Arde la Patagonia: Territorio y desalojos contra comunidades mapucheUna topadora simbólica volvió a pasar sobre uno de los conflictos más viejos y más ríspidos del sur argentino. El miércoles 19 de agosto, un operativo con fuerzas de seguridad de Neuquén concretó el desalojo parcial de familias mapuches que ocupaban el Lote Pastoril 42, conocido como El Pedregoso, un predio de aproximadamente 625 hectáreas ubicado en Paso Coihue, sobre la margen norte del lago Nahuel Huapi, entre Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche. El hecho reavivó una tensión que la Patagonia arrastra, según reivindican las propias comunidades, desde hace 140 años: la disputa por la tierra que comenzó con la Conquista del Desierto y que hoy se traduce en juicios, topadoras y marchas.
Un litigio de 15 años que llegó a su punto más crítico
El conflicto por El Pedregoso no es nuevo. Se arrastra desde 2011, cuando la comunidad Lof Kinxikew, liderada por la lonco Amancay Quintriqueo, y la comunidad Lof Melo se instalaron en el predio reivindicando un vínculo ancestral con esas tierras, ubicadas sobre los kilómetros 2081 y 2083 de la Ruta Nacional 40. Del otro lado del mostrador judicial aparece María Cristina Broers, integrante de una familia de origen belga a la que la Justicia le reconoció derechos sobre el lote.
Después de al menos seis intentos fallidos de desalojo desde 2011 -incluido uno frustrado en abril pasado por falta de garantías policiales-, la orden firmada por el juez Astoul Bonorino el 12 de agosto finalmente se ejecutó. El operativo, que comenzó cerca de las 9 de la mañana, alcanzó a tres viviendas dentro del predio y contó con la participación de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la policía provincial y el GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) de Neuquén.
Denuncias de violencia y un ministro «acusado de engañar»
El desalojo del Lof Kinxikew se concretó, pero el del Lof Melo, ubicado al otro lado de la ruta, no pudo completarse. La Confederación Mapuche de Neuquén difundió un comunicado en el que calificó el operativo como «un nuevo despojo territorial» y denunció que el ministro de Gobierno provincial, Jorge Tobares, mantuvo conversaciones telefónicas con referentes de las comunidades asegurando que la Provincia no prestaría fuerzas represivas, mientras en simultáneo el GEOP ingresaba cortando cadenas en el predio.
Desde el organismo apuntaron directamente contra el gobernador Rolando Figueroa, a quien acusaron de «inaugurar la violencia política» en la provincia y le reclamaron el cese de lo que definieron como una «política de violencia represiva», además de exigir el respeto del Relevamiento Territorial ya finalizado sobre la comunidad, en el marco de la Ley 26.160.
Las fuentes gubernamentales y judiciales de Neuquén, sin embargo, desmintieron el uso de violencia física y sostuvieron que se trató de un operativo pacífico y ordenado, ejecutado en cumplimiento de una manda judicial firme, con retiro de los ocupantes y asistencia médica brindada en una de las viviendas.
El organismo de derechos humanos también se pronunció
El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) intervino en el debate y remarcó un dato clave: el Estado había reconocido previamente la ocupación tradicional de parte de esos territorios por las comunidades mapuches, aunque ese reconocimiento nunca se tradujo en el otorgamiento formal de la propiedad comunitaria indígena, un derecho consagrado en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina.
Después del desalojo: alerta, resistencia y marcha multitudinaria
Tras el operativo, integrantes de ambas comunidades y vecinos de la zona permanecieron en estado de alerta en El Pedregoso, con presencia policial constante y reclamando el retiro de las fuerzas de seguridad. Referentes de Kinxikew y Melo pidieron una mesa de diálogo directa con el juez Bonorino y con el propio gobernador Figueroa, a quien acusan de «defraudar» las negociaciones previas.
La respuesta social no tardó en llegar. Este sábado 22 de agosto, una movilización masiva convocada bajo la consigna de rechazo a los desalojos se realizó en Paso Coihue, con la adhesión de más de 300 organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, educativas y de derechos humanos de distintos puntos de la Patagonia. En paralelo, también se registraron concentraciones de repudio en localidades como Cutral Co, lo que confirma la dimensión regional que tomó el conflicto.
El abogado de las comunidades adelantó además que pedirá la nulidad del procedimiento por presuntas irregularidades y ratificó que buscarán una reunión directa con Figueroa, a quien las comunidades acusan de sentirse «defraudadas» por el accionar del ministro Tobares.
Un conflicto que atraviesa toda la Patagonia
El caso de El Pedregoso no es un hecho aislado. Forma parte de un mapa de tensión territorial que se extiende por Río Negro, Neuquén y Chubut, con antecedentes tan resonantes como el desalojo y la represión en Villa Mascardi en 2022, la desaparición de Santiago Maldonado en 2017 durante un operativo de Gendarmería en Chubut, o los litigios que involucraron a figuras públicas como el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili en Villa La Angostura.
Organizaciones como la Asociación Civil Consenso Patagonia sostienen que, lejos de resolverse, los conflictos territoriales «recrudecieron» en los últimos años y advierten sobre lo que definen como «oportunismo» en algunas ocupaciones. Del otro lado, las comunidades y organismos de derechos humanos insisten en que la raíz del problema es estructural: el despojo territorial sufrido durante la Conquista del Desierto, un proceso que muchas comunidades mapuches califican directamente como genocidio, y que explica por qué, para ellas, el reclamo por estas tierras «no empezó hace unos años, sino hace más de un siglo».
Con el Lote 42 dividido -una parte desalojada y otra aún resistiendo- y una marcha que ya reunió a cientos de organizaciones, el conflicto de El Pedregoso se perfila como el próximo gran foco de tensión social en la Patagonia argentina, en un escenario donde el Congreso nacional ya había debatido, semanas atrás, capítulos vinculados a desalojos y expropiaciones de tierras de pueblos originarios que finalmente no lograron los votos para aprobarse.
Fuente: El Tablero Digital
Una topadora simbólica volvió a pasar sobre uno de los conflictos más viejos y más ríspidos del sur argentino. El miércoles 19 de agosto, un operativo con fuerzas de seguridad de Neuquén concretó el desalojo parcial de familias mapuches que ocupaban el Lote Pastoril 42, conocido como El Pedregoso, un predio de aproximadamente 625 hectáreas ubicado en Paso Coihue, sobre la margen norte del lago Nahuel Huapi, entre Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche. El hecho reavivó una tensión que la Patagonia arrastra, según reivindican las propias comunidades, desde hace 140 años: la disputa por la tierra que comenzó con la Conquista del Desierto y que hoy se traduce en juicios, topadoras y marchas.
Un litigio de 15 años que llegó a su punto más crítico
El conflicto por El Pedregoso no es nuevo. Se arrastra desde 2011, cuando la comunidad Lof Kinxikew, liderada por la lonco Amancay Quintriqueo, y la comunidad Lof Melo se instalaron en el predio reivindicando un vínculo ancestral con esas tierras, ubicadas sobre los kilómetros 2081 y 2083 de la Ruta Nacional 40. Del otro lado del mostrador judicial aparece María Cristina Broers, integrante de una familia de origen belga a la que la Justicia le reconoció derechos sobre el lote.
Después de al menos seis intentos fallidos de desalojo desde 2011 -incluido uno frustrado en abril pasado por falta de garantías policiales-, la orden firmada por el juez Astoul Bonorino el 12 de agosto finalmente se ejecutó. El operativo, que comenzó cerca de las 9 de la mañana, alcanzó a tres viviendas dentro del predio y contó con la participación de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la policía provincial y el GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) de Neuquén.
Denuncias de violencia y un ministro «acusado de engañar»
El desalojo del Lof Kinxikew se concretó, pero el del Lof Melo, ubicado al otro lado de la ruta, no pudo completarse. La Confederación Mapuche de Neuquén difundió un comunicado en el que calificó el operativo como «un nuevo despojo territorial» y denunció que el ministro de Gobierno provincial, Jorge Tobares, mantuvo conversaciones telefónicas con referentes de las comunidades asegurando que la Provincia no prestaría fuerzas represivas, mientras en simultáneo el GEOP ingresaba cortando cadenas en el predio.
Desde el organismo apuntaron directamente contra el gobernador Rolando Figueroa, a quien acusaron de «inaugurar la violencia política» en la provincia y le reclamaron el cese de lo que definieron como una «política de violencia represiva», además de exigir el respeto del Relevamiento Territorial ya finalizado sobre la comunidad, en el marco de la Ley 26.160.
Las fuentes gubernamentales y judiciales de Neuquén, sin embargo, desmintieron el uso de violencia física y sostuvieron que se trató de un operativo pacífico y ordenado, ejecutado en cumplimiento de una manda judicial firme, con retiro de los ocupantes y asistencia médica brindada en una de las viviendas.
El organismo de derechos humanos también se pronunció
El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) intervino en el debate y remarcó un dato clave: el Estado había reconocido previamente la ocupación tradicional de parte de esos territorios por las comunidades mapuches, aunque ese reconocimiento nunca se tradujo en el otorgamiento formal de la propiedad comunitaria indígena, un derecho consagrado en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina.
Después del desalojo: alerta, resistencia y marcha multitudinaria
Tras el operativo, integrantes de ambas comunidades y vecinos de la zona permanecieron en estado de alerta en El Pedregoso, con presencia policial constante y reclamando el retiro de las fuerzas de seguridad. Referentes de Kinxikew y Melo pidieron una mesa de diálogo directa con el juez Bonorino y con el propio gobernador Figueroa, a quien acusan de «defraudar» las negociaciones previas.
La respuesta social no tardó en llegar. Este sábado 22 de agosto, una movilización masiva convocada bajo la consigna de rechazo a los desalojos se realizó en Paso Coihue, con la adhesión de más de 300 organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, educativas y de derechos humanos de distintos puntos de la Patagonia. En paralelo, también se registraron concentraciones de repudio en localidades como Cutral Co, lo que confirma la dimensión regional que tomó el conflicto.
El abogado de las comunidades adelantó además que pedirá la nulidad del procedimiento por presuntas irregularidades y ratificó que buscarán una reunión directa con Figueroa, a quien las comunidades acusan de sentirse «defraudadas» por el accionar del ministro Tobares.
Un conflicto que atraviesa toda la Patagonia
El caso de El Pedregoso no es un hecho aislado. Forma parte de un mapa de tensión territorial que se extiende por Río Negro, Neuquén y Chubut, con antecedentes tan resonantes como el desalojo y la represión en Villa Mascardi en 2022, la desaparición de Santiago Maldonado en 2017 durante un operativo de Gendarmería en Chubut, o los litigios que involucraron a figuras públicas como el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili en Villa La Angostura.
Organizaciones como la Asociación Civil Consenso Patagonia sostienen que, lejos de resolverse, los conflictos territoriales «recrudecieron» en los últimos años y advierten sobre lo que definen como «oportunismo» en algunas ocupaciones. Del otro lado, las comunidades y organismos de derechos humanos insisten en que la raíz del problema es estructural: el despojo territorial sufrido durante la Conquista del Desierto, un proceso que muchas comunidades mapuches califican directamente como genocidio, y que explica por qué, para ellas, el reclamo por estas tierras «no empezó hace unos años, sino hace más de un siglo».
Con el Lote 42 dividido -una parte desalojada y otra aún resistiendo- y una marcha que ya reunió a cientos de organizaciones, el conflicto de El Pedregoso se perfila como el próximo gran foco de tensión social en la Patagonia argentina, en un escenario donde el Congreso nacional ya había debatido, semanas atrás, capítulos vinculados a desalojos y expropiaciones de tierras de pueblos originarios que finalmente no lograron los votos para aprobarse.
Fuente: El Tablero Digital
