"Odio y desinformación" de un Gobierno que estigmatiza el aborto y desarticula políticas de prevenciónEl presidente Javier Milei volvió a expresarse recientemente en contra de la ley de aborto legal, refiréndose a la normativa como un "genocidio" y argumentando que es la causa de la caída de la natalidad en Argentina. La afirmación va en línea con el crecimiento de los discursos de odio contra mujeres y diversidades, así como una marcada desinformación en relación a los derechos sexuales y reproductivos. En diálogo con El Extremo Sur, la activista y socorrista patagónica Sol Cañumil señaló la incidencia de este tipo de discursos en el crecimiento de barreras para acceder al derecho: "Están los datos, la información, la investigación, y sin embargo hoy se vuelven a reflotar mitos que en algún momento circulaban, pero que tienen como objetivo que las personas desistan de tomar estas estas decisiones, de generarles miedo y vergüenza".
La referente habló sobre el panorama en la Patagonia y advirtió que se evidencia un fuerte retroceso: "Hay enormes obstáculos para quienes intentan acceder a una interrupción del embarazo porque estamos encontrando muchas más trabas y obstáculos que hace algunos años cuando este derecho era más reciente e incluso antes de tener el derecho cuando estábamos en ese proceso de conquistar y teníamos la ley de ILE, no encontrábamos algunas cosas que hoy sí están pasando".
Los dichos de Milei, sin sustento
En una entrevista reciente con el programa "Las Tres Anclas" del canal de streaming Carajo, el presidente Javier Milei vinculó la caída de la natalidad en Argentina con la legalización de la interrupción del embarazo. "En temas de aborto la sociedad argentina hizo un desastre. Para que vos tengas semejante caída en la tasa de reproducción vos hiciste un desastre", argumentó.
Por otro lado, apuntó contra la periodista Débora Plager, tilándola de "complice de genocidio" y "asesina" por haber defendido la despenalización. "Ella y todos los pañuelitos verdes son cómplices de todos los muertos que hay por abortos. Cómplices de asesinato en el vientre de la madre. Son asesinos, entonces, por defender la ley del aborto. Yo me pregunto cuál es su formación en temas de biología y bioética para ir a exponer siendo solo una periodista", expresó.
No es la primera vez que sostiene afirmaciones de este tipo. En mayo del 2025, durante su presentación en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham, señaló: "Ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, en atacar a las 2 vidas. Y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad".
En la misma línea, en otra parte de la entrevista en Carajo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo: "Los sindicatos docentes ahora se quejan de que se están cerrando aulas y se están cerrando jardín de infantes. ¿Y por qué? Si ellos defendieron el aborto".
Si bien es cierto que la Argentina viene registrando una notable caída en los índices de natalidad, no hay indicios que permitan vincular este fenómeno con la ley de interrupción del embarazo. De acuerdo con la información de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina la tasa de natalidad (número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes) viene descendiendo desde 2014.
Para el año 2024 (último dato disponible), el número de nacidos vivos registrados en el país alcanza un valor de 413.135. En 2020 había sido de 533.299, lo que representa un descenso del 22,5%.
La tendencia no se limita a la Argentina: según datos del Banco Mundial, desde 2016 se produce una caída a nivel mundial de la tasa de natalidad, visible tanto en países con y sin aborto legal.
En el caso de Argentina, la Ley 27.610 de interrupción legal del embarazo fue aprobada en 2020, tras un amplio debate legislativo y social. Hasta ese momento, el aborto era legal sólo bajo tres causales: violación, peligro para la salud o peligro para la vida. No obstante, incluso con esas causales se registraban múltiples barreras en el sistema de salud así como la proliferación de mitos asociados al aborto como los que hoy reflotan figuras políticas libertarias. La caída más marcada de la tasa de natalidad en Argentina, en ese sentido, ya se registraba cuatro años antes de la aprobación de la ley.
Feminismo, el "enemigo"
Sol Cañumil es activista y miembro de Socorro Rosa Rabiosa, una organización que brinda acompañamiento e información a quienes desean abortar en el sur de Chubut y Santa Cruz. En diálogo con este medio, remarcó que la caída de la natalidad "es producto de múltiples factores y no se puede reducir a la ley del aborto, es un proceso que se viene registrando en nuestro país antes de la ley y en realidad es un proceso global".
"Esto nos da un buen ejemplo de las intenciones de estigmatizarnos como movimiento, de construirnos como enemigas -advierte-. En esto hay algo real: el feminismo es el enemigo de este gobierno por todo lo que representa, por todo lo que hace, porque justamente es un movimiento que lucha por la defensa de las vidas en general, no solo de las mujeres".
Por otro lado, se refirió a la contradicción del Gobierno que apela a aumentar los índices de natalidad y en paralelo desarticula políticas destinadas a las infancias: "Discursivamente es una cosa, pero en los hechos concretos, en las políticas que desarrollan, ahí muestran que son sólo palabras. En el caso de las niñeces y las adolescencias, tenemos que pensar en todos los derechos que están siendo vulnerados en esos grupos, que no sólo se están empobreciendo por el contexto en el que estamos, sino que también cada vez son sujetos de más violencia de todos los tipos y cómo terminan viéndose afectados por todos los ataques a la salud y la educación".
Retroceso y barreras para acceder al aborto
La socorrista subrayó el impacto de los discursos de odio y su correlación con el desfinanciamiento de políticas públicas así como el crecimiento de barreras para acceder a ciertos derechos.
"En principio es grave el nivel de misoginia de esos discursos, concretamente en relación al aborto y estas asociaciones que hace el presidente como una forma de de asesinato, son discursos que parten del odio, pero también son discursos que parten de la desinformación, de un desconocimiento total de lo que ha sido el largo proceso de lucha por la conquista de derecho, entre ellos el derecho a decidir", explica Cañumil.
"Son discursos que tienen una incidencia negativa porque son parte de la resistencia que existe todavía a la implementación plena de estos derechos. En el caso de Milei, que es una figura presidencial, es totalmente contraproducente en relación a lo que genera en la sociedad, y cómo desde ese lugar, que es el de máxima autoridad del país, se hable con tanta violencia de quienes defendemos este derecho o de quiénes lo ejercen", agrega.
Lejos de ser expresiones inocuas, Cañumil afirma que "tienen su correlato en que le dan legitimidad a que ocurran múltiples violencias al momento de intentar acceder a este derecho o o transitarlo. En las instituciones de salud, en el sistema público privado, lo cierto es que no todo el mundo apoya la ley de interrupción voluntaria del embarazo, entonces estas personas que no están de acuerdo, los primeros años que tuvimos esta ley habían entendido que era un derecho que está por encima de sus opiniones. Y eso había sido un largo trabajo de sensibilización promovido muy fuerte, por supuesto, por las organizaciones, por la gente de del movimiento feminista en sí".
Sin embargo, advierte que hoy se evidencia un claro retroceso: "Hoy retrocedemos en ese sentido de concebir estas conquistas como derechos y entonces las dejamos que se diriman un poco en el plano del individual, de acuerdo a lo que cada quien consigue. Eso genera enormes obstáculos para quienes intentan acceder porque estamos encontrando muchas más trabas y obstáculos que hace algunos años cuando este derecho era más reciente e incluso antes de tener el derecho cuando estábamos en ese proceso de conquistar y teníamos la ley de ILE, no encontrábamos algunas cosas que hoy sí están pasando".
"Hay obstáculos como personas que manifiestan que ese derecho no está vigente generando desinformación, generando confusión. Pero también otras formas como maltratos verbales, retos hacia quienes deciden abortar y una cuestión más estructural vinculada también a las políticas de gobierno, no tanto a los dichos, sino a lo que hacen, que es el desfinanciamiento total del sistema de salud, tanto la precarización salarial a la que están expuestos todos los trabajadores de salud, como la falta de aprovisionamiento, por ejemplo, de medicamentos, de insumos que se necesitan en esos lugares", sintetiza.
Desfinanciamiento total por parte de Nación
A 6 años de la sanción de la ley, los obstáculos persisten y se profundizaron a partir de la gestión de Javier Milei. Desde 2023 el Gobierno nacional no garantiza la entrega de medicamentos para la interrupción voluntaria y legal del embarazo, lo que complejiza el acceso al derecho en el sistema público. Como sucede con otras políticas recortadas, en general son las provincias las que se ven obligadas a sostener la demanda.
A pesar de que la ley sigue vigente, el Ministerio de Salud de la Nación dejó de entregar medicamentos como la Mifepristona y el Misoprostol desde el año 2023. En 2022 se habían entregado 70.293 medicamentos y en 2023, 106.737. La caída en 2024 respecto al año anterior fue del 100%, según un análisis del Centro de Datos de Chequeado de la ejecución del Presupuesto Abierto. La caída coincide, además, con una reducción abrupta en la entrega de preservativos y anticonceptivos por parte del Estado nacional, sumado a la desarticulación de políticas de salud sexual y reproductiva.
En el documento oficial de metas físicas de 2024, el Ministerio de Economía justificó la falta aludiendo a demoras en la licitación pública para la compra de los medicamentos. Frente a este escenario, las provincias debieron asumir la compra de los insumos para garantizar el cumplimiento de la ley.
Según el reporte anual 2024 del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad junto a la ONG Ibis Reproductive Health, "en cuanto al aseguramiento de insumos, los informes dan cuenta de las dificultades impuestas por la decisión de la gestión nacional de no comprar mifepristona y misoprostol. Esta decisión unilateral enfrentó a las jurisdicciones, sobre todo, a la falta de previsibilidad en la provisión y distribución". Sin embargo, el documento señala que casi todas las provincias afirmaron haber realizado compras de medicamentos para sostener los servicios de acuerdo a las recomendaciones de protocolos y guías.
"Estas cuestiones también las vivimos como un ataque directo a la ley", afirma Cañumil. Remarca que el Misoprostol, por ejemplo, es un medicamento que puede llegar a costar $300.000, "un dinero que para mucha gente es un sueldo".
Por otro lado, durante el 2025 se evidenció la falta de métodos anticonceptivos en centros de salud, sobre todo de preservativos: "Ahí se van generando un montón de violencias no sólo vinculadas a la ley de IVE, sino a otras a otros derechos sexuales y no reproductivos, porque también a nivel país estamos viviendo aumentos en relación a las ITS, por ejemplo".
"No son cuestiones que nosotras estamos inventando. Tampoco son cuestiones que tengan que ver con la singularidad de las personas, sino que en realidad estos ataques, en forma de desfinanciamiento, de abandono, de precarización, afectan al conjunto de la sociedad. Dentro de todo esto, por supuesto, está la ley de IVE", subraya.
La referente indica que, al menos en la Patagonia, continúan llegando los insumos, pero "no es un aprovisionamiento continuo, son partidas chicas que se agotan rápido".
"En relación al Misoprostol, por ejemplo, no nos hemos encontrado en un contexto de decir ‘no hay más'. Pero sí desde las mismas funciones de salud pública se cuidan los recursos con los que se dispone. Entonces empiezan a pasar estas cuestiones de que si una persona lo puede comprar, se le hace una receta para que lo compre, si tiene obra social, se lo deriva al sistema de salud privado, para que no se resuelva desde el público", detalla.
El escenario, sin embargo, no está exento de dificultades: "A veces pasa que hay personas que figuran en los sistemas de obras sociales aunque no estén activas, entonces esa gente empieza a quedar en un limbo porque no la atienden en el público porque figura que tiene obra social, pero en realidad esa obra social ya no la tienen desde hace algunos meses y no se ha terminado eso de dar de baja del sistema".
"Y el hecho de no atenderlas, no es porque no se quiera, sino que está vinculado a una cuestión de alta demanda de los servicios de salud. Y falta de todo: medicamentos, personal, salarios acordes a la cantidad de trabajo que hacen las personas", enfatiza.
El escenario en la Patagonia
Según un informe de Amnistía Internacional, en 2025 se triplicaron las denuncias por barreras para acceder al aborto. La falta de información generalizada y la ausencia de transparencia por parte del Gobierno aparecen como los principales factores que hoy condicionan el ejercicio del derecho.
Del total de casos recibidos, el 60% corresponden a barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada sobre dónde y cómo acceder a un aborto. Este dato va de la mano con la desarticulación de campañas públicas por parte del Estado nacional, los obstáculos para contactarse con la línea 0800 de Salud Sexual y la falta de información, asesoramiento y derivación adecuada por parte de las obras sociales y empresas de medicina prepaga.
"La falta de información pública se ha convertido en un obstáculo crítico. Muchas mujeres no saben qué hacer ni dónde acudir o llamar en caso de necesitar un aborto, lo que pone en riesgo su salud y sus derechos. Si bien los casos que recibimos a través de nuestro formulario no reflejan la totalidad de la situación en el país, ante la ausencia de datos oficiales constituye un parámetro para dimensionar el aumento de las dificultades que enfrentan las mujeres", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
"La falta de información es general. Hay lugares donde se desconoce que la ley sigue vigente", señala Cañumil. En el caso de la Patagonia, agrega que el panorama es dispar dependiendo la localidad pero que, en general, se ha reducido el número de profesionales que garantizan el derecho, sobre todo en las localidades más pequeñas.
Cabe recordar que la Ley 27.610 plantea, en su artículo 10, el derecho de los profesionales a declararse objetores de conciencia, es decir, pueden negarse a la realización de la interrupción del embarazo por motivos personales, éticos o religiosos. Sin embargo, están obligados a derivar a la persona gestante de forma inmediata y sin dilaciones a otro profesional que garantice el derecho, asegurando la cobertura de información durante todo el proceso. La ley indica que no podrán negarse en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención impostergable.
"En las localidades chicas hoy encontramos menos profesionales que garantizan, en su momento hubo toda una ampliación de profesionales, incluso en una ciudad grande como Comodoro Rivadavia, de pronto teníamos acceso a este derecho también en múltiples lugares, en distintos barrios. Todo eso hoy se ha un poco desmantelado y podríamos decir centralizado. Entonces se accede al derecho en localidades ya un poco más grandes, pero los lugares más chicos quedan desamparados muchas veces o teniendo que costear todo lo que implica un viaje para atenderse en otro lugar", describe Cañumil.
Y agrega: "En Patagonia es muy dispar también la situación. Hay lugares que donde justamente hay un recorrido de largos años de de implementación de derechos sexuales, reproductivos, entre ellos la la ley de IVE, que están afianzados, en esos lugares que se viene garantizando el derecho, no es que se dejó de garantizar, pero lo cierto es que muchas veces con trabas dentro de las mismas instituciones, como maltratos o persecución a las personas que garantizan estos derechos".
Cañumil advierte que el panorama evidencia un claro retroceso respecto a los primeros años de aplicación de la ley: "Venimos registrando en los últimos tiempos algunas cuestiones con las que se había avanzado, como el trato de las personas. Nos encontramos otra vez con médicos que dan mala información, que sermonean a las mujeres, que desinforman generando miedo, diciendo, por ejemplo, que un aborto podría provocar infertilidad, cuestiones muy discutidas en otro momento y trabajadas incluso con evidencia científica".
"Están los datos, la información, la investigación y sin embargo hoy vuelven a reflotar mitos que en algún momento circulaban, pero que tienen como objetivo que las personas desistan de tomar estas estas decisiones, de generarles miedo o de generarle vergüenza", cuestiona. Precisa que en la región "hay lugares en los que el derecho todavía se garantiza muy bien y otros donde, justamente producto de todo este contexto sociopolítico que le da legitimidad a los discursos de odio, hay más trabas, más obstáculos, más resistencia, en un marco de políticas que se desmantelan".
El costo de desmantelar la prevención
Las barreras para acceder a la IVE se inscriben en un panorama más amplio de desarticulación de las políticas de salud sexual y reproductiva. De acuerdo al Reporte 2024 del Proyecto Mirar, el gasto del presupuesto nacional destinado a estás políticas es el más bajo de los últimos nueve años.
En relación con la entrega y la aplicación de métodos anticonceptivos, insumos contemplados en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y establecido por la Ley 25.673, se pasó de 4,4 millones en 2023 a 2,4 millones de unidades en 2024. Programas clave para la prevención, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan Enia), pasaron de distribuir 50.000 métodos anticonceptivos de larga duración en 2023 a unos 21.000 en 2024. Con este programa se había logrado reducir el embarazo adolescente en un 50%.
Las organizaciones denuncian, en la misma línea, el desmantelamiento de la Educación Sexual Integral (ESI) en todo el país. A pesar de que la ley sigue vigente, se reestructuraron los equipos educativos en las provincias y se eliminaron contenidos que el Gobierno considera parte de la "ideología de género", promoviendo en su lugar una visión biologicista.
La tendencia se profundiza en los últimos años, con entregas cada vez más reducidas de insumos para la prevención, eliminación de programas y recorte en políticas de capacitación y concientización, de la mano de discursos que estigmatizan derechos conquistados.
Cañumil advierte una fuerte contradicción: el mismo Gobierno que repudia el aborto es también el que desmantela las políticas de prevención en salud sexual y reproductiva. "Justamente esa contradicción es la que expone que no les interesa ni el cuerpo ni la vida de las mujeres. No solo de las mujeres, realmente no le interesa la vida de la gente. Discursivamente es muy violento, pero también en las acciones, cómo está afectando este de financiamiento a los sectores más vulnerables, por ejemplo, cómo los niños o los ancianos", remarca.
También hace referencia al costo latente de la desarticulación de las políticas de prevención: "Todo eso tiene sus costos a largo plazo, porque no sólo van a ser estos años sino lo que van a dejar, va a ser muy difícil reconstruir eso".
A pesar de la postura de funcionarios nacionales, la ley de IVE, como tantas otras, es una política consolidada que hoy enfrenta serias barreras para su implementación. El panorama actual plantea desafíos en la práctica inmediata pero también deja interrogantes a largo plazo.
"Hay que poder mirar eso, la enorme deuda que nos están dejando. Aún cuando se vayan vamos a tener una deuda que van a pagar las generaciones que vienen. Todo eso es parte del contexto que vivimos y todo eso por supuesto que se agrava en los cuerpos de de las mujeres, de las disidencias que terminamos pagando el ajuste de todas estas políticas", concluye.
El presidente Javier Milei volvió a expresarse recientemente en contra de la ley de aborto legal, refiréndose a la normativa como un "genocidio" y argumentando que es la causa de la caída de la natalidad en Argentina. La afirmación va en línea con el crecimiento de los discursos de odio contra mujeres y diversidades, así como una marcada desinformación en relación a los derechos sexuales y reproductivos. En diálogo con El Extremo Sur, la activista y socorrista patagónica Sol Cañumil señaló la incidencia de este tipo de discursos en el crecimiento de barreras para acceder al derecho: "Están los datos, la información, la investigación, y sin embargo hoy se vuelven a reflotar mitos que en algún momento circulaban, pero que tienen como objetivo que las personas desistan de tomar estas estas decisiones, de generarles miedo y vergüenza".
La referente habló sobre el panorama en la Patagonia y advirtió que se evidencia un fuerte retroceso: "Hay enormes obstáculos para quienes intentan acceder a una interrupción del embarazo porque estamos encontrando muchas más trabas y obstáculos que hace algunos años cuando este derecho era más reciente e incluso antes de tener el derecho cuando estábamos en ese proceso de conquistar y teníamos la ley de ILE, no encontrábamos algunas cosas que hoy sí están pasando".
Los dichos de Milei, sin sustento
En una entrevista reciente con el programa "Las Tres Anclas" del canal de streaming Carajo, el presidente Javier Milei vinculó la caída de la natalidad en Argentina con la legalización de la interrupción del embarazo. "En temas de aborto la sociedad argentina hizo un desastre. Para que vos tengas semejante caída en la tasa de reproducción vos hiciste un desastre", argumentó.
Por otro lado, apuntó contra la periodista Débora Plager, tilándola de "complice de genocidio" y "asesina" por haber defendido la despenalización. "Ella y todos los pañuelitos verdes son cómplices de todos los muertos que hay por abortos. Cómplices de asesinato en el vientre de la madre. Son asesinos, entonces, por defender la ley del aborto. Yo me pregunto cuál es su formación en temas de biología y bioética para ir a exponer siendo solo una periodista", expresó.
No es la primera vez que sostiene afirmaciones de este tipo. En mayo del 2025, durante su presentación en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham, señaló: "Ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, en atacar a las 2 vidas. Y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad".
En la misma línea, en otra parte de la entrevista en Carajo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo: "Los sindicatos docentes ahora se quejan de que se están cerrando aulas y se están cerrando jardín de infantes. ¿Y por qué? Si ellos defendieron el aborto".
Si bien es cierto que la Argentina viene registrando una notable caída en los índices de natalidad, no hay indicios que permitan vincular este fenómeno con la ley de interrupción del embarazo. De acuerdo con la información de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina la tasa de natalidad (número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes) viene descendiendo desde 2014.
Para el año 2024 (último dato disponible), el número de nacidos vivos registrados en el país alcanza un valor de 413.135. En 2020 había sido de 533.299, lo que representa un descenso del 22,5%.
La tendencia no se limita a la Argentina: según datos del Banco Mundial, desde 2016 se produce una caída a nivel mundial de la tasa de natalidad, visible tanto en países con y sin aborto legal.
En el caso de Argentina, la Ley 27.610 de interrupción legal del embarazo fue aprobada en 2020, tras un amplio debate legislativo y social. Hasta ese momento, el aborto era legal sólo bajo tres causales: violación, peligro para la salud o peligro para la vida. No obstante, incluso con esas causales se registraban múltiples barreras en el sistema de salud así como la proliferación de mitos asociados al aborto como los que hoy reflotan figuras políticas libertarias. La caída más marcada de la tasa de natalidad en Argentina, en ese sentido, ya se registraba cuatro años antes de la aprobación de la ley.
Feminismo, el "enemigo"
Sol Cañumil es activista y miembro de Socorro Rosa Rabiosa, una organización que brinda acompañamiento e información a quienes desean abortar en el sur de Chubut y Santa Cruz. En diálogo con este medio, remarcó que la caída de la natalidad "es producto de múltiples factores y no se puede reducir a la ley del aborto, es un proceso que se viene registrando en nuestro país antes de la ley y en realidad es un proceso global".
"Esto nos da un buen ejemplo de las intenciones de estigmatizarnos como movimiento, de construirnos como enemigas -advierte-. En esto hay algo real: el feminismo es el enemigo de este gobierno por todo lo que representa, por todo lo que hace, porque justamente es un movimiento que lucha por la defensa de las vidas en general, no solo de las mujeres".
Por otro lado, se refirió a la contradicción del Gobierno que apela a aumentar los índices de natalidad y en paralelo desarticula políticas destinadas a las infancias: "Discursivamente es una cosa, pero en los hechos concretos, en las políticas que desarrollan, ahí muestran que son sólo palabras. En el caso de las niñeces y las adolescencias, tenemos que pensar en todos los derechos que están siendo vulnerados en esos grupos, que no sólo se están empobreciendo por el contexto en el que estamos, sino que también cada vez son sujetos de más violencia de todos los tipos y cómo terminan viéndose afectados por todos los ataques a la salud y la educación".
Retroceso y barreras para acceder al aborto
La socorrista subrayó el impacto de los discursos de odio y su correlación con el desfinanciamiento de políticas públicas así como el crecimiento de barreras para acceder a ciertos derechos.
"En principio es grave el nivel de misoginia de esos discursos, concretamente en relación al aborto y estas asociaciones que hace el presidente como una forma de de asesinato, son discursos que parten del odio, pero también son discursos que parten de la desinformación, de un desconocimiento total de lo que ha sido el largo proceso de lucha por la conquista de derecho, entre ellos el derecho a decidir", explica Cañumil.
"Son discursos que tienen una incidencia negativa porque son parte de la resistencia que existe todavía a la implementación plena de estos derechos. En el caso de Milei, que es una figura presidencial, es totalmente contraproducente en relación a lo que genera en la sociedad, y cómo desde ese lugar, que es el de máxima autoridad del país, se hable con tanta violencia de quienes defendemos este derecho o de quiénes lo ejercen", agrega.
Lejos de ser expresiones inocuas, Cañumil afirma que "tienen su correlato en que le dan legitimidad a que ocurran múltiples violencias al momento de intentar acceder a este derecho o o transitarlo. En las instituciones de salud, en el sistema público privado, lo cierto es que no todo el mundo apoya la ley de interrupción voluntaria del embarazo, entonces estas personas que no están de acuerdo, los primeros años que tuvimos esta ley habían entendido que era un derecho que está por encima de sus opiniones. Y eso había sido un largo trabajo de sensibilización promovido muy fuerte, por supuesto, por las organizaciones, por la gente de del movimiento feminista en sí".
Sin embargo, advierte que hoy se evidencia un claro retroceso: "Hoy retrocedemos en ese sentido de concebir estas conquistas como derechos y entonces las dejamos que se diriman un poco en el plano del individual, de acuerdo a lo que cada quien consigue. Eso genera enormes obstáculos para quienes intentan acceder porque estamos encontrando muchas más trabas y obstáculos que hace algunos años cuando este derecho era más reciente e incluso antes de tener el derecho cuando estábamos en ese proceso de conquistar y teníamos la ley de ILE, no encontrábamos algunas cosas que hoy sí están pasando".
"Hay obstáculos como personas que manifiestan que ese derecho no está vigente generando desinformación, generando confusión. Pero también otras formas como maltratos verbales, retos hacia quienes deciden abortar y una cuestión más estructural vinculada también a las políticas de gobierno, no tanto a los dichos, sino a lo que hacen, que es el desfinanciamiento total del sistema de salud, tanto la precarización salarial a la que están expuestos todos los trabajadores de salud, como la falta de aprovisionamiento, por ejemplo, de medicamentos, de insumos que se necesitan en esos lugares", sintetiza.
Desfinanciamiento total por parte de Nación
A 6 años de la sanción de la ley, los obstáculos persisten y se profundizaron a partir de la gestión de Javier Milei. Desde 2023 el Gobierno nacional no garantiza la entrega de medicamentos para la interrupción voluntaria y legal del embarazo, lo que complejiza el acceso al derecho en el sistema público. Como sucede con otras políticas recortadas, en general son las provincias las que se ven obligadas a sostener la demanda.
A pesar de que la ley sigue vigente, el Ministerio de Salud de la Nación dejó de entregar medicamentos como la Mifepristona y el Misoprostol desde el año 2023. En 2022 se habían entregado 70.293 medicamentos y en 2023, 106.737. La caída en 2024 respecto al año anterior fue del 100%, según un análisis del Centro de Datos de Chequeado de la ejecución del Presupuesto Abierto. La caída coincide, además, con una reducción abrupta en la entrega de preservativos y anticonceptivos por parte del Estado nacional, sumado a la desarticulación de políticas de salud sexual y reproductiva.
En el documento oficial de metas físicas de 2024, el Ministerio de Economía justificó la falta aludiendo a demoras en la licitación pública para la compra de los medicamentos. Frente a este escenario, las provincias debieron asumir la compra de los insumos para garantizar el cumplimiento de la ley.
Según el reporte anual 2024 del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad junto a la ONG Ibis Reproductive Health, "en cuanto al aseguramiento de insumos, los informes dan cuenta de las dificultades impuestas por la decisión de la gestión nacional de no comprar mifepristona y misoprostol. Esta decisión unilateral enfrentó a las jurisdicciones, sobre todo, a la falta de previsibilidad en la provisión y distribución". Sin embargo, el documento señala que casi todas las provincias afirmaron haber realizado compras de medicamentos para sostener los servicios de acuerdo a las recomendaciones de protocolos y guías.
"Estas cuestiones también las vivimos como un ataque directo a la ley", afirma Cañumil. Remarca que el Misoprostol, por ejemplo, es un medicamento que puede llegar a costar $300.000, "un dinero que para mucha gente es un sueldo".
Por otro lado, durante el 2025 se evidenció la falta de métodos anticonceptivos en centros de salud, sobre todo de preservativos: "Ahí se van generando un montón de violencias no sólo vinculadas a la ley de IVE, sino a otras a otros derechos sexuales y no reproductivos, porque también a nivel país estamos viviendo aumentos en relación a las ITS, por ejemplo".
"No son cuestiones que nosotras estamos inventando. Tampoco son cuestiones que tengan que ver con la singularidad de las personas, sino que en realidad estos ataques, en forma de desfinanciamiento, de abandono, de precarización, afectan al conjunto de la sociedad. Dentro de todo esto, por supuesto, está la ley de IVE", subraya.
La referente indica que, al menos en la Patagonia, continúan llegando los insumos, pero "no es un aprovisionamiento continuo, son partidas chicas que se agotan rápido".
"En relación al Misoprostol, por ejemplo, no nos hemos encontrado en un contexto de decir ‘no hay más'. Pero sí desde las mismas funciones de salud pública se cuidan los recursos con los que se dispone. Entonces empiezan a pasar estas cuestiones de que si una persona lo puede comprar, se le hace una receta para que lo compre, si tiene obra social, se lo deriva al sistema de salud privado, para que no se resuelva desde el público", detalla.
El escenario, sin embargo, no está exento de dificultades: "A veces pasa que hay personas que figuran en los sistemas de obras sociales aunque no estén activas, entonces esa gente empieza a quedar en un limbo porque no la atienden en el público porque figura que tiene obra social, pero en realidad esa obra social ya no la tienen desde hace algunos meses y no se ha terminado eso de dar de baja del sistema".
"Y el hecho de no atenderlas, no es porque no se quiera, sino que está vinculado a una cuestión de alta demanda de los servicios de salud. Y falta de todo: medicamentos, personal, salarios acordes a la cantidad de trabajo que hacen las personas", enfatiza.
El escenario en la Patagonia
Según un informe de Amnistía Internacional, en 2025 se triplicaron las denuncias por barreras para acceder al aborto. La falta de información generalizada y la ausencia de transparencia por parte del Gobierno aparecen como los principales factores que hoy condicionan el ejercicio del derecho.
Del total de casos recibidos, el 60% corresponden a barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada sobre dónde y cómo acceder a un aborto. Este dato va de la mano con la desarticulación de campañas públicas por parte del Estado nacional, los obstáculos para contactarse con la línea 0800 de Salud Sexual y la falta de información, asesoramiento y derivación adecuada por parte de las obras sociales y empresas de medicina prepaga.
"La falta de información pública se ha convertido en un obstáculo crítico. Muchas mujeres no saben qué hacer ni dónde acudir o llamar en caso de necesitar un aborto, lo que pone en riesgo su salud y sus derechos. Si bien los casos que recibimos a través de nuestro formulario no reflejan la totalidad de la situación en el país, ante la ausencia de datos oficiales constituye un parámetro para dimensionar el aumento de las dificultades que enfrentan las mujeres", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
"La falta de información es general. Hay lugares donde se desconoce que la ley sigue vigente", señala Cañumil. En el caso de la Patagonia, agrega que el panorama es dispar dependiendo la localidad pero que, en general, se ha reducido el número de profesionales que garantizan el derecho, sobre todo en las localidades más pequeñas.
Cabe recordar que la Ley 27.610 plantea, en su artículo 10, el derecho de los profesionales a declararse objetores de conciencia, es decir, pueden negarse a la realización de la interrupción del embarazo por motivos personales, éticos o religiosos. Sin embargo, están obligados a derivar a la persona gestante de forma inmediata y sin dilaciones a otro profesional que garantice el derecho, asegurando la cobertura de información durante todo el proceso. La ley indica que no podrán negarse en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención impostergable.
"En las localidades chicas hoy encontramos menos profesionales que garantizan, en su momento hubo toda una ampliación de profesionales, incluso en una ciudad grande como Comodoro Rivadavia, de pronto teníamos acceso a este derecho también en múltiples lugares, en distintos barrios. Todo eso hoy se ha un poco desmantelado y podríamos decir centralizado. Entonces se accede al derecho en localidades ya un poco más grandes, pero los lugares más chicos quedan desamparados muchas veces o teniendo que costear todo lo que implica un viaje para atenderse en otro lugar", describe Cañumil.
Y agrega: "En Patagonia es muy dispar también la situación. Hay lugares que donde justamente hay un recorrido de largos años de de implementación de derechos sexuales, reproductivos, entre ellos la la ley de IVE, que están afianzados, en esos lugares que se viene garantizando el derecho, no es que se dejó de garantizar, pero lo cierto es que muchas veces con trabas dentro de las mismas instituciones, como maltratos o persecución a las personas que garantizan estos derechos".
Cañumil advierte que el panorama evidencia un claro retroceso respecto a los primeros años de aplicación de la ley: "Venimos registrando en los últimos tiempos algunas cuestiones con las que se había avanzado, como el trato de las personas. Nos encontramos otra vez con médicos que dan mala información, que sermonean a las mujeres, que desinforman generando miedo, diciendo, por ejemplo, que un aborto podría provocar infertilidad, cuestiones muy discutidas en otro momento y trabajadas incluso con evidencia científica".
"Están los datos, la información, la investigación y sin embargo hoy vuelven a reflotar mitos que en algún momento circulaban, pero que tienen como objetivo que las personas desistan de tomar estas estas decisiones, de generarles miedo o de generarle vergüenza", cuestiona. Precisa que en la región "hay lugares en los que el derecho todavía se garantiza muy bien y otros donde, justamente producto de todo este contexto sociopolítico que le da legitimidad a los discursos de odio, hay más trabas, más obstáculos, más resistencia, en un marco de políticas que se desmantelan".
El costo de desmantelar la prevención
Las barreras para acceder a la IVE se inscriben en un panorama más amplio de desarticulación de las políticas de salud sexual y reproductiva. De acuerdo al Reporte 2024 del Proyecto Mirar, el gasto del presupuesto nacional destinado a estás políticas es el más bajo de los últimos nueve años.
En relación con la entrega y la aplicación de métodos anticonceptivos, insumos contemplados en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y establecido por la Ley 25.673, se pasó de 4,4 millones en 2023 a 2,4 millones de unidades en 2024. Programas clave para la prevención, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan Enia), pasaron de distribuir 50.000 métodos anticonceptivos de larga duración en 2023 a unos 21.000 en 2024. Con este programa se había logrado reducir el embarazo adolescente en un 50%.
Las organizaciones denuncian, en la misma línea, el desmantelamiento de la Educación Sexual Integral (ESI) en todo el país. A pesar de que la ley sigue vigente, se reestructuraron los equipos educativos en las provincias y se eliminaron contenidos que el Gobierno considera parte de la "ideología de género", promoviendo en su lugar una visión biologicista.
La tendencia se profundiza en los últimos años, con entregas cada vez más reducidas de insumos para la prevención, eliminación de programas y recorte en políticas de capacitación y concientización, de la mano de discursos que estigmatizan derechos conquistados.
Cañumil advierte una fuerte contradicción: el mismo Gobierno que repudia el aborto es también el que desmantela las políticas de prevención en salud sexual y reproductiva. "Justamente esa contradicción es la que expone que no les interesa ni el cuerpo ni la vida de las mujeres. No solo de las mujeres, realmente no le interesa la vida de la gente. Discursivamente es muy violento, pero también en las acciones, cómo está afectando este de financiamiento a los sectores más vulnerables, por ejemplo, cómo los niños o los ancianos", remarca.
También hace referencia al costo latente de la desarticulación de las políticas de prevención: "Todo eso tiene sus costos a largo plazo, porque no sólo van a ser estos años sino lo que van a dejar, va a ser muy difícil reconstruir eso".
A pesar de la postura de funcionarios nacionales, la ley de IVE, como tantas otras, es una política consolidada que hoy enfrenta serias barreras para su implementación. El panorama actual plantea desafíos en la práctica inmediata pero también deja interrogantes a largo plazo.
"Hay que poder mirar eso, la enorme deuda que nos están dejando. Aún cuando se vayan vamos a tener una deuda que van a pagar las generaciones que vienen. Todo eso es parte del contexto que vivimos y todo eso por supuesto que se agrava en los cuerpos de de las mujeres, de las disidencias que terminamos pagando el ajuste de todas estas políticas", concluye.
