La Facultad de Humanidades de la UNPSJB se solidarizó con las comunidades mapucheEl Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB expresa su solidaridad con las comunidades originarias que están siendo víctimas de procesos de desalojo en diferentes regiones del país y, particularmente, en la zona patagónica. En términos generales, se trata de una acción sistemática de despojo territorial y de subestimación de reclamos legítimos, ya que, como se sabe, los pueblos originarios son preexistentes a los estados nacionales, los cuales se constituyeron arrebatando por la fuerza el espacio que les pertenecía.
Es válido resaltar que esta política de violencia es llevada adelante por gobiernos nacionales y provinciales que, de modo paralelo, alientan la extranjerización de la tierra y la consecuente pérdida de soberanía y de control sobre nuestros bienes naturales.
La derogación del Decreto 805/21 y el cese del régimen de emergencia establecido por la Ley 26.160 son hechos que deben ser entendidos en el marco de una perspectiva que pretende criminalizar las acciones reivindicativas y anular cualquier posibilidad de diálogo y entendimiento. Lo mismo ocurre con la media sanción de la llamada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que apunta a permitir el desalojo por la fuerza de las comunidades originarias.
Por esta razón, este cuerpo solicita a las autoridades nacionales y provinciales que cesen su política de despojo, persecución y criminalización contra los pueblos originarios y abran genuinos canales de comunicación para avanzar en la consecución de acuerdos que reconozcan el derecho ancestral que los asiste.
Finalmente, centrando la atención en lo que ocurre en nuestra región, el Consejo Directivo expresa su solidaridad con la situación de la Lof Kurache, la Pu Lof en Resistencia Cushamen, la Lof Paillako, la Lof Quemquemtrew, la Lof Cayunao, la Lof Sacamata Liempichun, la Lof Ngullupele Quichaura, la Lof Santa Rosa Leleke y la Lof Pranem, entre otras Lof territoriales que se encuentran en riesgo ante la falta de reglamentación de la
propiedad comunitaria y que actualmente atraviesan procesos de judicialización por el reclamo y defensa del territorio. Mencionamos también las violentas circunstancias en las que se encuentra la Lof Melo, que logró resistir el intento de desalojo perpetrado el pasado 19 de agosto, pero que continúa bajo amenaza.
Ante un sistema judicial que está orientado para defender la propiedad privada constituida luego del despojo territorial, debe primar una razón política justa y verdaderamente democrática.
El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB expresa su solidaridad con las comunidades originarias que están siendo víctimas de procesos de desalojo en diferentes regiones del país y, particularmente, en la zona patagónica. En términos generales, se trata de una acción sistemática de despojo territorial y de subestimación de reclamos legítimos, ya que, como se sabe, los pueblos originarios son preexistentes a los estados nacionales, los cuales se constituyeron arrebatando por la fuerza el espacio que les pertenecía.
Es válido resaltar que esta política de violencia es llevada adelante por gobiernos nacionales y provinciales que, de modo paralelo, alientan la extranjerización de la tierra y la consecuente pérdida de soberanía y de control sobre nuestros bienes naturales.
La derogación del Decreto 805/21 y el cese del régimen de emergencia establecido por la Ley 26.160 son hechos que deben ser entendidos en el marco de una perspectiva que pretende criminalizar las acciones reivindicativas y anular cualquier posibilidad de diálogo y entendimiento. Lo mismo ocurre con la media sanción de la llamada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que apunta a permitir el desalojo por la fuerza de las comunidades originarias.
Por esta razón, este cuerpo solicita a las autoridades nacionales y provinciales que cesen su política de despojo, persecución y criminalización contra los pueblos originarios y abran genuinos canales de comunicación para avanzar en la consecución de acuerdos que reconozcan el derecho ancestral que los asiste.
Finalmente, centrando la atención en lo que ocurre en nuestra región, el Consejo Directivo expresa su solidaridad con la situación de la Lof Kurache, la Pu Lof en Resistencia Cushamen, la Lof Paillako, la Lof Quemquemtrew, la Lof Cayunao, la Lof Sacamata Liempichun, la Lof Ngullupele Quichaura, la Lof Santa Rosa Leleke y la Lof Pranem, entre otras Lof territoriales que se encuentran en riesgo ante la falta de reglamentación de la
propiedad comunitaria y que actualmente atraviesan procesos de judicialización por el reclamo y defensa del territorio. Mencionamos también las violentas circunstancias en las que se encuentra la Lof Melo, que logró resistir el intento de desalojo perpetrado el pasado 19 de agosto, pero que continúa bajo amenaza.
Ante un sistema judicial que está orientado para defender la propiedad privada constituida luego del despojo territorial, debe primar una razón política justa y verdaderamente democrática.
