La Patagonia se ha convertido en un objeto de deseo en los planes de los poderosos del mundo. Algunos ya desembarcaron para comprar tierras ricas en biodiversidad, otros avanzan a paso acelerado con la extracción de los recursos naturales tal como sucede con el petróleo de las Malvinas, pero muchos proyectan apoderarse del territorio para una conquista que apunta al saqueo de recursos mineros, tierras raras, las fuentes de agua y hasta para la instalación de los tan deseados data center con los que alimentar a la Inteligencia Artificial. En ese marco el actual Gobierno nacional de Javier Milei -que ya lo había intentado con el DNU 70 y avanzó con la Ley de Glaciares- ahora pretende liberar la compra de tierras para extranjeros, desentendiéndose del firme reclamo de soberanía que debería efectuar a Inglaterra por la explotación petrolera en las islas del Atlántico Sur. Lo que queda de soberanía e independencia del país no solamente está en riesgo por el avance extranjero, sino también por el accionar cómplice de la gestión libertaria y buena parte de la política vernácula que mira para otro lado o a lo sumo cacarea sin muchas acciones concretas. La colonización y el saqueo son una realidad en el presente y el futuro de la Patagonia.
La extranjerización de la tierra en la Patagonia viene de larga data. Desde hace casi un siglo y medio los extranjeros fueron desembarcando en la Patagonia concentrando sus tierras, sacando sus riquezas, desplazando a los pueblos originarios y creando feudos cercados.
Hace más de un siglo fue el turno de los británicos que gracias a la sanguinaria Campaña al Desierto de Julio Argentino Roca se quedaron con enormes porciones de territorio en la patagónica Santa Cruz. Terratenientes que jamás nadie expropió en la región, salvo aquel intento del gobernador Jorge Cépernic en su mandato interrumpido de 1973.
La investigación de El Extremo Sur determina que en las cinco provincias patagónicas 1.302 familias son dueñas 32,7 millones de hectáreas que representan el 41,6% de la totalidad de tierra rural y el 70,4% de las EAP.
Después, más acá en el tiempo, llegarían los Ted Turner a Neuquén y Tierra del Fuego; Douglas Tompkins con su "conservacionismo" en territorio santacruceño; Joe Lewis con su rionegrino Lago Escondido y los hermanos Benetton en la chubutense Cushamen.
En los últimos años fue el turno del desembarco de los jeques árabes que compraron miles de hectáreas en la Patagonia, como en el caso del príncipe de Qatar, algunas de las cuales las adquirieron a través de "donaciones" poco claras a "testaferros" locales que se hicieron de las tierras como en el caso del ex polista Hugo Barabucci que compró con dólares "donados" por los Emiratos Árabes Unidos.
En la primera sesión del Senado durante agosto la gestión de Javier Milei, con Patricia Bullrich al frente del andamiaje legislativo, buscará aprobar el proyecto de Federico Sturzenegger sobre lo que denominaron "Inviolabilidad de la Propiedad Privada"; donde entre sus temas principales se propone levantar las actuales restricciones para que los "inversores" extranjeros puedan comprar sin limitaciones porciones del territorio nacional.
No es el primer avance para habilitar la extranjerización en mayores proporciones, el propio Milei lo intentó hacer con el DNU 70 -frenado dicho capítulo en la Justicia- y a mediados de 2016 la gestión de Mauricio Macri emitió un decreto que flexibilizó la Ley en lo que hace a la extranjerización de la tierra facilitando las transferencias de acciones o participaciones societarias.
Eliminó para estos casos la exigencia de solicitar un certificado de habilitación al registro (permiso previo) y lo reemplazó por una obligación de comunicar la operación, pero sin sanción ante el incumplimiento. Ese decreto fue judicializado y recién en 2020 la jueza María Alejandra Biotti rechazó las acciones de amparo y evitó pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
La propuesta del actual gobierno libertario iba a ser tratado un día después del partido de las semifinales del Mundial entre los seleccionados de Argentina e Inglaterra; pero tras el triunfo argentino sobre los ingleses apareció el "trapo prohibido" que hizo estallar el reclamo por las Malvinas.
"Las Malvinas son argentinas" expuso ante el mundo esa bandera de sábana que mostraron algunos de los jugadores argentinos y el fuerte impacto político hizo retroceder a algunos senadores "aliados" que suelen acompañar la mayoría de los proyectos de Milei.
Con el descenso de la espuma malvinizadora, ahora el oficialismo pone proa hacia la sesión del 6 de agosto donde aspira a conseguir el quórum y que se apruebe la ley que impulsa. Para ese día se ha convocado una movilización multisectorial al Congreso Nacional y en las jornadas previas habrá manifestaciones contra el proyecto en diferentes puntos del país.
Los ejes del proyecto oficial
* Tierras Rurales: Apertura al capital extranjero. Se eliminan los límites de extranjerización que impedían que más del 15% del territorio (nacional, provincial o municipal) estuviera en manos extranjeras, así como el tope de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo. Legislación modificada: Ley de Tierras Rurales N° 26.737. (https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192150/norma.htm)
* Manejo del Fuego: Cambio en el Uso del Suelo. Deroga las restricciones que impedían la venta o el cambio de uso del suelo en tierras quemadas por plazos de hasta 60 años. Si bien el dictamen del Senado mantuvo protecciones para bosques nativos, se flexibiliza el uso en áreas rurales. Legislación modificada: Ley de Manejo del Fuego N° 26.815.
* Expropiaciones: Restricciones al Estado. El proyecto redefine la "utilidad pública" bajo criterios estrictos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Se incorpora el pago del lucro cesante en la indemnización y se exige el pago íntegro previo a la toma de posesión por parte del Estado. Legislación modificada: Ley de Expropiaciones N° 21.499.
* Desalojos: El Procedimiento "Sumarísimo" busca acelerar la recuperación de inmuebles mediante un proceso abreviado. Se facilita la restitución inmediata permitiendo al propietario recuperar el bien bajo caución juratoria (declaración bajo juramento), eliminando en muchos casos la necesidad de una garantía económica previa. Legislación modificada: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Código Civil y Comercial de la Nación.
* Registros de la Propiedad: Digitalización y Plazos Establece la obligatoriedad de plazos máximos (30 días) para el control de legalidad registral y promueve la implementación de la firma digital y la Ventanilla Única Federal Inmobiliaria.
Las islas Malvinas son un territorio argentino usurpado y ocupado por los ingleses desde 1833 y desde entonces están en disputa con la corona británica. Además de ser una zona geoestratégicamente importante para el control del Atlántico Sur y especialmente de la Antártida, el Reino Unido se ha propuesto llevar adelante la explotación de sus recursos naturales.
Es así que viene explotando los recursos ictícolas con licencias pesqueras otorgadas desde 1987 y desde hace algunos años comenzaron las campañas de exploración en la búsqueda de petróleo. Ahora se propone dar un paso más en el saqueo de los hidrocarburos existentes en la plataforma submarina que rodea a las islas y avanza con el proyecto Sea Lion, liderado por la empresa israelí Navitas Petroleum (con el 65% de participación) y la británica Rockhopper Exploration (controlante del 35% restante).
Sea Lion fue descubierto en 2010 por Rockhopper Exploration, pero el proyecto quedó frenado durante casi quince años por la caída del precio del petróleo y la reticencia de las compañías a exponer sus balances a un yacimiento remoto y jurídicamente conflictivo. Ese estancamiento se rompió cuando Navitas Petroleum, de origen israelí, asumió el financiamiento que Rockhopper no podía sostener.
El yacimiento off shore que se propone explotar el proyecto Sea Lion está ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago y con una inversión de 3.900 millones de dólares avanza hacia su etapa de desarrollo con la expectativa de iniciar producción en el año 2028.
Se estima que las reservas de petróleo ascenderían 917 millones de barriles y que en una primera etapa de extracción se alcanzarían los 55 mil barriles diarios de producción hacia el año 2028; mientras que en una segunda etapa se proyecta una extracción diaria de 180 mil barriles.
Según las proyecciones de Navitas, los ingresos fiscales anuales del gobierno local por Sea Lion, principalmente impuestos corporativos y regalías, podrían alcanzar 280 millones libras en 2034.
El avance de Gran Bretaña en la explotación petrolera de Malvinas es una clara violación a la soberanía de Argentina, algo que el actual gobierno de Milei parece no comprender o inclusive apoyar en función de su inacción sobre el tema.
Tal como publicó el Diario Tiempo Argentino, desde 2011 la Ley 26.659 -modificada en 2013 por la Ley 26.915- prohíbe de forma taxativa explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Gobierno nacional. Prevé inhabilitaciones de 5 a 20 años para operar en el país y contempla responsabilidad penal para personas físicas y jurídicas. Entre 2011 y 2015 se sancionó a ocho empresas bajo este marco, con una causa que tramitó en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego -el mismo fuero que hoy permanece inactivo frente a Sea Lion-.
El dato que vuelve más grave la inacción actual: en 2021, el Estado argentino aplicó esa ley contra Navitas Petroleum, la misma empresa que hoy lidera Sea Lion, inhabilitándola por explorar sin autorización en la Cuenca de Malvinas Norte. Junto a Navitas, en el mismo proceso, cayeron también las británicas Chrysaor Holdings y Harbour Energy. La Secretaría de Energía de Nación tramitó el expediente, dictó la resolución, y aplicó la sanción.
El mecanismo funcionó una vez, contra la misma empresa, en la misma cuenca. El gobierno de Milei tiene el antecedente, tiene el fuero y tiene la norma. Lo único que decidió no tener es la voluntad de repetir el proceso.
El oficialismo podría argumentar que la Cancillería envió notas de protesta y advertencias a las petroleras que operan en Sea Lion, pero una advertencia y una sanción son cosas distintas. Una advertencia es apenas una nota formal de reclamo. Una sanción bajo la Ley 26.659 activa un circuito con plazos, pruebas y una resolución que frena y castiga a la empresa, tal como sucedió en el Navitas.
Pero claro, el gobierno libertario de Milei tiene "relaciones carnales" con la Israel del primer ministro Benjamín Netanyahu y además "admira" a la ex primer ministra británica Margaret Thatcher. Difícilmente vaya a poder esperarse de este gobierno, que negocia con los Estados Unidos de Donald Trump vaya a saber qué estrambótico apoyo por la soberanía de las islas, algún tipo de sanción para los saqueadores de los recursos naturales de las Malvinas.
Fuente fotográfica de portada intervenida en base a la perteneciente a Miguel Escobar.
