Pese a la decisión de la Corte, el Gobierno sigue sin aplicar la Ley de Financiamiento y hunde a las universidadesRecientemente el Gobierno de Javier Milei anunció un aumento de partidas para diversas áreas estatales, entre ellas las universidades nacionales. Si bien argumenta que es el primer paso para cumplir la cautelar que hace poco ratificó la Corte Suprema, entre la comunidad universitaria persiste la incertidumbre. Hasta el momento el Ejecutivo solo hizo anuncios: los aumentos previstos para salarios y becas que ordena la medida judicial todavía no se hacen efectivos. En el medio, el Consejo Interuniversitario Nacional exige la acción de la Justicia ante la desidia del Gobierno nacional: "Esta es, sin dudas, la causa más importante de la Argentina en términos institucionales, todo el sistema educativo universitario depende de lo que aquí se resuelva".
Refuerzo de partidas para las universidades
El Gobierno nacional anunció una nueva modificación del Presupuesto 2026 que contempla un incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales. La decisión fue oficializada hace poco más de una semana a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete.
La medida incorpora una ampliación del gasto público superior a los 4 billones de pesos para diversos programas estatales. Según los fundamentos, el objetivo es asegurar la continuidad de los servicios esenciales y garantizar el funcionamiento de las distintas áreas del Estado.
Para el caso de las universidades, la ampliación proyecta 1,3 billones de pesos para los gastos de funcionamiento, de los cuales 26 mil millones de pesos están destinados al sostenimiento de las becas estudiantiles.
Pese a la resolución del conflicto judicial, todavía persisten dudas sobre la manera en que el Gobierno afrontará los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. La cautelar avalada por la Corte Suprema incluye apenas dos ítems de la ley, por lo que quedan afuera otros gastos vinculados a programas de asistencia y fortalecimiento.
El reclamo de fondo sigue siendo el cumplimiento de la ley completa -aprobada en octubre del 2025 y ratificada por el Congreso-, lo que permitirá mayor previsibilidad en la continuidad de los programas y las trayectorias académicas. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las universidades han sufrido un fuerte ajuste que afecta todos los aspectos: desde la paralización de la obra pública, el congelamiento de becas y la eliminación de programas hasta el amplio recorte en el área de Ciencia y Técnica.
Este escenario ha provocado un éxodo de docentes y estudiantes, panorama que, si bien no es generalizado en todas las casas de estudio, da cuenta del impacto del desfinanciamiento en la comunidad universitaria.
Cabe recordar que el pasado 10 de junio, mientras se desarrollaba el conflicto judicial, el Ejecutivo firmó un acuerdo con las autoridades universitarias en el que se comprometía a transferir fondos para un incremento del 24% en salarios, del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de hasta $50.000.000.000.
En paralelo al aumento previsto en el acuerdo, el Gobierno debería garantizar otro incremento de al menos 20% para recomponer la pérdida salarial del sector universitario. Estimaciones de los gremios indican que la pérdida ronda entre el 45% y 50%.
El CIN exige que la Corte se pronuncie
En este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por rectores de todo el país, pidió la habilitación de la feria judicial para que la Justicia avance con el dictado de una sentencia definitiva sobre la causa por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento.
Los aumentos previstos en la cautelar, dictada a fines de junio, todavía no se materializan en las liquidaciones. El Decreto reciente del Gobierno tampoco da certezas sobre cuándo impactarían las partidas en las casas de estudio.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, en representación del CIN, presentó un escrito ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal para que se "habilite la feria a fin de avanzar en esta causa con el dictado de sentencia".
"Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada por vuestra señoría en diciembre de 2025 y ya estamos en julio de 2026. Todo lo contrario, el PEN ha formulado muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite y ordinarizar este amparo", alegó Bartolacci en la presentación.
"Esta es, sin dudas Su Señoría, la causa más importante de la Argentina en términos institucionales, todo el sistema educativo universitario depende de lo que aquí se resuelva", expresó.
El CIN busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, donde el Ejecutivo dispuso que la Ley de Financiamiento solo podrá ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento, lo cual hasta la fecha mantiene suspendida su aplicación.
Además del incremento de las partidas, el artículo 6 de la Ley sostiene que el Gobierno debe convocar a paritarias. Por el momento no hay certezas de si cumplirá con este ítem: los gremios denuncian que desde mediados de 2024 no hay convocatorias, y los aumentos han sido oficializados de manera unilateral, sin participación del sector docente.
Según detalló a este medio la secretaria de ADU, Verónica Botto, tras el conflicto judicial y la firma del acuerdo, resta una instancia de negociación con el Gobierno para calcular de manera precisa de cuánto es la pérdida salarial y cuál sería el porcentaje de aumento para recomponer finalmente los salarios.
Para 2025 el CIN había solicitado 7,2 billones de pesos para las universidades nacionales. Las partidas asignadas por el Gobierno -que hasta el año pasado fueron una prórroga del 2023- cubren poco menos de la mitad de ese monto.
Para cumplir con los artículos de la cautelar, el Gobierno debería desembolsar cerca de 2,5 billones de pesos. Estas partidas se sumarían a los 4 billones previstos en el Presupuesto 2026, aunque todavía sería necesario calcular el presupuesto necesario en función a todos los ítems de la Ley de Financiamiento, que proponía, entre otras cosas, un aumento gradual del porcentaje del PBI destinado a Educación.
Aunque las últimas medidas del Gobierno muestran un avance, el escenario sigue siendo de profunda incertidumbre para la comunidad universitaria, que en lo que va de la gestión libertaria llevó adelante cuatro marchas federales para exigir financiamiento al sistema. Por el momento, las partidas correspondientes a la cautelar no se ven impactadas en los gastos para salarios y funcionamiento, y no hay indicios de una eventual convocatoria a paritarias, por lo que el inicio del segundo cuatrimestre sin dudas abrirá un nuevo capítulo en el conflicto.
Recientemente el Gobierno de Javier Milei anunció un aumento de partidas para diversas áreas estatales, entre ellas las universidades nacionales. Si bien argumenta que es el primer paso para cumplir la cautelar que hace poco ratificó la Corte Suprema, entre la comunidad universitaria persiste la incertidumbre. Hasta el momento el Ejecutivo solo hizo anuncios: los aumentos previstos para salarios y becas que ordena la medida judicial todavía no se hacen efectivos. En el medio, el Consejo Interuniversitario Nacional exige la acción de la Justicia ante la desidia del Gobierno nacional: "Esta es, sin dudas, la causa más importante de la Argentina en términos institucionales, todo el sistema educativo universitario depende de lo que aquí se resuelva".
Refuerzo de partidas para las universidades
El Gobierno nacional anunció una nueva modificación del Presupuesto 2026 que contempla un incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales. La decisión fue oficializada hace poco más de una semana a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete.
La medida incorpora una ampliación del gasto público superior a los 4 billones de pesos para diversos programas estatales. Según los fundamentos, el objetivo es asegurar la continuidad de los servicios esenciales y garantizar el funcionamiento de las distintas áreas del Estado.
Para el caso de las universidades, la ampliación proyecta 1,3 billones de pesos para los gastos de funcionamiento, de los cuales 26 mil millones de pesos están destinados al sostenimiento de las becas estudiantiles.
Pese a la resolución del conflicto judicial, todavía persisten dudas sobre la manera en que el Gobierno afrontará los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. La cautelar avalada por la Corte Suprema incluye apenas dos ítems de la ley, por lo que quedan afuera otros gastos vinculados a programas de asistencia y fortalecimiento.
El reclamo de fondo sigue siendo el cumplimiento de la ley completa -aprobada en octubre del 2025 y ratificada por el Congreso-, lo que permitirá mayor previsibilidad en la continuidad de los programas y las trayectorias académicas. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las universidades han sufrido un fuerte ajuste que afecta todos los aspectos: desde la paralización de la obra pública, el congelamiento de becas y la eliminación de programas hasta el amplio recorte en el área de Ciencia y Técnica.
Este escenario ha provocado un éxodo de docentes y estudiantes, panorama que, si bien no es generalizado en todas las casas de estudio, da cuenta del impacto del desfinanciamiento en la comunidad universitaria.
Cabe recordar que el pasado 10 de junio, mientras se desarrollaba el conflicto judicial, el Ejecutivo firmó un acuerdo con las autoridades universitarias en el que se comprometía a transferir fondos para un incremento del 24% en salarios, del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de hasta $50.000.000.000.
En paralelo al aumento previsto en el acuerdo, el Gobierno debería garantizar otro incremento de al menos 20% para recomponer la pérdida salarial del sector universitario. Estimaciones de los gremios indican que la pérdida ronda entre el 45% y 50%.
El CIN exige que la Corte se pronuncie
En este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por rectores de todo el país, pidió la habilitación de la feria judicial para que la Justicia avance con el dictado de una sentencia definitiva sobre la causa por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento.
Los aumentos previstos en la cautelar, dictada a fines de junio, todavía no se materializan en las liquidaciones. El Decreto reciente del Gobierno tampoco da certezas sobre cuándo impactarían las partidas en las casas de estudio.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, en representación del CIN, presentó un escrito ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal para que se "habilite la feria a fin de avanzar en esta causa con el dictado de sentencia".
"Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada por vuestra señoría en diciembre de 2025 y ya estamos en julio de 2026. Todo lo contrario, el PEN ha formulado muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite y ordinarizar este amparo", alegó Bartolacci en la presentación.
"Esta es, sin dudas Su Señoría, la causa más importante de la Argentina en términos institucionales, todo el sistema educativo universitario depende de lo que aquí se resuelva", expresó.
El CIN busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, donde el Ejecutivo dispuso que la Ley de Financiamiento solo podrá ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento, lo cual hasta la fecha mantiene suspendida su aplicación.
Además del incremento de las partidas, el artículo 6 de la Ley sostiene que el Gobierno debe convocar a paritarias. Por el momento no hay certezas de si cumplirá con este ítem: los gremios denuncian que desde mediados de 2024 no hay convocatorias, y los aumentos han sido oficializados de manera unilateral, sin participación del sector docente.
Según detalló a este medio la secretaria de ADU, Verónica Botto, tras el conflicto judicial y la firma del acuerdo, resta una instancia de negociación con el Gobierno para calcular de manera precisa de cuánto es la pérdida salarial y cuál sería el porcentaje de aumento para recomponer finalmente los salarios.
Para 2025 el CIN había solicitado 7,2 billones de pesos para las universidades nacionales. Las partidas asignadas por el Gobierno -que hasta el año pasado fueron una prórroga del 2023- cubren poco menos de la mitad de ese monto.
Para cumplir con los artículos de la cautelar, el Gobierno debería desembolsar cerca de 2,5 billones de pesos. Estas partidas se sumarían a los 4 billones previstos en el Presupuesto 2026, aunque todavía sería necesario calcular el presupuesto necesario en función a todos los ítems de la Ley de Financiamiento, que proponía, entre otras cosas, un aumento gradual del porcentaje del PBI destinado a Educación.
Aunque las últimas medidas del Gobierno muestran un avance, el escenario sigue siendo de profunda incertidumbre para la comunidad universitaria, que en lo que va de la gestión libertaria llevó adelante cuatro marchas federales para exigir financiamiento al sistema. Por el momento, las partidas correspondientes a la cautelar no se ven impactadas en los gastos para salarios y funcionamiento, y no hay indicios de una eventual convocatoria a paritarias, por lo que el inicio del segundo cuatrimestre sin dudas abrirá un nuevo capítulo en el conflicto.
