Dos años del RIGI de Milei y los alcances del costo ambientalPor Gabriela Ensinck
Lejos de promover nuevas actividades o diversificar la estructura productiva argentina, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en un esquema de privilegios para sectores extractivos ya consolidados. Así lo señala un reciente informe del Observatorio del RIGI, integrado por especialistas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), entre otros.
Además de su elevado costo fiscal (el Estado deja de recaudar en impuestos para "promover" las nuevas inversiones -la mayoría de las cuales ya estaban en marcha o se iban a realizar de todos modos-), la expansión del RIGI fue acompañada por una serie de regresiones en materia ambiental.
"Las grandes inversiones se concentraron en hidrocarburos y minería (62% y 36% de los montos en los 40 proyectos aprobados). Ambas actividades generan escaso empleo y tienen un enorme impacto en los ecosistemas", señaló Mariano Novas, investigador de la UNSAM y coordinador del Observatorio
A nivel nacional, la reforma de la Ley de Glaciares redujo los estándares mínimos de protección de las reservas de agua presentes y futuras para facilitar proyectos mineros. En el plano provincial, distintas jurisdicciones modificaron sus marcos regulatorios con el mismo objetivo, destaca el informe.
De este modo, la provincia de Río Negro derogó la ley 3308 que protegía al Golfo San Matías de la expansión hidrocarburífera; mientras que Salta y Mendoza avanzaron en la autorización de proyectos mineros en áreas protegidas.
"La flexibilización de normas ambientales y laborales es un requisito para abaratar costos y bajar el precio mínimo a partir del cual son rentables los megaproyectos de energía fósil, ante el avance de las energías renovables", describió Ariel Slipak, de FARN, uno de los integrantes del Observatorio del RIGI.
Dumpingambiental
La reforma a la Ley de Glaciares, sancionada en abril de 2026, reemplazó los presupuestos mínimos de protección nacional de glaciares y zonas periglaciares como reservorios de agua dulce, por un esquema en el que cada provincia decide qué territorios "sacrificar" para favorecer las inversiones mineras.
Es el caso del proyecto binacional Vicuña (que integra los yacimientos de cobre, oro y plata JoséMaría y Filo del Sol, en el límite cordillerano de San Juan con la región de Atacama en Chile). Su operación implica la destrucción del glaciar de escombros GE110, que se encontraba protegido por la antigua Ley de Glaciares.
Por otra parte, la llamada "Ley Bases" estableció en su artículo 193 la garantía de "acceso a insumos" para las grandes inversiones, incluyendo el agua utilizada para la megaminería. "Esto en la práctica implica que ante una escasez de agua, la población se verá relegada frente a los "derechos de acceso" adquiridos por las mineras", señaló Luciana Ghiotto, investigadora del CONICET en la UNSAM.
Desprotección laboral
Frente a los más de 290.000 empleos registrados perdidos desde que Javier Milei asumió la presidencia, los 40 proyectos aprobados del RIGI sólo proponen crear 14.200 puestos permanentes y 30.000 indirectos durante la etapa de operación.
Por otra parte, las cifras oficiales no contabilizan los empleos que serán desplazados por las actividades extractivas en sectores como el turismo, la pesca o las economías regionales.
"Tampoco se consideran los impactos diferenciados en las mujeres y diversidades, asociados a la masculinización de los empleos extractivos y el consiguiente aumento de la carga de trabajo no remunerado de cuidados en las comunidades", advierte el informe del Observatorio. En tanto, es poco o nulo el "derrame" de estas actividades sobre las Pymes y cadenas de valor locales, ya que en algunos casos, todos los materiales y hasta los trabajadores que construyen la infraestructura de los proyectos vienen del exterior.
Un balance de la entrega
"El avance del RIGI no ocurre sobre territorios despoblados, sino que profundiza los conflictos socioambientales preexistentes", apunta el trabajo de la UNSAM y diversas ONG.
"A dos años de su implementación, este régimen de privilegios sólo logró concentrar la renta económica en proyectos que ya se iban a realizar o estaban en marcha, sin un correlato en materia de empleo ni diversificación productiva", destacó Novas. "Al flexibilizar normas ambientales y laborales, ceder soberanía tributaria, cambiaria y aduanera por tres décadas, y al subordinar el derecho humano al agua y la protección ambiental a los "derechos adquiridos" corporativos, el RIGI profundizó el carácter periférico del capitalismo argentino", concluyó el informe del Observatorio.
Esta experiencia ratifica que la abundancia de recursos naturales no garantiza por sí misma el bienestar de la población. La discusión sobre cómo se distribuye y administra la renta y el rol del Estado en la diversificación y transformación productiva sigue abierta.
Fuente: Tiempo Argentino
Por Gabriela Ensinck
Lejos de promover nuevas actividades o diversificar la estructura productiva argentina, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en un esquema de privilegios para sectores extractivos ya consolidados. Así lo señala un reciente informe del Observatorio del RIGI, integrado por especialistas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), entre otros.
Además de su elevado costo fiscal (el Estado deja de recaudar en impuestos para "promover" las nuevas inversiones -la mayoría de las cuales ya estaban en marcha o se iban a realizar de todos modos-), la expansión del RIGI fue acompañada por una serie de regresiones en materia ambiental.
"Las grandes inversiones se concentraron en hidrocarburos y minería (62% y 36% de los montos en los 40 proyectos aprobados). Ambas actividades generan escaso empleo y tienen un enorme impacto en los ecosistemas", señaló Mariano Novas, investigador de la UNSAM y coordinador del Observatorio
A nivel nacional, la reforma de la Ley de Glaciares redujo los estándares mínimos de protección de las reservas de agua presentes y futuras para facilitar proyectos mineros. En el plano provincial, distintas jurisdicciones modificaron sus marcos regulatorios con el mismo objetivo, destaca el informe.
De este modo, la provincia de Río Negro derogó la ley 3308 que protegía al Golfo San Matías de la expansión hidrocarburífera; mientras que Salta y Mendoza avanzaron en la autorización de proyectos mineros en áreas protegidas.
"La flexibilización de normas ambientales y laborales es un requisito para abaratar costos y bajar el precio mínimo a partir del cual son rentables los megaproyectos de energía fósil, ante el avance de las energías renovables", describió Ariel Slipak, de FARN, uno de los integrantes del Observatorio del RIGI.
Dumpingambiental
La reforma a la Ley de Glaciares, sancionada en abril de 2026, reemplazó los presupuestos mínimos de protección nacional de glaciares y zonas periglaciares como reservorios de agua dulce, por un esquema en el que cada provincia decide qué territorios "sacrificar" para favorecer las inversiones mineras.
Es el caso del proyecto binacional Vicuña (que integra los yacimientos de cobre, oro y plata JoséMaría y Filo del Sol, en el límite cordillerano de San Juan con la región de Atacama en Chile). Su operación implica la destrucción del glaciar de escombros GE110, que se encontraba protegido por la antigua Ley de Glaciares.
Por otra parte, la llamada "Ley Bases" estableció en su artículo 193 la garantía de "acceso a insumos" para las grandes inversiones, incluyendo el agua utilizada para la megaminería. "Esto en la práctica implica que ante una escasez de agua, la población se verá relegada frente a los "derechos de acceso" adquiridos por las mineras", señaló Luciana Ghiotto, investigadora del CONICET en la UNSAM.
Desprotección laboral
Frente a los más de 290.000 empleos registrados perdidos desde que Javier Milei asumió la presidencia, los 40 proyectos aprobados del RIGI sólo proponen crear 14.200 puestos permanentes y 30.000 indirectos durante la etapa de operación.
Por otra parte, las cifras oficiales no contabilizan los empleos que serán desplazados por las actividades extractivas en sectores como el turismo, la pesca o las economías regionales.
"Tampoco se consideran los impactos diferenciados en las mujeres y diversidades, asociados a la masculinización de los empleos extractivos y el consiguiente aumento de la carga de trabajo no remunerado de cuidados en las comunidades", advierte el informe del Observatorio. En tanto, es poco o nulo el "derrame" de estas actividades sobre las Pymes y cadenas de valor locales, ya que en algunos casos, todos los materiales y hasta los trabajadores que construyen la infraestructura de los proyectos vienen del exterior.
Un balance de la entrega
"El avance del RIGI no ocurre sobre territorios despoblados, sino que profundiza los conflictos socioambientales preexistentes", apunta el trabajo de la UNSAM y diversas ONG.
"A dos años de su implementación, este régimen de privilegios sólo logró concentrar la renta económica en proyectos que ya se iban a realizar o estaban en marcha, sin un correlato en materia de empleo ni diversificación productiva", destacó Novas. "Al flexibilizar normas ambientales y laborales, ceder soberanía tributaria, cambiaria y aduanera por tres décadas, y al subordinar el derecho humano al agua y la protección ambiental a los "derechos adquiridos" corporativos, el RIGI profundizó el carácter periférico del capitalismo argentino", concluyó el informe del Observatorio.
Esta experiencia ratifica que la abundancia de recursos naturales no garantiza por sí misma el bienestar de la población. La discusión sobre cómo se distribuye y administra la renta y el rol del Estado en la diversificación y transformación productiva sigue abierta.
Fuente: Tiempo Argentino
