En materia de vencimiento de duda, los últimos tres meses fueron críticos para el Estado chubutense. En el período comprendido entre marzo y mayo debió afrontar pagos por 170.318 millones de pesos y en los cinco meses del 2026 la suma ascendió a los 217.954 millones. Esos montos superan los 152.000 millones que mensualmente se abona por los salarios de 65.000 trabajadores estatales y jubilados provinciales. La situación de las cuentas públicas está complicada desde hace meses a la hora de afrontar sueldos en desventaja frente a la inflación y los principales rubros de ingresos que no crecen en función de las necesidades del Estado. En este contexto comenzaron los reclamos de aumentos paritarios por parte de los trabajadores estatales. Los docentes y auxiliares de la educación iniciaron las protestas tras seis meses de salarios congelados y anuncios de incrementos que no logran conformar los bolsillos; pero también hubo en las últimas semanas protestas de médicos, trabajadores de la salud y otros sectores de la administración pública provincial.
La carga de la histórica deuda en dólares
La conflictividad entre gastos e ingresos es una ecuación que se ha instalado en los primeros meses del 2026. A consecuencia de la baja en la recaudación de regalías petroleras, producto de la merma productiva, y de los fondos de la Coparticipación, contraídos por el ajuste del Gobierno nacional y la recesión, comenzaron a crujir las arcas provinciales.
Durante casi todo un semestre, tomando como punto de partida diciembre del año pasado, el Estado provincial comenzó a tener dificultades para enfrentar los gastos corrientes mensuales, especialmente el pago de salarios.
A ello se suman los vencimientos de la deuda colocada por gobiernos anteriores, particularmente el BOCADE -emitido por Mario Das Neves y renegociado por Mariano Arcioni pateando los vencimientos para adelante- que insumió pagos trimestrales cercanos a los 30 millones de dólares.
Ingresos a la baja y deuda en aumento ahogaron las cuentas públicas, lo que se tradujo en un primer momento en el pago de los sueldos y jubilaciones el quinto día hábil de cada mes; pero en paralelo desde septiembre la mayoría de los sueldos estatales quedó sin negociaciones paritarias.
El endeudamiento en dólares amerita un análisis particular porque Chubut pagó a lo largo de los últimos diez años 1.200 millones, debe 226 millones y ahora colocó en el mercado otros 650 millones para descomprimir los vencimientos y concretar obras públicas.
La presión sobre los ingresos se conjugó con el atraso salarial y la actual administración emitió deuda en pesos para pagar salarios y aguinaldos. El primer cuello de botella se produjo a finales del 2025 cuando debió cancelar 69.139 millones de pesos por el pago del aguinaldo y salió de la encrucijada emitiendo 58.299 millones en Letras del Tesoro.
En enero cayó en vencimiento trimestral del BOCADE que insumió 30,5 millones de dólares que se devoraron más que las regalías petroleras que se recaudan todo un mes.
Febrero fue un mes relativamente tranquilo con los vencimientos de deuda y sólo se abonó la cuota del TIDECH emitido por Arcioni y renegociado por la actual administración.
El círculo de deuda para sueldos
Con el reinicio de la actividad anual la provincia tuvo que mover los salarios pisados desde septiembre. Los docentes recibieron un bono especial por única vez de 250 mil pesos por cargo.
En marzo el gobierno colocó deuda por 25.129 millones de pesos para hacer frente a los fondos faltantes de una masa salarial que se ubicó en los 148.694 millones.
En abril la emisión de deuda saltó a los 61.679 millones de pesos, ya no sólo para afrontar la masa salarial sino también los vencimientos de las deudas tomadas a finales del 2025.
Sobre finales de abril colocó en el mercado el nuevo BOCADE con vencimientos hasta el 2036, con una tasa de interés del 9,45% en dólares y bajo legislación extranjera.
Inmediatamente salió a negociar con los bonistas tenedores del BOCADE para conseguir que acepten el cambio de plazos con una tasa mayor, pero mayoritariamente los tenedores de la deuda en dólares de Chubut no consideraron suficiente el ofrecimiento.
Para concretar la operatoria el gobierno necesita del 75% de aceptación de los bonistas, pero por ahora consiguió el 27% (62 millones de dólares) y seguramente habrá un nuevo ofrecimiento para intentar cancelar los 227 millones pendientes para que de esa manera se abra un espacio temporal de tres años de gracia y solamente se abonen los intereses trimestrales.
El resultado de la oferta rechazada implica que los bonistas siguen teniendo el pago por regalías petroleras e inclusive recibirán 1,7 puntos porcentuales más por los intereses anuales que pasaron del 7,75% al 9,45%.
Es posible el Ministerio de Economía salga a hacer un ofrecimiento con más beneficios, como por ejemplo pago anticipado de una porción de capital, para que los tenedores del BOCADE acepten las nuevas condiciones y así conseguir el 75% de aceptación.
Estallaron los vencimientos
En los meses de abril y mayo se conjugaron una importante cantidad de vencimientos de deuda en pesos y en dólares que elevaron los pagos a 121.018 millones de pesos. Dicha cifra representó una suma equivalente al 80% de los sueldos abonados mayo por los salarios de 65.000 estatales y jubilados.
En los primeros cinco meses del año Chubut lleva pagados 217.954 millones de pesos por vencimientos de deuda, pero la novedad es que el BOCADE en dólares insumió sólo el 40% de todas las cancelaciones y el 60% restante fue para saldar deuda en pesos para gastos corrientes.
Junio posiblemente será otro mes complejo en cuanto a los pagos de deuda ya que seguirán caducando vencimientos en pesos y en julio volverá a vencer el BOCADE que, si no termina siendo canjeado, será de casi 30 millones de dólares del anterior esquema de pagos.
Con la disparada del precio internacional del petróleo la recaudación tuvo una mejoría en general y los tributos por la extracción de crudo saltaron a los 35 millones de dólares aireando las cuentas de la provincia; aunque el equilibrio es frágil ya que en breve llega el pago de cerca de 80.000 millones de pesos por el medio aguinaldo.
Con los docentes autoconvocados y los auxiliares de la educación a la vanguardia, la presión de los trabajadores estatales fue creciendo a partir de marzo y en mayo desbordó a las conducciones sindicales.
Maestras, auxiliares, médicos y trabajadores de otros estamentos estatales protagonizaron paros parciales y movilizaciones frecuentes en casi todos los puntos de la provincia; particularmente encabezadas por los docentes autoconvocados.
No menos significativo es que la nueva conducción de ATECh -encabezada por Martín Pena de la Lista Celeste- confronta con los dirigentes y las agrupaciones de izquierda que lo presionan para conquistar mejoras salariales por encima del 15% ofrecido en tres tramos.
Pena sufrió el desborde en la propia sede de la ATECh y el viernes 8 tuvo que llamar a un paro por 24 horas. Ahora deberá surfear entre el ofrecimiento del Gobierno y la presión de las bases cuando se reanuden las negociaciones este lunes 18.
Las paritarias se abrieron con propuestas que fueron mayoritariamente aceptadas por las conducciones sindicales, pero las bases exigieron incrementos mayores. Así sucedió en la ATECh y en ATE con los auxiliares. Ambas negociaciones debieron reabrirse y están en curso.
Esta semana que se inicia será alta tensión con una continuidad de las paritarias del sector docente. ATECh fue el único gremio que rechazó la propuesta oficial y se sumó SADOP que aceptó la carga de lo ofrecido, mientras que SiTraEd estampó su firma para cerrar el proceso de negociación.
En paralelo seguirá la negociación de los representantes de los auxiliares con el Gobierno provincial en el marco de la conciliación obligatoria dictada tras el paro concretado la semana pasada. El jueves 21 las partes volverán a sentarse a negociar, aunque lo ofrecido y lo reclamado parece estar distante para un sector de trabajadores que en un número importante aún siguen cobrando bajo la modalidad del monotributo.
La administración se encuentra en una encrucijada que reaparece con frecuencia en la provincia. Cuando los fondos no alcanzan se instalan ajustes salariales y en ocasiones la respuesta de los estatales son protestas y paros.
En el contexto de una provincia asfixiada por la deuda y la baja de recaudación, la conflictividad retorna a la escena producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. El tema sólo parece tener solución en una nueva política recaudatoria que posibilite aumentar los ingresos provinciales para satisfacer salarios dignos y un desenvolvimiento de las arcas públicas alejado del endeudamiento y los déficits fiscales.