Revés para el Gobierno en el conflicto universitario: "Seguimos esperando que se cumpla la ley, ahora no queda ninguna excusa"La Corte Suprema ratificó la cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que parece poner el punto final a un largo camino judicial. En realidad, es el inicio de un proceso de negociación que el Ejecutivo debe mantener con los sindicatos para calcular lo adeudado en ocho meses de paralización de la ley. La cautelar señala que se deben aplicar los artículos 5 y 6, relativos a becas y salarios, pero la ley es más amplia y la comunidad universitaria no abandona su reclamo de fondo de que sea cumplida en su totalidad.
La decisión de la Corte
Tras ocho meses de camino judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió de forma unánime dejar firme la medida cautelar que ordena la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario. De esta manera, desestimó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional y ratificó su obligación de actualizar y recomponer partidas vinculadas a salarios y becas estudiantiles.
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejando firme la decisión adoptada previamente por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Desestimaron el pedido de excusación que había realizado el Ejecutivo (por considerar que, como docentes universitarios, los jueces no podían fallar sobre el asunto) y rechazaron el recurso extraordinario que pedía suspender la medida cautelar que lo obligaba a cumplir con una parte de la ley.
La causa tiene su origen en un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de distintas universidades nacionales a finales del 2025, después de que el Gobierno dejara en suspenso la aplicación de la Ley de Financiamiento, aprobada y ratificada por el Congreso.
Los artículos incluidos en la cautelar se refieren a la actualización de salarios y becas estudiantiles desde finales de 2023 hasta la sanción de la normativa.
El artículo 5° señala que el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período. Además, al mes siguiente de la sanción debe convocar carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación del mismo período.
Los aumentos otorgados por el Gobierno durante la actual gestión han sido escasos, alejados de la inflación acumulada y aplicados sin negociación paritaria de por medio. El acuerdo que firmaron las universidades con el Ejecutivo el pasado 10 de junio establecía un aumento del 24% implementado en dos tramos. La pérdida de poder adquisitivo del 2023 a la fecha oscila entre el 45% y el 56%, por lo cual, tras la decisión de la Corte, los salarios deberán recomponerse con un nuevo aumento cercano al 30%.
El artículo 6°, por su parte, indica que el Ejecutivo debe disponer la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado por la variación acumulada del IPC entre el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, asegurando un incremento progresivo de estudiantes beneficiarios acorde a la matrícula de las instituciones públicas de los niveles superior y secundario.
El acuerdo reciente contemplaba aumento para las becas estudiantiles, pero sólo para las Manuel Belgrano, que alcanzan a un universo reducido de estudiantes que se desempeñan en carreras consideradas estratégicas. Las Becas Progresar, que en los últimos años alcanzaron a más de un millón de estudiantes de distintos niveles, mantienen sus valores paralizados desde 2023. Actualmente, el estipendio es de $35.000 brutos por mes, con un cobro efectivo de $28.000, ya que ANSES retiene el 20% hasta acreditar la regularidad académica al final del ciclo lectivo.
La ratificación de la cautelar supone un alivio para la comunidad universitaria, pero deja afuera otros artículos de la ley que contemplan la actualización de gastos de funcionamiento e infraestructura, el desarrollo de investigación y la ciencia y el fortalecimiento de programas de bienestar estudiantil.
Negociación pendiente
La secretaria adjunta de ADU, Verónica Botto, señaló a El Extremo Sur que si bien la decisión de la Corte fue una sorpresa, el escenario es de incertidumbre y reclamo: "Estamos en la misma de siempre, tratando de que el Gobierno cumpla la ley completa".
La novedad es que esta decisión obliga al Gobierno de Javier Milei a convocar a paritarias para calcular la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y avanzar en la recomposición de acuerdo al IPC, tal y como explicita la ley. La negociación salarial ha sido uno de los puntos más demandados por la comunidad universitaria, ya que, previo al acuerdo que se rubricó con el Gobierno el pasado 10 de junio, desde finales de 2024 no se producían reuniones paritarias.
Botto señala que tras el acuerdo, existía el temor de que la Corte restara urgencia a la resolución y la cautelar quedara sin efecto: "Después de que se firmara el acuerdo el 10 de junio, con la mayoría de los sindicatos de acuerdo, el Gobierno presenta ese hecho como nuevo, pero la cautelar no se cae. El CIN responde que sí, que se firmó ese acuerdo, pero no cubre toda la ley".
"Ahora el CIN tiene que volver a pedir una ejecución de la ley presentando todo lo que se adeuda, lo que nos deben, tanto en lo salarial, como en fondos de ejecución para mantenimiento, para edificios y todos los programas, eso es lo que el CIN tiene que contestar ahora", indica.
Pese a la decisión de la Corte, persiste la desconfianza en el Gobierno: "Ahora no les queda ninguna excusa para no cumplir, pero a la vez entendemos que no es sencillo, tienen que calcular el porcentaje. Hay que sentarse y discutir en el sentido de encontrar en qué punto estamos y cuánto haría falta". Mientras esperan que el Gobierno finalmente convoque a paritarias, desde el CIN y las federaciones continúan exigiendo la implementación de la ley en su totalidad.
Consultada sobre la posibilidad de que el Gobierno desconozca la decisión de la Corte o que intente, una vez más, dilatar la aplicación, Botto advierte que "no tienen más caminos legales". "Ellos pueden intentar ignorarlo, que es lo que están haciendo ahora. En ese caso, el hecho de presión que nos queda fuera de lo sindical, por la vía legal, es pedirle a la Corte que obligue al Gobierno a cumplir", señala.
Una alternativa, en caso de no cumplimiento, podrían ser los astreintes, multas diarias que la Justicia aplica a funcionarios públicos para obligarlos a cumplir con una orden judicial: "Ese sería otro camino que nos queda, y no mucho más".
"Hay que ver si con el cambio de Jefe de Gabinete hay alguna modificación, porque en realidad la adecuación de partidas le corresponde al Jefe de Gabinete. En este momento estamos esperando, seguimos esperando -porque nunca paramos de hacerlo- que el Gobierno cumpla la ley", enfatiza.
"Estamos en un parate provocado por el Gobierno nacional"
Luego de que la Corte deje firme la cautelar, el Gobierno debe convocar a paritarias y cumplir la ley de manera inmediata.
Sin embargo, el actual escenario complejiza el proceso de recomposición salarial, ya que mientras la ley estuvo en suspenso el Gobierno fue otorgando, de manera unilateral, diversos aumentos. "Ahora hay que hacer algo con el retraso de la aplicación de la ley, más lo que fueron pagando, un 1% acá, un 1% allá, hasta llegar ahora al 21%, ahora hay que hacer los cálculos y ver dónde estamos, donde deberíamos estar, más allá de que hay que sentarse y ver que se toma del 2023, 2024 y el 2025", detalla Botto.
Los escasos ofrecimientos del Gobierno siempre dejaron afuera la pérdida salarial del 2023, una de las más significativas. Lo hizo en el acuerdo firmado recientemente así como en el proyecto alternativo de financiamiento que presentó en febrero. Ahora, con el cumplimiento del artículo N° 5 de la Ley, deberían reconocer la pérdida completa de los últimos tres años.
"Hay que discutir esto, cuánto pagaron hasta ahora, cuánto queda pendiente, dónde están los retroactivos. Pero mientras el Gobierno no convoque a la paritaria, no podemos hacer nada y por lo tanto no pagan nada. No sé si es la excusa, pero eso es lo que está pasando", indica.
Además, resalta que "la ley es más amplia y hay que sentarse a discutir todos esos temas. Estamos en un parate provocado por el Gobierno nacional".
"Siempre estamos buscando de qué forma podemos empujar al Gobierno para que cumpla con lo que está establecido. Nosotros siempre quisimos dialogar con el Gobierno porque cuando no nos llamaban a paritarias, nosotros pedíamos paritarias. Pero en realidad es un Gobierno que cortó el diálogo desde el principio", afirma.
"Desde septiembre del 2024 que no nos hemos sentado a discutir con el Gobierno, hasta mediados de junio cuando se firmó el acuerdo. Es decir, casi dos años donde tuvimos totalmente cortado el diálogo", subraya.
La referente indica que desde el sindicato continuarán sosteniendo el plan de lucha y exigiendo el cumplimiento de la ley. Tras el receso invernal, las actividades de las universidades nacionales se retomarán a principios de agosto, donde seguramente habrá mayores precisiones respecto a la postura de las casas de estudio en caso de que el Gobierno incumpla la decisión judicial.
La Corte Suprema ratificó la cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que parece poner el punto final a un largo camino judicial. En realidad, es el inicio de un proceso de negociación que el Ejecutivo debe mantener con los sindicatos para calcular lo adeudado en ocho meses de paralización de la ley. La cautelar señala que se deben aplicar los artículos 5 y 6, relativos a becas y salarios, pero la ley es más amplia y la comunidad universitaria no abandona su reclamo de fondo de que sea cumplida en su totalidad.
La decisión de la Corte
Tras ocho meses de camino judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió de forma unánime dejar firme la medida cautelar que ordena la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario. De esta manera, desestimó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional y ratificó su obligación de actualizar y recomponer partidas vinculadas a salarios y becas estudiantiles.
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejando firme la decisión adoptada previamente por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Desestimaron el pedido de excusación que había realizado el Ejecutivo (por considerar que, como docentes universitarios, los jueces no podían fallar sobre el asunto) y rechazaron el recurso extraordinario que pedía suspender la medida cautelar que lo obligaba a cumplir con una parte de la ley.
La causa tiene su origen en un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de distintas universidades nacionales a finales del 2025, después de que el Gobierno dejara en suspenso la aplicación de la Ley de Financiamiento, aprobada y ratificada por el Congreso.
Los artículos incluidos en la cautelar se refieren a la actualización de salarios y becas estudiantiles desde finales de 2023 hasta la sanción de la normativa.
El artículo 5° señala que el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período. Además, al mes siguiente de la sanción debe convocar carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación del mismo período.
Los aumentos otorgados por el Gobierno durante la actual gestión han sido escasos, alejados de la inflación acumulada y aplicados sin negociación paritaria de por medio. El acuerdo que firmaron las universidades con el Ejecutivo el pasado 10 de junio establecía un aumento del 24% implementado en dos tramos. La pérdida de poder adquisitivo del 2023 a la fecha oscila entre el 45% y el 56%, por lo cual, tras la decisión de la Corte, los salarios deberán recomponerse con un nuevo aumento cercano al 30%.
El artículo 6°, por su parte, indica que el Ejecutivo debe disponer la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado por la variación acumulada del IPC entre el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, asegurando un incremento progresivo de estudiantes beneficiarios acorde a la matrícula de las instituciones públicas de los niveles superior y secundario.
El acuerdo reciente contemplaba aumento para las becas estudiantiles, pero sólo para las Manuel Belgrano, que alcanzan a un universo reducido de estudiantes que se desempeñan en carreras consideradas estratégicas. Las Becas Progresar, que en los últimos años alcanzaron a más de un millón de estudiantes de distintos niveles, mantienen sus valores paralizados desde 2023. Actualmente, el estipendio es de $35.000 brutos por mes, con un cobro efectivo de $28.000, ya que ANSES retiene el 20% hasta acreditar la regularidad académica al final del ciclo lectivo.
La ratificación de la cautelar supone un alivio para la comunidad universitaria, pero deja afuera otros artículos de la ley que contemplan la actualización de gastos de funcionamiento e infraestructura, el desarrollo de investigación y la ciencia y el fortalecimiento de programas de bienestar estudiantil.
Negociación pendiente
La secretaria adjunta de ADU, Verónica Botto, señaló a El Extremo Sur que si bien la decisión de la Corte fue una sorpresa, el escenario es de incertidumbre y reclamo: "Estamos en la misma de siempre, tratando de que el Gobierno cumpla la ley completa".
La novedad es que esta decisión obliga al Gobierno de Javier Milei a convocar a paritarias para calcular la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y avanzar en la recomposición de acuerdo al IPC, tal y como explicita la ley. La negociación salarial ha sido uno de los puntos más demandados por la comunidad universitaria, ya que, previo al acuerdo que se rubricó con el Gobierno el pasado 10 de junio, desde finales de 2024 no se producían reuniones paritarias.
Botto señala que tras el acuerdo, existía el temor de que la Corte restara urgencia a la resolución y la cautelar quedara sin efecto: "Después de que se firmara el acuerdo el 10 de junio, con la mayoría de los sindicatos de acuerdo, el Gobierno presenta ese hecho como nuevo, pero la cautelar no se cae. El CIN responde que sí, que se firmó ese acuerdo, pero no cubre toda la ley".
"Ahora el CIN tiene que volver a pedir una ejecución de la ley presentando todo lo que se adeuda, lo que nos deben, tanto en lo salarial, como en fondos de ejecución para mantenimiento, para edificios y todos los programas, eso es lo que el CIN tiene que contestar ahora", indica.
Pese a la decisión de la Corte, persiste la desconfianza en el Gobierno: "Ahora no les queda ninguna excusa para no cumplir, pero a la vez entendemos que no es sencillo, tienen que calcular el porcentaje. Hay que sentarse y discutir en el sentido de encontrar en qué punto estamos y cuánto haría falta". Mientras esperan que el Gobierno finalmente convoque a paritarias, desde el CIN y las federaciones continúan exigiendo la implementación de la ley en su totalidad.
Consultada sobre la posibilidad de que el Gobierno desconozca la decisión de la Corte o que intente, una vez más, dilatar la aplicación, Botto advierte que "no tienen más caminos legales". "Ellos pueden intentar ignorarlo, que es lo que están haciendo ahora. En ese caso, el hecho de presión que nos queda fuera de lo sindical, por la vía legal, es pedirle a la Corte que obligue al Gobierno a cumplir", señala.
Una alternativa, en caso de no cumplimiento, podrían ser los astreintes, multas diarias que la Justicia aplica a funcionarios públicos para obligarlos a cumplir con una orden judicial: "Ese sería otro camino que nos queda, y no mucho más".
"Hay que ver si con el cambio de Jefe de Gabinete hay alguna modificación, porque en realidad la adecuación de partidas le corresponde al Jefe de Gabinete. En este momento estamos esperando, seguimos esperando -porque nunca paramos de hacerlo- que el Gobierno cumpla la ley", enfatiza.
"Estamos en un parate provocado por el Gobierno nacional"
Luego de que la Corte deje firme la cautelar, el Gobierno debe convocar a paritarias y cumplir la ley de manera inmediata.
Sin embargo, el actual escenario complejiza el proceso de recomposición salarial, ya que mientras la ley estuvo en suspenso el Gobierno fue otorgando, de manera unilateral, diversos aumentos. "Ahora hay que hacer algo con el retraso de la aplicación de la ley, más lo que fueron pagando, un 1% acá, un 1% allá, hasta llegar ahora al 21%, ahora hay que hacer los cálculos y ver dónde estamos, donde deberíamos estar, más allá de que hay que sentarse y ver que se toma del 2023, 2024 y el 2025", detalla Botto.
Los escasos ofrecimientos del Gobierno siempre dejaron afuera la pérdida salarial del 2023, una de las más significativas. Lo hizo en el acuerdo firmado recientemente así como en el proyecto alternativo de financiamiento que presentó en febrero. Ahora, con el cumplimiento del artículo N° 5 de la Ley, deberían reconocer la pérdida completa de los últimos tres años.
"Hay que discutir esto, cuánto pagaron hasta ahora, cuánto queda pendiente, dónde están los retroactivos. Pero mientras el Gobierno no convoque a la paritaria, no podemos hacer nada y por lo tanto no pagan nada. No sé si es la excusa, pero eso es lo que está pasando", indica.
Además, resalta que "la ley es más amplia y hay que sentarse a discutir todos esos temas. Estamos en un parate provocado por el Gobierno nacional".
"Siempre estamos buscando de qué forma podemos empujar al Gobierno para que cumpla con lo que está establecido. Nosotros siempre quisimos dialogar con el Gobierno porque cuando no nos llamaban a paritarias, nosotros pedíamos paritarias. Pero en realidad es un Gobierno que cortó el diálogo desde el principio", afirma.
"Desde septiembre del 2024 que no nos hemos sentado a discutir con el Gobierno, hasta mediados de junio cuando se firmó el acuerdo. Es decir, casi dos años donde tuvimos totalmente cortado el diálogo", subraya.
La referente indica que desde el sindicato continuarán sosteniendo el plan de lucha y exigiendo el cumplimiento de la ley. Tras el receso invernal, las actividades de las universidades nacionales se retomarán a principios de agosto, donde seguramente habrá mayores precisiones respecto a la postura de las casas de estudio en caso de que el Gobierno incumpla la decisión judicial.
