La defensa de la comunidad mapuche cuestionó el procedimiento ejecutado la semana pasada, sostuvo que María Broers no figura como titular del inmueble en el Registro de la Propiedad y pidió abrir un arbitraje con participación de organismos provinciales e instituciones.
El conflicto territorial entre las comunidades mapuche y la familia Broers en Villa La Angostura volvió a los tribunales con un planteo que busca revisar el desalojo ejecutado la semana pasada. El abogado del Lof Kinxikew, Luis Virgilio Sánchez, presentó el 24 de agosto un escrito en el que solicitó la nulidad del procedimiento y la convocatoria a un arbitraje para encauzar la disputa.
Uno de los principales argumentos de la defensa apunta a la situación registral del inmueble. Según Sánchez, el Informe de Dominio del Registro de la Propiedad Inmueble no consigna a María Broers como titular y solo aparecen propietarios anteriores.
"En el Informe de Dominio del Registro de la Propiedad Inmueble ni siquiera figura Broers; figuran los dueños anteriores. El título de la comunidad es anterior, porque el Estado reconoció la ocupación tradicional y ancestral", sostuvo el abogado en diálogo con DiarioAndino.
A partir de esa situación, Sánchez anticipó que la defensa reclamará no solo la restitución del territorio, sino también una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la comunidad.
El letrado también cuestionó la registración de la presunta operación de compraventa del inmueble y apuntó contra quienes participaron de la cadena de transmisiones. "Si no inscribieron en el Registro la venta de Glas a Broers, es obvio que tampoco van a inscribir la venta de Broers a los nuevos dueños. El ocultamiento de información en el expediente se llama estafa procesal", manifestó.
Se trata de una acusación formulada por la defensa de la comunidad, sin que implique una imputación penal ni un hecho acreditado judicialmente hasta el momento.
Un arbitraje para salir de la disputa judicial
La presentación de Sánchez propone además abrir una instancia de arbitraje que permita abordar el conflicto territorial mediante el diálogo y la negociación. Para ese espacio, la defensa menciona al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Neuquén, el Obispado de Neuquén y la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina como posibles terceros imparciales.
El planteo sostiene que, por involucrar derechos territoriales de comunidades indígenas, la controversia requiere una instancia que exceda la ejecución de una sentencia de desalojo.
En concreto, la comunidad pidió que se tenga por contestado el traslado de la demanda, que se declare la nulidad del procedimiento por las irregularidades que denuncia y la falta de respeto de garantías específicas para comunidades indígenas, y que se convoque al arbitraje para definir la continuidad o eventual conclusión de la diligencia y buscar una salida acordada.
Sánchez destacó además que, de concretarse, sería el primer proceso arbitral de este tipo en la provincia. "Estaríamos inaugurando el nuevo Código Adversarial de la provincia, porque este sería el primer proceso arbitral que se daría en la provincia", afirmó.
El rol que la defensa le atribuye al Gobierno
El abogado rechazó que el conflicto pueda ser considerado exclusivamente una disputa entre particulares, como había planteado el gobernador. Para Sánchez, la participación de la Provincia surge de las reuniones mantenidas con las comunidades y de su intervención dentro del proceso judicial iniciado por el Lof Kinxikew contra la familia Broers.
"No lo es por la cantidad de reuniones que tuvieron las comunidades con el Gobierno. No lo es porque el Gobierno es parte del proceso judicial que inició la comunidad Kinxikew contra la familia Broers", sostuvo.
La defensa también puso el foco en el relevamiento territorial realizado en 2023, en el que participó el Estado provincial. Sánchez sostuvo que sus resultados deben ser considerados en el análisis del conflicto y recordó que la comunidad recibió una resolución del INAI que, según explicó, reconoce la ocupación tradicional y ancestral de esas tierras.
"El Gobierno tiene obligaciones que cumplir y, de hecho, fue parte del relevamiento territorial que concluyó en esas tierras", afirmó.
"En el año 2023 se concluyó el relevamiento territorial en ese sector y la comunidad Kinxikew recibió una resolución del INAI que declara la ocupación tradicional y ancestral de esas tierras", remarcó.
Con estos argumentos, la defensa busca que la Justicia revise el procedimiento de desalojo y abra una instancia arbitral en la que intervengan distintos actores institucionales para abordar el conflicto territorial.
