Leyes a medida de Peter Thiel, el arquitecto de un imperio dentro del EstadoPor Mauro Federico e Ivy Cángaro
El 25 de junio la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la media sanción de la ley conocida como Súper RIGI -Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, versión extendida- con 130 votos a favor, 106 en contra, 7 abstenciones y 14 ausentes. El debate ahora deberá pasar al Senado, donde el oficialismo dice tener ya los votos cautivos, aunque no hay fecha de convocatoria. Previamente, en el plenario de Comisiones del 3 de junio el diputado opositor Itaí Hagman le preguntó al interpelado Secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, cuánto influyó Palantir Technologies, la empresa de Peter Thiel dedicada a la inteligencia de datos en el postulado del proyecto de ley. La respuesta exacta de González fue: "Un tal señor Palantir... No lo conozco, no conozco a nadie. No hay absolutamente ningún lobby que tenga que ver con esto", en una clara imitación de lo que en el campo dirían que es "hacerse el chancho rengo" o para la porteñada algo así como "tomarnos por boludos".
El senador Martín Lousteau, minutos después, recordó en voz alta que Thiel se había reunido con Javier Milei en dos oportunidades, en USA y en Casa Rosada, por la mediación del entonces embajador Alec Oxenford, había almorzado con Santiago Caputo y cenado con Federico Sturzenegger semanas antes de que el proyecto fuera presentado al Congreso.
Lo que el Súper RIGI habilita, en su versión final, es un régimen de excepción sin precedentes en la historia fiscal argentina: inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares reciben exención total de retenciones a las exportaciones, arancel cero en importaciones, tasa del 15% en ganancias -contra el 35% general- y una alícuota del 3,5% sobre dividendos girados al exterior. La vigencia del beneficio es de treinta años. El costo fiscal estimado por la propia Secretaría de Hacienda supera los 8.640 millones de dólares anuales. Entre las actividades expresamente incluidas en el régimen se encuentran los mega data centers de inteligencia artificial.
No es una coincidencia de calendario, unos meses antes, más precisamente en octubre de 2025 OpenAI anunciaba lo que llamó Stargate Argentina: un mega data center en la Patagonia con una inversión estimada de hasta 25.000 millones de dólares, el proyecto de infraestructura más grande de la historia argentina, según sus propios promotores. El dinero no lo pone OpenAI directamente. La empresa de Sam Altman actúa como offtaker, garantizando la compra de toda la potencia computacional generada.
La inversión real corre por cuenta de Sur Energy, una firma fundada por el empresario Emiliano Kargieman -creador de Satellogic- y el físico Mat Travizano, quien murió en un accidente de escalada en California apenas un mes antes del anuncio. La instalación tendrá capacidad para 500 megavatios, más del triple de toda la demanda actual de América Latina. Si bien se desconoce el lugar exacto donde se radicará, debe ser un sitio patagónico en el que abunde el agua necesaria para abastecer la gigantesca demanda. El Súper RIGI, con media sanción en Diputados el 25 de junio de 2026, es el traje jurídico cosido después de que el negocio ya estaba cerrado.
Pero la ingeniería jurídica no terminó ahí. Mientras el Súper RIGI avanzaba en Diputados, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger -el mismo que cenó con Thiel- presentó en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el 6 de abril y logró dictamen pero la sesión prevista para el 25 de junio cayó por falta de quorum, por lo que falta la media sanción. El proyecto modifica dos restricciones que la Argentina mantuvo durante décadas: elimina el tope del 15% sobre la superficie total de cada provincia que una persona o empresa extranjera puede adquirir como tierra rural -límite establecido por la Ley 26.737, sancionada en 2011 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner como respuesta directa al escándalo de Joe Lewis en la Patagonia- y levanta la prohibición de vender o transferir campos incendiados durante los primeros sesenta años posteriores al siniestro, tal como rige ahora para evitar los incendios intencionales con el fin de comprar tierras supuestamente improductivas por mucho menos de su valor real.
La segunda cláusula del proyecto de Sturzenegger es la que tiene a los especialistas en derecho ambiental y a las comunidades patagónicas en estado de alerta porque precisamente también contempla el tema de los incendios. Entre noviembre de 2024 y enero de 2026, más de 100.000 hectáreas ardieron solo en la Patagonia en una serie de incendios que los bomberos voluntarios atribuyeron en parte a negligencia y en parte a condiciones climáticas extremas, y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego ejecutó ese año apenas el 75% de su presupuesto asignado.
La coincidencia entre los incendios patagónicos y la presentación de una ley que habilitaría la compraventa de esas tierras arrasadas provocó reacciones que fueron desde la denuncia formal hasta las declaraciones de Alejo Fardjoume, trabajador de ATE en Parques Nacionales, en una conferencia de prensa convocada el 24 de junio de 2026 contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: "Estamos al inicio de la creación de muchos Lagos Escondidos. Estamos abriendo normativamente la posibilidad de pérdida de soberanía". La referencia es precisa. Joe Lewis llegó a la Patagonia con 12.000 hectáreas en la cuenca del lago homónimo, bloqueó el acceso público y terminó procesado judicialmente. La nueva ley eliminaría el principal instrumento legal que el Estado argentino tiene para evitar que se repita.
El cuadro completo es este: en el lapso de dos meses, entre la llegada de Thiel a Buenos Aires en abril de 2026 y el debate del Súper RIGI en junio, el Congreso argentino aprobó una ley que exime de impuestos por treinta años a los mega data centers de inteligencia artificial -la principal apuesta de inversión del universo Thiel-y avanzó en la eliminación de los límites a la compra de tierra rural por extranjeros, en un contexto de incendios récord en la misma Patagonia donde Thiel tiene intereses documentados. El ministro que presentó la segunda ley cenó con Thiel semanas antes. El hombre que facilitó la reunión con Milei es el embajador argentino en Washington. Y en el Congreso, cuando preguntaron por Palantir, la respuesta oficial fue que no la conocían.
Dialog: El club de los megapoderosos y sus miembros argentinos
El 16 de junio y mientras en Buenos Aires el lobby y las propuestas legislativas estaban a la orden del poder real, en Suiza la reconocida "hacktivista" Maia Arson Crimew encontró aquello que debía permanecer oculto: el sitio web de una organización llamada "Dialog" que tenía, involuntariamente, el directorio abierto y el código de fuente de la página visible para quien quisiera husmear. Ni siquiera fue un hackeo sofisticado sino un error básico de configuración que dejó al descubierto la lista de 222 nombres de peso que iban desde el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, hasta el Comandante Superior de la OTAN en Europa, el general Alexus Grynkewich; pasando por los senadores Ted Cruz y Cory Brooker, hasta los empresarios tech que manejan bases de datos como Elon Musk o Reid Hoffman. También la jefa de política exterior de la Unión Europea y la embajadora de Arabia Saudita en Washington; ejecutivos de las mayores empresas de vigilancia de datos del planeta y una actriz de Hollywood. Y, en el centro de todo, como siempre, Peter Thiel.
La filtración reveló también la organización de un encuentro programado para agosto, en Dublín, y la agenda del retiro 2026 que iba a tener ocupados a los hombres y mujeres más poderosos del planeta. Cada uno de ellos podía elegir participar en diferentes paneles titulados "Navegando la Tercera Guerra Mundial", "Tecnologías para el Campo de Batalla", "Recuperar la Energía Nuclear" y "Construir un Culto". Todos los años hacen retiros en el Bacara Resort de California, el Ritz-Carlton de Arizona, o en el Palacio San Clemente en Venecia. Sin prensa. Sin registro. Off the record constitutivo. Y en 2025, Dialog compró terrenos en el área metropolitana de Washington D.C. para construir un campus permanente.
Dialog es una organización fundada en 2006 por Peter Thiel y el empresario tecnológico Auren Hoffman con un principio rector inviolable: todo lo que se dice en sus retiros anuales es estrictamente off the record. Los miembros son reclutados por invitación personal y se distribuyen entre las cúpulas de la tecnología, las finanzas, la política y el aparato militar de los países más poderosos. No es un foro de negocios. Es un gobierno en la sombra que se reúne una vez por año para decidir qué viene después.
Entre los 222 nombres hay dos argentinos. El primero es Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre -la empresa de comercio electrónico más grande de América Latina, con una capitalización de mercado que supera los 80.000 millones de dólares-, confirmado en el directorio filtrado como uno de los pocos latinoamericanos admitidos en el círculo más íntimo de Thiel. La pertenencia de Galperin a Dialog no es una anécdota: es la evidencia de que el empresario argentino más rico de la región comparte con el fundador de Palantir no solo una afinidad ideológica libertaria sino una red operativa de primer nivel.
El segundo argentino en Dialog es Wenceslao Casares, el empresario al que en Silicon Valley llaman "patient zero del Bitcoin" fue quien convenció a Bill Gates, Reid Hoffman, Chamath Palihapitiya -los dos últimos miembros de Dialog- de invertir en Bitcoin.
El hombre nacido en Chubut que estudió en Harvard fundó el primer proveedor de internet de Argentina en 1994, vendió al Santander la plataforma financiera online que armó en 1997, Patagon, por 750 millones de dólares, y tenía como inversores a George Soros y la JP Morgan; construyó Xapo -el mayor vault de criptomonedas del mundo, luego vendido a Coinbase-; creó el Banco Lemon en Brasil y Lemon Wallet, su billetera digital; fundó Xapo Bank, con sede en Reino Unido, un banco privado para bitcoin whales y que según algunas fuentes financieras tendría en custodia unos diez mil millones de dólares en bitcoins en bóvedas subterráneas que incluirían un ex bunker militar suizo. Fue miembro del directorio de PayPal y de Diem, el proyecto cripto de Facebook. La relación con la flor y nata del grupo Dialog es directa, de negocios, principios y amistad y es tan hábil que generalmente está fuera del radar de la prensa al mentar a este real círculo rojo del poder mundial, quien además conoce la Patagonia como nadie: nació allí.
Pero el nombre más operativo de la red no aparece en Dialog. Es el de Martín Varsavsky, el empresario argentino-español fundador de Urban Capital Corporation, Medicorp Sciences dedicada a la biotecnología; en los noventa Viatel, asociada a Telecom; Jazztel en el 97, de telefonía fija, vendida por cuatro mil quinientos millones de dólares; Ya.com; Fon en el 2005, una red de wifi global, y un único fracaso: Esteinet, que le costó cincuenta millones de dólares. Si bien fue el nexo entre Thiel y Javier Milei, a quien admira y promueve con el mismo fervor que su esposa Nina en las redes sociales, donde es una influencer no siempre querida por los foristas; no es la primera vez que apoya a un gobierno argentino o a algunos de sus funcionarios.
En pleno gobierno de la Alianza que entronizó a Fernando De la Rúa como presidente, Varsavsky trabó amistad con Aíto De la Rúa, el hijo del mandatario y uno de los "sushi boys" que lo asesoraban y en sus decisiones. Por entonces Varsavsky donó al Estado 11.282.855 dólares -uno por cada niño-alumno argentino, para crear el portal educativo Educ.ar que anunciaron con bombos y platillos, al punto que el mismo presidente lo inauguró. El directorio estaba integrado, entre otros, por Domingo Cavallo. En enero de 2001 y con Educ.ar sin funcionamiento porque el dinero se esfumó, Varsavsky fue designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Argentina ante la Unión Europea, ad honorem.
Hoy, Varsavsky funciona como puente entre el universo Thiel y la Casa Rosada. Conoció a JD Vance -el vicepresidente de los Estados Unidos, financiado y adoptado políticamente por Thiel desde su campaña al Senado por Ohio- en casa del propio Thiel. El vínculo entre ambos no es casual. Varsavsky fue uno de los primeros en promover la visita de Thiel a Buenos Aires y, cuando le preguntaron sobre el interés del cofundador de Palantir en Argentina, la descripción que ofreció fue más honesta que la del "chancho rengo" González: "Su interés por Argentina es parecido al mío, por un lado un país curioso, diferente, contradictorio pero ahora muy bien encaminado con Javier Milei y además un refugio para la tercera guerra mundial nuclear que esperemos que no sea necesario pero que es siempre una posibilidad".
El rubicundo argentino de familia de publicidad que muestra en redes, es socio de Thiel en Founders Found, el fondo de capital de riesgo que el nuevo vecino de Barrio Parque porteño fundó en 2005. Lo que lo distingue de otros fondos de Silicon Valley es su filosofía: apuesta por tecnologías radicalmente transformadoras, aquellas que otros inversores consideran demasiado arriesgadas o "imposibles". Es el primer inversor institucional de Facebook, Space X -de Elon Musk- Airbnb, Lyft, Spotify, Palantir, DeepMind, y sigue la lista.
Cuando Varsavsky habla de refugios y guerra lo dice literalmente. En diciembre de 2023, justo cuando Milei accedió al gobierno, compró junto con un grupo de socios 32.000 hectáreas en el departamento de San Carlos, en el Valle de Uco de la provincia de Mendoza, a 3.100 metros de altitud y a 150 kilómetros de la ciudad más cercana. El propio Varsavsky lo dijo a Infobae: "Cuando ganó, compré un campo de 32.000 hectáreas en Mendoza, bonos argentinos y acciones". El proyecto se llama Wamani de lo que llama "un campo santuario" de turismo outdoor y un refugio ante una eventual guerra nuclear. Y no compró solo.
Sus socios son Alec Oxenford, el embajador argentino en USA que además es socio de Varsavsky en un fondo de capital de riesgo; Mike Santos, quien vendió Technisys por u$s 1.100M; Matías Nissensohn, un inversor de 27 años que es el de menor cuantía económica del grupo con un capital de casi trescientos millones de dólares; David Kamenetzky, un suizo-alemán radicado en USA ejecutivo de primer nivel del establishment europeo (AB InBev, Mars, JAB) que diversifica hacia refugios físicos y food tech como Super Coffee, Haven's Kitchen, Hydrant y Kind, esta última fundada por Dan Lubetzky, el sexto socio de Wamani y el hombre de mayor perfil público del grupo; Lubetzky, un mejicano de origen lituano, hijo de un sobreviviente del Holocausto y que hizo toda su carrera universitaria y profesional en Israel, tiene una fortuna personal estimada en 2300 millones de dólares construída en el negocio de las barras de cereal, ejemplo que alienta el espíritu emprendedor de Martín Menem.
En mayo de 2026, mientras Thiel estaba instalado en Dardo Rocha 2900 y el Congreso debatía el Súper RIGI, Varsavsky publicó en X un hilo que comenzaba así: "Esa guerra ya empezó". La encuadraba como una pugna de tiranías contra democracias -Rusia, China, Corea del Norte e Irán contra Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. En septiembre de 2025, unos meses antes, planteaba que la pregunta no era si habría un desenlace nuclear, sino cuándo. "Espero que no ocurra, pero estamos cerca todo el tiempo de una Tercera Guerra Mundial. Y será nuclear porque la Segunda ya lo fue. Para sobrevivirla habrá que estar lejos del conflicto y tener comida", dijo en una entrevista de Sebastián Catalano para Infobae. "Ahí se destaca Argentina: 47 millones de personas que alimentan a 500 millones". Tiene dos libros en preparación sobre el tema: el ensayo Santuario en el Sur y la novela distópica Último Hemisferio.
La propuesta de Varsavsky al gobierno argentino fue tan literal como la frase. Se reunió con Javier Milei y el ministro Luis Caputo en mayo de 2024, en Estados Unidos, cuando los acompañó en una visita a Silicon Valley. Por entonces los acompañaban dos caídos en desgracia: el embajador argentino en USA Gerardo Werthein y el eyectado por denuncias de corrupción Demian Reidel, otro hombre muy vinculado al mundo tech. Ahí trabó contacto por primera vez con Caputo a quien informalmente le habló de un proyecto que luego, cuando volvió a encontrarlo en septiembre de 2025 en una cena en Olivos junto al presidente, contó que "le recomendé al Gobierno cobrar una 'visa de tranquilidad' para que extranjeros paguen para ingresar al país en medio de esa eventual emergencia global", inspirado en la "Visa de Oro" de Trump que permite residencia y nacionalidad estadounidense a cambio de cinco millones de dólares. Varsavsky considera la décima parte como pago posible al Estado Argentino para refugiarse.
Si se traza una línea entre Thiel y su club de mega millonarios y los argentinos Varsavsky, Galperin, Casares y Oxenford, el mapa resultante no es el de una red informal de ricos ociosos con intereses parecidos. Es el de una clase global que ya tomó decisiones sobre dónde va a vivir cuando el mundo que conocemos deje de funcionar y que, mientras tanto, con discreción y con leyes hechas a medida, está comprando el territorio desde adentro.
Peter Thiel, el constructor, de Standford a la Patagonia
Peter Andreas Thiel nació en Frankfurt en 1967. Cuando tenía un año, su familia se mudó a Estados Unidos. Cuando tenía diez, sus padres lo llevaron a Sudáfrica, donde creció durante los años del apartheid y la ebullición del nazi fascismo escolar, la misma Sudáfrica que también cobijó a un niño llamado Elon Musk, con quien Thiel terminaría cofundando PayPal décadas después. Nadie puede leer esa infancia como contexto irrelevante.
En Stanford estudió filosofía. Fundó The Stanford Review, un periódico de línea conservadora. Conoció a Alex Karp, un estudiante doctorado en sociología y teoría social que venía de Alemania. Con Karp fundaría Palantir Technologies en 2004 -la empresa de software que hoy trabaja para la CIA, el Mossad, el ICE y casi todas las fuerzas policiales de Europa-. Pero antes de eso, en 1998, fundó Confinity, que en 1999 se fusionó con X.com de Elon Musk para convertirse en PayPal. Cuando eBay compró PayPal en 2002 por 1.500 millones de dólares, los ex socios no se dispersaron: se convirtieron en una red. La llamaron la PayPal Mafia. Y construyeron Silicon Valley tal como lo conocemos hoy.
La primera inversión institucional de Facebook fue de Thiel. Fundó Founders Fund, uno de los capitales de riesgo más influyentes del mundo y que tiene como socio al argentino Casares, como dijimos. Fue el primer tecnólogo prominente en apoyar públicamente a Donald Trump en 2016. Tiene ciudadanía en tres países: Alemania, Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde obtuvo la ciudadanía en 2011 en un proceso que tardó doce días, cuando la ley normalmente requiere cinco años.
"Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Estamos en una carrera mortal entre la política y la tecnología. El poder de lastimar es poder de negociación", dice Thiel sin que se le mueva ni una de sus pestañas rojas. La frase es más que eso, es un programa. Y como todo programa, tiene aplicaciones concretas.
En abril de 2026 Peter Thiel llegó a Buenos Aires con su esposo, el ex vicepresidente de Black Rock Matt Danzeisen, y sus tres hijas, a las que inscribió en un colegio porteño, señal de que la estadía no era de paso. El 23 de ese mes cerró la operación inmobiliaria más cara del Barrio Parque en años recientes: la mansión de Dardo Rocha 2900, frente a la residencia de Susana Giménez, con más de 1.600 metros cuadrados cubiertos, seis dormitorios, amplias áreas sociales y bodega, por doce millones de dólares. Luego pasó días recorriendo la Patagonia tras el consejo de Varsavsky.
Mientras esperaba que Milei volviera de Israel, Thiel almorzó con Santiago Caputo y con el canciller Pablo Quirno. Cenó con Federico Sturzenegger. Ya había visitado la Casa Rosada en mayo de 2024, con Alec Oxenford como nexo. Esta fue su tercera reunión con Milei. En ese circuito de encuentros privados entre el multimillonario alemán y el presidente que más lejos lleva la agenda de desregulación y vigilancia en América del Sur, la pregunta que flota es siempre la misma: ¿de qué hablan exactamente cuando se cierran las puertas?
Pero Thiel no solo se reunió con funcionarios. El 21 de abril, apenas nueve días después de llegar, estuvo en el Monumental para ver el Superclásico entre Ríver y Boca, en palco, con su esposo y un grupo reducido de colaboradores, muy lejos de "La 12". El 17 de mayo y siguiendo en la línea deportiva Thiel fue como un vecino más al Club Torre Blanca del barrio del Abasto. Pagó los 3.000 pesos de inscripción, jugó el torneo de ajedrez entre aficionados del barrio y terminó tercero. Cuando le entregaron la medalla, un pequeño murmullo hecho canción llegó desde las gradas: "nooo se veeeendeee, la Patria no se veeende..." habrá que ver si lo entendió y de ser así, si le importó.
Con la embajada estadounidense como nexo, se reunió con Juan Grabois a quien invitó a la mansión de Barrio Parque. El diputado fue y una foto de asalto dejó constancia de la visita, que el dirigente y referente informal del Vaticano nunca aclaró. Con las pibas en la escuela y su marido en casa, parecía que la permanencia sería infinita pero no, Thiel organizó un asado de despedida en su mansión para los papis y mamis del colegio de sus hijas, con temática mundialista, y entre empanadas y choripán contó que se volvían a USA por un tiempo.
Las malas lenguas dicen que, en realidad, esa mansión nunca fue adquirida por Thiel y que la maniobra inmobiliaria fue una pantalla para encubrir sus verdaderas intenciones.
El experimento hondureño: un estado propio llamado "Próspera"
Antes de llegar a la Argentina, Thiel ya había probado el modelo que desvela sus sueños en otra latitud. El laboratorio se llamó Próspera y quedaba en la isla de Roatán, Honduras. Lo que ocurrió allí es el caso de estudio más completo disponible sobre cómo el tecno libertarismo de Silicon Valley opera cuando consigue el marco legal que necesita: en silencio, a través de un gobierno capturado, sobre tierras que no le pertenecen, y con la firme convicción de que si la democracia lo contradice, la democracia es el problema.
Es preciso hacer un poco de historia: El 28 de junio de 2009 un centenar de soldados hondureños irrumpió en la residencia presidencial de Tegucigalpa, detuvo al presidente Manuel Zelaya en pijama y lo expulsó del país hacia Costa Rica. La OEA, la ONU y la Unión Europea condenaron el hecho como un golpe de Estado. La administración Obama lo calificó inicialmente de "claramente ilegal". El beneficiario más consecuente fue Juan Orlando Hernández, por entonces diputado del Partido Nacional que presidió el Congreso hondureño desde enero de 2010. En diciembre de 2012, ese mismo Congreso bajo su conducción destituyó a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema: los mismos que habían declarado inconstitucional una versión anterior del concepto de "ciudades charter". La Corte reconstituida aprobó la ley revisada en 2014. Hernández se convirtió en presidente ese año. El terreno estaba preparado.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, las ZEDE, fueron la arquitectura legal diseñada para lo que vendría. Autorizaban a inversores privados a crear jurisdicciones semiautónomas con sistemas judiciales propios, códigos fiscales, policías y marcos regulatorios. La garantía de estabilidad legal era de cincuenta años. Un consejo de gobierno con veto corporativo supervisaba cada zona. El Artículo 28 de la ley les otorgaba poderes de expropiación sobre tierras privadas dentro de su territorio. El Nobel de Economía Paul Romer, que había propuesto originalmente el concepto de "ciudades carta" con transparencia e instituciones responsables, presidió brevemente una comisión de supervisión del proyecto. Duró menos de un año. Renunció públicamente en septiembre de 2012 citando falta total de transparencia: el gobierno hondureño había firmado acuerdos con inversores internacionales sin informarle.
Estaba todo listo para que en 2017 un empresario venezolano llamado Erick Brimen -ex bancario de Brown Brothers Harriman, ex consultor de Ernst&Young en Londres, fundador de NeWay Capital- obtuvo la aprobación de la carta ZEDE para un predio en la costa norte de Roatán, adquirido a través de empresas intermediarias. Los inversores que acudieron al llamado conforman un directorio del poder tecnológico-financiero global: Peter Thiel y Marc Andreessen, a través de Pronomos Capital; Balaji Srinivasan, autor de The Network State; Joe Lonsdale, cofundador de Palantir; Patri Friedman, nieto de Milton Friedman, y vale recordar que la semana que pasó Javier Milei compartió una conferencia en Fundación Faro con el padre de Patri e hijo de Milton, a quien honró llamando a su perro de igual manera. En enero de 2025, la división de capital de riesgo de Coinbase se sumó al grupo.
La ciudad que construyeron tenía su propio código fiscal -1% sobre ingresos empresariales, 5% sobre salarios, 2,5% de IVA-, sus propios tribunales integrados por ex jueces estadounidenses contratados por la empresa, su propia policía, su propia moneda (Bitcoin, reconocida como medio de pago legal dentro de la zona), y un sistema de "elección regulatoria" que permitía a las empresas operar bajo el marco normativo del país de la OCDE que les resultara más conveniente. Cualquiera que ingresara debía firmar un "Acuerdo de Coexistencia" que funcionaba menos como un contrato social que como una licencia de software: los firmantes aceptaban arbitraje privado en lugar de tribunales públicos y se convertían en "e-residentes", una categoría de privilegios revocables, no de derechos.
En los dos siglos que lleva la isla de Roatán habitada por la comunidad afrodescendiente de Crawfish Rock integrada por 600 personas cuyas familias pescan, cultivan y viven allí desde que los británicos los llevaron en el siglo XVIII, nadie les preguntó nada. Los primeros inversores llegaron alrededor de 2016 presentándose como una fundación de caridad. Abrieron un centro comunitario. Hablaron de turismo. En 2020, los vecinos descubrieron que el proyecto vecino no era un resort: era una ciudad privada con facultad legal para expropiarles la tierra. Para entonces, la construcción ya había comenzado.
El conflicto más documentado fue el del agua. En el verano de 2019, Crawfish Rock perdió su suministro autónomo. Próspera los conectó a su propio tanque como un gesto de "buena voluntad" y comenzó a cobrar tarifas. Cuando la comunidad intentó recuperar su sistema independiente, Próspera cortó el suministro. Mientras los vecinos seguían con calles sin asfaltar y problemas de cloacas, la ciudad privada al otro lado de la reja importaba electricidad, instalaba cámaras de seguridad y construía la Torre Duna, un edificio de catorce pisos diseñado por el estudio de Zaha Hadid Architects, y albergaba clínicas de longevidad biotecnológica respaldadas por Sam Altman y Thiel, donde Bryan Johnson fue a filmarse recibiendo una terapia génica experimental bajo el eslogan "Hacer la muerte opcional". Todo esto en un país donde el 60% de los hogares vive bajo la línea de pobreza y uno de cada cuatro niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica.
En noviembre de 2021, Xiomara Castro ganó la presidencia de Honduras sobre una plataforma que incluía la derogación de las ZEDE. El Congreso votó 128 a cero para anular la ley en abril de 2022. La Corte Suprema declaró las ZEDE inconstitucionales con efecto retroactivo. Castro declaró que Honduras "recuperaba su soberanía".
Entonces Honduras Próspera Inc. anunció una nueva ronda de inversión de 60 millones de dólares, adoptó Bitcoin como legal dentro de la zona y continuó construyendo. Ocho meses después presentó una demanda de arbitraje ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial, y exigió 10.700 millones de dólares. La cifra no representaba lo que Próspera había perdido, sino lo que afirmaba que habría ganado en un plan de negocios de treinta años que apenas había comenzado.
Para octubre de 2025, los peritos de la empresa en Berkeley Research Group revisaron el reclamo al alza: entre 10.600 y 26.400 millones de dólares. Honduras tiene un presupuesto anual de 17.000 millones. La demanda equivale a dos tercios de ese monto. El país invirtió aproximadamente 150 millones en Próspera: la empresa pide un retorno de entre 70 y 175 veces eso, no sobre ganancias realizadas, sino sobre proyecciones de un negocio que acaba de ser declarado inconstitucional. Por eso, cuando alegremente se vota un plan de gobierno y los votantes afirman: "si sale mal se deshace y se vuelve atrás", hay que considerar que no siempre es así de sencillo.
Erick Brimen, mientras tanto, gastó cientos de miles de dólares en lobby ante el Congreso estadounidense para presionar a Honduras: abogó por sanciones, recortes de ayuda y restricciones de visas contra funcionarios hondureños. El representante Steven Horsford, que recibió 5.000 dólares de donación de campaña de Brimen en 2023, propuso negarle las visas a funcionarios del gobierno de Castro. Provisiones presupuestarias en la Cámara de 2024 intentaron condicionar la ayuda externa a que Honduras permitiera que las ZEDE continuaran. Una empresa privada usando el aparato político del Estado más poderoso del mundo para doblarle el brazo a una democracia que votó en su contra. El modelo no es nuevo. La United Fruit Company operó de la misma manera en el mismo país hace cien años. Lo que cambió es el lenguaje: en lugar de bananas, el commodity ahora es la gobernanza misma.
Juan Orlando Hernández presidió Honduras entre 2014 y 2022. En ese período aprobó las ZEDE que permitieron a Thiel y sus socios construir Próspera. En ese mismo período, según determinó un tribunal federal de Nueva York, conspiró con cárteles de la droga para exportar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, recibió sobornos del Chapo Guzmán y usó la policía y las fuerzas armadas del Estado como infraestructura logística del narcotráfico. El 26 de junio de 2024, fue sentenciado a 45 años de prisión. Un servicio de dos por uno históricamente eficiente: mientras desmantelaba el Estado de derecho hondureño para abrirle la puerta a los inversores de Silicon Valley, lo estaba financiando con plata del narco.
El 2 de diciembre de 2025, Donald Trump lo indultó. "Ha sido tratado de manera muy dura e injusta", declaró Trump. "Muchas personas en Honduras me pidieron que lo hiciera, y lo hice". Tanto legisladores republicanos como demócratas criticaron la decisión. Hernández agradeció públicamente a Trump. El mismo hombre que como candidato prometió el mayor operativo antinarcotráfico de la historia estadounidense indultó a un presidente condenado por narcotraficar 400 toneladas de cocaína. La explicación oficial es que se trató de un "trato injusto" heredado de Biden. La explicación es más directa: favor con favor se paga.
En marzo de este año una investigación periodística publicada por DiarioRed y el portal hondurasgate.ch expuso una trama que los audios filtrados de WhatsApp, Signal y Telegram. La operación diseñada por Hernández -ya liberado por el indulto de Trump- consistía en instalar una "unidad de periodismo digital" con sede en Estados Unidos para realizar ataques mediáticos contra gobiernos progresistas de la región sin ser rastreados desde Honduras. El objetivo declarado, según los audios: desestabilizar a México y Colombia, y garantizar el retorno político de los sectores conservadores en Honduras.
Según los audios, Hernández confabuló con el actual presidente hondureño Nasry Asfura y la vicepresidenta María Antonieta Mejía y también, según el testimonio de Asfura citado en las grabaciones, con Javier Milei. El audio documentaría que Hernández habría tenido "una llamada exitosa" con el presidente argentino para coordinar acciones en toda Latinoamérica. El financiamiento que habría aportado Milei al proyecto mediático de desinformación regional ascendería a 350.000 dólares de "la nuestra".
Palantir como plataforma de control previo a "Próspera Argentina"
"La Argentina será próspera", suelen rezar como mantra e imponer como slogan Santiago Caputo y sus tuiteros e influencers estrella como el Gordo Dan y a la vista de los planes de Thiel en Honduras y la posibilidad de aplicar el proyecto aquí, suena como deseo, presagio y consecuencia de las acciones de gobierno. Los primeros pasos están dándose: Palantir ya tiene un pie en el camino del destino del país.
Palantir Technologies fue fundada en 2004 por Peter Thiel, Alex Karp, Joe Lonsdale y otros. El capital inicial salió de In-Q-Tel, el fondo de inversión de la CIA. Karp, que estudió en Frankfurt y en Stanford -donde conoció a Thiel-, suele describir su empresa con el desparpajo de quien sabe que nadie puede hacerle nada: en marzo de 2025 dijo en público que le "encantaría comprar un dron y rociar con orina mezclada con fentanilo a los analistas que intentaron fastidiarlo". En conferencia de inversores afirmó que Palantir está "aquí para revolucionar las instituciones con las que colabora y, cuando sea necesario, para asustar a los enemigos y, en ocasiones, matarlos". No son metáforas de marketing. Son declaraciones de filosofía operativa de una empresa que en enero de 2024 firmó una "asociación estratégica" con el Ministerio de Defensa de Israel para asistir al "esfuerzo bélico" que incluyó la identificación de blancos en Gaza mediante inteligencia artificial, como contamos hace unas semanas en Data Clave.
Palantir tiene contratos activos con el Pentágono, con el ICE (Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.), con casi todas las fuerzas policiales de Europa y con los servicios de inteligencia de al menos quince países. Su manifiesto institucional, un documento de 22 puntos llamado "La República Tecnológica", publicado en la web oficial de la empresa, es una declaración de guerra contra el progresismo humanista, la justicia social y la Doctrina Social de la Iglesia. A quienes los cuestionan los llama "legionarios del anticristo". A partir de ahora, una de esas "instituciones" que Palantir pretende "revolucionar" es el Estado argentino.
La conexión con Palantir no está -todavía- en un contrato conocido públicamente, pero hay registros que son claros de personas que "no dan puntada sin hilo": las visitas de Thiel, los cambios normativos que crean la infraestructura de vigilancia que Palantir necesita para operar, la llegada de Thiel a la Patagonia en busca de tierras donde instalar centros de datos que requieren energía barata, climas fríos y ausencia de regulaciones -exactamente lo que el sur argentino ofrece-, y el patrón que esta empresa ha reproducido en otros países: primero las reuniones privadas, después los contratos.
El 22 de mayo de 2026, mientras Thiel llevaba siete semanas instalado en Buenos Aires, el gobierno de Milei presentó el llamado 'Gemelo Digital Social': una plataforma de inteligencia artificial que cruza información dispersa en más de catorce organismos del Estado -ANSES, ARCA, registros migratorios, bases policiales, datos de propiedad automotor- para 'diseñar y proyectar políticas públicas'. La coincidencia es difícil de ignorar: lo que el gobierno presentó como una innovación tecnocrática propia es exactamente el producto central del catálogo de Palantir. La empresa lleva veinte años vendiendo ese sistema a servicios de inteligencia, fuerzas militares y agencias migratorias. El DNU 941, al centralizar el cruce de datos de catorce organismos bajo el paraguas del 'riesgo estratégico nacional', no solo restructuró la SIDE: diseñó el ecosistema regulatorio que Palantir necesita exactamente para operar. Primero la arquitectura legal. Después el contrato.
Argentina no fue la única parada en la gira mágica y misteriosa de Thiel. Entre abril y junio de 2026 recorrió el Cono Sur en lo que los medios chilenos llamaron 'la gira silenciosa'. En Chile se reunió en La Moneda con el presidente José Antonio Kast y la presidencia confirmó el encuentro pero se negó a revelar los temas con el argumento de que las comunicaciones presidenciales están protegidas por la Constitución, y también vio a Axel Kaiser y al ex presidente Sebastián Piñera. En Paraguay, el presidente Santiago Peña lo recibió y lo presentó como uno de los inversores 'más visionarios del mundo', con conversaciones centradas en inteligencia artificial, energía y fintech. Visitó también Brasil, sin agenda pública. El patrón es el mismo que en Honduras: reuniones privadas con los presidentes más alineados con la desregulación, promesas de inversión, arquitectura legal diseñada a medida.
En la filtración de los documentos de Dialog hay un dato que pasó relativamente desapercibido entre los titulares sobre senadores y generales: Joe Lonsdale figura en la lista de integrantes del club. Lonsdale cofundó Palantir con Thiel en 2004 y también es inversor en Próspera a través de Pronomos Capital. Dan Driscoll, secretario del Ejército de la administración Trump, también está en la lista. Driscoll tiene contratos activos con Palantir para el ejército que conduce. Scott Bessent, secretario del Tesoro, está en la lista. Bessent tiene una relación directa con Auren Hoffman -cofundador de Dialog y amigo de Wenceslao Casares-a través de SafeGraph, la empresa de Hoffman que vende datos de localización de dispositivos móviles y que durante la pandemia fue investigada por vender movimientos de personas a aseguradoras, empleadores y agencias gubernamentales. El hombre que regula la economía estadounidense y el hombre que vende datos de todos los estadounidenses comparten retiros privados en el Ritz-Carlton desde 2019 al menos.
El general Alexus Grynkewich -SACEUR, el comandante supremo de la OTAN en Europa, el militar occidental de mayor jerarquía formal- aparece en la lista de Dialog con historial de asistencia desde 2021. Mientras comanda la alianza occidental en el contexto de la guerra en Ucrania y la presión sobre el flanco este de Europa, también asiste a retiros privados con los CEO de las empresas que tienen contratos de defensa con el ejército que conduce. En los Archivos Epstein divulgados a principios de 2026 apareció una invitación al retiro de Dialog de 2013 que incluía a Reid Hoffman como participante. No es un detalle marginal: el contexto en que emergió esa referencia documental agrega una capa a la pregunta sobre qué tipo de relaciones se construyen en esas salas cerradas y quién queda comprometido por haberlas construido.
Es con ellos y en ese contexto que Peter Thiel puede fundar el próximo Próspera en Argentina.
Fuente: Data Clave
Por Mauro Federico e Ivy Cángaro
El 25 de junio la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la media sanción de la ley conocida como Súper RIGI -Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, versión extendida- con 130 votos a favor, 106 en contra, 7 abstenciones y 14 ausentes. El debate ahora deberá pasar al Senado, donde el oficialismo dice tener ya los votos cautivos, aunque no hay fecha de convocatoria. Previamente, en el plenario de Comisiones del 3 de junio el diputado opositor Itaí Hagman le preguntó al interpelado Secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, cuánto influyó Palantir Technologies, la empresa de Peter Thiel dedicada a la inteligencia de datos en el postulado del proyecto de ley. La respuesta exacta de González fue: "Un tal señor Palantir... No lo conozco, no conozco a nadie. No hay absolutamente ningún lobby que tenga que ver con esto", en una clara imitación de lo que en el campo dirían que es "hacerse el chancho rengo" o para la porteñada algo así como "tomarnos por boludos".
El senador Martín Lousteau, minutos después, recordó en voz alta que Thiel se había reunido con Javier Milei en dos oportunidades, en USA y en Casa Rosada, por la mediación del entonces embajador Alec Oxenford, había almorzado con Santiago Caputo y cenado con Federico Sturzenegger semanas antes de que el proyecto fuera presentado al Congreso.
Lo que el Súper RIGI habilita, en su versión final, es un régimen de excepción sin precedentes en la historia fiscal argentina: inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares reciben exención total de retenciones a las exportaciones, arancel cero en importaciones, tasa del 15% en ganancias -contra el 35% general- y una alícuota del 3,5% sobre dividendos girados al exterior. La vigencia del beneficio es de treinta años. El costo fiscal estimado por la propia Secretaría de Hacienda supera los 8.640 millones de dólares anuales. Entre las actividades expresamente incluidas en el régimen se encuentran los mega data centers de inteligencia artificial.
No es una coincidencia de calendario, unos meses antes, más precisamente en octubre de 2025 OpenAI anunciaba lo que llamó Stargate Argentina: un mega data center en la Patagonia con una inversión estimada de hasta 25.000 millones de dólares, el proyecto de infraestructura más grande de la historia argentina, según sus propios promotores. El dinero no lo pone OpenAI directamente. La empresa de Sam Altman actúa como offtaker, garantizando la compra de toda la potencia computacional generada.
La inversión real corre por cuenta de Sur Energy, una firma fundada por el empresario Emiliano Kargieman -creador de Satellogic- y el físico Mat Travizano, quien murió en un accidente de escalada en California apenas un mes antes del anuncio. La instalación tendrá capacidad para 500 megavatios, más del triple de toda la demanda actual de América Latina. Si bien se desconoce el lugar exacto donde se radicará, debe ser un sitio patagónico en el que abunde el agua necesaria para abastecer la gigantesca demanda. El Súper RIGI, con media sanción en Diputados el 25 de junio de 2026, es el traje jurídico cosido después de que el negocio ya estaba cerrado.
Pero la ingeniería jurídica no terminó ahí. Mientras el Súper RIGI avanzaba en Diputados, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger -el mismo que cenó con Thiel- presentó en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el 6 de abril y logró dictamen pero la sesión prevista para el 25 de junio cayó por falta de quorum, por lo que falta la media sanción. El proyecto modifica dos restricciones que la Argentina mantuvo durante décadas: elimina el tope del 15% sobre la superficie total de cada provincia que una persona o empresa extranjera puede adquirir como tierra rural -límite establecido por la Ley 26.737, sancionada en 2011 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner como respuesta directa al escándalo de Joe Lewis en la Patagonia- y levanta la prohibición de vender o transferir campos incendiados durante los primeros sesenta años posteriores al siniestro, tal como rige ahora para evitar los incendios intencionales con el fin de comprar tierras supuestamente improductivas por mucho menos de su valor real.
La segunda cláusula del proyecto de Sturzenegger es la que tiene a los especialistas en derecho ambiental y a las comunidades patagónicas en estado de alerta porque precisamente también contempla el tema de los incendios. Entre noviembre de 2024 y enero de 2026, más de 100.000 hectáreas ardieron solo en la Patagonia en una serie de incendios que los bomberos voluntarios atribuyeron en parte a negligencia y en parte a condiciones climáticas extremas, y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego ejecutó ese año apenas el 75% de su presupuesto asignado.
La coincidencia entre los incendios patagónicos y la presentación de una ley que habilitaría la compraventa de esas tierras arrasadas provocó reacciones que fueron desde la denuncia formal hasta las declaraciones de Alejo Fardjoume, trabajador de ATE en Parques Nacionales, en una conferencia de prensa convocada el 24 de junio de 2026 contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: "Estamos al inicio de la creación de muchos Lagos Escondidos. Estamos abriendo normativamente la posibilidad de pérdida de soberanía". La referencia es precisa. Joe Lewis llegó a la Patagonia con 12.000 hectáreas en la cuenca del lago homónimo, bloqueó el acceso público y terminó procesado judicialmente. La nueva ley eliminaría el principal instrumento legal que el Estado argentino tiene para evitar que se repita.
El cuadro completo es este: en el lapso de dos meses, entre la llegada de Thiel a Buenos Aires en abril de 2026 y el debate del Súper RIGI en junio, el Congreso argentino aprobó una ley que exime de impuestos por treinta años a los mega data centers de inteligencia artificial -la principal apuesta de inversión del universo Thiel-y avanzó en la eliminación de los límites a la compra de tierra rural por extranjeros, en un contexto de incendios récord en la misma Patagonia donde Thiel tiene intereses documentados. El ministro que presentó la segunda ley cenó con Thiel semanas antes. El hombre que facilitó la reunión con Milei es el embajador argentino en Washington. Y en el Congreso, cuando preguntaron por Palantir, la respuesta oficial fue que no la conocían.
Dialog: El club de los megapoderosos y sus miembros argentinos
El 16 de junio y mientras en Buenos Aires el lobby y las propuestas legislativas estaban a la orden del poder real, en Suiza la reconocida "hacktivista" Maia Arson Crimew encontró aquello que debía permanecer oculto: el sitio web de una organización llamada "Dialog" que tenía, involuntariamente, el directorio abierto y el código de fuente de la página visible para quien quisiera husmear. Ni siquiera fue un hackeo sofisticado sino un error básico de configuración que dejó al descubierto la lista de 222 nombres de peso que iban desde el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, hasta el Comandante Superior de la OTAN en Europa, el general Alexus Grynkewich; pasando por los senadores Ted Cruz y Cory Brooker, hasta los empresarios tech que manejan bases de datos como Elon Musk o Reid Hoffman. También la jefa de política exterior de la Unión Europea y la embajadora de Arabia Saudita en Washington; ejecutivos de las mayores empresas de vigilancia de datos del planeta y una actriz de Hollywood. Y, en el centro de todo, como siempre, Peter Thiel.
La filtración reveló también la organización de un encuentro programado para agosto, en Dublín, y la agenda del retiro 2026 que iba a tener ocupados a los hombres y mujeres más poderosos del planeta. Cada uno de ellos podía elegir participar en diferentes paneles titulados "Navegando la Tercera Guerra Mundial", "Tecnologías para el Campo de Batalla", "Recuperar la Energía Nuclear" y "Construir un Culto". Todos los años hacen retiros en el Bacara Resort de California, el Ritz-Carlton de Arizona, o en el Palacio San Clemente en Venecia. Sin prensa. Sin registro. Off the record constitutivo. Y en 2025, Dialog compró terrenos en el área metropolitana de Washington D.C. para construir un campus permanente.
Dialog es una organización fundada en 2006 por Peter Thiel y el empresario tecnológico Auren Hoffman con un principio rector inviolable: todo lo que se dice en sus retiros anuales es estrictamente off the record. Los miembros son reclutados por invitación personal y se distribuyen entre las cúpulas de la tecnología, las finanzas, la política y el aparato militar de los países más poderosos. No es un foro de negocios. Es un gobierno en la sombra que se reúne una vez por año para decidir qué viene después.
Entre los 222 nombres hay dos argentinos. El primero es Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre -la empresa de comercio electrónico más grande de América Latina, con una capitalización de mercado que supera los 80.000 millones de dólares-, confirmado en el directorio filtrado como uno de los pocos latinoamericanos admitidos en el círculo más íntimo de Thiel. La pertenencia de Galperin a Dialog no es una anécdota: es la evidencia de que el empresario argentino más rico de la región comparte con el fundador de Palantir no solo una afinidad ideológica libertaria sino una red operativa de primer nivel.
El segundo argentino en Dialog es Wenceslao Casares, el empresario al que en Silicon Valley llaman "patient zero del Bitcoin" fue quien convenció a Bill Gates, Reid Hoffman, Chamath Palihapitiya -los dos últimos miembros de Dialog- de invertir en Bitcoin.
El hombre nacido en Chubut que estudió en Harvard fundó el primer proveedor de internet de Argentina en 1994, vendió al Santander la plataforma financiera online que armó en 1997, Patagon, por 750 millones de dólares, y tenía como inversores a George Soros y la JP Morgan; construyó Xapo -el mayor vault de criptomonedas del mundo, luego vendido a Coinbase-; creó el Banco Lemon en Brasil y Lemon Wallet, su billetera digital; fundó Xapo Bank, con sede en Reino Unido, un banco privado para bitcoin whales y que según algunas fuentes financieras tendría en custodia unos diez mil millones de dólares en bitcoins en bóvedas subterráneas que incluirían un ex bunker militar suizo. Fue miembro del directorio de PayPal y de Diem, el proyecto cripto de Facebook. La relación con la flor y nata del grupo Dialog es directa, de negocios, principios y amistad y es tan hábil que generalmente está fuera del radar de la prensa al mentar a este real círculo rojo del poder mundial, quien además conoce la Patagonia como nadie: nació allí.
Pero el nombre más operativo de la red no aparece en Dialog. Es el de Martín Varsavsky, el empresario argentino-español fundador de Urban Capital Corporation, Medicorp Sciences dedicada a la biotecnología; en los noventa Viatel, asociada a Telecom; Jazztel en el 97, de telefonía fija, vendida por cuatro mil quinientos millones de dólares; Ya.com; Fon en el 2005, una red de wifi global, y un único fracaso: Esteinet, que le costó cincuenta millones de dólares. Si bien fue el nexo entre Thiel y Javier Milei, a quien admira y promueve con el mismo fervor que su esposa Nina en las redes sociales, donde es una influencer no siempre querida por los foristas; no es la primera vez que apoya a un gobierno argentino o a algunos de sus funcionarios.
En pleno gobierno de la Alianza que entronizó a Fernando De la Rúa como presidente, Varsavsky trabó amistad con Aíto De la Rúa, el hijo del mandatario y uno de los "sushi boys" que lo asesoraban y en sus decisiones. Por entonces Varsavsky donó al Estado 11.282.855 dólares -uno por cada niño-alumno argentino, para crear el portal educativo Educ.ar que anunciaron con bombos y platillos, al punto que el mismo presidente lo inauguró. El directorio estaba integrado, entre otros, por Domingo Cavallo. En enero de 2001 y con Educ.ar sin funcionamiento porque el dinero se esfumó, Varsavsky fue designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Argentina ante la Unión Europea, ad honorem.
Hoy, Varsavsky funciona como puente entre el universo Thiel y la Casa Rosada. Conoció a JD Vance -el vicepresidente de los Estados Unidos, financiado y adoptado políticamente por Thiel desde su campaña al Senado por Ohio- en casa del propio Thiel. El vínculo entre ambos no es casual. Varsavsky fue uno de los primeros en promover la visita de Thiel a Buenos Aires y, cuando le preguntaron sobre el interés del cofundador de Palantir en Argentina, la descripción que ofreció fue más honesta que la del "chancho rengo" González: "Su interés por Argentina es parecido al mío, por un lado un país curioso, diferente, contradictorio pero ahora muy bien encaminado con Javier Milei y además un refugio para la tercera guerra mundial nuclear que esperemos que no sea necesario pero que es siempre una posibilidad".
El rubicundo argentino de familia de publicidad que muestra en redes, es socio de Thiel en Founders Found, el fondo de capital de riesgo que el nuevo vecino de Barrio Parque porteño fundó en 2005. Lo que lo distingue de otros fondos de Silicon Valley es su filosofía: apuesta por tecnologías radicalmente transformadoras, aquellas que otros inversores consideran demasiado arriesgadas o "imposibles". Es el primer inversor institucional de Facebook, Space X -de Elon Musk- Airbnb, Lyft, Spotify, Palantir, DeepMind, y sigue la lista.
Cuando Varsavsky habla de refugios y guerra lo dice literalmente. En diciembre de 2023, justo cuando Milei accedió al gobierno, compró junto con un grupo de socios 32.000 hectáreas en el departamento de San Carlos, en el Valle de Uco de la provincia de Mendoza, a 3.100 metros de altitud y a 150 kilómetros de la ciudad más cercana. El propio Varsavsky lo dijo a Infobae: "Cuando ganó, compré un campo de 32.000 hectáreas en Mendoza, bonos argentinos y acciones". El proyecto se llama Wamani de lo que llama "un campo santuario" de turismo outdoor y un refugio ante una eventual guerra nuclear. Y no compró solo.
Sus socios son Alec Oxenford, el embajador argentino en USA que además es socio de Varsavsky en un fondo de capital de riesgo; Mike Santos, quien vendió Technisys por u$s 1.100M; Matías Nissensohn, un inversor de 27 años que es el de menor cuantía económica del grupo con un capital de casi trescientos millones de dólares; David Kamenetzky, un suizo-alemán radicado en USA ejecutivo de primer nivel del establishment europeo (AB InBev, Mars, JAB) que diversifica hacia refugios físicos y food tech como Super Coffee, Haven's Kitchen, Hydrant y Kind, esta última fundada por Dan Lubetzky, el sexto socio de Wamani y el hombre de mayor perfil público del grupo; Lubetzky, un mejicano de origen lituano, hijo de un sobreviviente del Holocausto y que hizo toda su carrera universitaria y profesional en Israel, tiene una fortuna personal estimada en 2300 millones de dólares construída en el negocio de las barras de cereal, ejemplo que alienta el espíritu emprendedor de Martín Menem.
En mayo de 2026, mientras Thiel estaba instalado en Dardo Rocha 2900 y el Congreso debatía el Súper RIGI, Varsavsky publicó en X un hilo que comenzaba así: "Esa guerra ya empezó". La encuadraba como una pugna de tiranías contra democracias -Rusia, China, Corea del Norte e Irán contra Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. En septiembre de 2025, unos meses antes, planteaba que la pregunta no era si habría un desenlace nuclear, sino cuándo. "Espero que no ocurra, pero estamos cerca todo el tiempo de una Tercera Guerra Mundial. Y será nuclear porque la Segunda ya lo fue. Para sobrevivirla habrá que estar lejos del conflicto y tener comida", dijo en una entrevista de Sebastián Catalano para Infobae. "Ahí se destaca Argentina: 47 millones de personas que alimentan a 500 millones". Tiene dos libros en preparación sobre el tema: el ensayo Santuario en el Sur y la novela distópica Último Hemisferio.
La propuesta de Varsavsky al gobierno argentino fue tan literal como la frase. Se reunió con Javier Milei y el ministro Luis Caputo en mayo de 2024, en Estados Unidos, cuando los acompañó en una visita a Silicon Valley. Por entonces los acompañaban dos caídos en desgracia: el embajador argentino en USA Gerardo Werthein y el eyectado por denuncias de corrupción Demian Reidel, otro hombre muy vinculado al mundo tech. Ahí trabó contacto por primera vez con Caputo a quien informalmente le habló de un proyecto que luego, cuando volvió a encontrarlo en septiembre de 2025 en una cena en Olivos junto al presidente, contó que "le recomendé al Gobierno cobrar una 'visa de tranquilidad' para que extranjeros paguen para ingresar al país en medio de esa eventual emergencia global", inspirado en la "Visa de Oro" de Trump que permite residencia y nacionalidad estadounidense a cambio de cinco millones de dólares. Varsavsky considera la décima parte como pago posible al Estado Argentino para refugiarse.
Si se traza una línea entre Thiel y su club de mega millonarios y los argentinos Varsavsky, Galperin, Casares y Oxenford, el mapa resultante no es el de una red informal de ricos ociosos con intereses parecidos. Es el de una clase global que ya tomó decisiones sobre dónde va a vivir cuando el mundo que conocemos deje de funcionar y que, mientras tanto, con discreción y con leyes hechas a medida, está comprando el territorio desde adentro.
Peter Thiel, el constructor, de Standford a la Patagonia
Peter Andreas Thiel nació en Frankfurt en 1967. Cuando tenía un año, su familia se mudó a Estados Unidos. Cuando tenía diez, sus padres lo llevaron a Sudáfrica, donde creció durante los años del apartheid y la ebullición del nazi fascismo escolar, la misma Sudáfrica que también cobijó a un niño llamado Elon Musk, con quien Thiel terminaría cofundando PayPal décadas después. Nadie puede leer esa infancia como contexto irrelevante.
En Stanford estudió filosofía. Fundó The Stanford Review, un periódico de línea conservadora. Conoció a Alex Karp, un estudiante doctorado en sociología y teoría social que venía de Alemania. Con Karp fundaría Palantir Technologies en 2004 -la empresa de software que hoy trabaja para la CIA, el Mossad, el ICE y casi todas las fuerzas policiales de Europa-. Pero antes de eso, en 1998, fundó Confinity, que en 1999 se fusionó con X.com de Elon Musk para convertirse en PayPal. Cuando eBay compró PayPal en 2002 por 1.500 millones de dólares, los ex socios no se dispersaron: se convirtieron en una red. La llamaron la PayPal Mafia. Y construyeron Silicon Valley tal como lo conocemos hoy.
La primera inversión institucional de Facebook fue de Thiel. Fundó Founders Fund, uno de los capitales de riesgo más influyentes del mundo y que tiene como socio al argentino Casares, como dijimos. Fue el primer tecnólogo prominente en apoyar públicamente a Donald Trump en 2016. Tiene ciudadanía en tres países: Alemania, Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde obtuvo la ciudadanía en 2011 en un proceso que tardó doce días, cuando la ley normalmente requiere cinco años.
"Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Estamos en una carrera mortal entre la política y la tecnología. El poder de lastimar es poder de negociación", dice Thiel sin que se le mueva ni una de sus pestañas rojas. La frase es más que eso, es un programa. Y como todo programa, tiene aplicaciones concretas.
En abril de 2026 Peter Thiel llegó a Buenos Aires con su esposo, el ex vicepresidente de Black Rock Matt Danzeisen, y sus tres hijas, a las que inscribió en un colegio porteño, señal de que la estadía no era de paso. El 23 de ese mes cerró la operación inmobiliaria más cara del Barrio Parque en años recientes: la mansión de Dardo Rocha 2900, frente a la residencia de Susana Giménez, con más de 1.600 metros cuadrados cubiertos, seis dormitorios, amplias áreas sociales y bodega, por doce millones de dólares. Luego pasó días recorriendo la Patagonia tras el consejo de Varsavsky.
Mientras esperaba que Milei volviera de Israel, Thiel almorzó con Santiago Caputo y con el canciller Pablo Quirno. Cenó con Federico Sturzenegger. Ya había visitado la Casa Rosada en mayo de 2024, con Alec Oxenford como nexo. Esta fue su tercera reunión con Milei. En ese circuito de encuentros privados entre el multimillonario alemán y el presidente que más lejos lleva la agenda de desregulación y vigilancia en América del Sur, la pregunta que flota es siempre la misma: ¿de qué hablan exactamente cuando se cierran las puertas?
Pero Thiel no solo se reunió con funcionarios. El 21 de abril, apenas nueve días después de llegar, estuvo en el Monumental para ver el Superclásico entre Ríver y Boca, en palco, con su esposo y un grupo reducido de colaboradores, muy lejos de "La 12". El 17 de mayo y siguiendo en la línea deportiva Thiel fue como un vecino más al Club Torre Blanca del barrio del Abasto. Pagó los 3.000 pesos de inscripción, jugó el torneo de ajedrez entre aficionados del barrio y terminó tercero. Cuando le entregaron la medalla, un pequeño murmullo hecho canción llegó desde las gradas: "nooo se veeeendeee, la Patria no se veeende..." habrá que ver si lo entendió y de ser así, si le importó.
Con la embajada estadounidense como nexo, se reunió con Juan Grabois a quien invitó a la mansión de Barrio Parque. El diputado fue y una foto de asalto dejó constancia de la visita, que el dirigente y referente informal del Vaticano nunca aclaró. Con las pibas en la escuela y su marido en casa, parecía que la permanencia sería infinita pero no, Thiel organizó un asado de despedida en su mansión para los papis y mamis del colegio de sus hijas, con temática mundialista, y entre empanadas y choripán contó que se volvían a USA por un tiempo.
Las malas lenguas dicen que, en realidad, esa mansión nunca fue adquirida por Thiel y que la maniobra inmobiliaria fue una pantalla para encubrir sus verdaderas intenciones.
El experimento hondureño: un estado propio llamado "Próspera"
Antes de llegar a la Argentina, Thiel ya había probado el modelo que desvela sus sueños en otra latitud. El laboratorio se llamó Próspera y quedaba en la isla de Roatán, Honduras. Lo que ocurrió allí es el caso de estudio más completo disponible sobre cómo el tecno libertarismo de Silicon Valley opera cuando consigue el marco legal que necesita: en silencio, a través de un gobierno capturado, sobre tierras que no le pertenecen, y con la firme convicción de que si la democracia lo contradice, la democracia es el problema.
Es preciso hacer un poco de historia: El 28 de junio de 2009 un centenar de soldados hondureños irrumpió en la residencia presidencial de Tegucigalpa, detuvo al presidente Manuel Zelaya en pijama y lo expulsó del país hacia Costa Rica. La OEA, la ONU y la Unión Europea condenaron el hecho como un golpe de Estado. La administración Obama lo calificó inicialmente de "claramente ilegal". El beneficiario más consecuente fue Juan Orlando Hernández, por entonces diputado del Partido Nacional que presidió el Congreso hondureño desde enero de 2010. En diciembre de 2012, ese mismo Congreso bajo su conducción destituyó a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema: los mismos que habían declarado inconstitucional una versión anterior del concepto de "ciudades charter". La Corte reconstituida aprobó la ley revisada en 2014. Hernández se convirtió en presidente ese año. El terreno estaba preparado.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, las ZEDE, fueron la arquitectura legal diseñada para lo que vendría. Autorizaban a inversores privados a crear jurisdicciones semiautónomas con sistemas judiciales propios, códigos fiscales, policías y marcos regulatorios. La garantía de estabilidad legal era de cincuenta años. Un consejo de gobierno con veto corporativo supervisaba cada zona. El Artículo 28 de la ley les otorgaba poderes de expropiación sobre tierras privadas dentro de su territorio. El Nobel de Economía Paul Romer, que había propuesto originalmente el concepto de "ciudades carta" con transparencia e instituciones responsables, presidió brevemente una comisión de supervisión del proyecto. Duró menos de un año. Renunció públicamente en septiembre de 2012 citando falta total de transparencia: el gobierno hondureño había firmado acuerdos con inversores internacionales sin informarle.
Estaba todo listo para que en 2017 un empresario venezolano llamado Erick Brimen -ex bancario de Brown Brothers Harriman, ex consultor de Ernst&Young en Londres, fundador de NeWay Capital- obtuvo la aprobación de la carta ZEDE para un predio en la costa norte de Roatán, adquirido a través de empresas intermediarias. Los inversores que acudieron al llamado conforman un directorio del poder tecnológico-financiero global: Peter Thiel y Marc Andreessen, a través de Pronomos Capital; Balaji Srinivasan, autor de The Network State; Joe Lonsdale, cofundador de Palantir; Patri Friedman, nieto de Milton Friedman, y vale recordar que la semana que pasó Javier Milei compartió una conferencia en Fundación Faro con el padre de Patri e hijo de Milton, a quien honró llamando a su perro de igual manera. En enero de 2025, la división de capital de riesgo de Coinbase se sumó al grupo.
La ciudad que construyeron tenía su propio código fiscal -1% sobre ingresos empresariales, 5% sobre salarios, 2,5% de IVA-, sus propios tribunales integrados por ex jueces estadounidenses contratados por la empresa, su propia policía, su propia moneda (Bitcoin, reconocida como medio de pago legal dentro de la zona), y un sistema de "elección regulatoria" que permitía a las empresas operar bajo el marco normativo del país de la OCDE que les resultara más conveniente. Cualquiera que ingresara debía firmar un "Acuerdo de Coexistencia" que funcionaba menos como un contrato social que como una licencia de software: los firmantes aceptaban arbitraje privado en lugar de tribunales públicos y se convertían en "e-residentes", una categoría de privilegios revocables, no de derechos.
En los dos siglos que lleva la isla de Roatán habitada por la comunidad afrodescendiente de Crawfish Rock integrada por 600 personas cuyas familias pescan, cultivan y viven allí desde que los británicos los llevaron en el siglo XVIII, nadie les preguntó nada. Los primeros inversores llegaron alrededor de 2016 presentándose como una fundación de caridad. Abrieron un centro comunitario. Hablaron de turismo. En 2020, los vecinos descubrieron que el proyecto vecino no era un resort: era una ciudad privada con facultad legal para expropiarles la tierra. Para entonces, la construcción ya había comenzado.
El conflicto más documentado fue el del agua. En el verano de 2019, Crawfish Rock perdió su suministro autónomo. Próspera los conectó a su propio tanque como un gesto de "buena voluntad" y comenzó a cobrar tarifas. Cuando la comunidad intentó recuperar su sistema independiente, Próspera cortó el suministro. Mientras los vecinos seguían con calles sin asfaltar y problemas de cloacas, la ciudad privada al otro lado de la reja importaba electricidad, instalaba cámaras de seguridad y construía la Torre Duna, un edificio de catorce pisos diseñado por el estudio de Zaha Hadid Architects, y albergaba clínicas de longevidad biotecnológica respaldadas por Sam Altman y Thiel, donde Bryan Johnson fue a filmarse recibiendo una terapia génica experimental bajo el eslogan "Hacer la muerte opcional". Todo esto en un país donde el 60% de los hogares vive bajo la línea de pobreza y uno de cada cuatro niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica.
En noviembre de 2021, Xiomara Castro ganó la presidencia de Honduras sobre una plataforma que incluía la derogación de las ZEDE. El Congreso votó 128 a cero para anular la ley en abril de 2022. La Corte Suprema declaró las ZEDE inconstitucionales con efecto retroactivo. Castro declaró que Honduras "recuperaba su soberanía".
Entonces Honduras Próspera Inc. anunció una nueva ronda de inversión de 60 millones de dólares, adoptó Bitcoin como legal dentro de la zona y continuó construyendo. Ocho meses después presentó una demanda de arbitraje ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial, y exigió 10.700 millones de dólares. La cifra no representaba lo que Próspera había perdido, sino lo que afirmaba que habría ganado en un plan de negocios de treinta años que apenas había comenzado.
Para octubre de 2025, los peritos de la empresa en Berkeley Research Group revisaron el reclamo al alza: entre 10.600 y 26.400 millones de dólares. Honduras tiene un presupuesto anual de 17.000 millones. La demanda equivale a dos tercios de ese monto. El país invirtió aproximadamente 150 millones en Próspera: la empresa pide un retorno de entre 70 y 175 veces eso, no sobre ganancias realizadas, sino sobre proyecciones de un negocio que acaba de ser declarado inconstitucional. Por eso, cuando alegremente se vota un plan de gobierno y los votantes afirman: "si sale mal se deshace y se vuelve atrás", hay que considerar que no siempre es así de sencillo.
Erick Brimen, mientras tanto, gastó cientos de miles de dólares en lobby ante el Congreso estadounidense para presionar a Honduras: abogó por sanciones, recortes de ayuda y restricciones de visas contra funcionarios hondureños. El representante Steven Horsford, que recibió 5.000 dólares de donación de campaña de Brimen en 2023, propuso negarle las visas a funcionarios del gobierno de Castro. Provisiones presupuestarias en la Cámara de 2024 intentaron condicionar la ayuda externa a que Honduras permitiera que las ZEDE continuaran. Una empresa privada usando el aparato político del Estado más poderoso del mundo para doblarle el brazo a una democracia que votó en su contra. El modelo no es nuevo. La United Fruit Company operó de la misma manera en el mismo país hace cien años. Lo que cambió es el lenguaje: en lugar de bananas, el commodity ahora es la gobernanza misma.
Juan Orlando Hernández presidió Honduras entre 2014 y 2022. En ese período aprobó las ZEDE que permitieron a Thiel y sus socios construir Próspera. En ese mismo período, según determinó un tribunal federal de Nueva York, conspiró con cárteles de la droga para exportar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, recibió sobornos del Chapo Guzmán y usó la policía y las fuerzas armadas del Estado como infraestructura logística del narcotráfico. El 26 de junio de 2024, fue sentenciado a 45 años de prisión. Un servicio de dos por uno históricamente eficiente: mientras desmantelaba el Estado de derecho hondureño para abrirle la puerta a los inversores de Silicon Valley, lo estaba financiando con plata del narco.
El 2 de diciembre de 2025, Donald Trump lo indultó. "Ha sido tratado de manera muy dura e injusta", declaró Trump. "Muchas personas en Honduras me pidieron que lo hiciera, y lo hice". Tanto legisladores republicanos como demócratas criticaron la decisión. Hernández agradeció públicamente a Trump. El mismo hombre que como candidato prometió el mayor operativo antinarcotráfico de la historia estadounidense indultó a un presidente condenado por narcotraficar 400 toneladas de cocaína. La explicación oficial es que se trató de un "trato injusto" heredado de Biden. La explicación es más directa: favor con favor se paga.
En marzo de este año una investigación periodística publicada por DiarioRed y el portal hondurasgate.ch expuso una trama que los audios filtrados de WhatsApp, Signal y Telegram. La operación diseñada por Hernández -ya liberado por el indulto de Trump- consistía en instalar una "unidad de periodismo digital" con sede en Estados Unidos para realizar ataques mediáticos contra gobiernos progresistas de la región sin ser rastreados desde Honduras. El objetivo declarado, según los audios: desestabilizar a México y Colombia, y garantizar el retorno político de los sectores conservadores en Honduras.
Según los audios, Hernández confabuló con el actual presidente hondureño Nasry Asfura y la vicepresidenta María Antonieta Mejía y también, según el testimonio de Asfura citado en las grabaciones, con Javier Milei. El audio documentaría que Hernández habría tenido "una llamada exitosa" con el presidente argentino para coordinar acciones en toda Latinoamérica. El financiamiento que habría aportado Milei al proyecto mediático de desinformación regional ascendería a 350.000 dólares de "la nuestra".
Palantir como plataforma de control previo a "Próspera Argentina"
"La Argentina será próspera", suelen rezar como mantra e imponer como slogan Santiago Caputo y sus tuiteros e influencers estrella como el Gordo Dan y a la vista de los planes de Thiel en Honduras y la posibilidad de aplicar el proyecto aquí, suena como deseo, presagio y consecuencia de las acciones de gobierno. Los primeros pasos están dándose: Palantir ya tiene un pie en el camino del destino del país.
Palantir Technologies fue fundada en 2004 por Peter Thiel, Alex Karp, Joe Lonsdale y otros. El capital inicial salió de In-Q-Tel, el fondo de inversión de la CIA. Karp, que estudió en Frankfurt y en Stanford -donde conoció a Thiel-, suele describir su empresa con el desparpajo de quien sabe que nadie puede hacerle nada: en marzo de 2025 dijo en público que le "encantaría comprar un dron y rociar con orina mezclada con fentanilo a los analistas que intentaron fastidiarlo". En conferencia de inversores afirmó que Palantir está "aquí para revolucionar las instituciones con las que colabora y, cuando sea necesario, para asustar a los enemigos y, en ocasiones, matarlos". No son metáforas de marketing. Son declaraciones de filosofía operativa de una empresa que en enero de 2024 firmó una "asociación estratégica" con el Ministerio de Defensa de Israel para asistir al "esfuerzo bélico" que incluyó la identificación de blancos en Gaza mediante inteligencia artificial, como contamos hace unas semanas en Data Clave.
Palantir tiene contratos activos con el Pentágono, con el ICE (Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.), con casi todas las fuerzas policiales de Europa y con los servicios de inteligencia de al menos quince países. Su manifiesto institucional, un documento de 22 puntos llamado "La República Tecnológica", publicado en la web oficial de la empresa, es una declaración de guerra contra el progresismo humanista, la justicia social y la Doctrina Social de la Iglesia. A quienes los cuestionan los llama "legionarios del anticristo". A partir de ahora, una de esas "instituciones" que Palantir pretende "revolucionar" es el Estado argentino.
La conexión con Palantir no está -todavía- en un contrato conocido públicamente, pero hay registros que son claros de personas que "no dan puntada sin hilo": las visitas de Thiel, los cambios normativos que crean la infraestructura de vigilancia que Palantir necesita para operar, la llegada de Thiel a la Patagonia en busca de tierras donde instalar centros de datos que requieren energía barata, climas fríos y ausencia de regulaciones -exactamente lo que el sur argentino ofrece-, y el patrón que esta empresa ha reproducido en otros países: primero las reuniones privadas, después los contratos.
El 22 de mayo de 2026, mientras Thiel llevaba siete semanas instalado en Buenos Aires, el gobierno de Milei presentó el llamado 'Gemelo Digital Social': una plataforma de inteligencia artificial que cruza información dispersa en más de catorce organismos del Estado -ANSES, ARCA, registros migratorios, bases policiales, datos de propiedad automotor- para 'diseñar y proyectar políticas públicas'. La coincidencia es difícil de ignorar: lo que el gobierno presentó como una innovación tecnocrática propia es exactamente el producto central del catálogo de Palantir. La empresa lleva veinte años vendiendo ese sistema a servicios de inteligencia, fuerzas militares y agencias migratorias. El DNU 941, al centralizar el cruce de datos de catorce organismos bajo el paraguas del 'riesgo estratégico nacional', no solo restructuró la SIDE: diseñó el ecosistema regulatorio que Palantir necesita exactamente para operar. Primero la arquitectura legal. Después el contrato.
Argentina no fue la única parada en la gira mágica y misteriosa de Thiel. Entre abril y junio de 2026 recorrió el Cono Sur en lo que los medios chilenos llamaron 'la gira silenciosa'. En Chile se reunió en La Moneda con el presidente José Antonio Kast y la presidencia confirmó el encuentro pero se negó a revelar los temas con el argumento de que las comunicaciones presidenciales están protegidas por la Constitución, y también vio a Axel Kaiser y al ex presidente Sebastián Piñera. En Paraguay, el presidente Santiago Peña lo recibió y lo presentó como uno de los inversores 'más visionarios del mundo', con conversaciones centradas en inteligencia artificial, energía y fintech. Visitó también Brasil, sin agenda pública. El patrón es el mismo que en Honduras: reuniones privadas con los presidentes más alineados con la desregulación, promesas de inversión, arquitectura legal diseñada a medida.
En la filtración de los documentos de Dialog hay un dato que pasó relativamente desapercibido entre los titulares sobre senadores y generales: Joe Lonsdale figura en la lista de integrantes del club. Lonsdale cofundó Palantir con Thiel en 2004 y también es inversor en Próspera a través de Pronomos Capital. Dan Driscoll, secretario del Ejército de la administración Trump, también está en la lista. Driscoll tiene contratos activos con Palantir para el ejército que conduce. Scott Bessent, secretario del Tesoro, está en la lista. Bessent tiene una relación directa con Auren Hoffman -cofundador de Dialog y amigo de Wenceslao Casares-a través de SafeGraph, la empresa de Hoffman que vende datos de localización de dispositivos móviles y que durante la pandemia fue investigada por vender movimientos de personas a aseguradoras, empleadores y agencias gubernamentales. El hombre que regula la economía estadounidense y el hombre que vende datos de todos los estadounidenses comparten retiros privados en el Ritz-Carlton desde 2019 al menos.
El general Alexus Grynkewich -SACEUR, el comandante supremo de la OTAN en Europa, el militar occidental de mayor jerarquía formal- aparece en la lista de Dialog con historial de asistencia desde 2021. Mientras comanda la alianza occidental en el contexto de la guerra en Ucrania y la presión sobre el flanco este de Europa, también asiste a retiros privados con los CEO de las empresas que tienen contratos de defensa con el ejército que conduce. En los Archivos Epstein divulgados a principios de 2026 apareció una invitación al retiro de Dialog de 2013 que incluía a Reid Hoffman como participante. No es un detalle marginal: el contexto en que emergió esa referencia documental agrega una capa a la pregunta sobre qué tipo de relaciones se construyen en esas salas cerradas y quién queda comprometido por haberlas construido.
Es con ellos y en ese contexto que Peter Thiel puede fundar el próximo Próspera en Argentina.
Fuente: Data Clave
