En medio del conflicto universitario, tras rumores y negociaciones, finalmente el Gobierno presentó una propuesta a las autoridades de las casas de estudio. El pasado 10 de junio se firmó el acuerdo, que plantea aumentos en los gastos de funcionamiento, las becas y los salarios. La medida, si bien supone un avance, no soluciona la cuestión de fondo, vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso pero judicializada desde octubre.
Los detalles del acuerdo
Tras dos semanas de negociaciones, finalmente el 10 de junio el acta fue firmada en el Palacio Sarmiento (sede del Ministerio de Educación) por el subsecretario Alejandro Alvarez y los presidentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
Una importante fracción de los sindicatos de docentes y no docentes universitarios, junto al Consejo de Rectores del CIN y la fracción estudiantil Federación Universitaria Argentina (FUA) aceptaron la propuesta.
En la negociación, sin embargo, estuvieron ausentes las bases de los sindicatos. Sólo una federación, la CONADU Histórica, decidió no apoyarlo. A partir de la firma, otras federaciones como CONADU y FATUN resolvieron suspender acciones de lucha a corto plazo, aunque algunos sindicatos decidieron mantener las jornadas de paro que ya habían sido acordadas.
La propuesta que se venía discutiendo antes de este acuerdo, en cambio, recibió un amplio rechazo por parte de autoridades y sindicatos, ya que el Gobierno ponía como condición que las universidades retiraran la demanda judicial vigente. Cabe recordar que la Ley de Financiamiento está judicializada desde octubre del 2025, después de que el Gobierno suspendiera su aplicación. La Justicia ratificó dos veces la demanda de las universidades para que el Ejecutivo cumpla con lo dispuesto en la ley, lo que implica un desembolso cercano a los 2,5 billones de pesos.
El Gobierno, por su parte, apostó a distintas estrategias para dilatar el cumplimiento de la normativa. En abril presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que deberá expedirse sobre el tema.
Es en este contexto que se llegó a un acuerdo con las casas de estudio, con aumentos en salarios, gastos de funcionamiento y becas estudiantiles. Las opiniones están divididas entre quienes consideran la firma como una conquista para las universidades en un momento de asfixia presupuestaria y entre quienes reivindican el reclamo de fondo por la Ley de Financiamiento.
El acuerdo firmado estipula un aumento en salarios docentes y no docentes del 24,3%, aplicado en dos tramos, una actualización del 20% en gastos de funcionamiento a partir de junio, un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano y un refuerzo de $50.000 millones para el funcionamiento de hospitales. Además, el Ejecutivo sostiene que se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales y no docentes, aunque no informó de cuánto serán los montos.
El CIN aseguró que "la actualización salarial y presupuestaria es un paso importante", pero advirtió que "de ningún modo resuelve el problema estructural que atravesamos". Por otro lado, confirmó que se mantiene la demanda judicial por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento.
En diálogo con El Extremo Sur, la secretaria adjunta de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Verónica Botto, sostuvo que "de por sí fue muy irregular toda la presentación del acuerdo".
"Normalmente en un acuerdo paritario, cuando estamos hablando del aspecto salarial, el Gobierno -en este caso sería la Secretaría de Políticas Universitarias- cita a los sindicatos, se hace la oferta, se hace una contraposición presentación con mayor o menor nivel de discusión, pero esa es la forma que se hace habitualmente. En este caso en realidad nosotros no tuvimos una propuesta formal, tuvimos trascendidos a través de algunos rectores o a través del presidente del CIN de lo que el gobierno ofrecía", explica Botto.
Remarca que al principio, el acuerdo estaba supeditado a que se retiraran las demandas judiciales vigentes, una condición que fue rechazada tanto por las autoridades como por los sindicatos. Se presentó otra propuesta sin esa condición que "parecía que era discutible".
"Ahí se ve cómo se maneja cada asociación de base o cada federación. CONADU Histórica tiene una tradición muy importante de bajar las discusiones a las bases, se decide en asambleas o con los mecanismos que cada asociación de base, le parezca más adecuado para relevar lo que opina la docencia", indica.
Pese al avance del acuerdo, Botto advierte que el contexto es complejo ya que "hay una gran desconfianza con el Gobierno. Empecemos con que ellos no cumplen con la ley, porque la ley no les parece, porque básicamente es eso, el primer argumento entre los que se apoyaban era que no había plata o que la ley no decía de dónde sacar la plata. En realidad a ellos no les gustaba de donde nosotros decíamos que sacaran la plata", remarca.
"En este caso, cuando ellos hacen este ofrecimiento, queda claro que plata hay, no digo que sobre, pero plata hay y ellos eligen en qué se gasta. Desde el Gobierno nacional se decide que ahora hay plata, que es más o menos la mitad de lo que se requería para cumplir con la ley de financiamiento. Es decir que había fondos", cuestiona.
Esto es parte del argumento que surgió de algunas asambleas donde se votó por mayoría la no firma: "La mayoría de las asociaciones dijo ‘vamos a la no firma, este Gobierno no es confiable, manejó mal el tema de la oferta salarial, plata hay', ese fue, en síntesis, el planteo".
Precisa que además que "fue una votación bien clara": "A veces las votaciones son un poco más parejas, pero acá fue más del 60% por rechazar y aproximadamente el 30% por aceptar, no había ninguna duda de que eso era lo que nos pedían los docentes a la Federación, así que eso es lo que nosotros decidimos hacer".
Durante el Congreso también se decidió ratificar, por mayoría, la medida de lucha que había sido votada varias semanas atrás, antes de tener indicios de que pudiera haber una oferta. En este sentido, el gremio mantuvo el paro del 16 al 20 de junio tal y como estaba propuesto.
Los salarios siguen en crisis
A pesar del acuerdo, la Ley de Financiamiento sigue judicializada y a la espera de una respuesta por parte de la Corte Suprema. La negociación entre el Gobierno y las universidades abre un nuevo escenario en este sentido, pero "el problema de fondo sigue siendo el cumplimiento de la Ley".
"Tenemos dos cautelares a favor que dicen que los salarios tienen carácter alimentario y por lo tanto que el Gobierno debe cumplir con los artículos 5 y 6, respecto a salarios para docentes y no docentes y a las becas para estudiantes", recuerda Botto. No obstante, subraya que "hay una posibilidad de que la Corte Suprema considere que, con el acuerdo, baja la urgencia de cumplir con ese tema".
"No sabemos, todavía no hay nada al respecto, pero es lo que se esperaba y también se evaluó. Ya sabíamos que la Corte podía tomarse todo el tiempo del mundo porque así funciona, pero esto le quitó urgencia al reclamo. Eso también se discutió", señala.
El escenario de las universidades continúa siendo complejo, ya que acumulan un desfasaje presupuestario acumulado desde 2023. Los aumentos otorgados a las partidas universitarias durante la gestión de Javier Milei quedan muy por debajo de la inflación del mismo período, con una caída del 70% en términos reales. Los salarios, por otra parte, registran una pérdida de poder adquisitivo cercana al 50%. Los aumentos anunciados por el Gobierno en el marco del acuerdo no alcanzan a recuperar la situación previa al 2023.
El monto total de la oferta aceptada es cercano a los 900 mil millones de pesos, una cifra lejana a la que proponía la Ley de Financiamiento Universitario, que se estima en 2,5 billones de pesos. Es por esta razón que buena parte de los gremios decidieron ratificar las medidas de lucha y sostener el reclamo.
Uno de los puntos clave del conflicto radica en la recuperación del poder adquisitivo perdido en 2023. El Gobierno lo dejó fuera del acuerdo así como del proyecto de financiamiento alternativo que presentó a principios de año, dónde proponía una cifra similar a la que finalmente ofreció en la negociación.
"El acuerdo así como está no cubre todo lo que nos deben del 2024 ni la pérdida del 2023, porque el Gobierno no quiere discutir la gran devaluación de diciembre de 2023 que fue más del 30% -indica Botto-; sigue estando muy lejos de todos lados". El acta firmada incluye discutir "la recomposición del desfasaje producido en 2024" pero nada dice de la pérdida del 2023.
La referente gremial afirma que sostener las medidas de lucha "tiene que ver con cierta coherencia, si estamos diciendo que la propuesta no nos satisface, que la rechazamos, tenemos que seguir haciendo nuestros planteos".
El aumento salarial propuesto en el acuerdo es del 24%, que se implementará en dos tramos: 21,3% en junio y el 3% restante en octubre. Cabe recordar que la Ley de Financiamiento estipulaba un aumento del 54% para recuperar el salario real de noviembre de 2023.
Botto señala que el porcentaje de la pérdida varía dependiendo cómo se mida, pero "faltaría, por lo menos, un 20% más". "De hecho, el Gobierno reconoce, cuando saca el veto en octubre, en ese mismo decreto que nos deben o que tenemos en ese momento una pérdida salarial aproximada del 40%, ellos mismos ponen ese número. Entonces, para nosotros ese es el número mínimo", precisa.
"Nosotros contamos el 21%, el otro 3% se cobraría casi a fin de año, eso ni lo contamos, porque para entonces se lo comió la inflación", subraya. Pese al aumento salarial, la mayoría de los salarios básicos de la docencia universitaria permanecen por debajo de la línea de pobreza, escenario que se agudiza en la Patagonia, donde el costo de vida asciende considerablemente.
Becas congeladas e insuficientes
Otro de los puntos clave del reclamo es el aumento de las becas estudiantiles, un aspecto que el Gobierno incluyó a medias en el acuerdo. El aumento será del 50% pero sólo para las Becas Manuel Belgrano, que alcanzan un universo de estudiantes mucho más reducidos que las Becas Progresar, cuyo monto está congelado desde 2023.
El programa de Becas Manuel Belgrano otorga un total de 36.000 cupos activos a nivel nacional para estudiantes de disciplinas consideradas estratégicas para el desarrollo del país como energía e hidrocarburos, minería, geociencias, logística e infraestructura. Antes del acuerdo el estipendio era de $81.685 mensuales, con una duración de 12 meses y la posibilidad de renovación. Tras el acuerdo, el monto ascendería a unos $120.000.
La Beca Progresar, por otra parte, brinda respaldo económico a jóvenes para promover la formación académica y profesional. Está dividida en tres líneas de acción, dirigida a estudiantes que deben terminar la educación secundaria, estudiantes de nivel superior y también a quienes buscan formarse en un oficio e insertarse en el mercado laboral.
Según datos del 2025 (último balance oficial disponible) los beneficiarios de esta beca ascienden a 971.280, de los cuales aproximadamente un 37% corresponde a líneas de educación superior. Esta cifra registra una baja paulatina en los últimos años: en 2024 se otorgaron 1.359.274 becas, y en 2023 fueron 1.860.871.
Los valores de esta beca, sin embargo, se mantienen congelados desde 2023. Actualmente el estipendio es de $35.000 brutos por mes, y el cobro efectivo es de $28.000, ya que ANSES retiene el 20% hasta acreditar la regularidad académica al final del ciclo lectivo.
"El aumento a las becas Belgrano parece un montón, pero es un aumento sobre un monto muy chico, y además deja afuera a un universo muy grande de estudiantes con las Becas Progresar", opina Botto.
Desconfianza hacia el Gobierno
Por el momento, la comunidad universitaria permanece expectante ante la eventual resolución de la Corte Suprema, mientras los gremios sostienen el plan de lucha. "Esto da aire, le da aire al Gobierno, a los rectores, a las instituciones", señala Botto, pero advierte que "hay que ver cómo sigue, y si cumplen, ese es otro tema".
"Cuando cambiemos de mes, deberían verse los aumentos reflejados. Todavía no nos han avisado de la Universidad que hayan recibido los fondos, de todas formas es pronto, esto se firmó hace poco", afirma. La posición del gremio es de gran desconfianza hacia el Gobierno, sobre todo por el incumplimiento reiterado de la Ley de Financiamiento, por lo que resta que el acuerdo se cumpla.
"Hasta ahora no se efectivizó ninguna de las cosas que dicen del Gobierno. Y ahí también hay mucha desconfianza. Con todo lo que se peleó por la ley, en cierta forma nosotros pensamos que con la ley, dentro de un marco democrático, no podíamos conseguir mucho más. Y además se ratificó. Costó mucho sacarla, se trabajó mucho, salió y el gobierno la desconoce, entonces, ¿por qué no va a desconocer este acuerdo?", cuestiona.
"Sentimos que van a hacer lo que a ellos les parezca más allá de lo que corresponde hacer. Hay que esperar a ver qué pasa", concluye la referente. El acuerdo implica un respiro pero todavía queda lejos de las partidas que establece la Ley de Financiamiento. Además, deja de lado otros gastos destinados a obra pública, por ejemplo, paralizada desde principios de la actual gestión nacional. La comunidad universitaria promete sostener las acciones de lucha y el reclamo de fondo que todavía pesa sobre el Gobierno.
