La crisis de las infancias en Comodoro: "El Estado llega tarde; el recorte de Nación se observa encarnizadamente"En un contexto signado por la violencia creciente y las sucesivas crisis, las organizaciones civiles exigen el sostenimiento de las políticas públicas destinadas a la niñez. El Foro Infancia Robada presentó un documento al Concejo Deliberante detallando las problemáticas que atraviesan las infancias en Comodoro Rivadavia y la vulnerabilidad detectada en ejes clave como educación, salud mental y justicia. La referente patagónica, Liliana Murgas, dialogó con El Extremo Sur y se refirió a dinámicas del sistema de protección que, por la propia coyuntura, priorizan la emergencia por sobre la prevención. Advirtió que la acción civil no alcanza en un contexto de vaciamiento de políticas públicas, en el que las cuestiones que afectan a niños, niñas y adolescentes son cada vez más complejas. Casos recientes como el de Angel ponen de manifiesto la falta de articulación de organismos y las excesivas demoras de los procesos judiciales. "Las familias hoy están muy atravesadas por todo esto, y no saben cómo proceder con la crianza de sus hijos, hay que acompañar con políticas públicas, y eso es dinero, es decisión, es armar una cuestión mucho más integral", señala Murgas.
Múltiples demandas y un Estado que no llega
El documento elaborado por el Foro Infancia Robada comenzó a elaborarse en abril y abarca el panorama de la niñez desde principios de año. Eventos como el femicidio de Valeria Schwab y el derrumbe del Cerro Hermitte marcaron el perfil de una coyuntura extremadamente compleja, sumado a otros episodios de violencia que se multiplicaron en los últimos meses.
"Como organización pensamos en una estrategia, en poner esto en palabras, hacer un aporte crítico, haciendo saber esto que estábamos notando en una especie de secuela interminable que atenta contra las infancias, las adolescencias, la familia", explica Murgas.
"Finalmente en julio pedimos una audiencia con la Comisión N° 2 del Concejo Deliberante porque considerábamos que allí estaba la parte de la Legislatura local que debía auditar la marcha de las políticas públicas hacia las infancias", relata. El documento fue presentado el pasado 7 de septiembre. Esa misma semana se conoció la muerte de un niño en Las Torres y se dio inicio a la aplicación de la modificación del Régimen Penal Juvenil, dos postales de un mismo escenario.
"Estamos muy conmovidos por todo esto, pero con la convicción de que desde la sociedad civil, quienes estamos en estas organizaciones que trabajamos en niñez, con las familias, en los barrios, queríamos decir algo", sostiene la referente.
"Como conclusión fue positivo el encuentro, en cuanto a que todos oyeron nuestro mensaje que es una fuerte reclamo a quienes deciden las políticas, a quienes las ejecutan, por lo menos en este ámbito del Legislativo local, también está el Poder Judicial, con quienes deberíamos hacer un confronte por todas las situaciones que están pasando", agrega.
La síntesis de Murgas es que "el Estado no llega, llega tarde o no llega de la manera apropiada, en cualquiera de sus formas, allí donde debe llegar, es decir, no hay una relación entre la población, sus demandas, y lo que le puede ofrecer el Estado".
Trabajar sobre la urgencia
"El sistema de protección está conformado por organismos, instituciones, presupuesto, leyes, normativas, incluso la acción propia de la sociedad civil también, que combinados y articulados hacen esta especie de paraguas para que los niños, niñas y adolescentes puedan crecer y desarrollarse saludablemente", explica Murgas. Se refiere a un sistema de protección que hoy está atravesado no sólo por el vaciamiento de políticas públicas y las crisis simultáneas, sino por un crecimiento en la complejidad y la frecuencia de las problemáticas de la niñez.
"El tema de la tecnología son cosas que no teníamos en otro momento y nos presentan otras problemáticas, se complejiza el panorama", dice Murgas. Entre los principales factores de riesgo a nivel país asociados al suicidio adolescente se destacan la relación con las redes sociales y las apuestas online con el consecuente riesgo de adicción, con cifras que han crecido significativamente en el último año. Frente a este escenario, advierte que "el Estado no ha crecido, en el sentido razonable, para dar una respuesta a todo esto, porque se trabaja en las urgencias".
La complejidad propia del contexto local y nacional hace que los organismos se enfoquen en trabajar sobre la emergencia, por lo que la prevención queda en segundo plano: "No se termina de ver que en las urgencias hay emergentes sobre los cuales hay que elaborar programas, planes, y acciones concretas". Pone como ejemplo los índices de suicidio que en los últimos meses han generado preocupación en la región. "Recién ahora esto estalla en nuestras manos, en el país, en el mundo, y hay una movida de hacer cosas, que está perfecto, pero hay que prevenir, porque esto ya se empezó a anticipar antes", señala.
La referente subraya que "la prevención no se ve, porque no se ven los resultados a corto plazo, no es un elemento que genere más votos o que reditúe, pero si tenés escuelas que funcionan, que están en los barrios donde tienen que estar, y apoyás el sistema educativo tan hablado por todos, sabemos que tiene como resultado la construcción de una adultez responsable, ciudadana, participativa".
Uno de los reclamos persistentes de las organizaciones -y que no se limitan a la actual gestión política- es el fortalecimiento del programa de los Centros de Promoción Barrial (CPB), que no han logrado dar respuesta al crecimiento demográfico de Comodoro en los últimos años.
De acuerdo al informe, para 77 barrios se mantiene la oferta de 11 CPB, con una concentración en la zona sur de la ciudad y en una franja relativamente angosta, con centros que incluso presentan una posible superposición de área de influencia, en detrimento de otras zonas sin cobertura. Los barrios del extremo norte y zonas de expansión reciente, por ejemplo, quedan sin dispositivo de proximidad cercano.
"Algunos centros incluso tienen áreas de cuidado infantil, pero no alcanzan a cubrir la demanda que necesitan las familias para ayudarlas, de algún modo, en la crianza, para escuchar, ver y analizar lo que está pasando", sostiene Murgas.
La escuela se hace eco de los problemas
El eje educativo es uno de los principales reclamos de la organización, sobre todo porque la situación de niños, niñas y adolescentes en las escuelas está atravesada por otras problemáticas familiares y sociales.
Uno de los síntomas más visibles, señala Murgas, es la falencia en la capacidad de comprensión lectora de niños, niñas y adolescentes, deficiencia que se acarrea hasta el nivel universitario.
Según el Observatorio de la Deuda UCA (2026), en 2025, el 53,1% de NNyA de 5 a 17 años no suele leer textos impresos (libros, revistas, diarios) con una brecha social profunda (68,6% de no lectura en el nivel socioeconómico muy bajo frente a 41,3% en el medio alto) atribuido a mayor capital cultural en el hogar que a la oferta territorial.
En la primera infancia, el déficit de lectura de cuentos y narraciones orales alcanza al 32,0% de niños/as de 0 a 4 años y repite el doble de probabilidad de no acceder a estas experiencias en el nivel socioeconómico muy bajo respecto del medio alto.
A ello se suma una brecha creciente por el tipo de gestión educativa, donde la escuela estatal concentra cada vez más a los sectores más vulnerables (93,9% de asistencia estatal en el nivel socioeconómico muy bajo frente a apenas 30,4% en el estrato medio profesional), un patrón que la UCA describe como una tendencia a la segregación educativa.
En el caso de Chubut, el resultado de las pruebas Aprender 2024 muestran que sólo el 49,9% de los alumnos de 3° grado alcanzó el nivel lector esperado. En relación a la terminalidad escolar en tiempo y forma, del total de estudiantes que iniciaron 1° grado en Chubut en 2011, sólo el 72% llegó al final de la secundaria en tiempo y forma en 2022. De acuerdo al Observatorio Argentinos por la Educación, más de 1 cada 4 estudiantes chubutenses no completa el nivel medio sin repetir ni abandonar temporalmente.
Murgas suma el factor ambiental, de alta incidencia en el territorio patagónico, "padeciendo una producción de índole extractiva". "Tener de pronto una escuela que se construyó años atrás sobre tres pozos de petróleo que no están bien cerrados y tener que levantar esa escuela, eso afecta a la niñez", ejemplifica.
"Son procesos que se notan a mediano y largo plazo esto -enfatiza Murgas-; nosotros insistimos en que hay un desgaste continuo, porque vemos que va en deterioro y se expresa en situaciones muy dramáticas".
Impacto del ajuste en Comodoro
El paradigma de las infancias sufrió un cambio profundo a partir de la gestión de Javier Milei, con un atravesamiento del ajuste presupuestario en todos los niveles y un enfoque cada vez más alejado del niño como sujeto de derecho. El impacto del vaciamiento de las políticas públicas también se hace evidente en Comodoro Rivadavia, en un contexto más amplio de crisis y derechos vulnerados.
Si bien Murgas señala que no puede establecerse una relación lineal entre el recorte de partidas y la falta de respuesta del sistema de protección, "indudablemente el recorte de Nación se observa y se registra encarnizadamente".
"Tenemos una Secretaría Nacional de la Niñez que no funciona, todavía no tenemos un Defensor nacional de niños, niñas y adolescentes porque se desconoció el concurso que se hizo el año pasado, desapareció la Agencia Nacional de Discapacidad, que trabajaba sobre una población hiper vulnerable, tenemos muchos ejemplos a nivel nacional", detalla la referente.
El escenario no se agota en las infancias: "Quizás no está muy mediatizado, pero todos sabemos lo que está ocurriendo, y está pasando con los jubilados, a nivel de salud, de acceso a derechos tanto a nivel nacional, provincial y local, y esto repercute en la aplicación de políticas públicas".
"Hay que pensar estrategias para llegar a las familias, a hacer territorio", enfatiza Murgas, quien comenta que la organización lleva adelante talleres sobre temáticas con incidencia en las niñeces y adolescencias. No obstante, advierte que la acción civil no puede reemplazar las obligaciones estatales: "Hay que movernos, pero también pedirle y exigirle al Estado, que debiera tener la infraestructura y la logística para poder cubrir estas demandas".
"Desde la sociedad civil lo que hacemos es complementar pero de ningún modo nos podemos hacer cargo de la política pública. Somos una partecita, los que tienen el presupuesto y legítimamente los instrumentos jurídicos que le configuran es el Estado en sus diversos ámbitos", agrega.
La deuda del Poder Judicial
El caso de Angel López volvió a poner en foco las falencias del sistema de protección y la persistencia del maltrato infantil. El niño de 4 años falleció en abril del 2026 en el Hospital Regional de Comodoro tras ingresar por un paro cardiorrespiratorio. El caso dio inicio a una investigación judicial por presunto maltrato contra su madre biológica y la pareja de ella.
La autopsia reveló que el niño sufrió al menos 20 golpes en la cabeza, lesiones que derivaron en su fallecimiento y mostrarían un patrón de maltrato sistemático. Rápidamente quedaron en la mira los organismos públicos intervinientes, que no habrían actuado frente a las señales tempranas de violencia y abandono.
No se trata de un caso aislado: según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su informe de la Oficina de Violencia Doméstica, casi mil niños, niñas y niñas denunciaron violencia doméstica durante el primer trimestre de 2025, lo que representa un promedio de 11 casos por día. En el 80% de los casos, los agresores denunciados fueron los propios progenitores.
En la misma línea, los registros de Unicef Argentina muestran que el 70% de los menores en el país sufre de manera habitual métodos de disciplina que incluyen violencia física o verbal, traducidos en zamarreos, chirlos, cachetadas, golpes o gritos.
Tras conocerse el fallecimiento de Angel, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó una intervención sobre el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Comodoro Rivadavia, fuertemente cuestionado.
El informe dio cuenta de las demandas permanentes de los sectores que protegen los derechos de las infancias: demoras en la justicia, barreras burocráticas y niños que no son escuchados. El documento, presentado en junio por la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, María Marta Nieto, concluyó que el organismo técnico cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para funcionar, pero advierte una serie de problemáticas procedimentales.
La intervención se produjo por otros reclamos acumulados desde hace tiempo por el desempeño del ETI. Se detectaron dinámicas de trabajo que afectan centralmente la rapidez de respuesta y el seguimiento de los casos. Según concluye el informe, el ETI recibe un promedio de 130 solicitudes mensuales del Fuero de Familia, con un tiempo de intervención que oscila entre los 22 y los 161 días, según la complejidad de cada caso.
Se detectó que el 35% de los turnos otorgados no se concretan, que se pierden entrevistas ante la ausencia de mecanismos automáticos de confirmación y que son comunes las demoras entre la denuncia de violencia y la primera intervención del equipo.
Respecto al sistema de protección, el informe advierte la falta de articulación entre los distintos organismos y desbalances de carga dentro de los propios equipos.
Murgas señala que hay una gran preocupación en torno al accionar judicial, y que es necesario "revisar la práctica y los procedimientos: Esto lo tenemos en todo el país, se tardan años en llegar a un juicio o a una resolución, los tiempos y las demoras son tremendos", agrega. Opina que es necesario el cuidado de los equipos, ya que "al igual que nosotros, en la sociedad civil, trabajan con el dolor de las personas".
"Tenemos que estar debidamente capacitados para poder interpretar ese dolor, para poder respetarlo y también para alojarlo dentro nuestro, porque si no se produce un burnout, por asimilar tanto, escuchar al otro, que viene con problemas e incluso viendo, muchas veces, la imposibilidad de poder resolver", apunta Murgas.
"Hay que revisar prácticas, los modos en que se trata a las personas, muchas veces escuchamos esto del maltrato, el trato inadecuado lo tenemos en muchísimos otros espacios. Eso también es presupuesto. Eso también es cuidar a los equipos para ver qué les pasa y cómo van cómo van tramitando eso que reciben, cuáles son las estrategias, si tienen los recursos a mano o no", sintetiza.
Lo fundamental, para Murgas, es que las distintas patas del sistema de protección puedan articular "para dar una respuesta integral a quien acude a un servicio". Respecto a los cuestionamientos que surgieron durante el caso Angel, señala que "se han detectado irregularidades que deben ser resueltas, y muchas veces también son decisiones políticas".
"Hay que construir día a día esa idoneidad. No es porque tengas un título de psicólogo, abogado o trabajador social sabés todo. Al contrario, entrás a la cancha y a la realidad donde vas a tener que amoldar y gestionar lo que sabés con lo que no sabés. A veces esto también abre una brecha con quién viene o con el que necesita algún tipo de escucha, de orientación", opina.
La referente apunta, finalmente, a intervenciones "más en terreno, más comunitarias: Las familias hoy están muy atravesadas por todo esto, y no saben cómo proceder con la crianza de sus hijos, hay que acompañar con políticas públicas, y eso es dinero, es decisión, es armar una cuestión mucho más integral".
El sostenimiento del sistema de protección de derechos resulta clave, sobre todo en un momento crítico para las infancias, donde las problemáticas propias de la niñez se cruzan de forma cada vez más profunda con las crisis del mundo adulto.
En un contexto signado por la violencia creciente y las sucesivas crisis, las organizaciones civiles exigen el sostenimiento de las políticas públicas destinadas a la niñez. El Foro Infancia Robada presentó un documento al Concejo Deliberante detallando las problemáticas que atraviesan las infancias en Comodoro Rivadavia y la vulnerabilidad detectada en ejes clave como educación, salud mental y justicia. La referente patagónica, Liliana Murgas, dialogó con El Extremo Sur y se refirió a dinámicas del sistema de protección que, por la propia coyuntura, priorizan la emergencia por sobre la prevención. Advirtió que la acción civil no alcanza en un contexto de vaciamiento de políticas públicas, en el que las cuestiones que afectan a niños, niñas y adolescentes son cada vez más complejas. Casos recientes como el de Angel ponen de manifiesto la falta de articulación de organismos y las excesivas demoras de los procesos judiciales. "Las familias hoy están muy atravesadas por todo esto, y no saben cómo proceder con la crianza de sus hijos, hay que acompañar con políticas públicas, y eso es dinero, es decisión, es armar una cuestión mucho más integral", señala Murgas.
Múltiples demandas y un Estado que no llega
El documento elaborado por el Foro Infancia Robada comenzó a elaborarse en abril y abarca el panorama de la niñez desde principios de año. Eventos como el femicidio de Valeria Schwab y el derrumbe del Cerro Hermitte marcaron el perfil de una coyuntura extremadamente compleja, sumado a otros episodios de violencia que se multiplicaron en los últimos meses.
"Como organización pensamos en una estrategia, en poner esto en palabras, hacer un aporte crítico, haciendo saber esto que estábamos notando en una especie de secuela interminable que atenta contra las infancias, las adolescencias, la familia", explica Murgas.
"Finalmente en julio pedimos una audiencia con la Comisión N° 2 del Concejo Deliberante porque considerábamos que allí estaba la parte de la Legislatura local que debía auditar la marcha de las políticas públicas hacia las infancias", relata. El documento fue presentado el pasado 7 de septiembre. Esa misma semana se conoció la muerte de un niño en Las Torres y se dio inicio a la aplicación de la modificación del Régimen Penal Juvenil, dos postales de un mismo escenario.
"Estamos muy conmovidos por todo esto, pero con la convicción de que desde la sociedad civil, quienes estamos en estas organizaciones que trabajamos en niñez, con las familias, en los barrios, queríamos decir algo", sostiene la referente.
"Como conclusión fue positivo el encuentro, en cuanto a que todos oyeron nuestro mensaje que es una fuerte reclamo a quienes deciden las políticas, a quienes las ejecutan, por lo menos en este ámbito del Legislativo local, también está el Poder Judicial, con quienes deberíamos hacer un confronte por todas las situaciones que están pasando", agrega.
La síntesis de Murgas es que "el Estado no llega, llega tarde o no llega de la manera apropiada, en cualquiera de sus formas, allí donde debe llegar, es decir, no hay una relación entre la población, sus demandas, y lo que le puede ofrecer el Estado".
Trabajar sobre la urgencia
"El sistema de protección está conformado por organismos, instituciones, presupuesto, leyes, normativas, incluso la acción propia de la sociedad civil también, que combinados y articulados hacen esta especie de paraguas para que los niños, niñas y adolescentes puedan crecer y desarrollarse saludablemente", explica Murgas. Se refiere a un sistema de protección que hoy está atravesado no sólo por el vaciamiento de políticas públicas y las crisis simultáneas, sino por un crecimiento en la complejidad y la frecuencia de las problemáticas de la niñez.
"El tema de la tecnología son cosas que no teníamos en otro momento y nos presentan otras problemáticas, se complejiza el panorama", dice Murgas. Entre los principales factores de riesgo a nivel país asociados al suicidio adolescente se destacan la relación con las redes sociales y las apuestas online con el consecuente riesgo de adicción, con cifras que han crecido significativamente en el último año. Frente a este escenario, advierte que "el Estado no ha crecido, en el sentido razonable, para dar una respuesta a todo esto, porque se trabaja en las urgencias".
La complejidad propia del contexto local y nacional hace que los organismos se enfoquen en trabajar sobre la emergencia, por lo que la prevención queda en segundo plano: "No se termina de ver que en las urgencias hay emergentes sobre los cuales hay que elaborar programas, planes, y acciones concretas". Pone como ejemplo los índices de suicidio que en los últimos meses han generado preocupación en la región. "Recién ahora esto estalla en nuestras manos, en el país, en el mundo, y hay una movida de hacer cosas, que está perfecto, pero hay que prevenir, porque esto ya se empezó a anticipar antes", señala.
La referente subraya que "la prevención no se ve, porque no se ven los resultados a corto plazo, no es un elemento que genere más votos o que reditúe, pero si tenés escuelas que funcionan, que están en los barrios donde tienen que estar, y apoyás el sistema educativo tan hablado por todos, sabemos que tiene como resultado la construcción de una adultez responsable, ciudadana, participativa".
Uno de los reclamos persistentes de las organizaciones -y que no se limitan a la actual gestión política- es el fortalecimiento del programa de los Centros de Promoción Barrial (CPB), que no han logrado dar respuesta al crecimiento demográfico de Comodoro en los últimos años.
De acuerdo al informe, para 77 barrios se mantiene la oferta de 11 CPB, con una concentración en la zona sur de la ciudad y en una franja relativamente angosta, con centros que incluso presentan una posible superposición de área de influencia, en detrimento de otras zonas sin cobertura. Los barrios del extremo norte y zonas de expansión reciente, por ejemplo, quedan sin dispositivo de proximidad cercano.
"Algunos centros incluso tienen áreas de cuidado infantil, pero no alcanzan a cubrir la demanda que necesitan las familias para ayudarlas, de algún modo, en la crianza, para escuchar, ver y analizar lo que está pasando", sostiene Murgas.
La escuela se hace eco de los problemas
El eje educativo es uno de los principales reclamos de la organización, sobre todo porque la situación de niños, niñas y adolescentes en las escuelas está atravesada por otras problemáticas familiares y sociales.
Uno de los síntomas más visibles, señala Murgas, es la falencia en la capacidad de comprensión lectora de niños, niñas y adolescentes, deficiencia que se acarrea hasta el nivel universitario.
Según el Observatorio de la Deuda UCA (2026), en 2025, el 53,1% de NNyA de 5 a 17 años no suele leer textos impresos (libros, revistas, diarios) con una brecha social profunda (68,6% de no lectura en el nivel socioeconómico muy bajo frente a 41,3% en el medio alto) atribuido a mayor capital cultural en el hogar que a la oferta territorial.
En la primera infancia, el déficit de lectura de cuentos y narraciones orales alcanza al 32,0% de niños/as de 0 a 4 años y repite el doble de probabilidad de no acceder a estas experiencias en el nivel socioeconómico muy bajo respecto del medio alto.
A ello se suma una brecha creciente por el tipo de gestión educativa, donde la escuela estatal concentra cada vez más a los sectores más vulnerables (93,9% de asistencia estatal en el nivel socioeconómico muy bajo frente a apenas 30,4% en el estrato medio profesional), un patrón que la UCA describe como una tendencia a la segregación educativa.
En el caso de Chubut, el resultado de las pruebas Aprender 2024 muestran que sólo el 49,9% de los alumnos de 3° grado alcanzó el nivel lector esperado. En relación a la terminalidad escolar en tiempo y forma, del total de estudiantes que iniciaron 1° grado en Chubut en 2011, sólo el 72% llegó al final de la secundaria en tiempo y forma en 2022. De acuerdo al Observatorio Argentinos por la Educación, más de 1 cada 4 estudiantes chubutenses no completa el nivel medio sin repetir ni abandonar temporalmente.
Murgas suma el factor ambiental, de alta incidencia en el territorio patagónico, "padeciendo una producción de índole extractiva". "Tener de pronto una escuela que se construyó años atrás sobre tres pozos de petróleo que no están bien cerrados y tener que levantar esa escuela, eso afecta a la niñez", ejemplifica.
"Son procesos que se notan a mediano y largo plazo esto -enfatiza Murgas-; nosotros insistimos en que hay un desgaste continuo, porque vemos que va en deterioro y se expresa en situaciones muy dramáticas".
Impacto del ajuste en Comodoro
El paradigma de las infancias sufrió un cambio profundo a partir de la gestión de Javier Milei, con un atravesamiento del ajuste presupuestario en todos los niveles y un enfoque cada vez más alejado del niño como sujeto de derecho. El impacto del vaciamiento de las políticas públicas también se hace evidente en Comodoro Rivadavia, en un contexto más amplio de crisis y derechos vulnerados.
Si bien Murgas señala que no puede establecerse una relación lineal entre el recorte de partidas y la falta de respuesta del sistema de protección, "indudablemente el recorte de Nación se observa y se registra encarnizadamente".
"Tenemos una Secretaría Nacional de la Niñez que no funciona, todavía no tenemos un Defensor nacional de niños, niñas y adolescentes porque se desconoció el concurso que se hizo el año pasado, desapareció la Agencia Nacional de Discapacidad, que trabajaba sobre una población hiper vulnerable, tenemos muchos ejemplos a nivel nacional", detalla la referente.
El escenario no se agota en las infancias: "Quizás no está muy mediatizado, pero todos sabemos lo que está ocurriendo, y está pasando con los jubilados, a nivel de salud, de acceso a derechos tanto a nivel nacional, provincial y local, y esto repercute en la aplicación de políticas públicas".
"Hay que pensar estrategias para llegar a las familias, a hacer territorio", enfatiza Murgas, quien comenta que la organización lleva adelante talleres sobre temáticas con incidencia en las niñeces y adolescencias. No obstante, advierte que la acción civil no puede reemplazar las obligaciones estatales: "Hay que movernos, pero también pedirle y exigirle al Estado, que debiera tener la infraestructura y la logística para poder cubrir estas demandas".
"Desde la sociedad civil lo que hacemos es complementar pero de ningún modo nos podemos hacer cargo de la política pública. Somos una partecita, los que tienen el presupuesto y legítimamente los instrumentos jurídicos que le configuran es el Estado en sus diversos ámbitos", agrega.
La deuda del Poder Judicial
El caso de Angel López volvió a poner en foco las falencias del sistema de protección y la persistencia del maltrato infantil. El niño de 4 años falleció en abril del 2026 en el Hospital Regional de Comodoro tras ingresar por un paro cardiorrespiratorio. El caso dio inicio a una investigación judicial por presunto maltrato contra su madre biológica y la pareja de ella.
La autopsia reveló que el niño sufrió al menos 20 golpes en la cabeza, lesiones que derivaron en su fallecimiento y mostrarían un patrón de maltrato sistemático. Rápidamente quedaron en la mira los organismos públicos intervinientes, que no habrían actuado frente a las señales tempranas de violencia y abandono.
No se trata de un caso aislado: según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su informe de la Oficina de Violencia Doméstica, casi mil niños, niñas y niñas denunciaron violencia doméstica durante el primer trimestre de 2025, lo que representa un promedio de 11 casos por día. En el 80% de los casos, los agresores denunciados fueron los propios progenitores.
En la misma línea, los registros de Unicef Argentina muestran que el 70% de los menores en el país sufre de manera habitual métodos de disciplina que incluyen violencia física o verbal, traducidos en zamarreos, chirlos, cachetadas, golpes o gritos.
Tras conocerse el fallecimiento de Angel, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó una intervención sobre el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Comodoro Rivadavia, fuertemente cuestionado.
El informe dio cuenta de las demandas permanentes de los sectores que protegen los derechos de las infancias: demoras en la justicia, barreras burocráticas y niños que no son escuchados. El documento, presentado en junio por la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, María Marta Nieto, concluyó que el organismo técnico cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para funcionar, pero advierte una serie de problemáticas procedimentales.
La intervención se produjo por otros reclamos acumulados desde hace tiempo por el desempeño del ETI. Se detectaron dinámicas de trabajo que afectan centralmente la rapidez de respuesta y el seguimiento de los casos. Según concluye el informe, el ETI recibe un promedio de 130 solicitudes mensuales del Fuero de Familia, con un tiempo de intervención que oscila entre los 22 y los 161 días, según la complejidad de cada caso.
Se detectó que el 35% de los turnos otorgados no se concretan, que se pierden entrevistas ante la ausencia de mecanismos automáticos de confirmación y que son comunes las demoras entre la denuncia de violencia y la primera intervención del equipo.
Respecto al sistema de protección, el informe advierte la falta de articulación entre los distintos organismos y desbalances de carga dentro de los propios equipos.
Murgas señala que hay una gran preocupación en torno al accionar judicial, y que es necesario "revisar la práctica y los procedimientos: Esto lo tenemos en todo el país, se tardan años en llegar a un juicio o a una resolución, los tiempos y las demoras son tremendos", agrega. Opina que es necesario el cuidado de los equipos, ya que "al igual que nosotros, en la sociedad civil, trabajan con el dolor de las personas".
"Tenemos que estar debidamente capacitados para poder interpretar ese dolor, para poder respetarlo y también para alojarlo dentro nuestro, porque si no se produce un burnout, por asimilar tanto, escuchar al otro, que viene con problemas e incluso viendo, muchas veces, la imposibilidad de poder resolver", apunta Murgas.
"Hay que revisar prácticas, los modos en que se trata a las personas, muchas veces escuchamos esto del maltrato, el trato inadecuado lo tenemos en muchísimos otros espacios. Eso también es presupuesto. Eso también es cuidar a los equipos para ver qué les pasa y cómo van cómo van tramitando eso que reciben, cuáles son las estrategias, si tienen los recursos a mano o no", sintetiza.
Lo fundamental, para Murgas, es que las distintas patas del sistema de protección puedan articular "para dar una respuesta integral a quien acude a un servicio". Respecto a los cuestionamientos que surgieron durante el caso Angel, señala que "se han detectado irregularidades que deben ser resueltas, y muchas veces también son decisiones políticas".
"Hay que construir día a día esa idoneidad. No es porque tengas un título de psicólogo, abogado o trabajador social sabés todo. Al contrario, entrás a la cancha y a la realidad donde vas a tener que amoldar y gestionar lo que sabés con lo que no sabés. A veces esto también abre una brecha con quién viene o con el que necesita algún tipo de escucha, de orientación", opina.
La referente apunta, finalmente, a intervenciones "más en terreno, más comunitarias: Las familias hoy están muy atravesadas por todo esto, y no saben cómo proceder con la crianza de sus hijos, hay que acompañar con políticas públicas, y eso es dinero, es decisión, es armar una cuestión mucho más integral".
El sostenimiento del sistema de protección de derechos resulta clave, sobre todo en un momento crítico para las infancias, donde las problemáticas propias de la niñez se cruzan de forma cada vez más profunda con las crisis del mundo adulto.
