El avance de la minería alerta por su presión al medioambiente y comunidadesLa expansión de la minería de litio y cobre en Argentina vuelve a instalar el debate sobre los costos ambientales de la transición energética. La reactivación del tratado minero con Chile, el crecimiento de proyectos extractivos y la presión sobre salares, glaciares, humedales y áreas protegidas conforman un escenario que concentra la atención de comunidades, investigadores y organizaciones ambientalistas.
Cinco investigaciones publicadas por Mongabay Latam analizan distintos aspectos de este proceso y describen conflictos vinculados al acceso al agua, la conservación de ecosistemas estratégicos, la situación de territorios indígenas y la necesidad de fortalecer los controles ambientales.
Uno de los informes aborda la consolidación de empresas chinas en la cadena del litio en América Latina. El estudio del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) examinó diez proyectos en la región y detectó patrones comunes, entre ellos estrés hídrico, estudios ambientales considerados incompletos, conflictos con comunidades locales y escasa transparencia. En Argentina, la investigación identifica emprendimientos emplazados sobre humedales altoandinos, sitios protegidos por la Convención Ramsar y territorios indígenas. La investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vanina Corral, sostuvo que numerosos Estudios de Impacto Ambiental presentan información parcial y ambigua respecto de los estándares previstos por la Ley General del Ambiente.
Otra de las investigaciones se concentra en Fiambalá, en el norte de Catamarca, donde la llegada del proyecto de litio Tres Quebradas, operado por la empresa china Zijin-Liex desde 2017, profundizó las diferencias entre pobladores, prestadores turísticos y la actividad minera. Habitantes de la zona afirman que el paisaje cambió y sostienen que el nivel de la Laguna Verde habría descendido hasta cinco metros. Especialistas consultados en el informe explican que la extracción de litio en salares puede alterar el funcionamiento del ciclo hídrico en estos ecosistemas altoandinos, donde el agua constituye un recurso estratégico tanto para la biodiversidad como para las actividades económicas locales.
La reactivación del tratado de integración minera entre Argentina y Chile constituye otro de los ejes analizados. Científicos y organizaciones ambientales advierten que el acuerdo, concebido hace casi tres décadas, vuelve a impulsar proyectos transfronterizos en un contexto climático muy diferente al de su creación. Las alertas se concentran en los posibles efectos sobre glaciares, ambientes periglaciales y reservas de agua de la cordillera, considerados fundamentales para el abastecimiento de millones de personas. Los especialistas plantean que el escenario actual exige incorporar criterios ambientales acordes con las transformaciones que experimentó la región andina durante los últimos años.
La demanda internacional de cobre también impulsa una nueva expansión minera. Un relevamiento geográfico realizado para otra de las investigaciones identificó en Argentina 21 proyectos ubicados dentro o próximos a áreas protegidas. Cinco de ellos se encuentran en el Parque Nacional San Guillermo, declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco. El informe señala que el crecimiento de la actividad minera vinculada a la transición energética se superpone con ecosistemas de alta sensibilidad ambiental y territorios comunitarios.
El panorama se completa con la situación de la Reserva Natural Los Andes, en Salta, la mayor área protegida de esa provincia. La investigación indica que el área permanece desde hace más de cuatro décadas sin un plan de manejo efectivo y analizó 22 proyectos mineros, de los cuales 14 se superponen completamente con salares ubicados dentro de la reserva. El informe remarca que estos ambientes cumplen un papel central en la conservación del agua, la biodiversidad y los territorios de comunidades indígenas, mientras enfrentan una creciente presión por el desarrollo de la minería de litio.
La expansión de la minería de litio y cobre en Argentina vuelve a instalar el debate sobre los costos ambientales de la transición energética. La reactivación del tratado minero con Chile, el crecimiento de proyectos extractivos y la presión sobre salares, glaciares, humedales y áreas protegidas conforman un escenario que concentra la atención de comunidades, investigadores y organizaciones ambientalistas.
Cinco investigaciones publicadas por Mongabay Latam analizan distintos aspectos de este proceso y describen conflictos vinculados al acceso al agua, la conservación de ecosistemas estratégicos, la situación de territorios indígenas y la necesidad de fortalecer los controles ambientales.
Uno de los informes aborda la consolidación de empresas chinas en la cadena del litio en América Latina. El estudio del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) examinó diez proyectos en la región y detectó patrones comunes, entre ellos estrés hídrico, estudios ambientales considerados incompletos, conflictos con comunidades locales y escasa transparencia. En Argentina, la investigación identifica emprendimientos emplazados sobre humedales altoandinos, sitios protegidos por la Convención Ramsar y territorios indígenas. La investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vanina Corral, sostuvo que numerosos Estudios de Impacto Ambiental presentan información parcial y ambigua respecto de los estándares previstos por la Ley General del Ambiente.
Otra de las investigaciones se concentra en Fiambalá, en el norte de Catamarca, donde la llegada del proyecto de litio Tres Quebradas, operado por la empresa china Zijin-Liex desde 2017, profundizó las diferencias entre pobladores, prestadores turísticos y la actividad minera. Habitantes de la zona afirman que el paisaje cambió y sostienen que el nivel de la Laguna Verde habría descendido hasta cinco metros. Especialistas consultados en el informe explican que la extracción de litio en salares puede alterar el funcionamiento del ciclo hídrico en estos ecosistemas altoandinos, donde el agua constituye un recurso estratégico tanto para la biodiversidad como para las actividades económicas locales.
La reactivación del tratado de integración minera entre Argentina y Chile constituye otro de los ejes analizados. Científicos y organizaciones ambientales advierten que el acuerdo, concebido hace casi tres décadas, vuelve a impulsar proyectos transfronterizos en un contexto climático muy diferente al de su creación. Las alertas se concentran en los posibles efectos sobre glaciares, ambientes periglaciales y reservas de agua de la cordillera, considerados fundamentales para el abastecimiento de millones de personas. Los especialistas plantean que el escenario actual exige incorporar criterios ambientales acordes con las transformaciones que experimentó la región andina durante los últimos años.
La demanda internacional de cobre también impulsa una nueva expansión minera. Un relevamiento geográfico realizado para otra de las investigaciones identificó en Argentina 21 proyectos ubicados dentro o próximos a áreas protegidas. Cinco de ellos se encuentran en el Parque Nacional San Guillermo, declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco. El informe señala que el crecimiento de la actividad minera vinculada a la transición energética se superpone con ecosistemas de alta sensibilidad ambiental y territorios comunitarios.
El panorama se completa con la situación de la Reserva Natural Los Andes, en Salta, la mayor área protegida de esa provincia. La investigación indica que el área permanece desde hace más de cuatro décadas sin un plan de manejo efectivo y analizó 22 proyectos mineros, de los cuales 14 se superponen completamente con salares ubicados dentro de la reserva. El informe remarca que estos ambientes cumplen un papel central en la conservación del agua, la biodiversidad y los territorios de comunidades indígenas, mientras enfrentan una creciente presión por el desarrollo de la minería de litio.
