El Consenso de Ginebra y la contradicción de Argentina: "El Gobierno habla de fortalecer la familia pero recorta políticas de salud sexual y reproductiva" El Gobierno argentino formalizó su adhesión al Consenso de Ginebra, una declaración internacional de carácter conservador surgida en 2020 que niega el derecho internacional al aborto. La decisión va de la mano con la postura explícita de la actual gestión nacional, que ha promovido una agenda en contra de las políticas de género, signada por el desfinanciamiento y la eliminación de programas destinados a fortalecer derechos. Patricia Sotile, abogada del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), dialogó con El Extremo Sur sobre el alcance de esta adhesión y el escenario de las políticas sexuales y reproductivas en Argentina.
Otro retroceso
La adhesión del Gobierno generó dudas sobre la vigencia de leyes como la 27.210 que contempla el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. No es la primera vez que Javier Milei se posiciona en contra del derecho al aborto: en plena campaña prometió llevar la ley de IVE a plebiscito y durante su gestión se especuló sobre proyectos cercanos al círculo libertario que buscaban limitar o directamente eliminar la ley.
Patricia Sotile, abogada del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), aclaró que el Consenso de Ginebra no es un documento jurídicamente vinculante, por lo que no pone en riesgo la normativa vigente. Sin embargo, la postura del Gobierno nacional implica un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. De hecho, señala que desde su asunción, la actual gestión nacional descontinuó las compras de medicamentos e insumos para garantizar las interrupciones, lo que propició un escenario complejo en los distintos territorios: "Hoy son las provincias las que están supliendo el rol que tendría que tener el Estado Nacional en este momento". En la misma línea, se evidencia una caída drástica del presupuesto nacional destinado al desarrollo de la salud sexual, especialmente en los programas orientados a la prevención.
El Consenso de Ginebra no aparece aislado: se inscribe en un contexto global de avance de políticas conservadoras y proyectos de regresión que atentan contra los derechos conquistados. Otras iniciativas, como el proyecto de ley de falsas denuncias, buscan avanzar en el mismo sentido, "generando barreras en vez de buscar soluciones".
"Es necesario mejorar el acceso a la justicia, mejorar los procesos, mejorar y potenciar las políticas públicas que puedan acompañar a las mujeres en situación de violencia para que no solamente puedan denunciar, sino también que puedan recibir ayuda y acompañamiento, porque a todo este contexto se le suma el desfinanciamiento y la desarticulación de las políticas para la prevención de la violencia de género", describe la abogada.
Sotile aclaró que la responsabilidad del Estado en la continuidad de ciertas políticas públicas no es una opción sino una obligación que tiene en el plano nacional e internacional. En este sentido, desde ELA acompañan una serie de litigios, con el objetivo de que la Justicia demande al Ejecutivo que cumpla con sus obligaciones en materia de prevención de la violencia de género y en el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Ideas y políticas del pasado
¿En qué consiste el Consenso de Ginebra y que implica, en términos jurídicos y políticos, la adhesión de Argentina?
En términos generales el Consenso de Ginebra es una declaración de carácter político-diplomático que firman los Estados, pero que no es vinculante. Es simplemente una declaración por la que varios Estados buscan, en el plano internacional, promover una agenda de salud de las mujeres y las niñas, el fortalecimiento del sistema sanitario y la protección de la familia, pero estableciendo que el aborto no tiene que ser considerado un derecho o que no hay un derecho internacional al aborto. Es más que nada una declaración y lo que nos parece más importante destacar es que no es un documento jurídicamente vinculante para Argentina, no es un tratado internacional, no modifica de ninguna manera las leyes que están vigentes en nuestro país, por lo cual la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo sigue teniendo plena vigencia, el Estado sigue obligado a garantizar el acceso. Es una demostración política de la elección de del Gobierno, de sumarse a una alianza que niega la existencia del derecho al aborto protegido por el derecho internacional y que también promueve una concepción restrictiva de la salud de las mujeres y de las familias. Sí vemos que en el plano internacional Argentina se alinea con una agenda que busca recuperar ideas y políticas del pasado, también en el plano nacional se están deshabilitando las herramientas concretas que permiten hacer efectivos esos derechos que el Consenso dice proteger.
Este contexto, ¿genera barreras de implementación de la ley, a pesar de mantenerse vigente?
Lo más patente que se visibiliza en esto que muestra la posición del Estado es que con la asunción de la actual gestión de Gobierno se interrumpieron las compras de insumos de misoprostol, de mifepristona, de cánulas para la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), que son los insumos que permiten garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Cuando asumió, el Gobierno no continuó con el proceso de compra que estaba iniciado y abruptamente dejó de enviarle a las provincias esos insumos, por lo cual se desresponsabilizó, cargando a las provincias con la responsabilidad de cumplir de comprar los insumos y de garantizar el acceso. Y esto obviamente generó un montón de dificultades para las provincias -en un contexto de por sí muy desafiante, de mucha crisis en acceso a la salud- que tuvieron que salir a comprar insumos para garantizar el acceso, con las dificultades y los desafíos que cada provincia tiene con sus propios presupuestos. Es decir, hoy son las provincias las que están supliendo el rol que tendría que tener el Estado Nacional en este momento.
El actual Gobierno nacional se ha caracterizado por alentar discursos de odio contra las políticas de género y los movimientos de mujeres y diversidades. Más allá de las falencias presupuestarias, ¿puede este contexto desalentar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos?
Sin dudas. En el plano discursivo el mensaje que le llega a la sociedad puede desalentar a las mujeres a querer acceder al sistema de salud para pedir una interrupción voluntaria o legal del embarazo, pensando que ya no es legal por la adhesión de Argentina este consenso y también por las narrativas y los discursos que se están instalando. Estos discursos desalientan a quienes buscan ayuda, a quienes buscan acceso a salud sexual y reproductiva o a políticas para la prevención de la violencia, es parte de lo que ellos llaman su batalla cultural contra estas agendas. Por eso nos parece muy importante llevar como mensaje a la sociedad, a las mujeres y personas con capacidad de gestar que la adhesión no obliga a la Argentina y que la ley de interrupción voluntaria del embarazo sigue estando plenamente vigente. Pero por otro lado se van alineando con lo que está pasando en el plano nacional. El Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, por ejemplo, que es así como aparece en el presupuesto nacional y es el que está destinado a garantizar la IVE, los insumos y el acceso a métodos anticonceptivos, cayó un 15% en 2024 respecto al año anterior. Y significó solamente el 7% de la inversión respecto a 2021. Es decir que el presupuesto nacional destinado al desarrollo de la salud sexual cayó drásticamente. Y si miramos esto en términos de acceso público a los anticonceptivos, es mucho más grande. Desde ELA, junto a CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) y REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) hicimos una estimación del presupuesto nacional para ver cómo se refleja la caída en anticonceptivos. Por ejemplo, la cantidad de adolescentes y mujeres que estuvieron alcanzadas por la provisión nacional de anticonceptivos pasó de 1.200.000 en 2024 a apenas 63.000 en 2026, con la drástica reducción del presupuesto. Si se sostiene esta reducción, según se proyecta en las estimaciones, esto puede derivar en 240.000 embarazos no intencionales adicionales, más de 112.000 abortos y 452 muertes maternas que que podrían haberse evitado. Es difícil cuando se habla de la salud de las mujeres y de fortalecer la familia cuando se recortan estas políticas. Encierra una contradicción difícil de ignorar.
¿La adhesión al Consenso no supone también una contradicción con los convenios internacionales en materia de derechos a los que adhiere Argentina?
En el plano internacional el Estado está obligado a proteger la salud, la autonomía, la privacidad, la igualdad y la integridad, y todos estos recortes atentan contra estos derechos. Sin ir más lejos, a principio de año el comité de la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de discrminación contra la mujer) realizó un informe de revisión de Argentina y publicó sus recomendaciones, sus observaciones finales, y expresamente reconoció los derechos que surgen de la ley 27.610 y recomendó al Estado que garantice el acceso efectivo al aborto seguro y legal en todo el territorio, que asegure los insumos de misoprostol y mifepristona, personal capacitado, que regule la objeción de conciencia para que no sea una barrera. Es decir, en el plano internacional hay organismos que le están diciendo al Estado que cumpla con estas obligaciones.
Falsas denuncias, otra traba
¿Cómo evaluás el escenario de las políticas públicas de género en Argentina? La adhesión al Consenso es quizás la medida más reciente en este sentido, más bien discursiva, pero no es la única.
Otra de las cuestiones que nos preocupa que también se está instalando mucho es la cuestión de los proyectos de leyes sobre falsas denuncias. Lo que buscan, según el proyecto, es agravar con penas la proliferación de lo que considera las falsas denuncias, pero cuando uno analiza los argumentos, lo que vemos es que en realidad es un proyecto que castiga la denuncia, porque lo que va a hacer es generar muchísimas más barreras y desalentar a las mujeres que necesitan buscar ayuda o que quieren recurrir al sistema de justicia en ayuda. Los datos que tenemos hoy por hoy muestran que solamente el 21% de las mujeres que sufre violencia denuncia. Si pensamos en la estadística que elabora la oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia sobre el relevamiento de femicidios, de los femicidios del año 2025, solamente el 18% de las mujeres había denunciado previamente la situación de violencia. Con lo cual vemos que si bien hoy es difícil denunciar, con este tipo de proyectos y narrativas que buscan instalar que se va penalizar de manera más grave a las mujeres que denuncian, desalientan aún más a quienes buscan ayuda. Y se están generando más barreras en vez de buscar soluciones que serían mejorar el acceso a la justicia, mejorar los procesos, mejorar y potenciar las políticas públicas que puedan acompañar a las mujeres en situación de violencia para que no solamente puedan denunciar, sino también que puedan recibir ayuda y acompañamiento, porque a todo este contexto se le suma el desfinanciamiento y la desarticulación de las políticas para la prevención de la violencia de género. De hecho el movimiento contra las falsas denuncias no es un movimiento que surgió en Argentina, lo vemos en toda América Latina. Hay proyectos muy similares y con los mismos argumentos en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, cada uno modificando la ley correspondiente de su país, a su Código Penal, pero no es un movimiento que se dio acá, es un movimiento que está dando en toda América Latina e incluso en otros países de Europa también, que tiene que ver con este movimiento conservador.
¿Cuál podría ser el impacto de estas decisiones a largo plazo considerando, sobre todo, los largos procesos que fueron necesarios para implementar ciertas políticas públicas?
La aplicación continua de las políticas públicas es lo que permite medir los impactos, lo que permite fortalecerlas, ir mejorando el acceso y destrabando las barreras y cuando se discontinúa una política pública, después se generan muchos más desafíos para volver a instalarla, para darla a conocer, para ir midiendo el impacto y para ir implementándola. Interrumpir una política pública va a generar impactos a largo plazo. Existen hoy muchos litigios que se están llevando a cabo desde la sociedad civil, en los que ELA también es parte, dónde estamos reclamando tanto al Ministerio de Salud o al Ministerio de Justicia por la desarticulación de las políticas para la prevención de la violencia de género. También estamos acompañando el litigio de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes por la restauración del plan ENIA, que fue un plan fundamental en la prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia que durante los 6 años de aplicación logró reducir casi en un 50% el embarazo no intencional en la adolescencia y que es otra de las políticas de salud sexual y reproductiva que están discontinuadas. Estamos esperando las respuestas de la justicia para que obligue al Estado a cumplir con las obligaciones que tiene en el plano nacional e internacional. Esperamos también la respuesta de la justicia en el hecho de exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones en materia tanto de prevención de la violencia de género como en el acceso a salud sexual y reproductiva. Son todas obligaciones que surgen de leyes nacionales, de tratados internacionales, entonces es importante demandar ante la justicia para que el Estado cumpla con esas obligaciones.
El Gobierno argentino formalizó su adhesión al Consenso de Ginebra, una declaración internacional de carácter conservador surgida en 2020 que niega el derecho internacional al aborto. La decisión va de la mano con la postura explícita de la actual gestión nacional, que ha promovido una agenda en contra de las políticas de género, signada por el desfinanciamiento y la eliminación de programas destinados a fortalecer derechos. Patricia Sotile, abogada del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), dialogó con El Extremo Sur sobre el alcance de esta adhesión y el escenario de las políticas sexuales y reproductivas en Argentina.
Otro retroceso
La adhesión del Gobierno generó dudas sobre la vigencia de leyes como la 27.210 que contempla el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. No es la primera vez que Javier Milei se posiciona en contra del derecho al aborto: en plena campaña prometió llevar la ley de IVE a plebiscito y durante su gestión se especuló sobre proyectos cercanos al círculo libertario que buscaban limitar o directamente eliminar la ley.
Patricia Sotile, abogada del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), aclaró que el Consenso de Ginebra no es un documento jurídicamente vinculante, por lo que no pone en riesgo la normativa vigente. Sin embargo, la postura del Gobierno nacional implica un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. De hecho, señala que desde su asunción, la actual gestión nacional descontinuó las compras de medicamentos e insumos para garantizar las interrupciones, lo que propició un escenario complejo en los distintos territorios: "Hoy son las provincias las que están supliendo el rol que tendría que tener el Estado Nacional en este momento". En la misma línea, se evidencia una caída drástica del presupuesto nacional destinado al desarrollo de la salud sexual, especialmente en los programas orientados a la prevención.
El Consenso de Ginebra no aparece aislado: se inscribe en un contexto global de avance de políticas conservadoras y proyectos de regresión que atentan contra los derechos conquistados. Otras iniciativas, como el proyecto de ley de falsas denuncias, buscan avanzar en el mismo sentido, "generando barreras en vez de buscar soluciones".
"Es necesario mejorar el acceso a la justicia, mejorar los procesos, mejorar y potenciar las políticas públicas que puedan acompañar a las mujeres en situación de violencia para que no solamente puedan denunciar, sino también que puedan recibir ayuda y acompañamiento, porque a todo este contexto se le suma el desfinanciamiento y la desarticulación de las políticas para la prevención de la violencia de género", describe la abogada.
Sotile aclaró que la responsabilidad del Estado en la continuidad de ciertas políticas públicas no es una opción sino una obligación que tiene en el plano nacional e internacional. En este sentido, desde ELA acompañan una serie de litigios, con el objetivo de que la Justicia demande al Ejecutivo que cumpla con sus obligaciones en materia de prevención de la violencia de género y en el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Ideas y políticas del pasado
¿En qué consiste el Consenso de Ginebra y que implica, en términos jurídicos y políticos, la adhesión de Argentina?
En términos generales el Consenso de Ginebra es una declaración de carácter político-diplomático que firman los Estados, pero que no es vinculante. Es simplemente una declaración por la que varios Estados buscan, en el plano internacional, promover una agenda de salud de las mujeres y las niñas, el fortalecimiento del sistema sanitario y la protección de la familia, pero estableciendo que el aborto no tiene que ser considerado un derecho o que no hay un derecho internacional al aborto. Es más que nada una declaración y lo que nos parece más importante destacar es que no es un documento jurídicamente vinculante para Argentina, no es un tratado internacional, no modifica de ninguna manera las leyes que están vigentes en nuestro país, por lo cual la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo sigue teniendo plena vigencia, el Estado sigue obligado a garantizar el acceso. Es una demostración política de la elección de del Gobierno, de sumarse a una alianza que niega la existencia del derecho al aborto protegido por el derecho internacional y que también promueve una concepción restrictiva de la salud de las mujeres y de las familias. Sí vemos que en el plano internacional Argentina se alinea con una agenda que busca recuperar ideas y políticas del pasado, también en el plano nacional se están deshabilitando las herramientas concretas que permiten hacer efectivos esos derechos que el Consenso dice proteger.
Este contexto, ¿genera barreras de implementación de la ley, a pesar de mantenerse vigente?
Lo más patente que se visibiliza en esto que muestra la posición del Estado es que con la asunción de la actual gestión de Gobierno se interrumpieron las compras de insumos de misoprostol, de mifepristona, de cánulas para la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), que son los insumos que permiten garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Cuando asumió, el Gobierno no continuó con el proceso de compra que estaba iniciado y abruptamente dejó de enviarle a las provincias esos insumos, por lo cual se desresponsabilizó, cargando a las provincias con la responsabilidad de cumplir de comprar los insumos y de garantizar el acceso. Y esto obviamente generó un montón de dificultades para las provincias -en un contexto de por sí muy desafiante, de mucha crisis en acceso a la salud- que tuvieron que salir a comprar insumos para garantizar el acceso, con las dificultades y los desafíos que cada provincia tiene con sus propios presupuestos. Es decir, hoy son las provincias las que están supliendo el rol que tendría que tener el Estado Nacional en este momento.
El actual Gobierno nacional se ha caracterizado por alentar discursos de odio contra las políticas de género y los movimientos de mujeres y diversidades. Más allá de las falencias presupuestarias, ¿puede este contexto desalentar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos?
Sin dudas. En el plano discursivo el mensaje que le llega a la sociedad puede desalentar a las mujeres a querer acceder al sistema de salud para pedir una interrupción voluntaria o legal del embarazo, pensando que ya no es legal por la adhesión de Argentina este consenso y también por las narrativas y los discursos que se están instalando. Estos discursos desalientan a quienes buscan ayuda, a quienes buscan acceso a salud sexual y reproductiva o a políticas para la prevención de la violencia, es parte de lo que ellos llaman su batalla cultural contra estas agendas. Por eso nos parece muy importante llevar como mensaje a la sociedad, a las mujeres y personas con capacidad de gestar que la adhesión no obliga a la Argentina y que la ley de interrupción voluntaria del embarazo sigue estando plenamente vigente. Pero por otro lado se van alineando con lo que está pasando en el plano nacional. El Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, por ejemplo, que es así como aparece en el presupuesto nacional y es el que está destinado a garantizar la IVE, los insumos y el acceso a métodos anticonceptivos, cayó un 15% en 2024 respecto al año anterior. Y significó solamente el 7% de la inversión respecto a 2021. Es decir que el presupuesto nacional destinado al desarrollo de la salud sexual cayó drásticamente. Y si miramos esto en términos de acceso público a los anticonceptivos, es mucho más grande. Desde ELA, junto a CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) y REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) hicimos una estimación del presupuesto nacional para ver cómo se refleja la caída en anticonceptivos. Por ejemplo, la cantidad de adolescentes y mujeres que estuvieron alcanzadas por la provisión nacional de anticonceptivos pasó de 1.200.000 en 2024 a apenas 63.000 en 2026, con la drástica reducción del presupuesto. Si se sostiene esta reducción, según se proyecta en las estimaciones, esto puede derivar en 240.000 embarazos no intencionales adicionales, más de 112.000 abortos y 452 muertes maternas que que podrían haberse evitado. Es difícil cuando se habla de la salud de las mujeres y de fortalecer la familia cuando se recortan estas políticas. Encierra una contradicción difícil de ignorar.
¿La adhesión al Consenso no supone también una contradicción con los convenios internacionales en materia de derechos a los que adhiere Argentina?
En el plano internacional el Estado está obligado a proteger la salud, la autonomía, la privacidad, la igualdad y la integridad, y todos estos recortes atentan contra estos derechos. Sin ir más lejos, a principio de año el comité de la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de discrminación contra la mujer) realizó un informe de revisión de Argentina y publicó sus recomendaciones, sus observaciones finales, y expresamente reconoció los derechos que surgen de la ley 27.610 y recomendó al Estado que garantice el acceso efectivo al aborto seguro y legal en todo el territorio, que asegure los insumos de misoprostol y mifepristona, personal capacitado, que regule la objeción de conciencia para que no sea una barrera. Es decir, en el plano internacional hay organismos que le están diciendo al Estado que cumpla con estas obligaciones.
Falsas denuncias, otra traba
¿Cómo evaluás el escenario de las políticas públicas de género en Argentina? La adhesión al Consenso es quizás la medida más reciente en este sentido, más bien discursiva, pero no es la única.
Otra de las cuestiones que nos preocupa que también se está instalando mucho es la cuestión de los proyectos de leyes sobre falsas denuncias. Lo que buscan, según el proyecto, es agravar con penas la proliferación de lo que considera las falsas denuncias, pero cuando uno analiza los argumentos, lo que vemos es que en realidad es un proyecto que castiga la denuncia, porque lo que va a hacer es generar muchísimas más barreras y desalentar a las mujeres que necesitan buscar ayuda o que quieren recurrir al sistema de justicia en ayuda. Los datos que tenemos hoy por hoy muestran que solamente el 21% de las mujeres que sufre violencia denuncia. Si pensamos en la estadística que elabora la oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia sobre el relevamiento de femicidios, de los femicidios del año 2025, solamente el 18% de las mujeres había denunciado previamente la situación de violencia. Con lo cual vemos que si bien hoy es difícil denunciar, con este tipo de proyectos y narrativas que buscan instalar que se va penalizar de manera más grave a las mujeres que denuncian, desalientan aún más a quienes buscan ayuda. Y se están generando más barreras en vez de buscar soluciones que serían mejorar el acceso a la justicia, mejorar los procesos, mejorar y potenciar las políticas públicas que puedan acompañar a las mujeres en situación de violencia para que no solamente puedan denunciar, sino también que puedan recibir ayuda y acompañamiento, porque a todo este contexto se le suma el desfinanciamiento y la desarticulación de las políticas para la prevención de la violencia de género. De hecho el movimiento contra las falsas denuncias no es un movimiento que surgió en Argentina, lo vemos en toda América Latina. Hay proyectos muy similares y con los mismos argumentos en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, cada uno modificando la ley correspondiente de su país, a su Código Penal, pero no es un movimiento que se dio acá, es un movimiento que está dando en toda América Latina e incluso en otros países de Europa también, que tiene que ver con este movimiento conservador.
¿Cuál podría ser el impacto de estas decisiones a largo plazo considerando, sobre todo, los largos procesos que fueron necesarios para implementar ciertas políticas públicas?
La aplicación continua de las políticas públicas es lo que permite medir los impactos, lo que permite fortalecerlas, ir mejorando el acceso y destrabando las barreras y cuando se discontinúa una política pública, después se generan muchos más desafíos para volver a instalarla, para darla a conocer, para ir midiendo el impacto y para ir implementándola. Interrumpir una política pública va a generar impactos a largo plazo. Existen hoy muchos litigios que se están llevando a cabo desde la sociedad civil, en los que ELA también es parte, dónde estamos reclamando tanto al Ministerio de Salud o al Ministerio de Justicia por la desarticulación de las políticas para la prevención de la violencia de género. También estamos acompañando el litigio de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes por la restauración del plan ENIA, que fue un plan fundamental en la prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia que durante los 6 años de aplicación logró reducir casi en un 50% el embarazo no intencional en la adolescencia y que es otra de las políticas de salud sexual y reproductiva que están discontinuadas. Estamos esperando las respuestas de la justicia para que obligue al Estado a cumplir con las obligaciones que tiene en el plano nacional e internacional. Esperamos también la respuesta de la justicia en el hecho de exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones en materia tanto de prevención de la violencia de género como en el acceso a salud sexual y reproductiva. Son todas obligaciones que surgen de leyes nacionales, de tratados internacionales, entonces es importante demandar ante la justicia para que el Estado cumpla con esas obligaciones.
