El presidente Javier Milei eliminó por decreto los criterios de participación ciudadana, equidad de género y procedencia regional en la designación de jueces de la Corte Suprema, decisión que fue calificada por organizaciones civiles y especialistas como un retroceso democrático. El Gobierno justifica la necesidad de flexibilizar los procesos ante las vacantes de la Corte. Sin embargo, profundiza falencias históricas en el sistema judicial, como la marcada ausencia femenina en los cargos más altos de decisión. Las mujeres continúan subrepresentadas en los cargos jerárquicos y son escasas las que han ocupado un lugar en el máximo tribunal del país. En el caso de Chubut, las mujeres llegaron al Superior Tribunal de Justicia después de seis décadas desde la creación del organismo, y a la fecha no superan el 30%. En paralelo, la justicia provincial es salpicada de forma constante por casos de violencia de género y vulneración de derechos que tienen como protagonistas a figuras de importantes cargos en el sistema judicial.
Vacancias en la Corte
El decreto 467/2026 se suma a las reformas del Gobierno libertario y suprime criterios de transparencia, participación ciudadana y representación de género en los mecanismos de nombramientos de los miembros de la Corte Suprema de la Nación. La medida, oficializada a mediados de junio, elimina artículos del decreto 222/2023 vigentes desde la presidencia de Néstor Kirchner que obligaban a publicar las candidaturas en los diarios y abrir períodos de participación ciudadana antes de la nominación presidencial. Ahora, el proceso queda en manos del Senado. Por otro lado, suprime la recomendación de considerar, "en la medida de lo posible" que la inclusión de nuevos miembros de la Corte Suprema "permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal".
El argumento del Gobierno es que busca "agilizar" el procedimiento para designar magistrados y evitar "duplicaciones" administrativas. Sin embargo, la decisión recibió un fuerte repudio por parte de abogados y organizaciones civiles, a la que calificaron como un retroceso para la democracia.
La Corte Suprema argentina debería contar con cinco miembros, pero desde 2024 funciona con tres, después del retiro de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la salida de Juan Carlos Maqueda a finales de 2024. Durante el 2026, Javier Milei avanzó con numerosas designaciones en distintas áreas del Poder Judicial, aunque sin éxito. Por el momento, el máximo tribunal está compuesto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según el Gobierno, la flexibilización del proceso de designación permitiría finalmente cubrir las vacantes. Cabe remarcar que el nombramiento final sigue requiriendo la aprobación de dos tercios del Senado.
La Justicia argentina, lejos de la paridad
La recomendación de paridad de género en la Corte no es un capricho, sino que busca subsanar una ausencia histórica de las mujeres en un ámbito clave de la sociedad. Hasta la reciente modificación del Gobierno nacional, el decreto 222/2003 era la única herramienta legal que apuntaba a la diversidad de género en este ámbito. Si bien no obligaba a que la Corte estuviese compuesta de manera equitativa por varones y mujeres, exigía considerar esta cuestión al proponer los candidatos.
No existe ningún impedimento para que las mujeres ocupen un cargo en el máximo órgano judicial. No obstante, se trata de uno de los espacios más resistidos a la presencia femenina, y son múltiples las barreras que enfrentan las mujeres para alcanzarlo.
En la Corte Suprema de la Nación, hasta la fecha sólo tres mujeres han ocupado el tribunal: Margarita Argúas fue la primera en hacerlo, entre 1970 y 1973. Le siguen Carmen María Argibay, propuesta en 2004 e integrante de la Corte desde 2005 hasta su fallecimiento en 2014, y Elena Highton de Nolasco, que asumió en 2004 y permaneció en el tribunal hasta su renuncia en 2021.
Una mirada hacia el interior del sistema judicial muestra un escenario similar al de otras áreas de poder: las mujeres son mayoría pero su presencia disminuye considerablemente cuanto mayor es el cargo. Según el Mapa de Género elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, con datos del 2025, el total del plantel judicial nacional está compuesto por 133.622 personas, de las cuales 57% son mujeres. Sin embargo, ellas conforman solo el 31% de las máximas autoridades (ministras/os, procuradoras/es generales, defensoras/es generales), apenas un punto porcentual más que en 2024.
El informe de la Oficina remarca que si se considera la sumatoria de quienes accedieron a un cargo de magistratura, procurador/a, fiscal o defensor/a, número que también incluye a quienes se desempeñaban como máximas autoridades, la proporción de asciende al 46%, aún por debajo de la paridad de género. Por el contrario, son mayoría en el funcionariado y el personal administrativo (61% en ambos casos). El personal de servicio, por otro lado, es mayoritariamente masculino (67%).
Es decir que el techo de cristal aparece para las mujeres en el nivel de magistratura, y más aún, en el máximo nivel de autoridad. "Si bien no es requisito ser funcionaria/o del poder judicial para ingresar a los últimos rangos ya que es un sistema abierto, a modo de ejercicio, se observa que, dentro del poder judicial, en 2025, los funcionarios varones tuvieron casi el doble de chances que las mujeres funcionarias de convertirse en magistrados, procuradores, fiscales o defensores y 3,5 veces más posibilidades de convertirse en máximas autoridades que sus pares mujeres funcionarias en el sistema de justicia argentino", señala el informe.
Reclamo por la paridad en Chubut
Las cifras correspondientes a Chubut muestran, en línea con el escenario nacional, desigualdades persistentes. La principal evidencia de esta desigualdad es la ausencia de mujeres en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia durante décadas desde su creación.
La demanda por la participación de mujeres en el STJ cobró relevancia en 2021, en el marco de la renovación de 4 de sus 6 integrantes. Organizaciones gremiales y de Derechos Humanos reclamaron el cumplimiento de la perspectiva de género y la paridad en el proceso de selección.
Cabe señalar que desde 2016 Chubut cuenta con la Ley Nº 12 de Igualdad Política de Género, que establece la obligación de garantizar la paridad en las listas de elecciones a cargos legislativos provinciales y municipales. En el ámbito judicial, el mecanismo es similar al que operaba recientemente en la justicia nacional: a través de la Ley Nº 152 que reglamenta la designación de ministros se dispone que, en la medida de lo posible, se deberá respetar la paridad de género.
Finalmente, asumieron como nuevos ministros Daniel Báez, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos y Camila Banfi Saavedra. De esta forma, el STJ de Chubut tuvo por primera vez en su historia mujeres ocupando la máxima jerarquía. Aunque se trata de un hito, la presencia femenina todavía representa el 30%, una cifra que se repite en los tribunales de todo el país.
El reclamo por la paridad volvió a estar en agenda en 2024, frente a la necesidad de cubrir una vacante del STJ, ya que la eventual elección de una mujer permitiría a la provincia garantizar finalmente la paridad.
En esa oportunidad, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) hizo público un comunicado en el que exigía el cumplimiento de la Ley 152.
En este sentido, remarcaron la "oportunidad histórica" de que en la provincia se garantice por primera vez la paridad, por lo que recomendaron "descartar la candidatura de varones, de personas que no sean habitantes de la provincia y sin capacitación en derechos humanos".
A pesar de las demandas, asumió en la vacante Javier Raidan, por lo que se mantuvo el 30% de presencia femenina. De esta forma, el STJ provincial quedó conformado por Raidan, Camila Banfi, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos, Mario Vivas y Andrés Giacomone.
El mismo debate se produjo a nivel nacional durante el 2024 frente a la vacante de dos lugares en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. La Asociación de Mujeres Jueces Argentinas exigió que se cumpla con los parámetros internacionales de paridad y propuso que se incorporaran dos mujeres a la Corte. La solicitud, sin embargo, no prosperó. El máximo tribunal nacional mantiene sus vacantes y una marcada ausencia de mujeres.
De hecho, ese mismo año el Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW-ONU), tratado del que Argentina es parte, aprobó nuevos estándares que los Estados deben cumplir para garantizar la participación plena de las mujeres en el ámbito público. Y sostuvo que "una representación igualitaria e inclusiva en los sistemas de toma de decisión requiere, entre otros componentes, una paridad de género de 50-50 como punto de partida y norma universal".
Dónde están las mujeres en la justicia chubutense
Al igual que en el resto del país, la mayoría del plantel del Poder Judicial en Chubut está compuesto por mujeres. No obstante, se reduce su participación en la medida que asciende la jerarquía. De acuerdo al Mapa de Género de la Justicia correspondiente al 2025 las mujeres son mayoría en el funcionariado y el área administrativa, donde concentran entre el 60% y el 70% del personal, mientras que en la Magistratura representan el 46,72% frente a un 53,28% de varones.
En el Poder Judicial, las mujeres representan casi el doble que los varones (796 versus 458), pero se concentran en los cargos de menor jerarquía. Su participación es menor en Ministerios (50%) y la Magistratura (46%). En el caso del Ministerio Público Fiscal, las mujeres siguen siendo mayoría entre el funcionariado y personal administrativo pero se observa un número más parejo entre procuradores y fiscales, donde representan el 47%. Por otro lado, en el Ministerio Público de la Defensa, representan la mayoría de los defensores, ascendiendo a un 64%.
El número de mujeres en cargos de mayor decisión en la provincia fue creciendo en los últimos años. Según el Mapa de Género, hasta el año 2021 en Chubut no se registraban mujeres ministras. Desde ese año hasta la actualidad, aunque con cifras relativamente bajas y por debajo del 30%, las mujeres siguen ocupando estos espacios.
En paralelo, la última década ha sido clave para la implementación de la perspectiva de género en la justicia. Se trata de un proceso paulatino y no exento de obstáculos. La Justicia sigue siendo el poder que más se resiste a la capacitación en género.
El Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales correspondiente al 2022 (último disponible) muestra cifras de capacitación considerablemente bajas, una tendencia general en casi todas las provincias.
Chubut, por ejemplo, se ubica entre las provincias con menor porcentaje de personal judicial capacitado, apenas del 36%, aunque está por encima de otras jurisdicciones como Chaco (35%), Mendoza (22%), Tucumán (20%) y Catamarca (12%). Entre las provincias con porcentajes más altos, se ubica Córdoba a la cabeza (88%), seguida de Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego (56%), Misiones (52%) y Santa Fe (45%).
El informe vincula los bajos índices de capacitación con la falta de perspectiva de género en los fallos judiciales. En este sentido, hace referencia a fallos repudiables de los últimos años que evidencian la deuda pendiente de la Justicia argentina en materia de género. Citan, por ejemplo, el caso santafesino del juez Rodolfo Mingarini que en 2021 ordenó la liberación de un imputado de abuso sexual fundamentado en su decisión de utilizar un preservativo durante la agresión sexual, o la decisión del juez penal de Tucumán, Francisco Pisa, quien tenía bajo su competencia las denuncias de Paola Tacacho, quien solicitó durante años la protección en contra de quien terminó siendo su femicida.
El documento también cita un caso paradigmático de la justicia chubutense: la decisión de las juezas María Laura Martini, Marcela Alejandra Pérez y Ana Karina Breckle, que en 2022 absolvieron a los acusados por la violación grupal a una adolescente en Playa Unión bajo el argumento de que no logró probarse en el expediente un estado de ebriedad significativo como para no poder consentir el acto, revictimizando así a la denunciante.
En general se observa un descenso significativo de los datos disponibles sobre la aplicación de la perspectiva de género y los indicadores de paridad en los tres poderes, en un contexto de disolución de áreas de género en todo el país y de recorte de políticas destinadas a mujeres y diversidades.
La justicia provincial, por su parte, ha sido escenario de más de un escándalo en los últimos años. Algunos casos, que involucran figuras de altos cargos, están vinculados con episodios de violencia de género, lo que supone un fuerte retroceso en materia de equidad.
El más resonado sea quizás el del fiscal Fernando Rivarola, quien trascendió al debate nacional en 2020 tras utilizar el término "desahogo sexual" para referirse a la violación grupal de Playa Unión. En 2022 se discutió la posibilidad de llevarlo a jury por dos denuncias: una por omitir información relevante en un caso de consumo y distribución de material audiovisual de abuso sexual contra las infancias y otra por violencia de género contra una trabajadora judicial. Pese a la insistencia de organizaciones sociales, la causa quedó archivada y Rivarola continúa en su cargo al frente de la Oficina de Ciberdelito.
Por otro lado, esta semana concluyó el jury contra el jefe de la Asesoría de Familia de Esquel, quien fue destituido tras acreditarse un patrón sistemático de hostigamiento, maltrato y descalificación hacia mujeres que se desempeñaban bajo su órbita directa.
Este tipo de casos dan cuenta de la permanencia de estructuras patriarcales hacia el interior de la justicia y la necesidad de fortalecer criterios de perspectiva de género. En una justicia sacudida por escándalos, se vuelve cada vez más necesaria la participación real de las mujeres en los espacios decisivos del sistema institucional argentino.
