La trama secreta de la entrega de tierras en Santa Cruz y el emprendimiento turístico de Emiratos ÁrabesClaudió Vidal, el gobernador de Santa Cruz, firmó un decreto para entregarle tierras a una empresa de los Emiratos Arabes, que data desde el 1 de septiembre, pero se conoció tres semanas después, cuando apareció resumido en el Boletín Oficial. El mandatario santacruceño había autorizado una excepción para que una empresa controlada desde los Emiratos Arabes pudiera comprar tierras en la Península de Magallanes, el área protegida que se extiende frente al glaciar Perito Moreno.
La decisión favorece una venta entre privados como Lacustre del Sud S.A. y pretende transferir el inmueble a ASB Hospitality Calafate SAU para desarrollar un complejo turístico. Vidal no vendió tierras fiscales pero si cedió un área protegida. Al levantar la operación y a esa empresa, una restricción provincial que impedía avanzar con la compra, mediante el Decreto 915/26 lo permitió y el gobernador la define como una medida "por única vez y con carácter estrictamente excepcional".
La parcela está identificada como Fracción G, Matrícula 186, departamento Lago Argentino. Según el Consejo Agrario Provincial (CAP), esas tierras pertenecen a privados desde hace décadas. La pregunta que abrió el decreto es qué razones llevaron al Gobierno a dejar de aplicar una regla vigente justo cuando apareció una nueva compradora.
El proyecto empezó antes de que existiera la compradora
El emprendimiento no nació este año. El expediente citado en el decreto comenzó en 2023, cuando Lacustre del Sud ya impulsaba el proyecto "Ecocentro de Actividades, Experiencias y Vida en la Montaña". En febrero de 2024, la Secretaría de Ambiente lo recategorizó como de mediano impacto ambiental. El Gobierno sostiene que también obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental y que deberá cumplir las condiciones fijadas por los organismos de control.
La empresa que ahora busca comprar el terreno apareció bastante después. ASB Hospitality Calafate SAU fue constituida el 27 de julio de 2026, apenas cinco semanas antes de la firma de Vidal. Declaró un capital inicial de 30 millones de pesos y actividades que incluyen hotelería, turismo y negocios inmobiliarios. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una sociedad registrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
El aviso de constitución identifica a Javier Martín Petrantonio como presidente de la firma argentina y a Patricio Alberto Martin y Máximo José Bomchil como síndicos. Esos son los nombres que figuran públicamente en la sociedad creada en julio. El decreto posterior habilitó la venta, pero su publicación no permite establecer si la escritura ya se firmó ni si la transferencia fue inscripta.
El titular del CAP, Hugo Garay, describió un proyecto de 24 cabañas, con capacidad máxima de 60 camas, espacios comunes y senderos sobre un predio privado de 20 hectáreas. Dijo que la propuesta original debió modificarse para ajustarse al plan de manejo de la península y que el organismo controlará, entre otras cosas, el tratamiento de efluentes y la prevención de incendios.
La excepción que Vidal todavía tiene que explicar
Para la oposición, el punto más difícil de justificar es la excepción individual. El Gobierno mantuvo la restricción general, pero la dejó sin efecto para permitir esta compraventa. En el propio decreto aclaró que la medida no podrá usarse como precedente para otros pedidos similares.
La Fundación Sur Santa Cruz cuestionó ese mecanismo y pidió que se publique el decreto completo. Su planteo es que el Ejecutivo debe explicar por qué una regla que sigue vigente para todos fue apartada en beneficio de una operación particular. También reclamó acceso al expediente ambiental y precisiones sobre el cumplimiento de las normas nacionales que regulan la compra de tierras rurales por extranjeros. Sus objeciones no equivalen, por ahora, a un fallo judicial contra la medida.
El texto disponible en el Boletín Oficial no despeja esas dudas. Es una versión sintetizada que alude a fundamentos técnicos, ambientales y económicos, pero no permite leerlos completos. Tampoco incluye el estudio ambiental ni muestra qué condiciones se impusieron al proyecto. Ese vacío llevó la discusión a la Legislatura de Santa Cruz, que aprobó por unanimidad un pedido de informes impulsado por Agostina Mora Dondán.
Los diputados quieren conocer las actuaciones que terminaron en la firma del decreto. Pedro Muñoz explicó que primero necesitan examinar los documentos y después escuchar a los funcionarios. Garay respondió que irá a la Cámara con los equipos técnicos y legales del CAP. También rechazó que el Gobierno haya entregado tierras públicas y defendió la tramitación del proyecto.
En paralelo, circulan versiones sobre un posible interés económico de Vidal en el futuro complejo. Es una sospecha que no está acreditada, donde el aviso societario no lo identifica como accionista y los documentos públicos revisados no permiten afirmar que alguno de los directivos actúe en su nombre. Precisamente por la gravedad de esa versión, hacen falta pruebas antes de atribuirle al gobernador una participación en el negocio. Conocer los beneficiarios finales y cualquier cambio posterior en la composición de la empresa sería un paso para investigarla.
El antecedente de Qatar y Emiratos en Río Negro
El debate tiene un espejo cercano, aunque las operaciones son diferentes. En Río Negro, el empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri está vinculado al complejo Baguales, donde una firma del grupo obtuvo una concesión de uso de agua pública por 30 años para tres microcentrales asociadas al emprendimiento turístico.
En esa misma provincia, Hugo Barabucci declaró ante un tribunal que compró 14.689 hectáreas en el Alto Río Chubut con dos millones de dólares recibidos de Emiratos Árabes Unidos. Esa operación, ubicada en zona de frontera, es investigada por la Justicia federal. Ninguno de esos casos demuestra una relación empresarial con ASB Hospitality. Sí muestran por qué las decisiones estatales sobre tierras, agua y capitales extranjeros generan una discusión que ya atraviesa a la Patagonia.
En Santa Cruz, el paso que falta es concreto. Vidal firmó una excepción para una compradora creada semanas antes y la Legislatura pidió ver los papeles que la respaldan. El expediente completo deberá mostrar qué se evaluó, por qué se autorizó esta venta y bajo qué condiciones podrá levantarse un complejo turístico frente a uno de los paisajes más conocidos del país.
Fuente: Confidencial
Claudió Vidal, el gobernador de Santa Cruz, firmó un decreto para entregarle tierras a una empresa de los Emiratos Arabes, que data desde el 1 de septiembre, pero se conoció tres semanas después, cuando apareció resumido en el Boletín Oficial. El mandatario santacruceño había autorizado una excepción para que una empresa controlada desde los Emiratos Arabes pudiera comprar tierras en la Península de Magallanes, el área protegida que se extiende frente al glaciar Perito Moreno.
La decisión favorece una venta entre privados como Lacustre del Sud S.A. y pretende transferir el inmueble a ASB Hospitality Calafate SAU para desarrollar un complejo turístico. Vidal no vendió tierras fiscales pero si cedió un área protegida. Al levantar la operación y a esa empresa, una restricción provincial que impedía avanzar con la compra, mediante el Decreto 915/26 lo permitió y el gobernador la define como una medida "por única vez y con carácter estrictamente excepcional".
La parcela está identificada como Fracción G, Matrícula 186, departamento Lago Argentino. Según el Consejo Agrario Provincial (CAP), esas tierras pertenecen a privados desde hace décadas. La pregunta que abrió el decreto es qué razones llevaron al Gobierno a dejar de aplicar una regla vigente justo cuando apareció una nueva compradora.
El proyecto empezó antes de que existiera la compradora
El emprendimiento no nació este año. El expediente citado en el decreto comenzó en 2023, cuando Lacustre del Sud ya impulsaba el proyecto "Ecocentro de Actividades, Experiencias y Vida en la Montaña". En febrero de 2024, la Secretaría de Ambiente lo recategorizó como de mediano impacto ambiental. El Gobierno sostiene que también obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental y que deberá cumplir las condiciones fijadas por los organismos de control.
La empresa que ahora busca comprar el terreno apareció bastante después. ASB Hospitality Calafate SAU fue constituida el 27 de julio de 2026, apenas cinco semanas antes de la firma de Vidal. Declaró un capital inicial de 30 millones de pesos y actividades que incluyen hotelería, turismo y negocios inmobiliarios. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una sociedad registrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
El aviso de constitución identifica a Javier Martín Petrantonio como presidente de la firma argentina y a Patricio Alberto Martin y Máximo José Bomchil como síndicos. Esos son los nombres que figuran públicamente en la sociedad creada en julio. El decreto posterior habilitó la venta, pero su publicación no permite establecer si la escritura ya se firmó ni si la transferencia fue inscripta.
El titular del CAP, Hugo Garay, describió un proyecto de 24 cabañas, con capacidad máxima de 60 camas, espacios comunes y senderos sobre un predio privado de 20 hectáreas. Dijo que la propuesta original debió modificarse para ajustarse al plan de manejo de la península y que el organismo controlará, entre otras cosas, el tratamiento de efluentes y la prevención de incendios.
La excepción que Vidal todavía tiene que explicar
Para la oposición, el punto más difícil de justificar es la excepción individual. El Gobierno mantuvo la restricción general, pero la dejó sin efecto para permitir esta compraventa. En el propio decreto aclaró que la medida no podrá usarse como precedente para otros pedidos similares.
La Fundación Sur Santa Cruz cuestionó ese mecanismo y pidió que se publique el decreto completo. Su planteo es que el Ejecutivo debe explicar por qué una regla que sigue vigente para todos fue apartada en beneficio de una operación particular. También reclamó acceso al expediente ambiental y precisiones sobre el cumplimiento de las normas nacionales que regulan la compra de tierras rurales por extranjeros. Sus objeciones no equivalen, por ahora, a un fallo judicial contra la medida.
El texto disponible en el Boletín Oficial no despeja esas dudas. Es una versión sintetizada que alude a fundamentos técnicos, ambientales y económicos, pero no permite leerlos completos. Tampoco incluye el estudio ambiental ni muestra qué condiciones se impusieron al proyecto. Ese vacío llevó la discusión a la Legislatura de Santa Cruz, que aprobó por unanimidad un pedido de informes impulsado por Agostina Mora Dondán.
Los diputados quieren conocer las actuaciones que terminaron en la firma del decreto. Pedro Muñoz explicó que primero necesitan examinar los documentos y después escuchar a los funcionarios. Garay respondió que irá a la Cámara con los equipos técnicos y legales del CAP. También rechazó que el Gobierno haya entregado tierras públicas y defendió la tramitación del proyecto.
En paralelo, circulan versiones sobre un posible interés económico de Vidal en el futuro complejo. Es una sospecha que no está acreditada, donde el aviso societario no lo identifica como accionista y los documentos públicos revisados no permiten afirmar que alguno de los directivos actúe en su nombre. Precisamente por la gravedad de esa versión, hacen falta pruebas antes de atribuirle al gobernador una participación en el negocio. Conocer los beneficiarios finales y cualquier cambio posterior en la composición de la empresa sería un paso para investigarla.
El antecedente de Qatar y Emiratos en Río Negro
El debate tiene un espejo cercano, aunque las operaciones son diferentes. En Río Negro, el empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri está vinculado al complejo Baguales, donde una firma del grupo obtuvo una concesión de uso de agua pública por 30 años para tres microcentrales asociadas al emprendimiento turístico.
En esa misma provincia, Hugo Barabucci declaró ante un tribunal que compró 14.689 hectáreas en el Alto Río Chubut con dos millones de dólares recibidos de Emiratos Árabes Unidos. Esa operación, ubicada en zona de frontera, es investigada por la Justicia federal. Ninguno de esos casos demuestra una relación empresarial con ASB Hospitality. Sí muestran por qué las decisiones estatales sobre tierras, agua y capitales extranjeros generan una discusión que ya atraviesa a la Patagonia.
En Santa Cruz, el paso que falta es concreto. Vidal firmó una excepción para una compradora creada semanas antes y la Legislatura pidió ver los papeles que la respaldan. El expediente completo deberá mostrar qué se evaluó, por qué se autorizó esta venta y bajo qué condiciones podrá levantarse un complejo turístico frente a uno de los paisajes más conocidos del país.
Fuente: Confidencial
