Vecinos de Comodoro denuncian al IPV y constructoras por daños en 630 viviendasVecinos del barrio ARA San Juan de Comodoro Rivadavia llevaron a la Justicia una denuncia penal contra el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y las empresas que participaron de la construcción de los complejos habitacionales de ese sector de Comodoro Rivadavia. La presentación apunta a determinar responsabilidades por la construcción de aproximadamente 630 viviendas y por los daños que, según indicó, se vienen profundizando con el paso del tiempo.
"Esto es una denuncia penal muy grave contra el IPV y contra todas las empresas que construyeron en este barrio", afirmó el vecino Jesús Ruiz. Según explicó, las mismas firmas también habrían intervenido en obras realizadas en el barrio Juan Corti.
Entre los puntos centrales de la denuncia, sostuvo que existen estudios de suelo realizados por empresas habilitadas que habrían advertido que el terreno firme se encuentra a varios metros de profundidad. "Hay estudios de suelo que decían que el suelo firme está entre cinco y siete metros de profundidad y se construyó a ras del suelo. Alguien tendrá que dar las explicaciones del caso", manifestó.
El vecino aseguró que existen dos estudios efectuados en distintos años y por diferentes empresas cuyos resultados serían coincidentes. Según detalló, los informes ubicarían el suelo firme entre los tres y los siete metros de profundidad. "No tenía que haberse hecho ni una sola vivienda e hicieron 630. Alguien se tendrá que hacer cargo", cuestionó. Otro de los aspectos incorporados a la presentación judicial apunta a establecer cuáles fueron los controles realizados durante la ejecución de las viviendas.
Ruíz indicó que se solicitaron al IPV los libros de órdenes y servicios y otra documentación relacionada con las empresas para reconstruir las diferentes etapas de los trabajos. "Queremos darle trazabilidad a la obra: en qué momento estuvieron los inspectores controlando, en qué etapas se certificó y qué se certificó", explicó.
Además, señaló que pretenden conocer cuáles fueron los valores iniciales y finales de las viviendas y determinar cómo evolucionaron los costos durante la ejecución de los complejos. El cuestionamiento también alcanza al Municipio al establecerse bajo qué condiciones se otorgaron los finales de obra y si las construcciones cumplían con las exigencias técnicas correspondientes.
CUESTIONAN VALOR DE LOS TERRENOS
La denuncia incluye además un planteo relacionado con la composición de las cuotas abonadas al IPV. Según relató Ruiz, ante un pedido de informes realizado en la Legislatura provincial, el organismo habría informado que las cuotas incluyen el costo de la vivienda, la infraestructura de servicios y el terreno. Sin embargo, el vecino aseguró que los adjudicatarios ya abonaron los lotes al Municipio y cuentan con documentación que acredita la cancelación de esa obligación. "Tenemos libre deuda de pago total del terreno. Entonces, según ese informe, nos cobran dos veces", afirmó. Ruiz consideró que este punto también deberá ser aclarado judicialmente. "Nos sentimos estafados realmente. Hay muchas irregularidades y queremos que se den las explicaciones correspondientes", expresó.
"LOS DAÑOS SON PROGRESIVOS"
Más allá de las posibles responsabilidades administrativas o penales, la preocupación principal de los vecinos está puesta en el estado de las viviendas. Ruiz aseguró que existen casas con diferentes niveles de deterioro y que los problemas continúan avanzando. "Hay viviendas donde la puerta principal no abre. Tengo familias conocidas que han faltado al trabajo porque no pudieron salir de la casa", relató.
También describió inconvenientes en ventanas y paredes producto de movimientos en las estructuras. "Se resquebraja una pared y la ventana queda trabada, no se abre más", señaló. A ello sumó filtraciones y problemas en los techos. Según explicó, los vecinos cuentan con registros audiovisuales sobre el estado de las membranas colocadas en algunas viviendas, que terminarían desprendiéndose y dejando las construcciones expuestas al ingreso de agua. "Algunas casas tienen daños en mayor grado y otras en menor grado, pero todas tienen daño, y las que todavía no lo tienen, en algún momento va a aparecer", aseguró.
Los vecinos ya habían iniciado anteriormente una demanda por daños y perjuicios. En el marco de ese proceso, según relató Ruiz, intervino un perito ingeniero designado por la Justicia para analizar las condiciones de las construcciones. De acuerdo con el vecino, las conclusiones del especialista fueron especialmente preocupantes.
"En sus informes elevados a la Justicia dice que estas casas se van a colapsar y que no sabe en el futuro cuántas van a quedar en estado de ruina", afirmó. Ruiz remarcó que el reclamo no comprende solamente el valor de las viviendas, sino también las inversiones que cada familia realizó posteriormente. "Acá hay un montón de plata invertida en cercos, artefactos, carpinterías metálicas y medidas de seguridad contra el vandalismo. Hay gente que por razones de grupo familiar tuvo que ampliar la casa y hoy se encuentra con que todo lo que gastó no sirvió de nada", lamentó.
Finalmente, cuestionó los materiales que, según documentación en poder de los vecinos, habrían sido utilizados para rellenar parte del terreno antes de construir. "En vez de rellenar con suelo seleccionado, rellenaron con arcilla expansiva. Entonces, ¿qué pasa? El daño no para", sostuvo. La denuncia busca ahora que la Justicia determine las eventuales responsabilidades además de establecer las condiciones en las que fueron construidas y certificadas las viviendas.
Fuente: Jornada
Vecinos del barrio ARA San Juan de Comodoro Rivadavia llevaron a la Justicia una denuncia penal contra el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y las empresas que participaron de la construcción de los complejos habitacionales de ese sector de Comodoro Rivadavia. La presentación apunta a determinar responsabilidades por la construcción de aproximadamente 630 viviendas y por los daños que, según indicó, se vienen profundizando con el paso del tiempo.
"Esto es una denuncia penal muy grave contra el IPV y contra todas las empresas que construyeron en este barrio", afirmó el vecino Jesús Ruiz. Según explicó, las mismas firmas también habrían intervenido en obras realizadas en el barrio Juan Corti.
Entre los puntos centrales de la denuncia, sostuvo que existen estudios de suelo realizados por empresas habilitadas que habrían advertido que el terreno firme se encuentra a varios metros de profundidad. "Hay estudios de suelo que decían que el suelo firme está entre cinco y siete metros de profundidad y se construyó a ras del suelo. Alguien tendrá que dar las explicaciones del caso", manifestó.
El vecino aseguró que existen dos estudios efectuados en distintos años y por diferentes empresas cuyos resultados serían coincidentes. Según detalló, los informes ubicarían el suelo firme entre los tres y los siete metros de profundidad. "No tenía que haberse hecho ni una sola vivienda e hicieron 630. Alguien se tendrá que hacer cargo", cuestionó. Otro de los aspectos incorporados a la presentación judicial apunta a establecer cuáles fueron los controles realizados durante la ejecución de las viviendas.
Ruíz indicó que se solicitaron al IPV los libros de órdenes y servicios y otra documentación relacionada con las empresas para reconstruir las diferentes etapas de los trabajos. "Queremos darle trazabilidad a la obra: en qué momento estuvieron los inspectores controlando, en qué etapas se certificó y qué se certificó", explicó.
Además, señaló que pretenden conocer cuáles fueron los valores iniciales y finales de las viviendas y determinar cómo evolucionaron los costos durante la ejecución de los complejos. El cuestionamiento también alcanza al Municipio al establecerse bajo qué condiciones se otorgaron los finales de obra y si las construcciones cumplían con las exigencias técnicas correspondientes.
CUESTIONAN VALOR DE LOS TERRENOS
La denuncia incluye además un planteo relacionado con la composición de las cuotas abonadas al IPV. Según relató Ruiz, ante un pedido de informes realizado en la Legislatura provincial, el organismo habría informado que las cuotas incluyen el costo de la vivienda, la infraestructura de servicios y el terreno. Sin embargo, el vecino aseguró que los adjudicatarios ya abonaron los lotes al Municipio y cuentan con documentación que acredita la cancelación de esa obligación. "Tenemos libre deuda de pago total del terreno. Entonces, según ese informe, nos cobran dos veces", afirmó. Ruiz consideró que este punto también deberá ser aclarado judicialmente. "Nos sentimos estafados realmente. Hay muchas irregularidades y queremos que se den las explicaciones correspondientes", expresó.
"LOS DAÑOS SON PROGRESIVOS"
Más allá de las posibles responsabilidades administrativas o penales, la preocupación principal de los vecinos está puesta en el estado de las viviendas. Ruiz aseguró que existen casas con diferentes niveles de deterioro y que los problemas continúan avanzando. "Hay viviendas donde la puerta principal no abre. Tengo familias conocidas que han faltado al trabajo porque no pudieron salir de la casa", relató.
También describió inconvenientes en ventanas y paredes producto de movimientos en las estructuras. "Se resquebraja una pared y la ventana queda trabada, no se abre más", señaló. A ello sumó filtraciones y problemas en los techos. Según explicó, los vecinos cuentan con registros audiovisuales sobre el estado de las membranas colocadas en algunas viviendas, que terminarían desprendiéndose y dejando las construcciones expuestas al ingreso de agua. "Algunas casas tienen daños en mayor grado y otras en menor grado, pero todas tienen daño, y las que todavía no lo tienen, en algún momento va a aparecer", aseguró.
Los vecinos ya habían iniciado anteriormente una demanda por daños y perjuicios. En el marco de ese proceso, según relató Ruiz, intervino un perito ingeniero designado por la Justicia para analizar las condiciones de las construcciones. De acuerdo con el vecino, las conclusiones del especialista fueron especialmente preocupantes.
"En sus informes elevados a la Justicia dice que estas casas se van a colapsar y que no sabe en el futuro cuántas van a quedar en estado de ruina", afirmó. Ruiz remarcó que el reclamo no comprende solamente el valor de las viviendas, sino también las inversiones que cada familia realizó posteriormente. "Acá hay un montón de plata invertida en cercos, artefactos, carpinterías metálicas y medidas de seguridad contra el vandalismo. Hay gente que por razones de grupo familiar tuvo que ampliar la casa y hoy se encuentra con que todo lo que gastó no sirvió de nada", lamentó.
Finalmente, cuestionó los materiales que, según documentación en poder de los vecinos, habrían sido utilizados para rellenar parte del terreno antes de construir. "En vez de rellenar con suelo seleccionado, rellenaron con arcilla expansiva. Entonces, ¿qué pasa? El daño no para", sostuvo. La denuncia busca ahora que la Justicia determine las eventuales responsabilidades además de establecer las condiciones en las que fueron construidas y certificadas las viviendas.
Fuente: Jornada
