Por primera vez se presentan en Argentina cifras concretas respecto al alcance de las falsas denuncias en el sistema judicial, en el marco del debate del proyecto promovido por la senadora radical Carolina Losada. Los datos, publicados por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, aportan una mirada más exhaustiva a un debate que logró instalarse en la agenda política. Si bien sus defensores hablan de la "ola" de las falsas denuncias, lo cierto es que se trata de un fenómeno marginal. Lo que sí evidencian los datos es el sub acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género, un problema opuesto al que diagnostica el proyecto. En Patagonia, las denuncias falsas por violencia de género en general no superan el 35% del total de los casos, y en provincias como Chubut no hay registro de delitos de este tipo.
La cifra real de las denuncias falsas
En el marco del debate por la Ley de Falsas Denuncias, que sorteó el ámbito legislativo y se instaló en la agenda social, el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos dio a conocer un relevamiento con datos recientes sobre este fenómeno. El informe sistematiza los casos registrados en los sistemas de gestión de los Ministerios Públicos Fiscales del país por delitos de falsa denuncia (artículo 245 del Código Penal) y falso testimonio (artículo 275).
Realizado entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país, analizó más de 8,2 millones de causas penales. Sobre este total, se registraron 7.517 investigaciones por falsa denuncia y 2.095 por falso testimonio, lo que representa un porcentaje del 0,09%. Esto permite "establecer la dimensión real del fenómeno en el universo total de la conflictividad penal", según señala el documento, lo que constituye "el dato más sólido del relevamiento". En el sistema penal, la falsa denuncia representa aproximadamente una causa cada mil y el falso testimonio, una causa cada cuatro mil.
De acuerdo al informe, las cifras "no acreditan ningún fenómeno criminal de escala que requiera agravamiento de penas" y refutan empíricamente la premisa central del proyecto de ley de Losada. En los argumentos de la norma, si bien se hacía referencia a la falta de datos estadísticos precisos, se estimaba un porcentaje de falsas denuncias cercano al 7%.
Cabe remarcar que, previo a la publicación del Observatorio, el Consejo de la Magistratura de la Nación había estimado en los últimos años un porcentaje del 3% sobre el total de delitos, señalando además que la mayoría de falsas denuncias estaban vinculadas a delitos económicos.
Los datos por provincia
Uno de los puntos centrales del proyecto de Losada tiene que ver con agravar las penas por falsa denuncia y falso testimonio en casos de violencia de género o violencia contra las infancias, para los cuales se propone una pena de hasta 6 años de cárcel. En este sentido, el relevamiento del Observatorio buscó establecer de manera exhaustiva qué proporción de las falsas denuncias corresponde a los delitos que el proyecto pretende agravar.
El informe remarca que no todas las jurisdicciones que respondieron tuvieron la capacidad de desagregar los casos por tipo de conflicto debido a los sistemas de gestión y recolección de datos, lo que a su vez constituye un hallazgo vinculado al déficit estructural de los sistemas de información de los Ministerios Públicos.
De las 17 jurisdicciones que respondieron, solo 14 pudieron desagregar, y algunas solo realizaron desagregaciones parciales. Sobre ese universo, el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole (patrimoniales, vecinales, laborales) y sólo el 8% al ámbito de violencia de género/intrafamiliar.
Es decir que, a nivel nacional, las denuncias falsas por violencia de género o contra las infancias no superan el 10% de la cifra total de denuncias falsas.
En la Patagonia representan menos del 35% de las denuncias falsas totales, a excepción de Tierra del Fuego. Durante el período analizado, en Chubut se registraron 81 denuncias falsas, de las cuales ninguna estuvo vinculada a violencia de género o contra las infancias. En Neuquén, representan un 32%, con 13 casos respecto a un total de 41. En Río Negro representan el 22%, con 13 casos sobre 58. En Tierra del Fuego, por otro lado, el porcentaje es de 56%, con 5 casos sobre 9, aunque existe un porcentaje de casos que no pudo ser desagregado.
El relevamiento da cuenta del aumento del porcentaje de denuncias falsas en los últimos años, aunque advierten que esto puede tener múltiples explicaciones que no implican un aumento real del fenómeno criminal como cambios o mejoras en los sistemas de registro de las jurisdicciones o cambios en las prácticas de denuncia de los propios acusados o sus defensores como estrategia procesal. La variación en valores absolutos entre el 2023 y el 2025 es del 70,3%. Si bien es un aumento real, mantiene al fenómeno en niveles estadísticamente marginales, permaneciendo como un 0,09% del total.
Lo más valioso, remarcan, reside también en lo que los datos no alcanzan a responder y que reflejan falencias estructurales en los sistemas de información de la Justicia. Cuestiones que han aparecido en los debates públicos sobre las falsas denuncias como su incidencia en causas previas por violencia de género, su uso estratégico en procesos de litigación, la acreditación de estas causas como tales o el género de los denunciantes no están disponibles a nivel estadístico.
Víctimas que no denuncian
El fenómeno de la denuncia falsa demuestra ser, en términos estadísticos, una problemática marginal del sistema judicial que además ya se encuentra tipificada en el Código Penal. Lo que sí evidencian los datos son las múltiples barreras de las víctimas para acceder a la Justicia y la dificultad de denunciar delitos de violencia de género, abuso sexual o violencia contra las infancias.
El informe señala que los hallazgos deben leerse "en articulación con la evidencia externa disponible sobre el subregistro de los delitos de violencia de género y sexual". Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia de la Iniciativa Spotlight UE (2022) el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia de pareja alguna vez en su vida, pero el 77% no realizó denuncia alguna.
De acuerdo al Segundo Estudio Nacional sobre Violencia contra las Mujeres - MJyDDHH (2019) cerca del 20% de las mujeres sufrió violencia sexual en su vida adulta, y el 88% de ellas no realizó ninguna denuncia. En la misma línea, el Informe de la Oficina de la Mujer de la CSJN del 2023 señala que, de 250 víctimas de femicidio, solo el 25% había denunciado al victimario.
Lejos de la denuncia como un recurso fácil, con frecuencia representa un camino de obstáculos y no asegura una condena. El informe "El laberinto de la desinformación en el sistema penal y las violencias de género" del INECIP, indica que "entre 2011 y 2023, apenas 1 de cada 10 casos de violencia de género llegó a juicio oral en la Justicia nacional. Más del 80% de los casos terminaron en sobreseimientos, archivos o prescripciones".
"Los delitos que se dan en un contexto de violencia de género, ya tienen el problema opuesto al que diagnostica el proyecto: no se denuncian suficientemente. Agravar la pena para quien denuncia en ese contexto agrava un problema de sub acceso a la justicia que los propios datos del Estado argentino documentan", advierte el documento del Observatorio. Y aclara que una denuncia archivada, una absolución o una causa sin condena no equivalen a una denuncia falsa.
Denuncia penal a Losada
A principios de mayo, referentes de los movimientos por los derechos humanos, el feminismo y el sistema judicial presentaron una denuncia penal contra la senadora Carolina Losada por su proyecto.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal y alcanza también al senador Juan Carlos Pagotto -presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado- y al exministro Mariano Cúneo Libarona. Cabe recordar que el proyecto es respaldado por una serie de organizaciones vinculadas a distintas figuras del ámbito público denunciadas por violencia o abuso sexual.
Por otro lado, cuestiona el proyecto bajo el argumento de que afecta derechos fundamentales, especialmente de mujeres víctimas de violencia de género. Solicita que se investigue si la norma incurre en los delitos de coacciones, encubrimiento agravado, apología del crimen, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La medida está encabezada por el exjuez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la profesora consulta de la UBA Dora Barrancos, además de contar con el acompañamiento de referentes en derechos humanos como Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeyda, Francisco "Paco" Olveira, Mónica Macha, Susana Toporosi, Diana Maffia y Alberto Kornblihtt.
Acusan a Losada de liderar una operación sistemática destinada a intimidar profesionales que asisten a niños víctimas de abusos sexuales y de realizar apología del crimen al apoyar públicamente a condenados por pedofilia como el exentrenador de la Selección Argentina de fútbol femenino, Diego Guacci.
También se la acusa de haber fomentado revictimizaciones públicas, como sucedió con Jazmín Carro, la joven que fue llevada al Senado en noviembre del 2024 para retractarse de haber denunciado a su padre, quien ya estaba condenado a 15 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante e incesto. Lo mismo sucedió con las jugadoras de fútbol, víctimas de Guacci, quienes fueron expuestas como paradigma de las falsas denuncias.
"El mensaje que están dando es triste y peligroso: si hablás vas a terminar peor de lo que estabas. Quieren que las futuras generaciones de jugadoras vean nuestro caso y digan: mejor me callo. Si el resultado de denunciar es quedar más desprotegida que antes, la impunidad va a seguir ganando. No podemos permitir que el futuro del fútbol femenino sea el silencio por miedo", declaró una de las denunciantes, Camila Gómez Ares, durante una jornada en el Senado en la cual las víctimas relataron las agresiones de Guacci.
En los mismos términos se expresó el Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) en el octavo informe periódico de Argentina, publicado en febrero de este año. Allí recomendó explícitamente que el Estado retire la propuesta de modificación del Código Penal y que garantice que "las modificaciones legislativas no creen barreras a la denuncia, desalienten a las víctimas de buscar protección o nieguen la credibilidad de las mujeres en los casos de violencia de género".
Mientras un grupo reducido habla de una "ola" de falsas denuncias, el subregistro, la ausencia de denuncias y la falta de medidas de protección para las víctimas persisten como problemas históricos y documentados que hoy, paradójicamente, ocupan un lugar marginal en la agenda política.
