La década luchada de las políticas de género en las universidades: "Las estructuras institucionales también tienen sus lógicas patriarcales" La Red Universitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) publicó recientemente "La década luchada. 10 años de protocolos, trabajo y militancia por universidades libres de violencias por motivos de género", un libro que sistematiza una década signada por la implementación de políticas de género en las universidades públicas. La representante patagónica de la Red, Cecilia Russo, dialogó con El Extremo Sur sobre el balance en la región.
La Universidad Nacional del Comahue fue la primera en incorporar un protocolo contra la violencia de género en 2014. Desde ese hito, la creación de protocolos se multiplicó en universidades, con un aumento exponencial entre 2017 y 2019. Actualmente, más del 70% del sistema universitario dispone de esta herramienta.
Según un relevamiento de RUGE correspondiente al 2025, las principales expresiones de violencia abordadas por los equipos de atención son la violencia psicológica, simbólica y sexual, incluido el acoso. Sin embargo, también registró otros tipos de violencia, no necesariamente originadas por el género, que atienden los equipos en el ámbito universitario, como la violencia laboral y/o institucional, conflictos de índole convivencial y situaciones relativas a salud mental, discapacidad y/o consumo problemático, lo que da cuenta del alcance de los equipos y la necesidad de fortalecer las políticas.
Construcción colectiva
El informe "Cartografías universitarias: sobre lo hecho y por hacer" (2025) evidencia los desafíos en las condiciones de trabajo de los equipos interdisciplinarios, con una marcada brecha entre regiones. En este sentido, Cecilia Russo explicó el alcance de los protocolos, el panorama en la Patagonia y el proceso de sostenimiento de las políticas en un momento crítico para las universidades nacionales.
¿Qué balance se puede hacer de esta última década en relación a la implementación de políticas de género en el sistema universitario?
La Red también está dentro de esa década. Es una red que está compuesta por la mayoría de las universidades nacionales, se encuentra dividida por CPRES (Consejos de Planificación Regionales de la Educación Superior). Nosotras somos del CPRES Sur, que compone La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Es una red que está activa e institucionalizada. Es decir, es parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), está conformada a través de una resolución del Consejo Interuniversitario Nacional, eso obviamente demuestra una un claro posicionamiento de las universidades nacionales y provinciales en el compromiso con la temática. La Red llega al CIN a través de acciones de compañeras de la militancia académica y también del territorio, a partir de ahí se empezó a generar todo un andamiaje de construcción colectiva, una dinámica de trabajo a través de comisiones. La Universidad de Chubut es parte de la Red hace poco, hace unos cinco años empezamos a integrarnos a la Red, una vez que la Universidad fue reconocida a nivel nacional. Hay una conformación federal, pero con una representación regional para tener un trabajo ordenado, concreto y con posibilidades de acá para adelante. Dentro de la Red trabajan diferentes comisiones. Una de ellas es la comisión seguimiento de protocolos, que es quien trabajó el relevamiento nacional de implementación de los protocolos ante las violencias que suceden dentro y fuera de la universidad, pero que impactan en las trayectorias educativas y las condiciones de trabajo de esos equipos.
La paulatina implementación de políticas de género permitió visibilizar y nombrar violencias dentro del ámbito universitario. ¿Cómo evaluás este avance en el territorio?
Es fundamental tener en cuenta que hoy eso lo estamos viendo mucho en los mensajes nacionales, el discurso de la inexistencia de la violencia de género. Poner en funcionamiento los protocolos y conformar equipos para abordar esas situaciones, significa que hay un reconocimiento de la violencia por razones de género. Y ese reconocimiento es institucional, con un montón de factores que nosotros llamamos a medio camino, lo vemos en términos de que son estructuras institucionales que también tiene sus propias lógicas patriarcales. Por lo tanto es importante poder tener un protocolo, una normativa interna que regule, que reconozca y que visibilice las violencias y que además tome en cuenta la necesidad de la conformación de estos equipos de acompañamiento. El relevamiento tuvo la participación de 97 equipos y de 40 universidades de Argentina. Así que hay un número importante donde vemos que gran parte de las instituciones de las universidades argentinas, tanto nacionales como provinciales, tienen sus equipos. El informe habla también sobre la conformación de los equipos, el contexto y las condiciones de infraestructura, que son las brechas en relación a nivel comparativo por región. También evalúa la composición y la característica de los equipos, las modalidades de contratación, para ver también las dimensiones de cuidado, para ver si hay una institucionalización real o si la mayoría de estos espacios son parte de la militancia interna de las universidades.
¿De qué manera se sostienen los equipos en la actual coyuntura, considerando el ajuste generalizado tanto en las universidades públicas como en las políticas de género?
Una de las cosas que plantea el informe y que tiene que ver con esas percepciones de las experiencias es valorar la existencia de la Red Universitaria como un órgano interuniversitario que sostiene, que lo primero a borrar no sean los protocolos ni las áreas de género. Porque cuando se empieza a recortar, la prioridad siempre es que subsistan las clases. Lo que pudimos ver es que el sostenimiento de esos espacios también se realiza con el acompañamiento de la Red. No hay una situación de regresión, pero no hay avance. No hay avance en relación a las condiciones de contratación. Hay algo que también plantea el informe que es la composición de los equipos. En algunas regiones los equipos están conformados por una persona: un 15,5% de los equipos están conformados por una sola persona. Podés tener una oficina, una computadora, un teléfono como para poder comunicarte, pero si hay una sola persona para poder acompañar esos procesos y encima a veces esas personas también son las responsables de llevar adelante la política universitaria en temáticas de género, las condiciones son complejas y obviamente queda reducida la posibilidad de avanzar y de sostener porque hay un un incremento de situaciones que también son acompañadas y abordadas dentro de estos equipos.
¿Qué muestra el relevamiento sobre las condiciones de los equipos en la región patagónica?
En relación a la composición y características, que es una de las dimensiones que tiene el informe, la región patagónica tiene un 44,3% de equipos que están conformados por dos personas. El mayor problema se ve en las regiones NOA y NEA, y las mejores condiciones, es decir, donde los equipos tienen lo que corresponde, en el CPRES metropolitano y bonaerense. También hay allí un factor vinculado a la cantidad de personas que atienden, así que ahí hay que hilar más fino porque hay una composición de equipo de mayor cantidad de personas, pero también los abordajes en relación con la población universitaria es mucho mayor. Y después vemos la precarización, hay algunos equipos que no están rentados, compañeras que son parte del protocolo, pero que lo hacen de manera ad honorem, por militancia. Lo que hace el informe es remitir recomendaciones a las universidades para que empiecen a incorporar la dimensión de que esto es un trabajo, no es una situación de militancia, es una realidad institucional y que tiene que ser, por lo tanto, una cuestión rentada. El CPRES Sur, en términos de brechas de infraestructura y equipamiento, está medianamente bien. Hay dos personas al menos en los equipos y no es la misma persona que está a cargo del programa o del área.
Violencia de género y más allá
Los relevamientos de la Red dan cuenta de los tipos de violencia por razones de género que llegan a los equipos, así como otras situaciones no necesariamente vinculadas al género que deben abordar. ¿Cuáles son las expresiones de violencia que más predominan?
Algo que se encontró también en relación con las situaciones de abordaje es que los protocolos no solamente que están abordando situaciones de violencia en razón de género, sino que también se están abordando situaciones de problemáticas de salud mental, discriminación de otros tipos. Situaciones que las están abordando los equipos porque no existen otros espacios que aborden esta situación. En Patagonia también se ve, hay situaciones que exceden las situaciones de violencia de género. Lo que se da mucho, y hay algunos protocolos que no los tienen en su normativa, es que las situaciones que se abordan en la gran mayoría y que afectan la trayectoria académica, se producen por fuera del ámbito de la universidad, en sus espacios domésticos, en sus espacios interpersonales, sus relaciones interpersonales y no en los espacios universitarios. Entonces eso impacta las trayectorias educativas, más en este momento. Los últimos datos en relación con los femicidios muestran que más del 95% de los femicidas son parejas o exparejas. Así que eso también lo estamos viendo dentro de las universidades: la gran mayoría de acompañamientos y abordajes están relacionados con las violencias que se producen por fuera de la universidad. Obviamente que por dentro de la universidad existen y esas situaciones que se abordan son diversas: violencias entre pares, abuso de poder en entre docentes y estudiantes. Se ve mucha situación de violencia entre pares, pero que no tiene connotaciones de género, sino que se da entre dos compañeras mujeres, por ejemplo. Hay una exacerbación de esa cuestión de la convivencia más que de violencia de género.
En el libro "La década luchada", se señala que en los últimos dos años crecieron las impugnaciones por la implementación de la Ley Micaela. ¿De qué manera se viene aplicando en la Patagonia? ¿Hay resistencias?
En primer lugar, es una cuestión normativa, existe una ley nacional y también existe una resolución del Consejo Interuniversitario Nacional del año 2019 que adopta obligatoriamente la formación en Ley Micaela. A partir de ahí algunas universidades, no todas, en el marco del principio de autonomía, adhirieron a esa resolución y empezaron con sus programas y sus proyectos. Con la misma dinámica, mediante ordenanzas del Consejo Superior, porque las universidades tienen un autogobierno, y en esa dinámica incorporaron diferentes estrategias de formación en Ley Micaela. Hay una diversidad de formas de ponerla en funcionamiento. Hay algunas universidades que tienen programas con módulos, hay otras universidades que tienen actividades de tipo más participativas. Nosotros estamos trabajando en dos líneas, una es incorporar la transversalización de temáticas en cada uno de los planes de formación de todos los claustros y por el otro lado seguir con el funcionamiento de la Ley Micaela, pero ha sucedido de tener esta estos comentarios o cuando uno lanza las cohortes de inscripción, no se inscriben todos. Antes no se inscribían, pero ahora existen estos comentarios vinculados a la ideología de género, el adoctrinamiento, y esto está circulando dentro de las universidades, como también está circulando la cuestión de las denuncias falsas.
¿Cómo evalúas la discusión de las falsas denuncias hacia dentro de los espacios universitarios?
Es algo que se ha discutido bastante y que tuvo una metodología acordada de para qué sirven los protocolos y cuál es la finalidad del protocolo. La finalidad del protocolo es erradicar, prevenir, no sancionar, porque no son órganos sancionatorios. Y acompañar además las situaciones de violencia, no es un espacio donde exista el derecho a ser oído de la persona que es denunciada, o sea, no es una contraparte. Los protocolos son espacios de abordaje, de acompañamiento a las situaciones de violencia y tienen como objetivo poder prevenirlas. Por eso casi siempre tienen una mirada no coercitiva y precisamente porque está también en un ámbito educativo. Depende del caso y la situación que se produzca, las recomendaciones y las medidas que se solicitan son socioeducativas. Salvo que exista un delito, y esto corre por otro lado. Pero existen estas cuestiones que son de prácticas micromachistas, y el fin del protocolo es acompañar las situaciones, partir de la evaluación del equipo para intentar reparar el daño o la incomodidad de estudiantes o docentes que están en situaciones de violencia. Pero también ver qué hacemos con las personas que ejercen discriminación y violencia. No es facultad del protocolo tramitar un sumario, sino que eso tramita por otra área que es un área proceso sumarial. Allí quien ha sido denunciado tiene la posibilidad, como corresponde, de presentar su posición de los hechos, poder ser escuchado. Es decir, la instancia de escucha y del derecho a la defensa está en el proceso sumarial. No son los protocolos, los espacios, las comisiones de abordaje, para esa cuestión de ida y vuelta que se da en cualquier proceso administrativo, porque precisamente tiene otra finalidad.
El camino que falta hacer
¿Qué cuestiones quedan pendientes para implementar y fortalecer a largo plazo?
Cuestiones pendientes quedan muchas pero proponemos plantearlas como desafíos, en principio sostener lo hasta aquí hecho y después plantear, a través del compromiso de las instituciones, el mejoramiento de las condiciones de los equipos, la ampliación obviamente de los equipos con una mirada interdisciplinar, ya que los temas que se van abordando en relación a los contextos actuales son diversos, y la violencia en razón de género es un punto, pero no es el único. El otro tema que creemos que es importante trabajar para fortalecer las políticas de género y diversidad hacia adentro de las universidades es desarrollar conocimiento desde una perspectiva de género y derechos humanos, con lo cual visibilizar también acciones que se hacen desde los diferentes CPRES para pensar en clave regional cada una de las miradas que se tienen desde la cuestión académica. Por otro lado, pensar el vínculo y el trabajo con los territorios donde las y los futuros profesionales puedan tener un análisis crítico, una comprensión sobre la reflexión, pero también los abordajes que se pueden realizar desde las diferentes carreras, pensar en la curricularización y la transversalización de la temática de género, es un desafío también para seguir trabajando y es un poco lo que desde la Red Universitaria de género nos venimos planteando. Además, obviamente, de estar en el debate de algunas leyes y de los derechos conquistados, como por ejemplo el intento de aprobar la ley de denuncias falsas. Buscamos articular acciones que generen el desarrollo de pensamiento crítico, el desarrollo de información situada respecto a discursos que son negacionistas y que promueven volver a un modelo de Estado que no reconoce las violencias, que no reconoce las desigualdades y que promueve políticas antigénero. Generar debate, generar espacios de construcción de conocimiento y generar propuestas que vinculen el desarrollo del pensamiento crítico con evidencia es también un desafío y un compromiso de las universidades.
La Red Universitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) publicó recientemente "La década luchada. 10 años de protocolos, trabajo y militancia por universidades libres de violencias por motivos de género", un libro que sistematiza una década signada por la implementación de políticas de género en las universidades públicas. La representante patagónica de la Red, Cecilia Russo, dialogó con El Extremo Sur sobre el balance en la región.
La Universidad Nacional del Comahue fue la primera en incorporar un protocolo contra la violencia de género en 2014. Desde ese hito, la creación de protocolos se multiplicó en universidades, con un aumento exponencial entre 2017 y 2019. Actualmente, más del 70% del sistema universitario dispone de esta herramienta.
Según un relevamiento de RUGE correspondiente al 2025, las principales expresiones de violencia abordadas por los equipos de atención son la violencia psicológica, simbólica y sexual, incluido el acoso. Sin embargo, también registró otros tipos de violencia, no necesariamente originadas por el género, que atienden los equipos en el ámbito universitario, como la violencia laboral y/o institucional, conflictos de índole convivencial y situaciones relativas a salud mental, discapacidad y/o consumo problemático, lo que da cuenta del alcance de los equipos y la necesidad de fortalecer las políticas.
Construcción colectiva
El informe "Cartografías universitarias: sobre lo hecho y por hacer" (2025) evidencia los desafíos en las condiciones de trabajo de los equipos interdisciplinarios, con una marcada brecha entre regiones. En este sentido, Cecilia Russo explicó el alcance de los protocolos, el panorama en la Patagonia y el proceso de sostenimiento de las políticas en un momento crítico para las universidades nacionales.
¿Qué balance se puede hacer de esta última década en relación a la implementación de políticas de género en el sistema universitario?
La Red también está dentro de esa década. Es una red que está compuesta por la mayoría de las universidades nacionales, se encuentra dividida por CPRES (Consejos de Planificación Regionales de la Educación Superior). Nosotras somos del CPRES Sur, que compone La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Es una red que está activa e institucionalizada. Es decir, es parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), está conformada a través de una resolución del Consejo Interuniversitario Nacional, eso obviamente demuestra una un claro posicionamiento de las universidades nacionales y provinciales en el compromiso con la temática. La Red llega al CIN a través de acciones de compañeras de la militancia académica y también del territorio, a partir de ahí se empezó a generar todo un andamiaje de construcción colectiva, una dinámica de trabajo a través de comisiones. La Universidad de Chubut es parte de la Red hace poco, hace unos cinco años empezamos a integrarnos a la Red, una vez que la Universidad fue reconocida a nivel nacional. Hay una conformación federal, pero con una representación regional para tener un trabajo ordenado, concreto y con posibilidades de acá para adelante. Dentro de la Red trabajan diferentes comisiones. Una de ellas es la comisión seguimiento de protocolos, que es quien trabajó el relevamiento nacional de implementación de los protocolos ante las violencias que suceden dentro y fuera de la universidad, pero que impactan en las trayectorias educativas y las condiciones de trabajo de esos equipos.
La paulatina implementación de políticas de género permitió visibilizar y nombrar violencias dentro del ámbito universitario. ¿Cómo evaluás este avance en el territorio?
Es fundamental tener en cuenta que hoy eso lo estamos viendo mucho en los mensajes nacionales, el discurso de la inexistencia de la violencia de género. Poner en funcionamiento los protocolos y conformar equipos para abordar esas situaciones, significa que hay un reconocimiento de la violencia por razones de género. Y ese reconocimiento es institucional, con un montón de factores que nosotros llamamos a medio camino, lo vemos en términos de que son estructuras institucionales que también tiene sus propias lógicas patriarcales. Por lo tanto es importante poder tener un protocolo, una normativa interna que regule, que reconozca y que visibilice las violencias y que además tome en cuenta la necesidad de la conformación de estos equipos de acompañamiento. El relevamiento tuvo la participación de 97 equipos y de 40 universidades de Argentina. Así que hay un número importante donde vemos que gran parte de las instituciones de las universidades argentinas, tanto nacionales como provinciales, tienen sus equipos. El informe habla también sobre la conformación de los equipos, el contexto y las condiciones de infraestructura, que son las brechas en relación a nivel comparativo por región. También evalúa la composición y la característica de los equipos, las modalidades de contratación, para ver también las dimensiones de cuidado, para ver si hay una institucionalización real o si la mayoría de estos espacios son parte de la militancia interna de las universidades.
¿De qué manera se sostienen los equipos en la actual coyuntura, considerando el ajuste generalizado tanto en las universidades públicas como en las políticas de género?
Una de las cosas que plantea el informe y que tiene que ver con esas percepciones de las experiencias es valorar la existencia de la Red Universitaria como un órgano interuniversitario que sostiene, que lo primero a borrar no sean los protocolos ni las áreas de género. Porque cuando se empieza a recortar, la prioridad siempre es que subsistan las clases. Lo que pudimos ver es que el sostenimiento de esos espacios también se realiza con el acompañamiento de la Red. No hay una situación de regresión, pero no hay avance. No hay avance en relación a las condiciones de contratación. Hay algo que también plantea el informe que es la composición de los equipos. En algunas regiones los equipos están conformados por una persona: un 15,5% de los equipos están conformados por una sola persona. Podés tener una oficina, una computadora, un teléfono como para poder comunicarte, pero si hay una sola persona para poder acompañar esos procesos y encima a veces esas personas también son las responsables de llevar adelante la política universitaria en temáticas de género, las condiciones son complejas y obviamente queda reducida la posibilidad de avanzar y de sostener porque hay un un incremento de situaciones que también son acompañadas y abordadas dentro de estos equipos.
¿Qué muestra el relevamiento sobre las condiciones de los equipos en la región patagónica?
En relación a la composición y características, que es una de las dimensiones que tiene el informe, la región patagónica tiene un 44,3% de equipos que están conformados por dos personas. El mayor problema se ve en las regiones NOA y NEA, y las mejores condiciones, es decir, donde los equipos tienen lo que corresponde, en el CPRES metropolitano y bonaerense. También hay allí un factor vinculado a la cantidad de personas que atienden, así que ahí hay que hilar más fino porque hay una composición de equipo de mayor cantidad de personas, pero también los abordajes en relación con la población universitaria es mucho mayor. Y después vemos la precarización, hay algunos equipos que no están rentados, compañeras que son parte del protocolo, pero que lo hacen de manera ad honorem, por militancia. Lo que hace el informe es remitir recomendaciones a las universidades para que empiecen a incorporar la dimensión de que esto es un trabajo, no es una situación de militancia, es una realidad institucional y que tiene que ser, por lo tanto, una cuestión rentada. El CPRES Sur, en términos de brechas de infraestructura y equipamiento, está medianamente bien. Hay dos personas al menos en los equipos y no es la misma persona que está a cargo del programa o del área.
Violencia de género y más allá
Los relevamientos de la Red dan cuenta de los tipos de violencia por razones de género que llegan a los equipos, así como otras situaciones no necesariamente vinculadas al género que deben abordar. ¿Cuáles son las expresiones de violencia que más predominan?
Algo que se encontró también en relación con las situaciones de abordaje es que los protocolos no solamente que están abordando situaciones de violencia en razón de género, sino que también se están abordando situaciones de problemáticas de salud mental, discriminación de otros tipos. Situaciones que las están abordando los equipos porque no existen otros espacios que aborden esta situación. En Patagonia también se ve, hay situaciones que exceden las situaciones de violencia de género. Lo que se da mucho, y hay algunos protocolos que no los tienen en su normativa, es que las situaciones que se abordan en la gran mayoría y que afectan la trayectoria académica, se producen por fuera del ámbito de la universidad, en sus espacios domésticos, en sus espacios interpersonales, sus relaciones interpersonales y no en los espacios universitarios. Entonces eso impacta las trayectorias educativas, más en este momento. Los últimos datos en relación con los femicidios muestran que más del 95% de los femicidas son parejas o exparejas. Así que eso también lo estamos viendo dentro de las universidades: la gran mayoría de acompañamientos y abordajes están relacionados con las violencias que se producen por fuera de la universidad. Obviamente que por dentro de la universidad existen y esas situaciones que se abordan son diversas: violencias entre pares, abuso de poder en entre docentes y estudiantes. Se ve mucha situación de violencia entre pares, pero que no tiene connotaciones de género, sino que se da entre dos compañeras mujeres, por ejemplo. Hay una exacerbación de esa cuestión de la convivencia más que de violencia de género.
En el libro "La década luchada", se señala que en los últimos dos años crecieron las impugnaciones por la implementación de la Ley Micaela. ¿De qué manera se viene aplicando en la Patagonia? ¿Hay resistencias?
En primer lugar, es una cuestión normativa, existe una ley nacional y también existe una resolución del Consejo Interuniversitario Nacional del año 2019 que adopta obligatoriamente la formación en Ley Micaela. A partir de ahí algunas universidades, no todas, en el marco del principio de autonomía, adhirieron a esa resolución y empezaron con sus programas y sus proyectos. Con la misma dinámica, mediante ordenanzas del Consejo Superior, porque las universidades tienen un autogobierno, y en esa dinámica incorporaron diferentes estrategias de formación en Ley Micaela. Hay una diversidad de formas de ponerla en funcionamiento. Hay algunas universidades que tienen programas con módulos, hay otras universidades que tienen actividades de tipo más participativas. Nosotros estamos trabajando en dos líneas, una es incorporar la transversalización de temáticas en cada uno de los planes de formación de todos los claustros y por el otro lado seguir con el funcionamiento de la Ley Micaela, pero ha sucedido de tener esta estos comentarios o cuando uno lanza las cohortes de inscripción, no se inscriben todos. Antes no se inscribían, pero ahora existen estos comentarios vinculados a la ideología de género, el adoctrinamiento, y esto está circulando dentro de las universidades, como también está circulando la cuestión de las denuncias falsas.
¿Cómo evalúas la discusión de las falsas denuncias hacia dentro de los espacios universitarios?
Es algo que se ha discutido bastante y que tuvo una metodología acordada de para qué sirven los protocolos y cuál es la finalidad del protocolo. La finalidad del protocolo es erradicar, prevenir, no sancionar, porque no son órganos sancionatorios. Y acompañar además las situaciones de violencia, no es un espacio donde exista el derecho a ser oído de la persona que es denunciada, o sea, no es una contraparte. Los protocolos son espacios de abordaje, de acompañamiento a las situaciones de violencia y tienen como objetivo poder prevenirlas. Por eso casi siempre tienen una mirada no coercitiva y precisamente porque está también en un ámbito educativo. Depende del caso y la situación que se produzca, las recomendaciones y las medidas que se solicitan son socioeducativas. Salvo que exista un delito, y esto corre por otro lado. Pero existen estas cuestiones que son de prácticas micromachistas, y el fin del protocolo es acompañar las situaciones, partir de la evaluación del equipo para intentar reparar el daño o la incomodidad de estudiantes o docentes que están en situaciones de violencia. Pero también ver qué hacemos con las personas que ejercen discriminación y violencia. No es facultad del protocolo tramitar un sumario, sino que eso tramita por otra área que es un área proceso sumarial. Allí quien ha sido denunciado tiene la posibilidad, como corresponde, de presentar su posición de los hechos, poder ser escuchado. Es decir, la instancia de escucha y del derecho a la defensa está en el proceso sumarial. No son los protocolos, los espacios, las comisiones de abordaje, para esa cuestión de ida y vuelta que se da en cualquier proceso administrativo, porque precisamente tiene otra finalidad.
El camino que falta hacer
¿Qué cuestiones quedan pendientes para implementar y fortalecer a largo plazo?
Cuestiones pendientes quedan muchas pero proponemos plantearlas como desafíos, en principio sostener lo hasta aquí hecho y después plantear, a través del compromiso de las instituciones, el mejoramiento de las condiciones de los equipos, la ampliación obviamente de los equipos con una mirada interdisciplinar, ya que los temas que se van abordando en relación a los contextos actuales son diversos, y la violencia en razón de género es un punto, pero no es el único. El otro tema que creemos que es importante trabajar para fortalecer las políticas de género y diversidad hacia adentro de las universidades es desarrollar conocimiento desde una perspectiva de género y derechos humanos, con lo cual visibilizar también acciones que se hacen desde los diferentes CPRES para pensar en clave regional cada una de las miradas que se tienen desde la cuestión académica. Por otro lado, pensar el vínculo y el trabajo con los territorios donde las y los futuros profesionales puedan tener un análisis crítico, una comprensión sobre la reflexión, pero también los abordajes que se pueden realizar desde las diferentes carreras, pensar en la curricularización y la transversalización de la temática de género, es un desafío también para seguir trabajando y es un poco lo que desde la Red Universitaria de género nos venimos planteando. Además, obviamente, de estar en el debate de algunas leyes y de los derechos conquistados, como por ejemplo el intento de aprobar la ley de denuncias falsas. Buscamos articular acciones que generen el desarrollo de pensamiento crítico, el desarrollo de información situada respecto a discursos que son negacionistas y que promueven volver a un modelo de Estado que no reconoce las violencias, que no reconoce las desigualdades y que promueve políticas antigénero. Generar debate, generar espacios de construcción de conocimiento y generar propuestas que vinculen el desarrollo del pensamiento crítico con evidencia es también un desafío y un compromiso de las universidades.
