Milei quiere sacar límites a la extranjerización, pero en tiempos de Weretilneck y Macri se vendió la naciente de un río a los árabesEl debate sobre la soberanía territorial sumó un capítulo crítico tras revelarse durante los últimos meses una maniobra que viola de forma directa la actual normativa de tierras. En el marco de un juicio desarrollado en San Carlos de Bariloche, el empresario y expolista santafesino Hugo Alberto Barabucci declaró bajo juramento haber recibido una donación de dos millones de dólares provenientes de los Emiratos Árabes Unidos para comprar un extenso campo en la provincia de Río Negro.
La operación inmobiliaria involucra una superficie de aproximadamente 14.689 hectáreas ubicadas en el paraje Alto Río Chubut, una zona estratégica cercana a Ñorquinco y a las nacientes del río homónimo. Esta transacción vulnera la legislación vigente, que impide la venta a extranjeros o la utilización de personas interpuestas para adquirir parcelas ubicadas en zonas de seguridad de fronteras. El propio comprador admitió ante las autoridades judiciales que el dinero fue entregado "sin cargo" y sin exigir nada a cambio.
La polémica confesión salió a la luz durante el proceso judicial que enfrentó a Soledad Cayunao, una mujer de la comunidad mapuche que había sido acusada de usurpación y que finalmente resultó absuelta. Sus defensores, Martín Palumbo y Milton Díaz, advirtieron que la transacción comercial confesada por el terrateniente "fue violatoria de la ley 26.737 (de tierras rurales), cuya derogación fue declarada inconstitucional". El predio se encuentra a tan solo 45 kilómetros del límite internacional con Chile, ubicándose plenamente dentro de la franja de seguridad restringida por la norma.
El rol del gobierno de Macri y la flexibilización de controles
El proyecto legislativo impulsado en la provincia relaciona directamente estas cuestionadas operaciones inmobiliarias con las modificaciones impulsadas durante el gobierno de Mauricio Macri sobre la Ley Nacional 26.737 de Protección de Tierras Rurales. En el año 2016, mediante el decreto 820/2016, el macrismo flexibilizó distintos controles vinculados a la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en zonas rurales y áreas consideradas estratégicas.
Según el planteo de Magdalena Odarda, las operaciones inmobiliarias vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos ocurrieron precisamente durante el período en el que avanzaban negociaciones diplomáticas y comerciales entre la Argentina y Abu Dhabi.
En esos años también se realizaron viajes oficiales del entonces presidente Mauricio Macri y del exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck a los Emiratos Árabes Unidos. Estas visitas habrían facilitado el terreno político para el desembarco de capitales foráneos en una región patagónica clave por sus vastas reservas de agua y recursos naturales.
El antecedente de Joe Lewis y el bloqueo a Lago Escondido
La controversia por la apropiación de áreas fronterizas en Río Negro encuentra un fuerte paralelismo con el histórico conflicto protagonizado por el magnate británico Joe Lewis. En la década de los noventa, el empresario extranjero adquirió miles de hectáreas en torno a Lago Escondido y bloqueó sistemáticamente el acceso público al espejo de agua, desoyendo incluso una resolución del Superior Tribunal de Justicia provincial que ordenaba la apertura de un camino seguro.
El vínculo del terrateniente inglés con los distintos gobiernos provinciales, y en especial con el actual mandatario Alberto Weretilneck, ha sido objeto de permanentes denuncias por parte de organizaciones sociales y ambientales. Durante sus gestiones anteriores, la administración rionegrina fue acusada de actuar en favor de los intereses del británico, impulsando, por ejemplo, una ley a medida para eximir por veinte años del pago de impuestos a su firma hidroeléctrica Patagonia Energía; cómo también nombramientos de familiares de abogados y asesores del magnate en su propia administración. Estos antecedentes de permisividad estatal frente a enclaves foráneos alimentan las actuales sospechas sobre las compras territoriales vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos en la misma región estratégica.
Reclamos legislativos y sospechas de lavado de dinero
La legisladora provincial Magdalena Odarda, junto al bloque Vamos con Todos y el acompañamiento del espacio PJ Nuevo Encuentro, presentó un pedido formal de informes dirigido al Ministerio Público Fiscal de Río Negro. En su presentación, solicitó que se investiguen posibles delitos vinculados al contrabando de divisas, lavado de dinero y la falta de intervención de organismos de control como la Unidad de Información Financiera y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Según la información recabada en su denuncia, los fondos habrían sido girados desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi, pasando por una cuenta del JP Morgan Chase en Nueva York, "sin cumplir con los controles exigidos en materia aduanera, fiscal y penal".
En sus declaraciones públicas, Magdalena Odarda calificó la confesión como un hecho de extrema gravedad y subrayó: "Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía. Voy a impulsar también la intervención del Fiscal de Estado para evaluar la nulidad de esta operación si se comprueban irregularidades. Río Negro no puede ser tierra liberada para maniobras opacas. Vamos a exigir que se investigue a fondo y que se haga cumplir la ley".
La prohibición de los testaferros en zonas de frontera
El marco normativo nacional es estricto respecto a la titularidad de tierras en áreas limítrofes estratégicas. Durante su alegato ante el juez, el abogado Martín Palumbo recordó que los artículos de la ley prohíben expresamente que los extranjeros adquieran lotes en estas zonas protegidas, ya sea de forma directa o "ni por interpósita persona". En este sentido, la legislación determina que utilizar a ciudadanos locales como pantalla física constituye "una simulación ilícita y fraudulenta". Para respaldar su acusación, el letrado remarcó que "el lote objeto del presente litigio está a 45 kilómetros en línea recta de la frontera con Chile y obviamente está en zona de seguridad de frontera, porque la ley establece que esa limitación es de 100 kilómetros".
El tema también generó repercusiones inmediatas en el Congreso de la Nación, donde el diputado Marcelo Mango presentó un proyecto de resolución solicitando la urgente intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación y otros organismos competentes. El legislador aseguró que el Estado argentino tiene "la obligación" de intervenir si se comprueba el uso deliberado de un testaferro, remarcando que "las zonas de seguridad de fronteras no existen por capricho burocrático". A su vez, fundamentó que la normativa restrictiva "fue dictada precisamente para impedir procesos silenciosos de extranjerización de la tierra, concentración territorial y apropiación de áreas sensibles por parte de capitales foráneos".
Contradicciones registrales y el rol de los organismos de control
Otro de los puntos que genera fuertes interrogantes en la investigación radica en las severas contradicciones sobre quién es el verdadero dueño formal de los terrenos. Mientras que Hugo Alberto Barabucci, quien es directivo del Abu Dhabi Polo Team y posee fluidos vínculos con funcionarios de ese país, se presentó como el único comprador del inmueble al empresario Marcelo Mindlin en 2017, otras versiones extraoficiales apuntan hacia el Fideicomiso Amaike. Esta compleja estructura inversora de origen emiratí concentra alrededor de 40.000 hectáreas distribuidas en distintos puntos de la cordillera provincial, destacándose las zonas de El Foyel y El Manso.
Frente a los crecientes cuestionamientos sobre el proceso de escrituración inicial, el director del Registro de la Propiedad Inmueble, Daniel Balduini, respondió a los requerimientos legislativos aclarando que su dependencia técnica "no posee atribuciones ni competencia" para verificar el origen del dinero aplicado a la millonaria compra. En su escrito oficial, el funcionario provincial deslindó cualquier tipo de responsabilidad institucional y sostuvo que la obligación primaria de constatar la procedencia de los fondos correspondía exclusivamente a la escribana interviniente, Ana Elisa Aguado, por su rol ineludible "como sujeto obligado ante la UIF".
El viaje del emir que reavivó la polémica
El tema volvió a quedar en el centro de la escena luego de la llegada a San Carlos de Bariloche, el pasado 24 de febrero, del presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
El mandatario arribó al aeropuerto internacional de la ciudad rionegrina en un operativo rodeado de hermetismo y una seguridad pocas veces vista en la región. La comitiva incluyó un fuerte despliegue logístico, con varios helicópteros preparados para trasladarlo hacia la zona cordillerana de El Manso.
Uno de esos helicópteros partió pocos minutos después del aterrizaje rumbo a la estancia Las Marías, un establecimiento ubicado en cercanías de las tierras cuestionadas. Según trascendió, desde días antes ya funcionaba en el lugar un dispositivo de seguridad privado. La visita fue presentada oficialmente como un viaje privado relacionado con propiedades vinculadas al emirato en la Patagonia argentina.
Fuente: Confidencial
El debate sobre la soberanía territorial sumó un capítulo crítico tras revelarse durante los últimos meses una maniobra que viola de forma directa la actual normativa de tierras. En el marco de un juicio desarrollado en San Carlos de Bariloche, el empresario y expolista santafesino Hugo Alberto Barabucci declaró bajo juramento haber recibido una donación de dos millones de dólares provenientes de los Emiratos Árabes Unidos para comprar un extenso campo en la provincia de Río Negro.
La operación inmobiliaria involucra una superficie de aproximadamente 14.689 hectáreas ubicadas en el paraje Alto Río Chubut, una zona estratégica cercana a Ñorquinco y a las nacientes del río homónimo. Esta transacción vulnera la legislación vigente, que impide la venta a extranjeros o la utilización de personas interpuestas para adquirir parcelas ubicadas en zonas de seguridad de fronteras. El propio comprador admitió ante las autoridades judiciales que el dinero fue entregado "sin cargo" y sin exigir nada a cambio.
La polémica confesión salió a la luz durante el proceso judicial que enfrentó a Soledad Cayunao, una mujer de la comunidad mapuche que había sido acusada de usurpación y que finalmente resultó absuelta. Sus defensores, Martín Palumbo y Milton Díaz, advirtieron que la transacción comercial confesada por el terrateniente "fue violatoria de la ley 26.737 (de tierras rurales), cuya derogación fue declarada inconstitucional". El predio se encuentra a tan solo 45 kilómetros del límite internacional con Chile, ubicándose plenamente dentro de la franja de seguridad restringida por la norma.
El rol del gobierno de Macri y la flexibilización de controles
El proyecto legislativo impulsado en la provincia relaciona directamente estas cuestionadas operaciones inmobiliarias con las modificaciones impulsadas durante el gobierno de Mauricio Macri sobre la Ley Nacional 26.737 de Protección de Tierras Rurales. En el año 2016, mediante el decreto 820/2016, el macrismo flexibilizó distintos controles vinculados a la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en zonas rurales y áreas consideradas estratégicas.
Según el planteo de Magdalena Odarda, las operaciones inmobiliarias vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos ocurrieron precisamente durante el período en el que avanzaban negociaciones diplomáticas y comerciales entre la Argentina y Abu Dhabi.
En esos años también se realizaron viajes oficiales del entonces presidente Mauricio Macri y del exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck a los Emiratos Árabes Unidos. Estas visitas habrían facilitado el terreno político para el desembarco de capitales foráneos en una región patagónica clave por sus vastas reservas de agua y recursos naturales.
El antecedente de Joe Lewis y el bloqueo a Lago Escondido
La controversia por la apropiación de áreas fronterizas en Río Negro encuentra un fuerte paralelismo con el histórico conflicto protagonizado por el magnate británico Joe Lewis. En la década de los noventa, el empresario extranjero adquirió miles de hectáreas en torno a Lago Escondido y bloqueó sistemáticamente el acceso público al espejo de agua, desoyendo incluso una resolución del Superior Tribunal de Justicia provincial que ordenaba la apertura de un camino seguro.
El vínculo del terrateniente inglés con los distintos gobiernos provinciales, y en especial con el actual mandatario Alberto Weretilneck, ha sido objeto de permanentes denuncias por parte de organizaciones sociales y ambientales. Durante sus gestiones anteriores, la administración rionegrina fue acusada de actuar en favor de los intereses del británico, impulsando, por ejemplo, una ley a medida para eximir por veinte años del pago de impuestos a su firma hidroeléctrica Patagonia Energía; cómo también nombramientos de familiares de abogados y asesores del magnate en su propia administración. Estos antecedentes de permisividad estatal frente a enclaves foráneos alimentan las actuales sospechas sobre las compras territoriales vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos en la misma región estratégica.
Reclamos legislativos y sospechas de lavado de dinero
La legisladora provincial Magdalena Odarda, junto al bloque Vamos con Todos y el acompañamiento del espacio PJ Nuevo Encuentro, presentó un pedido formal de informes dirigido al Ministerio Público Fiscal de Río Negro. En su presentación, solicitó que se investiguen posibles delitos vinculados al contrabando de divisas, lavado de dinero y la falta de intervención de organismos de control como la Unidad de Información Financiera y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Según la información recabada en su denuncia, los fondos habrían sido girados desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi, pasando por una cuenta del JP Morgan Chase en Nueva York, "sin cumplir con los controles exigidos en materia aduanera, fiscal y penal".
En sus declaraciones públicas, Magdalena Odarda calificó la confesión como un hecho de extrema gravedad y subrayó: "Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía. Voy a impulsar también la intervención del Fiscal de Estado para evaluar la nulidad de esta operación si se comprueban irregularidades. Río Negro no puede ser tierra liberada para maniobras opacas. Vamos a exigir que se investigue a fondo y que se haga cumplir la ley".
La prohibición de los testaferros en zonas de frontera
El marco normativo nacional es estricto respecto a la titularidad de tierras en áreas limítrofes estratégicas. Durante su alegato ante el juez, el abogado Martín Palumbo recordó que los artículos de la ley prohíben expresamente que los extranjeros adquieran lotes en estas zonas protegidas, ya sea de forma directa o "ni por interpósita persona". En este sentido, la legislación determina que utilizar a ciudadanos locales como pantalla física constituye "una simulación ilícita y fraudulenta". Para respaldar su acusación, el letrado remarcó que "el lote objeto del presente litigio está a 45 kilómetros en línea recta de la frontera con Chile y obviamente está en zona de seguridad de frontera, porque la ley establece que esa limitación es de 100 kilómetros".
El tema también generó repercusiones inmediatas en el Congreso de la Nación, donde el diputado Marcelo Mango presentó un proyecto de resolución solicitando la urgente intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación y otros organismos competentes. El legislador aseguró que el Estado argentino tiene "la obligación" de intervenir si se comprueba el uso deliberado de un testaferro, remarcando que "las zonas de seguridad de fronteras no existen por capricho burocrático". A su vez, fundamentó que la normativa restrictiva "fue dictada precisamente para impedir procesos silenciosos de extranjerización de la tierra, concentración territorial y apropiación de áreas sensibles por parte de capitales foráneos".
Contradicciones registrales y el rol de los organismos de control
Otro de los puntos que genera fuertes interrogantes en la investigación radica en las severas contradicciones sobre quién es el verdadero dueño formal de los terrenos. Mientras que Hugo Alberto Barabucci, quien es directivo del Abu Dhabi Polo Team y posee fluidos vínculos con funcionarios de ese país, se presentó como el único comprador del inmueble al empresario Marcelo Mindlin en 2017, otras versiones extraoficiales apuntan hacia el Fideicomiso Amaike. Esta compleja estructura inversora de origen emiratí concentra alrededor de 40.000 hectáreas distribuidas en distintos puntos de la cordillera provincial, destacándose las zonas de El Foyel y El Manso.
Frente a los crecientes cuestionamientos sobre el proceso de escrituración inicial, el director del Registro de la Propiedad Inmueble, Daniel Balduini, respondió a los requerimientos legislativos aclarando que su dependencia técnica "no posee atribuciones ni competencia" para verificar el origen del dinero aplicado a la millonaria compra. En su escrito oficial, el funcionario provincial deslindó cualquier tipo de responsabilidad institucional y sostuvo que la obligación primaria de constatar la procedencia de los fondos correspondía exclusivamente a la escribana interviniente, Ana Elisa Aguado, por su rol ineludible "como sujeto obligado ante la UIF".
El viaje del emir que reavivó la polémica
El tema volvió a quedar en el centro de la escena luego de la llegada a San Carlos de Bariloche, el pasado 24 de febrero, del presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
El mandatario arribó al aeropuerto internacional de la ciudad rionegrina en un operativo rodeado de hermetismo y una seguridad pocas veces vista en la región. La comitiva incluyó un fuerte despliegue logístico, con varios helicópteros preparados para trasladarlo hacia la zona cordillerana de El Manso.
Uno de esos helicópteros partió pocos minutos después del aterrizaje rumbo a la estancia Las Marías, un establecimiento ubicado en cercanías de las tierras cuestionadas. Según trascendió, desde días antes ya funcionaba en el lugar un dispositivo de seguridad privado. La visita fue presentada oficialmente como un viaje privado relacionado con propiedades vinculadas al emirato en la Patagonia argentina.
Fuente: Confidencial
