¿Con quién quiere entrar en guerra Milei?: Nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional combinada con más cantidad de ejercicios militares en Patagonia

El gobierno de Javier Milei viene haciendo movimientos que parecen indicar que quiere ir a la guerra. Por un lado, es la gestión que más cantidad de ejercicios militares -incluyendo tropas extranjeras- realizó desde el regreso de la democracia y sólo fue superado por la de Carlos Menem; muchos de esos desplazamientos de tropas se han realizado en la Patagonia. Al mismo tiempo impulsa una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que no solamente incluye la profundización de algunas medidas sancionatorias para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. Ese último ítem modifica la denominada Seguridad Interior ampliando los límites represivos de las Fuerzas Armadas contra el "enemigo interno" corporizado bajo la categoría de "terrorismo" a la población que rechace las políticas gubernamentales, limitando el discurso público y rompiendo los consensos básicos alcanzados desde la recuperación democrática. Atado al mástil de la política exterior de los Estados Unidos con una visible sumisión cuasi colonial, en la actual realidad argentina hay un "tufillo a guerra" que no parece apuntar hacia el enfrentamiento de la ocupación británica de las Malvinas, sino más bien a la resistencia contra el modelo entrega y saqueo de los recursos naturales de la Nación. La defensa de la "infraestructura crítica" es una de las premisas fundamentales para que las Fuerzas Armadas cumplan funciones represivas de las Fuerzas de Seguridad en remotas regiones patagónicas como Vaca Muerta, las explotaciones mineras de la Cordillera y los futuros data center que quiere habilitar en la Patagonia.

La fase del rearme

En la gestión de Milei se hizo especialmente visible la compra de armamento militar para las Fuerzas Armadas. Tomaron relevancia la adquisición de los aviones F-16, pero no han sido las únicas.

El armamento destaca la compra de las aeronaves de guerra F-16; aviones de patrullaje P-3 Orion; tanques TAM 2C-A2 y unidades blindadas Stryker 8x8; artillería autopropulsada; drones HERO; fusiles IWI Arad; sistemas misilísticos; radares; camiones Unimog; helicópteros y municiones de artillería.

La lista de adquisiciones efectivizadas, según fuentes oficiales del Ministerio de Defensa y la Casa Rosada, ascenderían a un monto total que ronda entre los 2.200 y 2.500 millones de dólares.

Muchos de esos armamentos fueron adquiridos en programas previos a la administración libertaria, pero una porción significativa fue parte del plan de compra de la gestión Milei.

La etapa del entrenamiento militar

La administración de Milei no solamente ha comprado todo el equipamiento militar detallado, sino que potenció los ejercicios de entrenamientos de las Fuerzas Armadas. La movilización de tropas, con tropas nacionales y ejercicios combinados con extranjeros, concretada en casi tres años de gestión libertaria es una de las mayores desde el regreso de la democracia en 1983 y por ahora sólo ha sido superada por el gobierno de Carlos Menem.

La particularidad reflejada por las estadísticas oficiales está vinculada a la cantidad de desplazamientos combinados de tropas argentinas con extranjeras, ya que el gobierno de Milei es el que más operaciones de adiestramiento combinado concretó después de Menem y podría igualarlo o inclusive superarlo al finalizar el 2027.

El menemismo tiene el récord en democracia de ejercicios militares en el país, tanto con tropas como en desplazamiento combinados con extranjeros, y al mismo tiempo fue el que más efectivos militares movilizó en 43 años.

La gestión Milei es la segunda en concretar ejercitaciones militares con tropas extranjeras y está muy cerca de alcanzar las concretadas en tiempos de Menem, inclusive es muy posible que se convierta en la tercera -difícilmente consiga la segunda posición- en la movilización de tropas.

No menos curioso es que en las gestiones neoliberales como el menemismo, derecha como la del macrismo o la de ultraderecha como la del mileismo sean los puntos más elevados de ejercitaciones conjuntas con ejércitos extranjeros. Milei claramente puede superar al menemismo durante el año que viene.

Una particularidad de este gobierno libertario es la priorización de los desplazamientos y ejercitaciones militares en la zona de las provincias que conforman la Patagonia. Allí se concentra una importante cantidad de operaciones militares de adiestramiento y Milei está por superar los efectuados en todos los gobiernos anteriores desde el regreso de la democracia, aunque aún no prevalece a las gestiones menemistas.

Con 6 ejercicios militares combinados con tropas extranjeras ya superó a todos los demás gobiernos desde 1983 e igualó a las operaciones de entrenamiento de la primeria gestión de Menem. Quedando superado solamente por los 8 desplazamientos combinados concretados en el segundo mandato menemista.

En tan sólo tres años, con un especial crecimiento en este 2026, el Gobierno libertario movilizó 42.000 efectivos militares para ejercicios con tropas nacionales y extranjeras; quedando en el segundo escalón detrás del segundo mandato de Carlos Menem entre 1995 y 1999.

El mega despliegue del Operativo Kekén

Desde 1983 hasta la actualidad el mayor desplazamiento de tropas nacionales en la Patagonia se concretó entre el 7 y el 30 abril de este 2026 con el denominado Operativo Kekén ("amanecer" en lengua tehuelche) que contó con la participación del Ejército, la Fuerza Aérea y Armada Argentina.

Se trató de la movilización de 3.200 efectivos, 315 vehículos y 46 unidades, además de 11 aeronaves, drones y sistemas de defensa antiaérea que se desplegaron entre las provincias de Chubut y Santa Cruz trasladando material rodante desde Buenos Aires y siete provincias.

Se trató de operaciones multidominio y no se limitó a maniobras terrestres ya que se incluyeron acciones por tierra, aire y espacio marítimo utilizando drones, defensa antiaérea, ejercicios de guerra electrónica y de ciberdefensa. Asimismo, incluyó paracaidistas, fuerzas especiales, helicópteros y operaciones de infiltración, además de las unidades mecanizadas y blindadas.

Según las fuentes oficiales consultadas "la hipótesis de trabajo consistió en la defensa de recursos estratégicos clave (como la industria energética, los pozos petroleros y de gas) ante una amenaza o invasión extranjera hipotética".

Nueva Ley de Defensa de la Soberanía

En el transcurso de la semana que concluye el gobierno de Milei envió al Congreso Nacional el denominado proyecto de "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional".

A priori y en superficie la misma se relaciona especialmente con las sanciones a las petroleras que operen en los yacimientos petroleros de las Islas Malvinas y profundiza las sanciones a las empresas y las personas físicas que intervengan en el proceso, incluyendo la actividad pesquera.

La administración Milei difundió un comunicado oficial donde sostiene que "la iniciativa constituye un hito en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país. Todos los argentinos, de todas las edades y de todos los rincones del país, reconocen en Malvinas una causa nacional, y en su recuperación, una promesa que cada generación hereda de la anterior".

Agregando que "la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional se estructura sobre tres pilares: castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas".

Y resaltó que "el proyecto tiene por objetivo derogar el régimen ineficiente de la Ley N° 26.659 sancionada en 2011 y reemplazarlo por uno más duro, además de agravar las sanciones penales contra quienes ilegítimamente hacen negocios en nuestro territorio, sus accionistas y proveedores".

Pero no es lo único que el proyecto ómnibus contiene, ya que crea un nuevo órgano con facultades sancionatorias propias, incorpora figuras penales vinculadas a la "influencia extranjera" y modifica la Ley de Inteligencia Nacional.

La norma propone la creación del Consejo de Seguridad Nacional, cuya misión será asesorar al Presidente, definir la política del área y ser el órgano rector de todo el sistema de seguridad del país.

Lo preside el propio Javier Milei y lo integran el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. Su Política de Seguridad Nacional será, según el texto, de carácter obligatorio y transversal a todo el Estado.

Los análisis por ahora son parciales y deben ahondar en el corazón y los detalles del proyecto, aunque puede compararse con una figura similar al National Security Council (NSC), que Estados Unidos puso en marcha en 1947, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. El diario La Nación publicó que se trata de "una tendencia frecuente en este tipo de organismos, su integración quedará concentrada en manos leales al Presidente y sin participación parlamentaria, ni otros mecanismos de control".

Mezclando la cuestión relacionada a Malvinas, el proyecto incluye la creación del "Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)".

Para la Administración Milei las Fuerzas Armadas constituyen el "instrumento militar de la defensa nacional y ordena que estén "organizadas, adiestradas y equipadas para su empleo disuasivo y efectivo frente a riesgos, amenazas y desafíos de origen externo".

Deberán estar preparadas para su empleo en todas las operaciones que fueran necesarias para garantizar la defensa nacional. "Las referidas operaciones incluyen las militares convencionales y no convencionales y a aquellas militares distintas de la guerra", expresa el proyecto.

El eje "terrorismo-protesta social"

La normativa propuesta explicita y combina los alcances de la defensa nacional con la lucha contra el terrorismo y su financiamiento a través del RePET, pero fundamentalmente introduce modificaciones preocupantes entorno del ámbito de la seguridad interior.

En ese marco se combina con las modificaciones que interpuso la reforma de Ley de Inteligencia 25.520 a través del DNU 9/41 del 2025 que se conoció el 1 de enero de 2026 y que en la actualidad se encuentra judicializado.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una acción de amparo colectivo en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad del DNU en cuestión.

"Las modificaciones que lleva adelante el decreto no son ajustes de estructuras administrativas, sino que implican intervenciones restrictivas directas o invasiones sobre nuestros ámbitos de autonomía y acción social, decididas por un instrumento de baja calidad democrática", detallaron desde el CELS.

Los denunciantes plantearon que "este nuevo DNU permite que lo puedan hacer si los agentes realizan actividades de contrainteligencia, cuyo alcance fue redefinido y ampliado en forma arbitraria sin que tampoco quede claro exactamente el límite de esas tareas. El decreto también habilita a las agencias de inteligencia a requerir datos personales a cualquier organismo del Estado nacional y de estados provinciales sin ningún control externo y sin necesidad de demostrar que tiene una finalidad vinculada a la seguridad nacional. Y habilita a la SIDE a compartir esa información con otras entidades nacionales o extranjeras".

Concluyendo que "el DNU amplía de manera genérica los motivos que habilitan la ejecución de tareas de inteligencia por parte del Estado y flexibiliza sus facultades de intervención sobre distintos derechos y garantías. El amparo busca que se protejan derechos constitucionales como la libertad de acción y participación social y política, la autodeterminación informativa, la libertad personal y ambulatoria, la privacidad y el debido proceso".

En el marco de estos antecedentes, el especialista Diego Morales del CELS manifestó en una conferencia el viernes pasado que el nuevo proyecto habilita el "seguimiento, actividades o manifestaciones en vía pública y otros ámbitos de asistencia masiva que pudieran ser blanco de oportunidades".

Refirió que en el Artículo 2 ter se sostiene que "se entiende por investigación de inteligencia al conjunto de tareas y procedimientos para identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional"; y que se detalla que "las actividades de ejecución de Contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales".

Asimismo, recalcó que en el Articulo 4 se establece que se puede "producir Inteligencia Nacional o Contrainteligencia sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".

En tanto que la normativa propuesta por el gobierno sanciona toda actividad que pueda "influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo"; como así también "revelar, divulgar o difundir cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial o autorización expresa en el marco de convenios celebrados por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de la Presidencia de la Nación en virtud de la presente ley".

Frente a todos estos cambios propuestos se incorpora que los agentes de inteligencia -vale tener en cuenta que la SIDE es el organismo que más aumentará su presupuesto para el 2027- puedan realizar aprehensiones o "retenciones" de personas"; y la frutilla del postre la incorpora cuando hace mención a que pueden tomarse sanciones "cuando un acto, actividad, decisión u operación provenga de un Estado extranjero u organización extranjera o sea realizado por una persona física o jurídica y que tenga por objeto o efecto intervenir mediante medios clandestinos, engañosos o coercitivos en el proceso decisorio de las autoridades constituidas en la República Argentina".

Garantizar la "infraestructura crítica"

Un párrafo específico de la nueva normativa se vincula a garantizar el funcionamiento y preservación de lo que denomina como "infraestructura crítica".

El proyecto reescribe el artículo 2 para que la Defensa cubra amenazas "de carácter estatal o no estatal" y modifica el artículo 20 quitando el calificativo "estatal". Además, habilita expresamente a las Fuerzas Armadas a intervenir en la protección de las Infraestructuras Críticas que identifique el propio Concejo, una categoría que abarca salud, energía, sistema financiero y redes de servicios esenciales. Es decir, activos domésticos, no fronteras.

El portal Política Argentina analizó que el texto no deroga la Ley de Seguridad Interior ni habilita explícitamente que las Fuerzas Armadas reemplacen a las policías en tareas de patrullaje o represión de protestas. Pero al eliminar el requisito de estatalidad de la amenaza externa, habilitar el despliegue militar sobre infraestructura doméstica, concentrar en un consejo presidido por el Presidente las decisiones de defensa, inteligencia, política exterior y sanción administrativa.

Aquí es donde encaja el incremento de los ejercicios militares concretados durante la gestión Milei y la concreción de por ejemplo la reciente Operación Kekén en la Patagonia.

Preguntas sin respuestas

Tras un largo recorrido investigativo efectuado por El Extremo Sur vale efectuarse algunas preguntas sobre lo que sucedió en el último período y lo que se proyecta puede suceder.

¿Con quién se prepara Milei para hacer la guerra? ¿Cuáles son las hipótesis de conflicto armado con el sector externo que se plantea el actual gobierno? ¿La administración libertaria maneja la posibilidad de una guerra por Malvinas? ¿Se propone un gobierno tripartito en las islas junto a Inglaterra y Estados Unidos? ¿Si "no hay plata" de dónde salen los millones de dólares para el rearme y los ejercicios de las Fuerzas Armadas? ¿La actual y novedosa defensa de la soberanía sobre Malvinas es un mascarón de proa para instalar la lucha contra el "terrorismo" en la seguridad interior? ¿Existen semejanzas entre las leyes que propone el actual gobierno de Milei y el período de Isabel Martínez de Perón con la "aniquilación" de la subversión? ¿Es la defensa de Vaca Muerta y el saqueo de los recursos naturales a mucho más grande escala lo que se propone defender el actual gobierno como "infraestructura crítica"? ¿Antes que se apruebe la nueva Ley de Defensa el gobierno ya comenzó la fase de entrenamiento de tropas militares en colaboración con el extranjero para llevar adelante estos mecanismos de control y represión social? ¿Se está preparando el terreno para el desembarco de los mega data center para la inteligencia artificial? ¿Se utiliza el sentimiento malvinero para recuperar la agenda y en paralelo avanzar con la represión interna en un convulsionado año electoral 2027? ¿Se están sentando las bases de un nuevo esquema represivo en el país?