El amparo judicial presentado por el poeta y docente universitario comodorense Jorge Spíndola, acompañado por un grupo de letrados y la Asociación de Abogados Ambientales, para frenar el acuerdo firmado por YPF con Chubut se presenta como una de las mayores disputas judiciales en el país contra la mayor petrolera Argentina que se encuentra en pleno proceso de crecimiento por la explotación de Vaca Muerta. La pelea recién se inicia y presagia un largo proceso en los estrados judiciales. El pasivo ambiental centenario, su valuación y su remediación se ponen en el centro de las miradas locales, nacionales e internacionales. Para Comodoro Rivadavia y sus habitantes no solamente representa la posibilidad de reparar el daño ambiental, sino también la posibilidad de organizarse y plantearse socialmente la perspectiva de construir una reconfiguración del territorio.
Conferencia e impacto social
En el transcurso de la semana se concretó la conferencia de prensa de quienes impugnan el acuerdo de YPF con Chubut por el pasivo ambiental y el pago 25 millones de dólares. La cita contó con la presencia de Spíndola y reconocidos abogados -que oscilan desde el peronismo al radicalismo y de los especialistas en el ambiente a los derechos humanos- impulsando el amparo colectivo para frenar el acta rubricada entre las partes, pero también hubo una importante asistencia de referentes sociales, actores universitarios y sectores políticos.
Fue la primera de una serie de acciones que se están coordinando y entrelazando entre los social y lo legal. Por ahora el amparo no ha conseguido prosperar ya que el Juzgado Federal de Rawson, con una celeridad inusitada, se declaró incompetente y los demandantes elevaron su postura de nulidad a la Cámara Federal de Apelación para que defina la jurisdicción donde debatir el tema en cuestión.
La tarea de medir fuerzas con la YPF libertaria no será nada sencilla por el incalculado y multimillonario costo de remedición del pasivo ambiental, sino también por el efecto que tendría sobre la compañía a nivel nacional e internacional, poniendo aún más en debate las consecuencias ambientales que la compañía junto al resto de las operadoras están provocando en Vaca Muerta.
El costo ambiental desde 1922
La actividad petrolera en Comodoro Rivadavia se inició con el descubrimiento en 1907, pero en 1922 y por impulso de Enrique Mosconi se fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que luego se transformaría en la mayor petrolera estatal de Latinoamérica.
Es decir que desde 1922 formalmente YPF genera pasivo ambiental en Comodoro, ya son 104 años de responsabilidad empresarial en la zona del ejido urbano de la ciudad. Si bien también podría adjudicársele al Estado nacional la continuidad entre 1907 y 1922, no queda ningún vericueto legal para que YPF sea señalada como la autora responsable del pasivo ambiental en la ciudad desde poco más de un siglo.
Justamente allí radica una de las particularidades de esta causa, que por ahora plantea la nulidad del acuerdo firmado y que en un futuro no muy lejano deberá transformarse en una acción judicial para determinar la autoría y responsabilidad de YPF por los más de 100 años de extractivismo petrolero en Comodoro.
La convivencia de Comodoro Rivadavia con la explotación petrolera.
A priori en las bibliotecas del ambientalismo no existen notorios registros de una demanda judicial contra una operadora por el pasivo ambiental generado en tantas décadas, lo que transforma el tema que se discutirá en los tribunales en un caso testigo a nivel mundial.
En diálogo con El Extremo Sur la abogada ambientalista María Gimena Viviani manifestó que "la valuación del pasivo ambiental no la hace el juez, ni la hacemos los letrados, sino que la hará, supongamos en el caso que el juicio llegue a una sentencia definitiva y que los jueces hagan lugar a esta nulidad y ordenen que se haga una recomposición de acuerdo a los hechos, un cuerpo interdisciplinario de técnicos. La cuantificación es difícil de estimar. Hay una estimación en la demanda, que lo pusieron por ahí la gente del territorio en Comodoro, que hablan de que cada pozo implicaría entre los 65.000 y los 200.000 dólares por la remediación de cada pozo".
María Gimena Viviani de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
En la propia demanda se sostiene que "hay que decir que se estima que en Comodoro Rivadavia hay en el ejido urbano 6.000 pozos, de los cuales 1.700 se encuentran inactivos y 3.700 se catalogaron como abandonados. Además, hay que considerar que muchos de los pozos abandonados fueron sellados con técnicas desactualizadas -acordes a la Resolución 5/1996- y que se detectaron fugas de petróleo y gas".
Estimando que "aquellos pozos previos a la resolución, imponen un radio de restricción de 60 metros, alrededor de los cuales se prohíbe cualquier tipo de construcción: sin embargo, no se cuenta con información sobre cuántos corresponden a este período. Se estima que el costo del sellado definitivo oscila entre los U$S 65.000 y los 200.000 por pozo. Utilizando estos datos, el costo de sellar los pozos abandonados podría rondar entre los U$S 240 millones y U$S 740 millones".
Viviani agregó que "YPF dice que realizó unas auditorías ambientales de cierre privadas, con empresas pagas por la misma empresa, pero que la ciudadanía desconoce y ese es uno de los puntos del reclamo en base la no participación de la ciudadanía".
El antecedente de YPF en Salta
La abogada ambientalista Viviani rememoró el caso de contaminación ambiental donde es protagonista la petrolera con mayoría accionaria estatal. "Hay un hecho similar que es el de la comuna de Pichanal, en el Departamento de Orán (Salta). Allí está localizado el pozo abandonado Lomas de Olmedo X-10 (LO x-10), la explotación la inició YPF y luego fue pasando de manos a otras empresas, pero generó emanaciones que generaron un desastre ambiental que está todo cercado y nadie se hace cargo de ese pasivo ambiental", resumió.
Ambientalistas de Greenpeace denunciaron la contaminación del pozo de YPF en Salta.
Luego agregó que "quien inició la acción judicial fue la provincia de Salta contra todas las empresas, incluida YPF, que explotaron ese pozo; la última que lo abandonó fue una empresa británica (President Petroleum SA) que encima está quebrada. YPF tomó la posta y parece que estarían haciendo un arreglo para hacerse cargo de la remediación de ese pozo. Es un caso de similares características con consecuencias lesivas para el ambiente ya ocurridas".
Frente la pregunta si existe algún caso similar al de Comodoro de tantos años y tanto pasivo ambiental acumulado, indicó que "creería que no y podría convertirse en un caso testigo nacional".
El negocio de YPF y la valuación del costo ambiental
Determinar el real y verdadero costos ambiental tras 100 años de explotación petrolera en Comodoro Rivadavia es el paso posterior a la anulación del acuerdo con YPF, especialmente porque el mismo "libera de toda responsabilidad" a la compañía en las concesiones otorgadas por el Estado provincial en las áreas de áreas El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr. Las tres primeras compartidas con Tecpetrol fueron vendidas a Crown Point y las demás a PECOM.
En el área marina Restinga Alí, que también fue incorporada en el "perdón ambiental", según la Secretaría de Energía de la Nación se contabilizan 560 pozos, más de un tercio de los cuales no registra estado de abandono. Dicha área no se fue vendida como las demás a PECOM y Crown Point, sino que fue revertida al Estado provincial quedando en manos de Petrominera Chubut.
No es un dato menor a considerar que YPF en su salida embolsó 114 millones de dólares por los bloques Trébol-Escalante, Campamento Central y Cañadón Perdido; mientras que la venta de concesión de su yacimiento estrella de Manantiales Behr sumó otros 410 millones de dólares, a lo que se suma un precio contingente de hasta 40 millones según el rendimiento. Mientras que por las concesiones en El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga la venta se concretó por 58 millones de dólares, de los cuales a YPF le correspondieron 6,9 millones, 2,3 millones a Pampa Energía y los 49,3 millones restantes fueron a parar a las arcas de Tecpetrol.
Es decir que por ambas operaciones la YPF libertaria engrosó sus cuentas en 571 millones de dólares. Ese paquete de venta incluyó los activos transferidos de los oleoductos El Trébol-Caleta Córdova, Km. 9-Caleta Córdova y Manantiales Behr-Cañadón Perdido, y la compra parcial de stock de materiales en los almacenes de Manantiales Behr y Km 20.
YPF informó a sus accionistas que la venta del área de Manantiales Behr a PECOM.
Además de la nulidad del Acta Acuerdo y, como consecuencia, la inconstitucionalidad de la ley provincial que la aprueba, la demanda solicita que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado Nacional por los pasivos ambientales anteriores al 31 de diciembre de 1990 y de YPF SA por los posteriores a esa fecha, conforme a la Ley 24.145; vale recordar que desde 1998 y hasta el 2012 la compañía petrolera fue privatizada y quedó en manos de la española Repsol.
En la provincia de Santa Cruz la salida de YPF fue mucho más tortuosa y tras largos meses de tire y aflojes con el Gobierno provincial se acordó el pago de 335 millones de dólares para la evaluación y remediación del pasivo ambiental de las áreas convencionales santacruceñas que incluiría 1.160 pozos abandonados.
En Chubut el acuerdo con el Estado provincial fue por 25 millones de dólares, no incluyó la remediación y desligó a la YPF libertaria de la responsabilidad del pasivo ambiental, dejando liberada a las nuevas concesionarias con vista a reclamos futuros.
La valuación del pasivo ambiental no solamente debe incluir el sallado de los pozos inactivos existentes, que en Comodoro se calcula existirían 5.400 pozos a remediar (1.700 inactivos y otros 3.700 abandonados).
La cifra sólo en el ejido urbano de Comodoro triplica la de cantidad estipulada en el norte de Santa Cruz, pero la suma acordada en Chubut es menor al 10% de la acordada en el territorio santacruceño.
La remediación del pasivo ambiental seguramente no debería incluir el sallado de los pozos inactivos y abandonados, sino también la restauración del ambiente más allá de pozo por donde alguna vez se extrajo petróleo en los últimos 100 años; contemplando una reparación mucho más amplia del territorio.
El caso neuquino y los U$S 900 millones
No existen muchos casos comparables al proceso que se abre con la demanda ambiental en Comodoro y Chubut, pero hay una referencia que de alguna podría ser comparable respecto de lo sucedido en la provincia de Neuquén antes de la irrupción de Vaca Muerta.
A finales de los años '90 el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) fue el encargado de analizar y cuantificar el pasivo ambiental generado en el territorio neuquino.
El trabajo de investigación denominado "Pasivos ambientales e hidrocarburos en Argentina. Análisis de casos y marcos jurídicos para un debate urgente" (https://jineteinsomne.com/publicaciones/pasivos-ambientales.php) -elaborado por Diana Rodríguez López y Andrea Burucua, detalló que "El Proyecto Provincia de Neuquén-PNUD ARG/024/ "Emergencia ambiental, hidrocarburos, compensación y desarrollo sustentable en la provincia del Neuquén", realizado en el año 1997, tiene la relevancia de ser el único proyecto conjunto sobre la valorización de los impactos ambientales generados por la industria hidrocarburífera en el país. Asimismo, fue producto de la declaración de emergencia ambiental en el territorio provincial. Si bien el informe fue elaborado por un equipo interdisciplinario del PNUD con estrecha colaboración del gobierno y técnicos de la provincia, éste nunca fue dado a conocer masivamente. Haber mantenido oculto el contenido del informe es una muestra clara de la intención de la provincia de Neuquén de no querer visibilizar la violación de los derechos de las comunidades afectadas. La evaluación hecha en el estudio corresponde al período comprendido entre 1991 y 1997, etapa vinculada al proceso de privatización del sector hidrocarburífero, que según la información encontrada coincide con un aumento considerable de los daños ambientales debido a la desinversión de las empresas en materia de gestión ambiental.
Pasivo ambiental en Neuquén - Imagen Kona Producciones.
El Observatorio Petrolero Sur (OPSur) detalló que el estudio elaborado por el PNUD "cuantificó en USD 545 millones el daño ambiental producido entre 1991 y 1997 en tres áreas hidrocarburíferas de la provincia de Neuquén. En 2011 Repsol reconoció la contaminación y pautó un plan de remediación cuyos pormenores se estaban acordando cuando el Gobierno nacional expropió el 51% de las acciones de YPF y todo se frenó".
El especialista Héctor Sejenovich -economista, ex consultor del PNUD. Investigador del Instituto Gino Germani, Buenos Aires. Colaborador del proyecto europeo ENGOV- escribió sobre el tema que "el 65% del territorio estaba afectado por la explotación hidrocarburíferas. Se elaboró un cálculo general sobre el pasivo ambiental estimándose en 900 millones de dólares. Y luego se escogió la zona más afectada con 550.000 hectáreas explotada por YPF (luego Repsol), Pérez Companc y San Jorge. Donde se estimaron las afectaciones a la cuencas, a la vegetación, a la fauna, al suelo, al aire y al paisaje en un monto de 350 millones de dólares, cifra a la que había que agregarle 150 millones adicionales en caso de finalizar las acciones ya que las mismas deben incluir la remediación, y 500 millones dólares adicionales para el pago de los superficiarios que son los dueños de las tierras y que reciben pagos por el alquiler de la explotación según legislación, de los cuales 300 millones le correspondía al Estado Provincial y 200 millones a los privados. Estas últimas cifras no se habían pagado, incrementando la deuda".
Sejenovich agregó que "la metodología aplicada era la que definía los costos socioambientales de recomposición y sustentabilidad. Con este mismo criterio se estimó que si las empresas hubieran realizado desde el inicio de la privatización en 1991 hasta 1999 un manejo integral y sustentable incluyendo el uso cuidadoso del petróleo, y considerando en el uso de la flora, la fauna, el paisaje, el ecoturismo, la captación de carbono, hubiera requerido para hacer estas tareas la suma de 28.000.000 de dólares de costos, pero hubieran recaudado 180.000 000 dólares adicionales a la actividad hidrocarburíferas en esas 550.000 hectáreas. Es decir, pudieron haber generado externalidades positivas y no negativas".
Asimismo, resaltó que "gran parte del territorio provincial estaba sometido a un intenso proceso de utilización de los recursos naturales no renovables energéticos. Si bien no se inició un proceso de negociación de la deuda ambiental detectada, se desarrollaron las siguientes acciones ambientalmente positivas:
1) El cambio en el proceso de exploración.
2) Otro de los cambios tecnológicos se refiere a la reducción de la proporción de los venteos de gases, evitando el desaprovechamiento y la afectación de la atmósfera.
3) Cabe agregar el proceso de derrame del agua de purga o agua de formación en el río, que fue definitivamente abandonado evitando la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, ya que éstas son alimentadas por las del Río Colorado.
4) Un mejoramiento para el tratamiento del cierre de pozos, ya que los mismos quedaban sin un manejo como se requería según la legislación.
5) Un mejoramiento en las declaraciones y estadísticas de derrames que con anterioridad eran ocultados.
6) Se realizaron promesas específicas de industrialización de productos hidrocarburíferos a partir de la explotación de Neuquén".
El rol social
"Creo que las organizaciones sociales y de la sociedad civil, la ciudadanía en general, puede apoyar este reclamo y levantar la voz. Con que haya un solo vecino que haga el reclamo, tal como lo hizo Jorge Spíndola, es suficiente para llevar adelante la acción judicial. En la conferencia hubo muchos vecinos que querían apoyar y surgió la necesidad de conformar una mesa social por este tema para que la gente pueda adherir a esta acción judicial. La organización social es otra pata muy importante de los procesos colectivos ambientales", resaltó Viviani.
Ahí es donde entre en juego el papel encarnado en la figura de Spíndola y que posiblemente la trascienda si este reclamo se transforma en colectivo, donde la sociedad comodorense mayoritariamente se manifieste y participe activamente en el devenir del reclamo.
Eduardo Hualpa, otro de los abogados participantes del amparo, sostuvo que "hay una enorme preocupación de la comunidad respecto del pasivo ambiental y del futuro de la ciudad, por eso me asombré con la diversidad de presencias y la claridad que hay que tomar acciones para que esta pelea llegue a un buen puerto".
"Como dijo Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, hay un ‘perdonazo ambiental' y si esto se acepta o se deja pasar quedará un pasivo ambiental a la población sin reglas claras de cómo se va a mitigar el daño producido. Los 25 millones de dólares nos parecen insuficientes, pero lo principal es cómo obligamos a las empresas que hagan para restaurar las condiciones anteriores del medio ambiente y también para mitigar los daños que se han producido en la sociedad", enfatizó Hualpa.
Conferencia de prensa sobre el amparo contra el acuerdo de YPF y Chubut.
Hualpa subrayó que "toda la provincia está mirando esta lucha y no puede ser vista como el tema de una ciudad o región, porque este convenio es una afrenta de los derechos para todos los chubutenses".
En tanto que Viviani indicó que "está situado como un caso testigo y como un antecedente que demuestra la inviabilidad de este acuerdo, la inconsistencia" y agregó que "el derecho a un ambiente sano y equilibrado que establece la Constitución también es un deber de los ciudadanos y ese deber implica que todos debemos preservarlo todos por igual, pero los funcionarios públicos tienen una doble responsabilidad y un doble deber como ciudadanos y como autoridades públicas, porque la misma Constitución impone a las autoridades públicas el deber de preservar el ambiente entonces bueno hacer justamente reclamamos que en los poderes públicos".
YPF ya se divorció de la ciudad, la abandonó para irse a Vaca Muerta, pero aún no se hizo una real separación de bienes y el pasivo ambiental es una deuda que la petrolera tiene con Comodoro luego de 104 años de matrimonio.
La rueda judicial comenzó a andar y en paralelo comenzó a desarrollarse el proceso social frente al abandono de YPF y sus las consecuencias laborales y ambientales; ahora resta saber si la sociedad comodorense abrazará esta causa no sólo para revertir el pasivo ambiental pasado sino también para construir el futuro de Comodoro Rivadavia y la región.
