En Villa La Angostura, sur de Neuquén, la justicia ordinaria ejecuta el desalojo de dos comunidades mapuche en favor de un particular que, antes de recibirlo judicialmente, ya revendió el lote que sigue inscripto a nombre de una persona fallecida hace 57 años. María Cristina Broers interpuso un interdicto para recobrar la posesión de 625 hectáreas ubicadas sobre la costa norte del lago Nahuel Huapi, espacio de gran valor medioambiental y paisajístico. El Poder Judicial local falló en su favor y el jueves 19 de agosto ejecutó parcialmente el desalojo contra las lof Kinxiqueo y Melo, medida que podría completar en cualquier momento.
Desigualdades
La medida se consuma a pesar que dos funcionarios públicos de Neuquén afirmaron a autoridades de comunidades mapuche, en dos oportunidades diferentes, que ese lote fue vendido a terceros por la persona que lo reclama como propio. A la vez, en los registros públicos oficiales neuquinos consta como propietario un hombre que compró en 1965 y falleció en 1969, no existiendo ningún trámite posterior a nombre de la mujer demandante.
El juicio civil no exige probar la propiedad sino la posesión, que tampoco jamás ejerció Broers. Pero, la falta de documentación probatoria de la demandante confirma, una vez más, la desigualdad del aparato de Estado para con la posesión comunitaria tradicional. En el caso de Broers, ni siquiera existe una propiedad privada en juego, de acuerdo a la documentación con la que contamos.
Crédito foto: Alejandra Bartoliche.
¿Venta sin papeles?
El año pasado, Francisco Bonorino, juez en lo Civil de Villa La Angostura, afirmó a un grupo de por lo menos diez personas que Broers vendió el lote 42 de 625 hectáreas ubicado sobre la costa norte del lago Nahuel Huapi, atravesado por la ruta Nacional 40. En otra reunión, este año, Jorge Tobares, ministro de Gobierno, aseguró lo mismo ante una representación mapuche y Luis Virgilio Sánchez, representante legal de las lof Kinxikeu y Melo que reivindican ese territorio.
La fracción de 625 hectáreas en conflicto es el antiguo Lote 42 de la colonia agrícola pastorial Nahuel Huapi creada a principios del Siglo XX por el Estado Nacional, para el repoblamiento y reparto de la cuenca después del genocidio contra el pueblo mapuce.
La falta de documentación sobre la venta no llama la atención ya que tampoco está acreditada la compra o la recepción del bien como parte de una herencia o donación.
Enrique Glas, persona fallecida en 1969 en Bariloche, figura como propietario del lote en conflicto en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo que depende del Poder Judicial en Neuquén, al igual que Bonorino. Así dice la constancia oficial tramitada por las propias comunidades la semana pasada.
En el legajo civil está agregada un actuación notarial de 1973, no un título de propiedad. En una escribanía de Bariloche se realizó una transacción de venta por parte de la esposa y tres hijos de Glas en favor Luis Broers, belga radicado en Mar del Plata. Pero no está la escritura en favor de Broers tío, ni el fallo de la sucesión y/o la donación de aquel comprador en beneficio de la sobrina litigante.
En definitiva, la burocracia estatal documenta la falta de exigencias y controles a algunos particulares al momento de acceder a la propiedad de la tierra rural, sobre todo cuando esa tierra es territorio tradicional indígena efectivamente ocupado por gente de los pueblos originarios en Argentina.
