A 11 años del primer Ni Una Menos, la movilización vuelve a poner en las calles un reclamo fundamental. Con un femicidio cada 32 horas en Argentina, los movimientos de mujeres y diversidades exigen el fortalecimiento de políticas públicas. Desde el 2024 alertan el impacto del ajuste sobre las políticas de género y el avance de discursos que banalizan las violencias. Como todos los años, la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia convoca a la movilización de este miércoles 3 a partir de las 18 en un contexto especialmente alarmante, atravesado por múltiples crisis y la ausencia de políticas de prevención. "Hay un montón de cuestiones que nos están visibilizando en Comodoro y tal vez muchas veces la respuesta ante una emergencia quita la posibilidad de visibilizar que necesitamos políticas públicas que puedan sostener los derechos en cualquier contexto", señaló una de las referentes de la Multisectorial.
El balance de una década
El 3 de junio de 2015 se realizó el primer movimiento del Ni Una Menos en Argentina tras el femicidio de Chiara Paéz, una adolescente asesinada por su pareja ese mismo año en la localidad de Rufino, Santa Fe. Desde hace poco más de una década la movilización se realiza cada año e incluso se ha expandido a otros países de América Latina y el mundo. El movimiento logró poner en agenda problemáticas que hasta ese momento habían estado invisibilizadas, así como permitió avanzar en la sistematización de las cifras de femicidio y violencia por motivos de género en todo el país. El primer organismo en hacerlo fue la ONG La Casa del Encuentro en 2009.
De 2015 en adelante se consolidó la sistematización por parte de organismos estatales. Ese año inició, por ejemplo, el registro de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, vigente hasta la fecha.
Desde entonces la lucha contra la violencia de género ocupa un lugar más visible en el debate público y en el diseño de políticas, aunque persisten cifras alarmantes.
El Observatorio "Ahora que Sí Nos Ven" publicó las cifras de los femicidios registrados desde el primer Ni Una Menos hasta la actualidad, contabilizando un total de 3205 víctimas letales de la violencia motivada por el género, lo que implica un caso cada 30 horas.
De ese total 3144 fueron femicidios directos y 392 femicidios vinculados (168 de mujeres y niñas y 222 de varones y niños; 2 no binarios). En el 85% de los casos el femicida pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima. En la misma línea, el 63% de los casos tuvieron lugar en la vivienda de las víctimas.
Otro dato que se destaca es que ?el 17% (2 de cada 10) de las víctimas de femicidio habían denunciado y el 10% (1 de cada 10) tenían una medida judicial. Por otro lado, el 22% de las jóvenes menores de 17 años asesinadas fueron desaparecidas con anterioridad, y el 19% sufrió ataques contra su integridad sexual.
Entre enero y abril del 2026, se registran 80 víctimas fatales: 67 femicidios directos, 7 vinculados, 3 instigaciones al suicidio y 3 travesticidios/transfemicidios, lo que supone 1 femicidio cada 36 horas y un intento de femicidio cada 26 horas.
Según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación en 2025 bajó la cifra de femicidios, una declaración no menor en un contexto de desfinanciamiento de las políticas de género y de discursos que apuntan al corrimiento del Estado en la prevención de la violencia. De acuerdo al Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) en 2025 se contabilizaron 204 causas judiciales de femicidio, un 12,3% de la cifra registrada el año anterior.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) analizó los datos publicados por la Oficina de la Mujer y advirtió que es necesario tener en cuenta distintos indicadores, como el peso de la Provincia de Buenos Aires en la estadística nacional, que registra 20 casos menos que en el 2024. En el caso de esta jurisdicción, en paralelo se registra un aumento de las tentativas de femicidio en el marco de violencia familiar y/o violencia de género, lo que indica que hubo más situaciones de alto riesgo detectadas o intervenidas antes de convertirse en desenlaces fatales.
El organismo señala que en esa jurisdicción se han mantenido medidas de prevención y atención de la violencia de género, y de hecho, después de las elecciones de 2023 Buenos Aires es la única provincia que mantiene su área de género con rango ministerial: "Esto no permite afirmar una causalidad automática pero sí vuelve muy débil el argumento contrario: que los femicidios bajan porque el Estado deja de intervenir. El Estado nacional se retiró y abandonó a las mujeres, las provincias (en distinto grado), no lo hicieron".
La disminución de las cifras responde además a otro factor vinculado a la metodología de relevamiento. Otros registros, como el que realiza el Observatorio Lucía Pérez, tienen en cuenta distintas modalidades de violencia extrema como travesticidios, tentativas, desapariciones, crímenes en investigación y otras manifestaciones de la violencia patriarcal. En su informe 2025 el Observatorio registra 271 femicidios y transfemicidios. Actualmente actualiza el registro de manera diaria.
En el caso de Chubut, los datos de la Corte muestran un promedio de 3 femicidios anuales en la última década. En algunos años, como el 2019, la provincia se ubicó como una de las jurisdicciones con mayores tasas de femicidio en todo el país. De acuerdo a estos registros se produjeron 2 femicidios en 2017, 4 en 2018, 5 en 2019, 3 en 2020, 4 en 2021, 2 en 2023, 4 en 2024 y 1 en 2025.
La Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia trabaja desde hace años en su propio registro de víctimas en la región. Valeria Velázquez, parte de la organización, señala la dificultad de la tarea, sobre todo en casos previos al 2015, cuando no siempre se etiquetaban como femicidios: "Estamos actualizando la lista, todos los años nos ponemos a revisar. Nos lleva trabajo, todos los femicidios anteriores al 2015 no eran registrados como tal, eran registrados como homicidios agravados por el vínculo u otras etiquetas judiciales, por lo que nos lleva un trabajo de mucha investigación".
Esta semana, a días del Ni Una Menos, se encontró el cuerpo de Agostina Vega, la adolescente desaparecida desde el 23 de mayo, lo que puso nuevamente en foco la necesidad de sostener y fortalecer las políticas públicas. Movimientos de mujeres y diversidades reclamaron el accionar de la Justicia, que en mayo del año pasado liberó bajo fianza a Claudio Gabriel Barrelier, quien es por ahora el único imputado en la causa. Lejos de ser un caso aislado, se inscribe en un contexto de desmantelamiento de las herramientas de protección y denuncia.
Los reclamos en Comodoro
"Se cumplen 11 años del movimiento que empezó en 2015 en el feminicidio de Chiara Paez. Se ha sostenido todos estos años en Argentina y se ha extendido a diferentes países también del mundo. Una de las consignas, por supuesto, es nuestra lucha contra la violencia machista y contra los feminicidios. Este año en particular, a 50 años de la dictadura militar, también vamos a trabajar sobre la línea de memoria, resistencia y defensa de los derechos humanos de la mujer y diversidad", explica Velázquez.
Por otro lado, la convocatoria suma un pedido de justicia para Valeria Schwab, asesinada en enero. "Nosotros volvemos a hacer énfasis en que tenemos un femicidio cada 36 horas, mientras se sigue profundizando el desmantelamiento de todas las políticas públicas que estaban destinadas a la prevención, asistencia y rehabilitación de la violencia por motivos de género. Hacemos mucho énfasis en cómo se han ampliado las desigualdades, como se han complejizado las situaciones de violencia y la ausencia del Estado en esta materia, para la prevención, protección y reparación para la eliminación de todo tipo de violencia. Volvemos a poner énfasis en la responsabilidad que tiene el Estado también en esta situación".
Velázquez remarcó que si bien en la ciudad se mantuvo la Secretaría de Género, no deja de hacerse evidente el impacto del recorte en políticas nacionales como el Programa Acompañar o la Línea 144, en un contexto marcado por la crisis: "Son dos recursos con los que en algún momento contábamos para trabajar sobre las violencias, y muchas veces en el Estado municipal los recursos también son escasos, es muy preocupante toda esta desmantelación que se está viviendo y con el agravante de que estamos transitando una crisis socioeconómica donde las mujeres y diversidades que están a cargo de las tareas de cuidado son las más afectadas. Ni hablar de las mujeres que están atravesando situaciones de salud, de discapacidad, con enfermedades crónicas, las mujeres jubiladas. Tenemos, la verdad, un panorama bastante complejo, en este escenario donde nos estamos organizando para seguir luchando por los derechos".
"La verdad que no estoy viendo acciones de prevención por parte del Estado, tanto en materia de violencia de género, como de promoción de derechos, son muy limitadas las acciones que lleva adelante -remarca- Se ve, por ejemplo, en las escuelas con la Educación Sexual Integral, otro programa que también fue desmantelado. Todo eso se fue perdiendo y tiene un efecto dominó en el contexto actual".
El reclamo en Comodoro no se agota en la violencia de género: la Multisectorial se ha pronunciado en relación a distintos eventos que signaron la realidad social durante la primera mitad del año, como el derrumbe del cerro Hermitte.
"En Comodoro estamos transitando muchas emergencias que van suscitando, lo del Hermitte fue realmente una catástrofe. Creo que no se está dimensionando la cantidad de familias afectadas, la cantidad de madres, de abuelas, de niñas también, afectadas en todo esto. Hay un montón de cuestiones que nos están visibilizando en Comodoro y tal vez muchas veces la respuesta ante una emergencia quita la posibilidad de visibilizar que necesitamos políticas públicas, que puedan sostener y los derechos en cualquier contexto", afirma la referente.
En este sentido, se refiere a coyunturas de emergencia que implican un trasfondo de derechos básicos que deben ser garantizados: "Nosotros también colaboramos cuando fue la emergencia, pero estas familias siguen luchando, por ejemplo, por un derecho muy básico que es el derecho a la vivienda digna".
Las falencias del sistema
Recientemente, la senadora radical Carolina Losada presentó una vez más el proyecto de ley de falsas denuncias, una normativa que busca endurecer las penas por falsa denuncia y falso testimonio, sobre todo en casos de violencia de género y violencia contra las infancias. Pese a los argumentos de sus defensores, la falsa denuncia es un fenómeno marginal en el sistema judicial (0,09% del total de denuncias, según datos del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales del país), pero lo que sí demuestran las cifras es la multiplicidad de obstáculos que enfrentan las víctimas a la hora de realizar una denuncia.
La revictimización, la lentitud de los procesos, las barreras económicas, la falta de información y en muchos casos las denuncias archivadas no son fenómenos nuevos para las víctimas. Sin embargo, las dificultades se profundizan frente al desguace de políticas de protección.
"Nuestro posicionamiento es en contra del proyecto de falsas denuncias, porque lo que intenta es deslegitimar todas las denuncias que se realizan, que para una mujer o cualquier persona víctima de violencia de género, dar el paso a denunciar es muy significativo. Hemos logrado que se puedan realizar las denuncias, que estas denuncias sean intervenidas e investigadas", remarca Velázquez.
Considera la ley "una herramienta más de este gobierno y del sistema patriarcal para deslegitimar las denuncias que se están realizando y para justificar la falta de accionar".
Velázquez detalló los obstáculos que enfrentan las víctimas en el sistema local: "Acá en Comodoro muchas veces vemos el problema de la accesibilidad. Tenemos solamente dos comisarías, una zona norte y una zona sur, que están alejadas. Y sabemos que desde otras comisarías deberían garantizar que esas mujeres lleguen a la comisaría, y puedan realizar denuncias".
"Muchas veces hay falta de capacitación del mismo personal policial o de otros referentes del sistema de protección de materia de género para poder brindar no solamente la toma de denuncia, sino todo lo que es la contención, el seguimiento, revisión de intervención integral. Esas capacitaciones también se han reducido, todo lo que era la Ley Micaela, se han limitado mucho también", agrega.
"Como esa expresión de la falta de accesibilidad, de no contar con un sistema que pueda responder integralmente a las necesidades de las víctimas, tenemos un refugio que en este momento está acéfalo. Tenemos muchas mujeres con temor de denunciar por las represalias que tiene poder realizar esa denuncia", sintetiza.
"Seguimos demandando estás cuestiones de seguimiento, de acompañamiento, todo tiene que ver con las políticas públicas, queremos no solamente que se cumplan si no que se les destinen los recursos necesarios", subraya.
Pese al panorama desfavorable, Velázquez celebra el trabajo colectivo de la Multisectorial: "Es importante poder trabajar en unidad, distintas mujeres, distintas organizaciones, poder unificarnos, más allá que muchas veces tenemos diferentes miradas, unificarnos en una lucha común, una bandera común, que es la defensa de los derechos de las mujeres, disidencia y diversidades. Es un logro muy particular también de Comodoro, poder lograr esta unidad y poder marchar todos los años".
