Bajo la excusa del ahorro fiscal, desde el día uno el Gobierno nacional viene aplicando distintas maniobras para reestructurar el esquema de servicios públicos con el objetivo de trasladar el costo real del suministro a los usuarios. El servicio de gas fue uno de los más afectados: la paulatina eliminación de subsidios -que alcanzó a más de 3 millones de personas- llevó a un aumento acumulado de más del 2000% en las boletas. En la Patagonia el aumento es todavía más significativo, con una tarifa promedio que casi duplica la nacional. Y a ello hay que sumarle los aumentos en las tarifas de energía eléctrica. En pleno invierno, en el Congreso se discute la modificación del Régimen de Zona Fría, que podría derivar en otro aumento desmedido para las localidades patagónicas.
Aumentos exorbitantes en la Patagonia
En el marco de la reestructuración del régimen de subsidios a los servicios esenciales, desde 2024 el Gobierno de Javier Milei avanza con una simplificación de las categorías de usuarios con subsidio. Tras varias modificaciones, en el caso del gas, el esquema se redujo a hogares con subsidio y hogares sin subsidio, definidos por ingreso, patrimonio y consumo.
En mayo del 2024 el Poder Ejecutivo oficializó el Decreto 465/2024 que proyectaba una recomposición de las tarifas de energía y gas con el fin de "asegurar una transición gradual, ordenada y previsibles" hacia un esquema que traslade los costos reales de la energía a los usuarios, promueva la eficiencia energética y asegure el acceso de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado a los usuarios vulnerables.
Para el gas natural, hasta ese momento las tarifas se dividían en tres segmentos: N1 (Altos ingresos), N2 (Bajos ingresos) y N3 (Ingresos medios). De acuerdo al Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET), para diciembre de 2023 el segmento N1 pagaba una factura 1,9 veces superior al segmento N3 y 2.2 veces mayor al segmento N2.
El primer grupo perdió el subsidio y comenzó a pagar el costo pleno del gas. Los segmentos de ingresos medios y bajos mantuvieron un porcentaje del subsidio, aunque las sucesivas reestructuraciones y ajustes también impactaron de forma significativa en estas boletas.
A mediados de junio el Gobierno oficializó otra quita de subsidios para tarifas de energía y gas, en el marco de la transición hacia un nuevo esquema de asistencia, a aplicarse entre el 1º de junio hasta el 30 de noviembre de 2024. La Resolución 91/2024 de la Secretaría de Energía aumentó los precios para el gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y extendió los topes de consumo subsidiado de los usuarios de ingresos medios a los usuarios de ingresos bajos.
Los fundamentos de la Resolución apuntan a un "mal manejo" de las gestiones anteriores respecto a los criterios para la focalización de los subsidios y a un desconocimiento del "verdadero costo de la energía" por parte de los usuarios, "apartándose de los hábitos de consumo responsable y eficiente".
Respecto al servicio de gas, se contemplaron subsidios diferenciados para los usuarios N2 y N3 (del 64% y 55%, respectivamente), aunque se modificaron los topes de consumo, lo que implica que el consumo excedente de estos segmentos quedará valorizado a precio pleno, sin bonificación.
La medida preveía, además, una bonificación "adicional y transitoria sobre los consumos excedentes" para los "usuarios más vulnerables del sur del país", es decir, usuarios Nivel 2 abastecidos por Camuzzi Gas del Sur, durante la época invernal.
Pese al mantenimiento de un esquema de subsidios en ingresos medios y bajos, para ese momento las facturas de gas natural en la Patagonia ya registraban una suba promedio del 1.875%.
Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET) la factura promedio correspondiente a junio 2026 para un usuario sin subsidios es de $94.579 por mes ajustada por estacionalidad mientras que un usuario con subsidios, en promedio, afronta una factura de $64.206. Las provincias patagónicas, abastecidas por Camuzzi Gas del Sur, se ubican muy por encima de esta cifra, con una boleta promedio de $179.803 sin subsidios y de $114.881 con subsidios.
El informe muestra una amplia diferencia entre regiones. Tierra del Fuego registra las tarifas más elevadas, con un promedio de $269.478 (sin subsidio). Le siguen Santa Cruz ($258.849), Cordillera de Neuquén ($166.722), Cordillera de Chubut y Río Negro ($166.671), Chubut Sur ($166.253), Chubut y Río Negro ($115.589) y Neuquén ($115.060).
Los datos evidencian una suba significativa en los últimos tres años: en diciembre del 2023, la factura promedio para un usuario de ingresos medios era de $2.690 en la media nacional y de $3.605 en la Patagonia. Tomando como referencia este valor, el aumento durante la gestión libertaria ronda el 3.500% en el país y el 4-800% en la zona patagónica. Si se toman en cuenta las tarifas promedio con subsidios, la suba es ligeramente menor pero sigue significando un duro golpe al bolsillo.
A finales del 2025 el Gobierno simplificó aún más el esquema de subsidios, con la creación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida, oficializada a través del Decreto 943/2025, reemplazó el anterior registro (RASE) y estableció una bonificación del 50% en las facturas de luz y gas (gas natural, garrafa y gas propano por redes) destinada a hogares con ingreso que no superen tres Canastas Básicas Totales (CBT).
En junio de este año se establecieron nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras de energía, en el marco del esquema de revisión y segmentación de subsidios energéticos que sigue vigente.
En este escenario, el peso de las tarifas en el bolsillo familiar es cada vez mayor: según un informe de Fundación Capital, para una familia con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, el gasto destinado a las tarifas de servicios ya representa el 22% del ingreso mensual, cuatro veces más que en 2023.
Para un hogar con dos jubilaciones mínimas, el porcentaje pasó del 5,1% al 17,3%. Para una familia con un ingreso mensual de $1,5 millones, el peso de los servicios se duplicó, pasando del 7% al 14%. Para un hogar con un salario medio del sector formal casi se triplicó, pasando de 3,8% a 10,7%.
Las maniobras del Gobierno: tarifazos y precios liberados
Las modificaciones en las políticas energéticas no se limitan al servicio de gas natural, sino que afectan al grueso de la población, con medidas que también impactan en quienes dependen de otros sistemas como el gas propano o el uso de garrafas.
De cara al invierno, el Gobierno aceleró el ajuste con una nueva maniobra que implica un duro golpe a usuarios del interior del país. A través de la Resolución 126/2026, publicada el 2 de junio, se oficializó un cambio en la fórmula del gas propano indiluido por redes, el cual pasó a representar el 60% del Precio de Paridad de Exportación (PPE). La medida profundiza el ajuste de subsidios: el porcentaje del PPE trasladado a las facturas era apenas del 25% y para junio de 2025 se había elevado al 40%.
El Ejecutivo justificó la medida con la excusa de la "emergencia del sector energético" y la necesidad de reducir el costo fiscal para el Estado. Sin embargo, afecta directamente a las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe, en localidades que carecen de gas natural y dependen exclusivamente de este sistema.
En la región patagónica, la medida impacta más fuerte en las localidades de Camarones, Gan Gan, Gastre, Gualjaina, Paso de Indios en Chubut; El Chaltén, Gobernador Gregores, Hipólito Yrigoyen, Los Antiguos, Perito Moreno y Tres Lagos en Santa Cruz; Aluminé, Bajada del Agrio, Barrancas, Caviahue, El Cholar, El Huecú, Las Coloradas, Las Ovejas Loncopué, Manzano Amargo, Taquimilán, Tricao Malal, Varvarco, Villa Pehuenia y Villa Traful en la provincia de Neuquén.
Por otro lado, la resolución establece que los cuadros tarifarios se actualizarán de forma automática ante cualquier modificación en el precio de referencia internacional del propano, por lo que el valor de un servicio básico, sobre todo en época invernal, quedará a merced de la volatilidad del mercado.
A mediados del año pasado, en plena ola de frío que generó faltas en el suministro de gas, el Gobierno decidió liberar los precios de referencia de las garrafas, que para ese momento acumulaban un aumento del 54% en términos reales desde el inicio de la gestión.
"Se eliminan los precios de referencia. Los precios libres son la mejor brújula para un mercado sano", escribió el entonces ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger en un posteo en su cuenta oficial de X, donde detalló otras medidas para desregular el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a partir del Decreto 446/2025.
De acuerdo a un relevamiento reciente del Instituto Argentina Grande (IAG) el valor de la garrafa aumentó en un 842% desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Cabe remarcar que el 40% de los hogares argentinos utiliza garrafas para cocinar. En este sentido, el informe del IAG advierte las consecuencias de sostener un elevado precio del producto, considerando que en los hogares de menores ingresos es donde el gas envasado constituye la principal fuente para cocinar y calefaccionarse, sobre todo en épocas de bajas temperaturas.
Modificación del Régimen de Zona Fría: como podría afectar a los patagónicos
El debate por los servicios se intensificó durante los últimos meses, con la propuesta del Gobierno de modificar la Ley de Zona Fría, que establece subsidios al gas natural para ciertas regiones patagónicas, propuesta aún en discusión en el Congreso. La normativa fue ampliada en 2021 para incluir todas las zonas bioambientales templado-frías y frías del país, además de sumar beneficios a hogares vulnerables y hogares no vulnerables de las zonas nuevas.
Para las zonas contempladas originalmente en la ley -la Patagonia, la localidad de Malargüe (Mendoza) y la Puna- se mantendrían los subsidios para el consumo de gas natural y gas propano por redes. Para las zonas incorporadas en 2021, que constituyen ciertos departamentos en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025.
También calificarían para el subsidio, independientemente del nivel de ingresos, los hogares con un integrante con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) o con Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas. Para los hogares con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la inclusión queda sujeta a evaluación posterior de la Secretaría de Energía.
El proyecto contempla además un recorte sobre el subsidio, que sólo financiaría el 50% del consumo de gas natural y gas propano por redes, dejando fuera al transporte y la distribución. Y se calculará solo sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa.
El oficialismo logró dar media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. El tratamiento del proyecto en el Senado quedó postergado frente a las críticas de ciertos sectores de la oposición ante la ola polar que atraviesa la Argentina, lo que desnuda el costo real de impulsar una iniciativa de este tipo.
Lo cierto es que, si bien mantiene el beneficio en la zona patagónica, el proyecto igualmente introduce modificaciones que podrían acabar impactando de manera significativa en las boletas de la región.
Hasta ahora, los usuarios alcanzados por el Régimen de Zona Fría reciben una bonificación de entre el 30% y el 50% sobre la factura de gas. En principio, el proyecto del oficialismo modifica este punto y establece que los porcentajes de descuento quedarán sujetos a discreción del Ejecutivo. Además, establece que el subsidio sólo se aplicará sobre el precio de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es uno de los tres ítems que integran la factura residencial.
Los otros dos componentes son el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el costo del transporte troncal del gas natural, segmentos sobre los cuales el Estado dejará de subsidiar. Esto quiere decir que incluso las regiones que permanezcan dentro del régimen también registrarán incrementos en sus facturas.
Por otro lado, se establece un tope de consumo, y aquellos consumos que superen ese límite se reflejarán en la factura de acuerdo a la tarifa plena. Este detalle podría suponer un aumento considerable para las localidades patagónicas que atraviesan períodos de frío extremo y deben contar con la calefacción encendida de manera constante.
Bajo la consigna "Para los patagónicos, lo que es de la Patagonia", los representantes del peronismo en la región unificaron su rechazo a cualquier modificación del Régimen de Zona Fría.
"Hace más de 100 años que nuestras provincias le dan energía al país. Este gobierno insiste en restringir nuestros derechos adquiridos y no estamos dispuestos a seguir siendo solo zona de sacrificio", expresaron en la previa a la sesión en diputados Juan Pablo Luque y José Glinski (Chubut), Andrea Fretes (Tierra del Fuego); Moira Lanesan, Ana María Ianni y Juan Carlos Molina (Santa Cruz); Adriana Serquis y Marcelo Mango (Río Negro); y el neuquino Pablo Todero.
A través de un vídeo en redes sociales, los legisladores advirtieron el impacto de la medida en la región: "Miles de patagónicos van a pagar la tarifa plena quienes puedan aplicar al subsidio van a contar con un tope mensual. Solo un patagónico entiende que con un tope de consumo no hay invierno que se soporte y nuestros inviernos son muy largos".
La motosierra en el gasto público dejó a casi la mitad de los usuarios de energía y gas pagando la tarifa plena. El saldo de la reestructuración de las políticas energéticas implica una disminución de más de US$5600 millones para el Estado. Sin embargo, también redujo en casi 3 millones la cantidad de hogares con subsidios energéticos. Las sucesivas modificaciones en el esquema de subsidios impacta sobre todo en los hogares de ingresos medios, que hasta hace poco contaban con bonificaciones parciales en las boletas de servicios esenciales.
Los aumentos se trasladan al resto de los servicios, con cifras muy por encima del tímido crecimiento del poder adquisitivo. En el medio, las empresas llevan adelante audiencias públicas para discutir las reestructuraciones tarifarias, pero las demandas de los ciudadanos quedan olvidadas frente a los argumentos de la crisis en el sector y la necesidad de incrementar los valores, una problemática de fondo que acaba siempre trasladándose al bolsillo de los usuarios.
