La denuncia que destapó el patrón de maltratos de un funcionario judicial: "Esto tiene que ser ejemplificador" El asesor de Familia de Esquel, Hugo Sánchez, fue destituido mediante un jury tras acreditarse un patrón de maltrato laboral, hostigamiento y descalificación hacia trabajadoras del área. El testimonio de una denunciante permitió que otras víctimas pudieran relatar sus experiencias, lo que dejó al desnudo un escenario de violencia sistemática que llevaba más de una década. La secretaria del SITRAJUCh, Gabriela Huenchual, dialogó con El Extremo Sur sobre el alcance de la decisión, a la que considera como un "precedente": "Esta intervención hizo que varias de las compañeras que trabajaban ahí decidieran sumarse para contar lo que ellas habían vivenciado también y ahí empieza a salir una historia que venía de hace años, que nadie se animaba a denunciar".
La denuncia que destapó la olla
El sumario, a cargo del defensor general Sebastián Daroca, inició a mediados del año pasado, a partir de una denuncia impuesta por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH) por maltrato y acoso laboral del Asesor de Familia de Esquel sobre una empleada.
El sindicato pidió la intervención del área de salud laboral tras el acercamiento de la víctima, quien atravesaba una delicada situación de salud mental debido a los maltratos. Tras el pedido, intervino la Defensoría General, que activó un protocolo contra la violencia de género.
Según indicó la secretaria del sindicato, Gabriela Huenchual, las entrevistas con otras profesionales y trabajadoras del área aportaron nuevos testimonios que daban cuenta del maltrato sistemático por parte de Sánchez: "La relación laboral la definían como muy hostil, falta de respeto, trato despectivo, humillante, misógino era muy notable. Cuando se las entrevistaba pasaban pocos minutos y se quebraban porque habían sido víctimas de la misma situación que pasó la compañera que decidió denunciar", detalló Huenchul el año pasado, tras conocerse la denuncia, en diálogo con El Extremo Sur.
"Esta intervención hizo que varias de las compañeras que trabajaban ahí decidieran sumarse para contar lo que ellas habían vivenciado también y ahí empieza a salir una historia que venía de hace años, que nadie se animaba a denunciar. Esta compañera tuvo la valentía de decir ‘no lo voy a soportar'", explicó la secretaria en una entrevista reciente con este medio. Huenchual detalla que la denunciante cursaba un estado de embarazo de varias semanas, lo que complejizaba su estado de salud. Y remarca que "del sumario se desprende que la situación era mucho más grave de lo que se pensaba".
A partir de la denuncia penal interpuesta por el sindicato y el sumario del defensor, el Consejo de la Magistratura abrió un expediente administrativo contra Sánchez. Tras recabar prueba testimonial de testigos y especialistas, la instructora sumariante Lucía Pettinari concluyó que existió violencia y acoso laboral por razones de género.
Pettinari se refirió a conductas vejatorias "continuadas y por años", inequidad en la carga de trabajo en detrimento de las mujeres, falta de organizaciones del trabajo y exigencia laboral sobre empleados de la Asesoría, así como hostigamiento y maltrato psicológico generado en la denunciante, lo que configura "violencia simbólica y psicológica".
El sumario del Consejo de la Magistratura afirmó que la violencia padecida por las trabajadoras se encuadra en lo dispuesto en el Convenio 190 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), que reconoce el derecho de toda persona a un ámbito laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por motivos de género, que pueden constituir una violación de derechos humanos.
El dictamen de Pettinari concluye que se observó por parte de Sánchez "la falta absoluta de consideración y la flagrante violación a la normativa constitucional y convencional vigente, a la Constitución de la Provincia de Chubut, a las leyes nacionales y provinciales anteriormente citadas, y los deberes que pesaban sobre el magistrado, conformando una conducta arbitraria, abusiva e irregular". Las pruebas demostraron la existencia de "una sistemática y arraigada cultura del miedo y la represalia, instaurada como un método de gestión por parte del Dr. Sánchez".
Se tuvieron en cuenta los testimonios de distintas trabajadoras y funcionarias judiciales quienes afirmaron no haber denunciado los maltratos por temor y por el antecedente de que quienes lo hacían eran maltratadas, lo que prueba que "el silencio no era una opción, sino una consecuencia directa de la intimidación", según indica el dictamen de la sumariante.
Tras analizar el caso, a principios de octubre el Consejo de la Magistratura resolvió de manera unánime elevar el pedido de jury. Sánchez permaneció suspendido de su cargo hasta el momento de su destitución.
Los testimonios de las víctimas
El pasado 25 de junio inició, en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Rawson, el jury de enjuiciamiento contra Sánchez.
El proceso se desarrolló bajo la conducción de un tribunal de enjuiciamiento multisectorial, presidido por la ministra del STJ, Camila Banfi Saavedra, junto a los abogados Claudia Alejandra Maranzana y César Mahía y los diputados provinciales María Andrea Aguilera y Gustavo Fita.
Durante las audiencias se convocó a un total de 52 testigos, 40 propuestos por el abogado defensor de Sánchez, Santiago Carlen, y 15 solicitados por la comisión acusadora, integrada por las consejeras Lucía Pettinari, Daniela Pili y Lucía González Almirón.
Al testimonio inicial se sumaron otros relatos de trabajadoras que se desempeñaban en el área, quienes dieron cuenta de las actitudes misóginas y del hostigamiento sistemático ejercidos por el Asesor.
Marcos Ponce, jefe de la Defensoría Pública de Esquel, declaró como testigo de la Comisión Acusadora y dijo que suspendió a Sánchez en noviembre del 2025 después de que una fiscal le informara que había ingresado una denuncia penal en su contra por abuso sexual, causa que a la fecha sigue abierta. Además, afirmó que dejó una Asesoría de Familia desorganizada que trabajaba "sin equipo y bajo un desconcierto absoluto".
Respecto al caso de la denunciante, Ponce detalló que el propio Sánchez reconoció en una oportunidad haberle levantado la voz bajo la frase "me la mandé", aunque el acusado "minimizó el conflicto, me dijo que no iba a pasar de eso y le bajó absolutamente el precio".
Otros testimonios pertenecientes a funcionarias y trabajadoras bajo la órbita del Asesor pusieron de manifiesto el maltrato sistemático y la sobrecarga laboral sobre las mujeres. "Tiene un gran problema de misoginia", expresó una abogada y ex auxiliar letrada del imputado, quien dijo que era habitual que Sánchez alzara la voz y se dirigiera a las empleadas del área con términos descalificativos. Admitió que en su momento desistió de realizar la denuncia formal por temor a represalias: "preferí no pasar por la picadora de carne".
Una jueza contencioso administrativa relató haber presenciado una discusión entre el acusado y la denunciante, quien cursaba un embarazo, y debió retirarse al baño en un estado de angustia después de recibir insultos y cuestionamientos sobre su desempeño. La testigo admitió que las descalificaciones hacia las mujeres eran habituales y que las agresiones verbales y despectivas afectaban el desarrollo de las medidas de protección a su cargo.
En la misma línea, una defensora pública civil en Esquel calificó la gestión del imputado como agresiva y descalificadora hacia las trabajadoras, acusándolo de buscar quiebres internos en el equipo de trabajo. Además, relató haber sido agredida físicamente por el funcionario, quien la tomó del cabello en medio de una discusión. Dijo haber recibido amenazas de muerte directas y expuso las maniobras de Sánchez para intentar incidir sobre los testimonios de las denunciantes. Señaló también que el acusado nunca participó de las instancias de capacitación obligatorias para la prevención de la violencia de género.
Por último, una exabogada de la dependencia aseguró que Sánchez empleaba un lenguaje ofensivo recurrente y describió un episodio de amedrentamiento en el que el acusado se abalanzó sobre su escritorio de forma violenta, por lo que debió recurrir a asistencia psicológica y terminó siendo desplazada de sus funciones en el organismo. Afirmó que el ingreso del funcionario alteró las dinámicas de la oficina a través de las distintas expresiones de violencia y la desorganización en la asignación de tareas.
La mayoría de los testimonios coinciden en que estos elementos afectaron el normal funcionamiento de la justicia, con una sobrecarga de trabajo que recaía exclusivamente en las mujeres.
"Este jury dejó en evidencia el trato que tenía este asesor con las mujeres, solo con las mujeres, las sobrecarga de trabajo, las humillaciones, los insultos. Muchas de ellas se tuvieron que ir, como pasa siempre, que el victimario queda en el lugar de trabajo y las víctimas tienen que buscar otro lugar", remarca Huenchual.
Sostuvo que desde el sindicato se trabajó fuertemente en una campaña para que los empleados afectados por episodios de violencia puedan denunciar los hechos y permanecer en sus lugares de trabajo. "En este caso particular era todo contra las mujeres y se sumaron funcionarias que ahora están trabajando en otros ámbitos dentro de la justicia, pero que se tuvieron que ir porque no soportaban más a este hombre, el trato que les dispensaba", enfatiza.
Los fundamentos del Tribunal
Con una decisión unánime, el Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut resolvió destituir a Hugo Sánchez tras acreditar un patrón de maltrato laboral, hostigamiento y descalificación hacia mujeres profesionales de su área. La sentencia fue dada a conocer el 1 de julio en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia, en Rawson, luego de finalizado el juicio político.
La decisión tomó en cuenta la denuncia inicial así como los testimonios que se escucharon durante las jornadas. La resolución afirma que el comportamiento resulta incompatible con las obligaciones éticas de un magistrado y comprobó que el maltrato sostenido contra las trabajadoras generó un deterioro del clima laboral y del funcionamiento del organismo. Los jueces descartaron que se tratara de conflictos aislados y reconstruyeron, en cambio, un contexto de violencia laboral reiterada.
La presidenta del Tribunal remarcó, citando el fallo, que quien ocupa una magistratura debe reunir "especiales condiciones de equilibrio, respeto, prudencia, liderazgo, integridad y aptitud para conducir equipos de trabajo", especialmente en organismos dedicados a proteger a personas en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a la resolución, la conducta de Sánchez resulta "objetivamente inviable" con su continuidad al frente de la Asesoría de Familia.
El Tribunal consideró probado que el clima laboral provocó alejamiento de profesionales altamente capacitados, reiteradas licencias por problemas de salud mental, la pérdida de capacidad operativa de la Asesoría y una afectación directa a la continuidad, eficiencia y calidad del servicio público de Justicia. Por ese motivo, concluyó que la conducta configura la causal de mal desempeño, prevista en la Ley provincial N° 80.
"Para el sindicato esto es un precedente, porque quiere decir que no vamos a permitir más la violencia dentro de los ámbitos laborales -opinó Huenchual-. Los lugares donde trabajamos tienen que ser saludables, no nos pueden enfermar".
"No podemos llegar a esta situación al límite de decir ‘me tomo una licencia', las trabajadoras terminaban con licencias psicológicas larguísimas por el temor a volver a trabajar, por no poder aceptar que tenían que volver a trabajar con un hombre que las maltrataba. Estas situaciones no se deben permitir más. Hay muchas situaciones y muchas veces no se animan a denunciar", señala.
Huenchul remarcó el impacto de la violencia sistemática en el funcionamiento del equipo, sobre todo por las licencias que tomaban las trabajadoras a raíz de los maltratos sufridos: "Afecta estar sin gente, porque las tenés de licencia por enfermedad, licencias que son de largo tratamiento, es un tránsito más difícil y la verdad que afecta al trabajo cotidiano diario porque te falta gente. El resto del personal queda recargado y ahí empiezan las dificultades".
"Hay una mirada distinta, pero faltan capacitaciones serias"
La secretaria gremial subrayó la importancia de contar con herramientas de prevención y abordaje de las violencias hacia adentro del sistema de justicia. En la denuncia contra Sánchez se activó, precisamente, un protocolo de actuación del Ministerio Público de la Defensa que rige desde el año 2024. Huenchual señala que otras áreas de la Justicia como la Judicatura y la Procuración General cuentan con protocolos similares.
"En este caso se activó rápidamente y se dio la intervención urgente, porque estaban pasando cosas delicadas, que quedaron reflejadas en los informes", indica.
Y agrega: "Estas situaciones que han pasado de alguna forma han abierto los ojos a los superiores, cuando hemos tenido situaciones de violencia rápidamente han activado los protocolos, no solamente los protocolos de violencia, sino que para evitar que el conflicto se agrave, tratan de buscar una solución rápida, ya sea respondiendo a la necesidad del compañero o compañera de trabajo, si es que quiere seguir trabajando en ese ámbito o se quiere ir a otro lugar. Hemos trabajado mucho y por eso hemos logrado la confianza de los trabajadores para que se acerquen enseguida cuando se ven vulnerados o violentados".
Consultada sobre los avances en materia de género en el ámbito judicial, si bien consideró que "hay una mirada distinta", cuestionó la falta de formaciones en profundidad: "Las capacitaciones de la Ley Micaela que recibimos en el Poder Judicial fueron un enlatado que venía de la Corte Suprema, no fue una capacitación en la que vinieran profesionales a dictarnos clases, a explicarnos. Eso no es una capacitación seria".
Consideró que "a raíz de estos episodios que se han ido denunciando se han empezado a dar cuenta de que hay ojos y oídos en todos lados, entonces están tratando de evitar estas situaciones". Apuntó al trabajo del Consejo de la Magistratura en este sentido y citó el caso reciente de la jueza de Familia de Comodoro Rivadavia, Jorgelina Castillo, cuyo desempeño fue calificado como insatisfactorio por una Comisión Evaluadora tras constatarse falencias en el trato al personal.
"Son cosas que están mirando y le están prestando atención. En los tres años que ocupa su cargo, el magistrado tiene que saber que va a estar siendo monitoreado. Y nosotros, los trabajadores, somos una parte muy importante, porque somos los que estamos en el día a día y sabemos de las conductas, las maneras de trabajar y de tratar a los empleados. En el caso de Castillo, escucharon a los trabajadores, y eso es un avance", señala.
Pese a estos casos, opinó que es necesario mayor compromiso en las situaciones de violencia que ocurren en las oficinas así como en la capacitación permanente.
Huenchual vinculó este escenario a la marcada ausencia de paridad de género en la Justicia provincial, que recién en 2021 contó por primera vez con mujeres en el Superior Tribunal. "Creo que pasa por el tema de que hace pocos años tenemos a dos mujeres dentro el órgano máximo del Poder Judicial, y deberían cumplir mínimamente con un cupo del 50%". Debería haber más mujeres en el cargo de la Procuración, en la Defensoría General, son todos hombres. Tendría que haber una visión más amplia de género. Sería un buen mensaje que haya paridad y que se empiece a trabajar en serio en perspectiva de género", consideró la secretaria.
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La realidad todavía muestra un escenario complejo, con episodios de violencia que se mantienen en silencio durante años. Respecto al caso de Sánchez, señaló que "fueron 15 años de compañeras, trabajadoras y funcionarias soportando la descalificación, el desprecio, el maltrato, la humillación".
"Realmente es impensable que esto pase dentro del Poder Judicial y bregamos para que tengamos un ámbito laboral saludable dentro de la Justicia, sin violencia, sin persecución, sin acoso, no podemos seguir permitiendo que sigan pasando estas cosas. Esto tiene que ser ejemplificador", concluye.
El asesor de Familia de Esquel, Hugo Sánchez, fue destituido mediante un jury tras acreditarse un patrón de maltrato laboral, hostigamiento y descalificación hacia trabajadoras del área. El testimonio de una denunciante permitió que otras víctimas pudieran relatar sus experiencias, lo que dejó al desnudo un escenario de violencia sistemática que llevaba más de una década. La secretaria del SITRAJUCh, Gabriela Huenchual, dialogó con El Extremo Sur sobre el alcance de la decisión, a la que considera como un "precedente": "Esta intervención hizo que varias de las compañeras que trabajaban ahí decidieran sumarse para contar lo que ellas habían vivenciado también y ahí empieza a salir una historia que venía de hace años, que nadie se animaba a denunciar".
La denuncia que destapó la olla
El sumario, a cargo del defensor general Sebastián Daroca, inició a mediados del año pasado, a partir de una denuncia impuesta por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH) por maltrato y acoso laboral del Asesor de Familia de Esquel sobre una empleada.
El sindicato pidió la intervención del área de salud laboral tras el acercamiento de la víctima, quien atravesaba una delicada situación de salud mental debido a los maltratos. Tras el pedido, intervino la Defensoría General, que activó un protocolo contra la violencia de género.
Según indicó la secretaria del sindicato, Gabriela Huenchual, las entrevistas con otras profesionales y trabajadoras del área aportaron nuevos testimonios que daban cuenta del maltrato sistemático por parte de Sánchez: "La relación laboral la definían como muy hostil, falta de respeto, trato despectivo, humillante, misógino era muy notable. Cuando se las entrevistaba pasaban pocos minutos y se quebraban porque habían sido víctimas de la misma situación que pasó la compañera que decidió denunciar", detalló Huenchul el año pasado, tras conocerse la denuncia, en diálogo con El Extremo Sur.
"Esta intervención hizo que varias de las compañeras que trabajaban ahí decidieran sumarse para contar lo que ellas habían vivenciado también y ahí empieza a salir una historia que venía de hace años, que nadie se animaba a denunciar. Esta compañera tuvo la valentía de decir ‘no lo voy a soportar'", explicó la secretaria en una entrevista reciente con este medio. Huenchual detalla que la denunciante cursaba un estado de embarazo de varias semanas, lo que complejizaba su estado de salud. Y remarca que "del sumario se desprende que la situación era mucho más grave de lo que se pensaba".
A partir de la denuncia penal interpuesta por el sindicato y el sumario del defensor, el Consejo de la Magistratura abrió un expediente administrativo contra Sánchez. Tras recabar prueba testimonial de testigos y especialistas, la instructora sumariante Lucía Pettinari concluyó que existió violencia y acoso laboral por razones de género.
Pettinari se refirió a conductas vejatorias "continuadas y por años", inequidad en la carga de trabajo en detrimento de las mujeres, falta de organizaciones del trabajo y exigencia laboral sobre empleados de la Asesoría, así como hostigamiento y maltrato psicológico generado en la denunciante, lo que configura "violencia simbólica y psicológica".
El sumario del Consejo de la Magistratura afirmó que la violencia padecida por las trabajadoras se encuadra en lo dispuesto en el Convenio 190 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), que reconoce el derecho de toda persona a un ámbito laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por motivos de género, que pueden constituir una violación de derechos humanos.
El dictamen de Pettinari concluye que se observó por parte de Sánchez "la falta absoluta de consideración y la flagrante violación a la normativa constitucional y convencional vigente, a la Constitución de la Provincia de Chubut, a las leyes nacionales y provinciales anteriormente citadas, y los deberes que pesaban sobre el magistrado, conformando una conducta arbitraria, abusiva e irregular". Las pruebas demostraron la existencia de "una sistemática y arraigada cultura del miedo y la represalia, instaurada como un método de gestión por parte del Dr. Sánchez".
Se tuvieron en cuenta los testimonios de distintas trabajadoras y funcionarias judiciales quienes afirmaron no haber denunciado los maltratos por temor y por el antecedente de que quienes lo hacían eran maltratadas, lo que prueba que "el silencio no era una opción, sino una consecuencia directa de la intimidación", según indica el dictamen de la sumariante.
Tras analizar el caso, a principios de octubre el Consejo de la Magistratura resolvió de manera unánime elevar el pedido de jury. Sánchez permaneció suspendido de su cargo hasta el momento de su destitución.
Los testimonios de las víctimas
El pasado 25 de junio inició, en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Rawson, el jury de enjuiciamiento contra Sánchez.
El proceso se desarrolló bajo la conducción de un tribunal de enjuiciamiento multisectorial, presidido por la ministra del STJ, Camila Banfi Saavedra, junto a los abogados Claudia Alejandra Maranzana y César Mahía y los diputados provinciales María Andrea Aguilera y Gustavo Fita.
Durante las audiencias se convocó a un total de 52 testigos, 40 propuestos por el abogado defensor de Sánchez, Santiago Carlen, y 15 solicitados por la comisión acusadora, integrada por las consejeras Lucía Pettinari, Daniela Pili y Lucía González Almirón.
Al testimonio inicial se sumaron otros relatos de trabajadoras que se desempeñaban en el área, quienes dieron cuenta de las actitudes misóginas y del hostigamiento sistemático ejercidos por el Asesor.
Marcos Ponce, jefe de la Defensoría Pública de Esquel, declaró como testigo de la Comisión Acusadora y dijo que suspendió a Sánchez en noviembre del 2025 después de que una fiscal le informara que había ingresado una denuncia penal en su contra por abuso sexual, causa que a la fecha sigue abierta. Además, afirmó que dejó una Asesoría de Familia desorganizada que trabajaba "sin equipo y bajo un desconcierto absoluto".
Respecto al caso de la denunciante, Ponce detalló que el propio Sánchez reconoció en una oportunidad haberle levantado la voz bajo la frase "me la mandé", aunque el acusado "minimizó el conflicto, me dijo que no iba a pasar de eso y le bajó absolutamente el precio".
Otros testimonios pertenecientes a funcionarias y trabajadoras bajo la órbita del Asesor pusieron de manifiesto el maltrato sistemático y la sobrecarga laboral sobre las mujeres. "Tiene un gran problema de misoginia", expresó una abogada y ex auxiliar letrada del imputado, quien dijo que era habitual que Sánchez alzara la voz y se dirigiera a las empleadas del área con términos descalificativos. Admitió que en su momento desistió de realizar la denuncia formal por temor a represalias: "preferí no pasar por la picadora de carne".
Una jueza contencioso administrativa relató haber presenciado una discusión entre el acusado y la denunciante, quien cursaba un embarazo, y debió retirarse al baño en un estado de angustia después de recibir insultos y cuestionamientos sobre su desempeño. La testigo admitió que las descalificaciones hacia las mujeres eran habituales y que las agresiones verbales y despectivas afectaban el desarrollo de las medidas de protección a su cargo.
En la misma línea, una defensora pública civil en Esquel calificó la gestión del imputado como agresiva y descalificadora hacia las trabajadoras, acusándolo de buscar quiebres internos en el equipo de trabajo. Además, relató haber sido agredida físicamente por el funcionario, quien la tomó del cabello en medio de una discusión. Dijo haber recibido amenazas de muerte directas y expuso las maniobras de Sánchez para intentar incidir sobre los testimonios de las denunciantes. Señaló también que el acusado nunca participó de las instancias de capacitación obligatorias para la prevención de la violencia de género.
Por último, una exabogada de la dependencia aseguró que Sánchez empleaba un lenguaje ofensivo recurrente y describió un episodio de amedrentamiento en el que el acusado se abalanzó sobre su escritorio de forma violenta, por lo que debió recurrir a asistencia psicológica y terminó siendo desplazada de sus funciones en el organismo. Afirmó que el ingreso del funcionario alteró las dinámicas de la oficina a través de las distintas expresiones de violencia y la desorganización en la asignación de tareas.
La mayoría de los testimonios coinciden en que estos elementos afectaron el normal funcionamiento de la justicia, con una sobrecarga de trabajo que recaía exclusivamente en las mujeres.
"Este jury dejó en evidencia el trato que tenía este asesor con las mujeres, solo con las mujeres, las sobrecarga de trabajo, las humillaciones, los insultos. Muchas de ellas se tuvieron que ir, como pasa siempre, que el victimario queda en el lugar de trabajo y las víctimas tienen que buscar otro lugar", remarca Huenchual.
Sostuvo que desde el sindicato se trabajó fuertemente en una campaña para que los empleados afectados por episodios de violencia puedan denunciar los hechos y permanecer en sus lugares de trabajo. "En este caso particular era todo contra las mujeres y se sumaron funcionarias que ahora están trabajando en otros ámbitos dentro de la justicia, pero que se tuvieron que ir porque no soportaban más a este hombre, el trato que les dispensaba", enfatiza.
Los fundamentos del Tribunal
Con una decisión unánime, el Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut resolvió destituir a Hugo Sánchez tras acreditar un patrón de maltrato laboral, hostigamiento y descalificación hacia mujeres profesionales de su área. La sentencia fue dada a conocer el 1 de julio en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia, en Rawson, luego de finalizado el juicio político.
La decisión tomó en cuenta la denuncia inicial así como los testimonios que se escucharon durante las jornadas. La resolución afirma que el comportamiento resulta incompatible con las obligaciones éticas de un magistrado y comprobó que el maltrato sostenido contra las trabajadoras generó un deterioro del clima laboral y del funcionamiento del organismo. Los jueces descartaron que se tratara de conflictos aislados y reconstruyeron, en cambio, un contexto de violencia laboral reiterada.
La presidenta del Tribunal remarcó, citando el fallo, que quien ocupa una magistratura debe reunir "especiales condiciones de equilibrio, respeto, prudencia, liderazgo, integridad y aptitud para conducir equipos de trabajo", especialmente en organismos dedicados a proteger a personas en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a la resolución, la conducta de Sánchez resulta "objetivamente inviable" con su continuidad al frente de la Asesoría de Familia.
El Tribunal consideró probado que el clima laboral provocó alejamiento de profesionales altamente capacitados, reiteradas licencias por problemas de salud mental, la pérdida de capacidad operativa de la Asesoría y una afectación directa a la continuidad, eficiencia y calidad del servicio público de Justicia. Por ese motivo, concluyó que la conducta configura la causal de mal desempeño, prevista en la Ley provincial N° 80.
"Para el sindicato esto es un precedente, porque quiere decir que no vamos a permitir más la violencia dentro de los ámbitos laborales -opinó Huenchual-. Los lugares donde trabajamos tienen que ser saludables, no nos pueden enfermar".
"No podemos llegar a esta situación al límite de decir ‘me tomo una licencia', las trabajadoras terminaban con licencias psicológicas larguísimas por el temor a volver a trabajar, por no poder aceptar que tenían que volver a trabajar con un hombre que las maltrataba. Estas situaciones no se deben permitir más. Hay muchas situaciones y muchas veces no se animan a denunciar", señala.
Huenchul remarcó el impacto de la violencia sistemática en el funcionamiento del equipo, sobre todo por las licencias que tomaban las trabajadoras a raíz de los maltratos sufridos: "Afecta estar sin gente, porque las tenés de licencia por enfermedad, licencias que son de largo tratamiento, es un tránsito más difícil y la verdad que afecta al trabajo cotidiano diario porque te falta gente. El resto del personal queda recargado y ahí empiezan las dificultades".
"Hay una mirada distinta, pero faltan capacitaciones serias"
La secretaria gremial subrayó la importancia de contar con herramientas de prevención y abordaje de las violencias hacia adentro del sistema de justicia. En la denuncia contra Sánchez se activó, precisamente, un protocolo de actuación del Ministerio Público de la Defensa que rige desde el año 2024. Huenchual señala que otras áreas de la Justicia como la Judicatura y la Procuración General cuentan con protocolos similares.
"En este caso se activó rápidamente y se dio la intervención urgente, porque estaban pasando cosas delicadas, que quedaron reflejadas en los informes", indica.
Y agrega: "Estas situaciones que han pasado de alguna forma han abierto los ojos a los superiores, cuando hemos tenido situaciones de violencia rápidamente han activado los protocolos, no solamente los protocolos de violencia, sino que para evitar que el conflicto se agrave, tratan de buscar una solución rápida, ya sea respondiendo a la necesidad del compañero o compañera de trabajo, si es que quiere seguir trabajando en ese ámbito o se quiere ir a otro lugar. Hemos trabajado mucho y por eso hemos logrado la confianza de los trabajadores para que se acerquen enseguida cuando se ven vulnerados o violentados".
Consultada sobre los avances en materia de género en el ámbito judicial, si bien consideró que "hay una mirada distinta", cuestionó la falta de formaciones en profundidad: "Las capacitaciones de la Ley Micaela que recibimos en el Poder Judicial fueron un enlatado que venía de la Corte Suprema, no fue una capacitación en la que vinieran profesionales a dictarnos clases, a explicarnos. Eso no es una capacitación seria".
Consideró que "a raíz de estos episodios que se han ido denunciando se han empezado a dar cuenta de que hay ojos y oídos en todos lados, entonces están tratando de evitar estas situaciones". Apuntó al trabajo del Consejo de la Magistratura en este sentido y citó el caso reciente de la jueza de Familia de Comodoro Rivadavia, Jorgelina Castillo, cuyo desempeño fue calificado como insatisfactorio por una Comisión Evaluadora tras constatarse falencias en el trato al personal.
"Son cosas que están mirando y le están prestando atención. En los tres años que ocupa su cargo, el magistrado tiene que saber que va a estar siendo monitoreado. Y nosotros, los trabajadores, somos una parte muy importante, porque somos los que estamos en el día a día y sabemos de las conductas, las maneras de trabajar y de tratar a los empleados. En el caso de Castillo, escucharon a los trabajadores, y eso es un avance", señala.
Pese a estos casos, opinó que es necesario mayor compromiso en las situaciones de violencia que ocurren en las oficinas así como en la capacitación permanente.
Huenchual vinculó este escenario a la marcada ausencia de paridad de género en la Justicia provincial, que recién en 2021 contó por primera vez con mujeres en el Superior Tribunal. "Creo que pasa por el tema de que hace pocos años tenemos a dos mujeres dentro el órgano máximo del Poder Judicial, y deberían cumplir mínimamente con un cupo del 50%". Debería haber más mujeres en el cargo de la Procuración, en la Defensoría General, son todos hombres. Tendría que haber una visión más amplia de género. Sería un buen mensaje que haya paridad y que se empiece a trabajar en serio en perspectiva de género", consideró la secretaria.
Contenido relacionado: Radiografía del techo de cristal en la justicia: El Gobierno elimina el criterio de paridad para la selección de jueces en la Corte
La realidad todavía muestra un escenario complejo, con episodios de violencia que se mantienen en silencio durante años. Respecto al caso de Sánchez, señaló que "fueron 15 años de compañeras, trabajadoras y funcionarias soportando la descalificación, el desprecio, el maltrato, la humillación".
"Realmente es impensable que esto pase dentro del Poder Judicial y bregamos para que tengamos un ámbito laboral saludable dentro de la Justicia, sin violencia, sin persecución, sin acoso, no podemos seguir permitiendo que sigan pasando estas cosas. Esto tiene que ser ejemplificador", concluye.
