no parece haber voluntad de avanzar para recomponer salarios y gastos de funcionamiento. "La Justicia tiene que decidir sobre la situación de fondo, es decir, que la educación superior es un derecho en nuestro país y que el derecho a la educación es importante, esa es la cuestión de fondo que en definitiva se está discutiendo", sostuvo Verónica Botto, referente de ADU.
El pasado viernes, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario que el Estado solicitó el 16 de abril, en contra de la resolución que ordenaba cumplir la Ley de Financiamiento de manera inmediata. Esto quiere decir que su aplicación queda en suspenso hasta que la Corte Suprema resuelva.
El fallo, firmado por los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández propició la intervención de la Corte para que evalúe el reclamo del Gobierno en contra de la medida cautelar que ordenaba el cumplimiento inmediato.
La causa inició en octubre de 2025 cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) interpuso una acción de amparo ante el incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo, que ya había intentado vetar la norma, sin éxito. El argumento del Gobierno es que la normativa no precisa de dónde saldrían los fondos y que su aplicación compromete el equilibrio fiscal.
En diciembre, el juez de primera instancia Martín Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones en materia salarial y presupuestaria. En marzo la Cámara confirmó la decisión y al Gobierno se le vencieron los plazos para transferir los 2,5 billones a las universidades nacionales. A través del Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro, presentó el recurso extraordinario ahora concedido.
Confundir y dilatar
En diálogo con El Extremo Sur, la secretaria adjunta de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Verónica Botto, analizó el escenario universitario y las expectativas ante la Justicia. Advirtió que, tras la última medida judicial, no queda claro si el Gobierno debe o no aplicar la cautelar que ordena la recomposición de fondos.
"Con el último recurso ya había discusión si se aplicaba o no se aplicaba la cautelar, el Gobierno está claramente usando todas las herramientas a su alcance para dilatar el cumplimiento de la ley. Lo que dice este fallo es que va a ir directamente a la Corte Suprema, es decir, acepta el recurso extraordinario federal. Pero no dice qué va a pasar con la cautelar, si se suspende o no", explica.
"Según los abogados, hay una intencionalidad ahí en no ponerlo, porque ahora tenemos que ponernos a discutir qué es lo que pasa si suspende o no suspende la aplicación, pero sí nos queda claro que el Gobierno está intentando dilatar el cumplimiento", agrega.
En este escenario, y sin certezas, la comunidad universitaria convoca para este martes 12 a la cuarta Marcha Federal Universitaria. Botto apunta a consolidar una marcha multitudinaria para poner en las calles el reclamo que sostienen desde hace tres años.
"Hay que ver cómo seguimos después de la marcha, eso se va a decidir después, por lo pronto todo el foco, la fuerza y la intención está en la marcha", remarca.
Respecto a la discusión judicial detalla que la Corte debería "decidir sobre la situación de fondo, es decir, que la educación superior es un derecho en nuestro país y que el derecho a la educación es importante, esa es la cuestión de fondo que en definitiva se está discutiendo. Nosotros igual la vamos a seguir peleando porque la Ley existe", adelantó.
"Hay un principio legal que dice que no puede haber una ley que impida otras leyes del Congreso, es decir, el Gobierno se agarra de esa ley que dice que todo gasto tiene que decir de dónde va a sacar la plata", afirma. Subraya que, pese al discurso del Ejecutivo, en la ley esta cuestión está explicitada y "el Gobierno nacional tiene que sacar fondos de los aportes al Tesoro Nacional, no de las provincias".
"El Gobierno cuando quiere hace exenciones impositivas a las grandes empresas, baja impuestos a los autos de alta gama y después para los trabajadores, nada; pero no sólo para los estatales, sino a lo que es discapacidad, a los jubilados, a la Salud, o sea, a toda la ciudadanía argentina nos están pegando de un lado o del otro, o de varios a la vez", cuestiona Botto.
Insiste en que el Ejecutivo "debe gobernar como parte de los tres poderes, y el Congreso aprobó una ley, eso tienen que respetarlo. Nuestra ley está vigente desde octubre. Y en ese tiempo debería haberse cumplido, es decir, en ese tiempo tendrían que habernos adecuado el salario, tendrían que haber llamado a paritarias, tendrían que haber empezado a mover el tema, pero hay cero interés".
Los argumentos del Gobierno
En paralelo al debate judicial, en febrero el Gobierno avanzó con la presentación de un proyecto alternativo de financiamiento, con diferencias sustanciales de la norma aprobada en octubre del año pasado, sobre todo en materia salarial.
"En un momento parecía que tenían los números en el Congreso, a fines de febrero, parecía que iban a avanzar, pero de todas formas, aún si hicieran eso, aún si aprobaran el proyecto de ley que ellos querían aprobar, derogaba los artículos 5° y 6° que justamente son los que hablan de la recomposición salarial, se daba por perdido todos los aumentos del 2024, nos daban una recomposición, cerca del 10% para el 2025 y listo", explica Botto.
Indica que "aún si aprobaran esa ley, esta otra ley está vigente desde hace más de 6 meses. Es decir que en todo caso tenían que cumplir esta ley por 6 meses y después avanzaban con la otra. Se puede cambiar una ley, aunque no nos guste, pero durante el tiempo que la ley está vigente, la tienen que cumplir".
Botto cuestionó el argumento del Gobierno respecto al equilibrio fiscal: "Lo que pasa es que no quiere cumplir justamente el artículo que habla de recomposición salarial, dice que ese es el más oneroso. Según el Gobierno modificaría el equilibrio fiscal mentiroso que tienen porque es el equilibrio que surge de no pagar las cuentas. O sea, si uno no paga las cuentas, la plata le alcanza. Lo que pasa que no es así como funciona la economía".
Lo ejemplifica con el Impuesto a los Combustibles, que está destinado a la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales: "Seguimos pagando el impuesto, y esa plata entra al Estado nacional y no va a ningún lado, porque las rutas no se están arreglando".
"Seguimos pagando impuestos, no nos perdonan los impuestos, que era una de las banderas de este Gobierno, no nos bajan la carga impositiva, pero tampoco tenemos los beneficios de esos impuestos", sintetiza.
La situación de la docencia universitaria
Botto se refirió al impacto del desfinanciamiento en las casas de estudio y la compleja situación de la docencia universitaria. "A los estudiantes los vemos, en general, tranquilos. Vamos a ver qué pasa este martes 12, falta un poco de movilización", expresa.
En cuanto a los trabajadores docentes, sostiene que el escenario es especialmente desafiante: "La universidad tiene un límite de horas que vos podés trabajar. Muchos de nuestros docentes también dan clases en provincia. Siempre ha habido así como un balance de quién está pagando más en este momento, si te conviene trabajar en la universidad o en provincia. En este momento tenemos docentes que, si pueden, aumentan horas en provincia, entonces están bajando la carga en la Universidad".
La incompatibilidad de horarios entre cargos de distintas instituciones impacta de lleno en la posibilidad de los docentes de sostener distintas actividades universitarias: "Están bajando la carga horaria, porque si agarrás 10 horas más en provincia, no podés tener una exclusiva en la Universidad, por ejemplo. Una exclusiva son 40 horas semanales. Eso te permite tener como máximo 10 horas más afuera dando clase. Y no se puede, y eso es un problema".
"Todos los docentes que están en condiciones de jubilarse, que en otras épocas por ahí se quedaban un año o dos, apenas están en condiciones de jubilarse, lo hacen. Los cargos de los docentes con mayor antigüedad o los cargos más viejos que por ahí eran dedicaciones más altas, o sea, semi exclusivas que son 20 horas o alguna que otra exclusiva que son 40 horas, se dividen en simples, entonces hay un montón de gente atomizada que tiene menos cargos en la Universidad", detalla.
Advierte que son aspectos que no se perciben en lo inmediato pero que "tienen un impacto enorme": "Hay menos docentes haciendo investigación, menos docentes haciendo las otras funciones, extensión o gestión, todo eso afecta a la educación, pero de forma tan directa o visible".
Por otro lado, el ajuste recae también en los estudiantes: "Si hablamos de los laboratorios, hay que comprar insumos, las salidas de campo que no se pueden hacer o hay que hacerlas a veces con los vehículos de los estudiantes, lo cual también es una complicación a nivel de seguros. Hay un montón de impactos de ese tipo que no se notan porque pareciera que las clases están y si no sos de esas facultades que tienen ese tipo de trabajos, quizás no te enterás, pero afectan la calidad de nuestra educación universitaria".
Salarios docentes de pobreza
Uno de los puntos más álgidos del reclamo tiene que ver con la recomposición salarial. Del 2023 a la fecha, los salarios docentes han perdido más del 30% del poder adquisitivo y hoy la mayoría de los salarios básicos permanece por debajo de la línea de pobreza.
De acuerdo al CIN, para finales de marzo los salarios docentes reflejaban una pérdida del 32%: entre noviembre 2023 y febrero 2026 acumulaban un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada del mismo período alcanzaba el 280%. Esto equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período calculado, lo que ubica a los salarios universitarios "en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia".
Desde el organismo señalaron que para equiparar la capacidad de compra al nivel precio a la asunción del actual Gobierno, la recomposición salarial debería ubicarse en el orden del 47,3%, una cifra muy lejana a los aumentos que el Gobierno impuso de manera unilateral en los últimos dos años.
Botto detalla que actualmente en la Patagonia un salario docente con dedicación semiexclusiva y la máxima antigüedad no supera $1.300.000: "Eso es un docente que tiene más de 20 años en la educación, es un docente que está más cerca de jubilarse que de seguir en la docencia". La cifra no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total de la región, que en marzo se ubicó en $1.793.806.
"Está muy mal pago el cargo, y se le exige, porque es parte de nuestra labor, que el docente se siga formando, que haga investigación, que haga un montón de cosas", cuestiona Botto, y remarca que "al docente universitario nunca le sobró, nunca fueron los cargos de docencia cargos con los te ibas a hacer rico. Pero por lo menos podías vivir y trabajar bien. Ahora eso está en discusión".
A las calles
Por el momento, el foco está puesto en la marcha de este martes. A nivel nacional, los gremios se reunirán el día 14 para evaluar la movilización. "Si llega a haber algo más de la justicia en ese momento lo veremos, pero me parece que nadie está esperando una resolución inmediata", sostiene. La movilización no estará dirigida solamente el Gobierno nacional sino a la Corte Suprema, quien debe expedirse sobre el futuro de las universidades nacionales.
Las principales localidades de Chubut ya definieron la convocatoria para la marcha de este martes: en Comodoro Rivadavia, la concentración será a las 13 en el Playón de la Universidad. Se marchará a partir de las 14 hacia la Plaza San Martín, donde se realizará el acto central.
En Trelew, la concentración será en la Universidad, con distintas actividades a partir de las 14 horas y la marcha a partir de las 17. En Puerto Madryn, la concentración será en la Plaza San Martín a las 18 para llevar adelante una Marcha de las Antorchas. Por su parte, en Esquel la movilización iniciará a las 17 en la Escuela Politécnica y el acto se desarrollará a las 18:30 en la Plaza del Cielo.
"En todas las intervenciones que hicimos hasta ahora es que estamos llamando a la gente a acompañarnos porque esto no es solo nosotros, no es solo salarial, hay universidades que están realmente en situaciones muy complicadas, los hospitales universitarios están complicados y esto nos afecta como sociedad", detalla Botto.
El CIN ya advirtió que la situación presupuestaria del sistema es crítica y que "el recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios". En términos generales, las transferencias a universidades nacionales registran una caída acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, una de las cifras más bajas de las últimas décadas.
El sistema universitario acumula casi tres años de ajuste, caídas presupuestarias en ciencia que perforan mínimos históricos y un escenario signado por la incertidumbre. El debate de fondo tiene que ver no sólo con las partidas sino con el sostenimiento de la educación de calidad: "Yo creo que la sociedad argentina siempre ha valorado la universidad, inclusive las personas que no han accedido a la universidad, que es una bandera nuestra, es una bandera muy especial porque no hay muchos países que tengan una educación pública de calidad universitaria y que sea gratuita. Eso es lo que tenemos que defender", concluye Botto.
Argentina se movilizará este martes 12 de mayo en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria en reclamo de la plena aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso y que el gobierno de Javier Milei se niega a instrumentar. Las principales ciudades de Chubut ya definieron la convocatoria para la marcha de este martes: en Comodoro Rivadavia, la concentración será a las 13 en el Playón de la Universidad y se marchará a partir de las 14 hacia la Plaza San Martín, donde se realizará el acto central. En Trelew, la concentración será en la Universidad, con distintas actividades a partir de las 14, y la movilización a partir de las 17. En Puerto Madryn, la concentración será en la Plaza San Martín a las 18 para llevar adelante una Marcha de las Antorchas. Por su parte, en Esquel la marcha iniciará a las 17 en la Escuela Politécnica y el acto se desarrollará a las 18:30 en la Plaza del Cielo.
La Ley de Financiamiento, "suspendida"
A menos de una semana de la cuarta Marcha Federal Universitaria, la Justicia concedió el recurso extraordinario que solicitó el Gobierno en abril, lo que deja la aplicación de la Ley de Financiamiento, una vez más, en suspenso. Mientras tanto, las universidades atraviesan un momento crítico donde la falta de inversión se hace evidente en todos los ámbitos. Desde los gremios advierten que ya se cumplieron 200 días desde la aprobación de la Ley y desde el Gobierno no parece haber voluntad de avanzar para recomponer salarios y gastos de funcionamiento. "La Justicia tiene que decidir sobre la situación de fondo, es decir, que la educación superior es un derecho en nuestro país y que el derecho a la educación es importante, esa es la cuestión de fondo que en definitiva se está discutiendo", sostuvo Verónica Botto, referente de ADU.
El pasado viernes, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario que el Estado solicitó el 16 de abril, en contra de la resolución que ordenaba cumplir la Ley de Financiamiento de manera inmediata. Esto quiere decir que su aplicación queda en suspenso hasta que la Corte Suprema resuelva.
El fallo, firmado por los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández propició la intervención de la Corte para que evalúe el reclamo del Gobierno en contra de la medida cautelar que ordenaba el cumplimiento inmediato.
La causa inició en octubre de 2025 cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) interpuso una acción de amparo ante el incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo, que ya había intentado vetar la norma, sin éxito. El argumento del Gobierno es que la normativa no precisa de dónde saldrían los fondos y que su aplicación compromete el equilibrio fiscal.
En diciembre, el juez de primera instancia Martín Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones en materia salarial y presupuestaria. En marzo la Cámara confirmó la decisión y al Gobierno se le vencieron los plazos para transferir los 2,5 billones a las universidades nacionales. A través del Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro, presentó el recurso extraordinario ahora concedido.
Confundir y dilatar
En diálogo con El Extremo Sur, la secretaria adjunta de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Verónica Botto, analizó el escenario universitario y las expectativas ante la Justicia. Advirtió que, tras la última medida judicial, no queda claro si el Gobierno debe o no aplicar la cautelar que ordena la recomposición de fondos.
"Con el último recurso ya había discusión si se aplicaba o no se aplicaba la cautelar, el Gobierno está claramente usando todas las herramientas a su alcance para dilatar el cumplimiento de la ley. Lo que dice este fallo es que va a ir directamente a la Corte Suprema, es decir, acepta el recurso extraordinario federal. Pero no dice qué va a pasar con la cautelar, si se suspende o no", explica.
"Según los abogados, hay una intencionalidad ahí en no ponerlo, porque ahora tenemos que ponernos a discutir qué es lo que pasa si suspende o no suspende la aplicación, pero sí nos queda claro que el Gobierno está intentando dilatar el cumplimiento", agrega.
En este escenario, y sin certezas, la comunidad universitaria convoca para este martes 12 a la cuarta Marcha Federal Universitaria. Botto apunta a consolidar una marcha multitudinaria para poner en las calles el reclamo que sostienen desde hace tres años.
"Hay que ver cómo seguimos después de la marcha, eso se va a decidir después, por lo pronto todo el foco, la fuerza y la intención está en la marcha", remarca.
Respecto a la discusión judicial detalla que la Corte debería "decidir sobre la situación de fondo, es decir, que la educación superior es un derecho en nuestro país y que el derecho a la educación es importante, esa es la cuestión de fondo que en definitiva se está discutiendo. Nosotros igual la vamos a seguir peleando porque la Ley existe", adelantó.
"Hay un principio legal que dice que no puede haber una ley que impida otras leyes del Congreso, es decir, el Gobierno se agarra de esa ley que dice que todo gasto tiene que decir de dónde va a sacar la plata", afirma. Subraya que, pese al discurso del Ejecutivo, en la ley esta cuestión está explicitada y "el Gobierno nacional tiene que sacar fondos de los aportes al Tesoro Nacional, no de las provincias".
"El Gobierno cuando quiere hace exenciones impositivas a las grandes empresas, baja impuestos a los autos de alta gama y después para los trabajadores, nada; pero no sólo para los estatales, sino a lo que es discapacidad, a los jubilados, a la Salud, o sea, a toda la ciudadanía argentina nos están pegando de un lado o del otro, o de varios a la vez", cuestiona Botto.
Insiste en que el Ejecutivo "debe gobernar como parte de los tres poderes, y el Congreso aprobó una ley, eso tienen que respetarlo. Nuestra ley está vigente desde octubre. Y en ese tiempo debería haberse cumplido, es decir, en ese tiempo tendrían que habernos adecuado el salario, tendrían que haber llamado a paritarias, tendrían que haber empezado a mover el tema, pero hay cero interés".
Los argumentos del Gobierno
En paralelo al debate judicial, en febrero el Gobierno avanzó con la presentación de un proyecto alternativo de financiamiento, con diferencias sustanciales de la norma aprobada en octubre del año pasado, sobre todo en materia salarial.
"En un momento parecía que tenían los números en el Congreso, a fines de febrero, parecía que iban a avanzar, pero de todas formas, aún si hicieran eso, aún si aprobaran el proyecto de ley que ellos querían aprobar, derogaba los artículos 5° y 6° que justamente son los que hablan de la recomposición salarial, se daba por perdido todos los aumentos del 2024, nos daban una recomposición, cerca del 10% para el 2025 y listo", explica Botto.
Indica que "aún si aprobaran esa ley, esta otra ley está vigente desde hace más de 6 meses. Es decir que en todo caso tenían que cumplir esta ley por 6 meses y después avanzaban con la otra. Se puede cambiar una ley, aunque no nos guste, pero durante el tiempo que la ley está vigente, la tienen que cumplir".
Botto cuestionó el argumento del Gobierno respecto al equilibrio fiscal: "Lo que pasa es que no quiere cumplir justamente el artículo que habla de recomposición salarial, dice que ese es el más oneroso. Según el Gobierno modificaría el equilibrio fiscal mentiroso que tienen porque es el equilibrio que surge de no pagar las cuentas. O sea, si uno no paga las cuentas, la plata le alcanza. Lo que pasa que no es así como funciona la economía".
Lo ejemplifica con el Impuesto a los Combustibles, que está destinado a la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales: "Seguimos pagando el impuesto, y esa plata entra al Estado nacional y no va a ningún lado, porque las rutas no se están arreglando".
"Seguimos pagando impuestos, no nos perdonan los impuestos, que era una de las banderas de este Gobierno, no nos bajan la carga impositiva, pero tampoco tenemos los beneficios de esos impuestos", sintetiza.
La situación de la docencia universitaria
Botto se refirió al impacto del desfinanciamiento en las casas de estudio y la compleja situación de la docencia universitaria. "A los estudiantes los vemos, en general, tranquilos. Vamos a ver qué pasa este martes 12, falta un poco de movilización", expresa.
En cuanto a los trabajadores docentes, sostiene que el escenario es especialmente desafiante: "La universidad tiene un límite de horas que vos podés trabajar. Muchos de nuestros docentes también dan clases en provincia. Siempre ha habido así como un balance de quién está pagando más en este momento, si te conviene trabajar en la universidad o en provincia. En este momento tenemos docentes que, si pueden, aumentan horas en provincia, entonces están bajando la carga en la Universidad".
La incompatibilidad de horarios entre cargos de distintas instituciones impacta de lleno en la posibilidad de los docentes de sostener distintas actividades universitarias: "Están bajando la carga horaria, porque si agarrás 10 horas más en provincia, no podés tener una exclusiva en la Universidad, por ejemplo. Una exclusiva son 40 horas semanales. Eso te permite tener como máximo 10 horas más afuera dando clase. Y no se puede, y eso es un problema".
"Todos los docentes que están en condiciones de jubilarse, que en otras épocas por ahí se quedaban un año o dos, apenas están en condiciones de jubilarse, lo hacen. Los cargos de los docentes con mayor antigüedad o los cargos más viejos que por ahí eran dedicaciones más altas, o sea, semi exclusivas que son 20 horas o alguna que otra exclusiva que son 40 horas, se dividen en simples, entonces hay un montón de gente atomizada que tiene menos cargos en la Universidad", detalla.
Advierte que son aspectos que no se perciben en lo inmediato pero que "tienen un impacto enorme": "Hay menos docentes haciendo investigación, menos docentes haciendo las otras funciones, extensión o gestión, todo eso afecta a la educación, pero de forma tan directa o visible".
Por otro lado, el ajuste recae también en los estudiantes: "Si hablamos de los laboratorios, hay que comprar insumos, las salidas de campo que no se pueden hacer o hay que hacerlas a veces con los vehículos de los estudiantes, lo cual también es una complicación a nivel de seguros. Hay un montón de impactos de ese tipo que no se notan porque pareciera que las clases están y si no sos de esas facultades que tienen ese tipo de trabajos, quizás no te enterás, pero afectan la calidad de nuestra educación universitaria".
Salarios docentes de pobreza
Uno de los puntos más álgidos del reclamo tiene que ver con la recomposición salarial. Del 2023 a la fecha, los salarios docentes han perdido más del 30% del poder adquisitivo y hoy la mayoría de los salarios básicos permanece por debajo de la línea de pobreza.
De acuerdo al CIN, para finales de marzo los salarios docentes reflejaban una pérdida del 32%: entre noviembre 2023 y febrero 2026 acumulaban un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada del mismo período alcanzaba el 280%. Esto equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período calculado, lo que ubica a los salarios universitarios "en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia".
Desde el organismo señalaron que para equiparar la capacidad de compra al nivel precio a la asunción del actual Gobierno, la recomposición salarial debería ubicarse en el orden del 47,3%, una cifra muy lejana a los aumentos que el Gobierno impuso de manera unilateral en los últimos dos años.
Botto detalla que actualmente en la Patagonia un salario docente con dedicación semiexclusiva y la máxima antigüedad no supera $1.300.000: "Eso es un docente que tiene más de 20 años en la educación, es un docente que está más cerca de jubilarse que de seguir en la docencia". La cifra no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total de la región, que en marzo se ubicó en $1.793.806.
"Está muy mal pago el cargo, y se le exige, porque es parte de nuestra labor, que el docente se siga formando, que haga investigación, que haga un montón de cosas", cuestiona Botto, y remarca que "al docente universitario nunca le sobró, nunca fueron los cargos de docencia cargos con los te ibas a hacer rico. Pero por lo menos podías vivir y trabajar bien. Ahora eso está en discusión".
A las calles
Por el momento, el foco está puesto en la marcha de este martes. A nivel nacional, los gremios se reunirán el día 14 para evaluar la movilización. "Si llega a haber algo más de la justicia en ese momento lo veremos, pero me parece que nadie está esperando una resolución inmediata", sostiene. La movilización no estará dirigida solamente el Gobierno nacional sino a la Corte Suprema, quien debe expedirse sobre el futuro de las universidades nacionales.
Las principales localidades de Chubut ya definieron la convocatoria para la marcha de este martes: en Comodoro Rivadavia, la concentración será a las 13 en el Playón de la Universidad. Se marchará a partir de las 14 hacia la Plaza San Martín, donde se realizará el acto central.
En Trelew, la concentración será en la Universidad, con distintas actividades a partir de las 14 horas y la marcha a partir de las 17. En Puerto Madryn, la concentración será en la Plaza San Martín a las 18 para llevar adelante una Marcha de las Antorchas. Por su parte, en Esquel la movilización iniciará a las 17 en la Escuela Politécnica y el acto se desarrollará a las 18:30 en la Plaza del Cielo.
"En todas las intervenciones que hicimos hasta ahora es que estamos llamando a la gente a acompañarnos porque esto no es solo nosotros, no es solo salarial, hay universidades que están realmente en situaciones muy complicadas, los hospitales universitarios están complicados y esto nos afecta como sociedad", detalla Botto.
El CIN ya advirtió que la situación presupuestaria del sistema es crítica y que "el recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios". En términos generales, las transferencias a universidades nacionales registran una caída acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, una de las cifras más bajas de las últimas décadas.
El sistema universitario acumula casi tres años de ajuste, caídas presupuestarias en ciencia que perforan mínimos históricos y un escenario signado por la incertidumbre. El debate de fondo tiene que ver no sólo con las partidas sino con el sostenimiento de la educación de calidad: "Yo creo que la sociedad argentina siempre ha valorado la universidad, inclusive las personas que no han accedido a la universidad, que es una bandera nuestra, es una bandera muy especial porque no hay muchos países que tengan una educación pública de calidad universitaria y que sea gratuita. Eso es lo que tenemos que defender", concluye Botto.
