Después de siete años de conflicto judicial, Bruno Sancci -el docente denunciado por violencia de género- fue formalmente reincorporado a la Universidad Nacional de la Patagonia. La cesantía había sido anulada por deficiencias en el procedimiento, aunque la Justicia no se expidió sobre la cuestión de fondo, por lo que su regreso no implica la inocencia. La decisión, sin embargo, se produce tras años de demoras y desprolijidades administrativas que derivaron en la prescripción de las denuncias. En diálogo con El Extremo Sur, Mariela Flores Torres, docente de la UNPSJB e integrante de la Colectiva de Mujeres Denunciantes, repasó los hitos del caso y cuestionó la ausencia de medidas de protección por parte de la casa de estudios.
El relato que rompió el silencio
En 2019 se presentó formalmente la denuncia colectiva contra Bruno Sancci, docente de Historia de la Sede Trelew de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. La publicación en redes sociales de una estudiante desató numerosos relatos de otras mujeres que afirmaron haber sido objeto de comentarios despectivos y maltrato. A ello se sumó luego otra denuncia por extorsión a la entonces vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Comodoro Rivadavia, Lucrecia Falón.
En total son ocho las denunciantes: seis mujeres que expusieron hechos ocurridos en la Universidad entre 2002 y 2018, y dos del Instituto 805 por hechos ocurridos entre el 2015 y el 2017.
Mariela Flores Torres, integrante de la Colectiva de Mujeres Denunciantes, explica que la denuncia colectiva fue motivada por un posteo suyo en redes sociales en 2018, donde relataba un comentario que Sancci había dicho en el aula cuando ella era estudiante, en 2002.
"En diciembre del 2018 empezaron a responderme y a contactarme muchas mujeres y así es que comenzó a surgir esto. Ya era un vox populi, era una un secreto a voces que este hombre cometía actos de destrato, descalificación, hostigamiento, gordofobia, hacia los cuerpos de las mujeres", relata la denunciante. A ello agrega que el docente "bajaba las notas o desaprobaba si una no hacía lo que él quería".
El conjunto de acciones y comentarios de maltrato realizados por Sancci quedaron sistematizados en las dos denuncias, una presentada en la Universidad y otra ante el Ministerio de Educación. "Terminamos siendo ocho, al principio éramos más, pero no todas se animaron", subraya Flores Torres.
Para ese momento, Sancci integraba el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y, por lo tanto, funcionario de la institución. Flores Torres relata que en una sesión del Consejo, llevada a cabo el 17 de diciembre en Comodoro Rivadavia, el propio Sancci hace alusión a su publicación en redes sociales: "Durante la hora de preferencia, empezó a decir que manifestaba su rechazo a lo que yo había publicado en mi red social, y manifiesta que él había dicho cosas peores, pero que el contexto lo admitía, que era apenas un chiste, y que era otra época".
Tras el revuelo causado por sus dichos, al día siguiente el docente emboscó a la entonces vicedecana, Lucrecia Falón, y la amenazó para intentar silenciar a Flores Torres. De allí se deriva la primera denuncia del ámbito fiscal por amenaza extorsiva.
"Hubo una medida de prohibición de acercamiento en favor de ella y contra Sancci, y luego nosotras decidimos convocarla a que sume esa denuncia a nuestra denuncia colectiva, porque había ocurrido en el ámbito de la Universidad", explica. Finalmente, todos los hechos fueron presentados en una denuncia conjunta el 24 de junio de 2019.
De la denuncia colectiva a la cesantía
Tras la presentación de la denuncia colectiva, el Consejo Directivo decide iniciar un sumario administrativo y suspender preventivamente al docente. Entre 2019 y mediados del 2022 se investigaron los hechos, y el instructor sumariante concluyó que existía responsabilidad administrativa, por lo que recomendó aplicar la cesantía. En junio del 2022 el Consejo Directivo resolvió, por unanimidad, cesantear a Bruno Sancci.
El problema surge cuando, en octubre del 2022, el Consejo Superior decide dar por prescriptos cinco de los hechos denunciados y validar sólo el último hecho, correspondiente a la amenaza contra la vicedecana en 2018.
"Eran dos situaciones de violencia sobre un mismo hecho, la amenaza de ella y el silenciamiento hacia mí -explica Flores Torres- y en base a ese único hecho que quedó sin prescribir, el Consejo Superior produce su cesantía, porque dice que el hecho es tan grave en sí mismo que no necesita otro hecho para dictarse cesantía".
La denunciante remarca que es importante la diferencia entre las decisiones de los distintos órganos universitarios: "Mientras en junio de 2022 la Facultad decide validar todos los hechos, no considerarlos prescriptos y dictar a la cesantía, el Consejo Superior tres meses después, en octubre, determina que dan por prescritos el resto de los hechos".
Esta diferencia de criterios entre la Facultad y el Consejo Superior es lo que posteriormente "termina jugando a favor de él. Cuando pide la nulidad, los argumentos del fallo dicen eso, que hay diferencia de criterios", remarca.
La respuesta de la Justicia
Sancci llevó la decisión del Consejo Superior a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que en mayo del 2023 declaró la nulidad de la resolución que había dispuesto su cesantía.
Los firmantes -Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman- cuestionaron la decisión administrativa y las medidas contra Sancci, detallando que no se informó debidamente al acusado de los hechos por los cuales se lo denunciaba, y que existieron "irregularidades" en los testimonios de las víctimas y "desprolijidad" en el proceso.
La Cámara sostuvo que no fue debidamente informado para ejercer su defensa, y el docente solicitó la inmediata reincorporación a su cargo.
"La nulidad respondió al control de legalidad del procedimiento administrativo: no constituyó una declaración de inocencia ni estableció que las denuncias fueran falsas", explicó la Facultad de Humanidades en un comunicado publicado tras conocerse la reincorporación del docente.
"En ese momento nos dicen que se dicta la nulidad por vicios de procedimiento y que vuelva a investigarse porque los jueces entienden que no hay nada para decir en relación a la cuestión de fondo, la violencia de género, pero sí hay cosas para decir sobre las garantías procesales", indica la denunciante.
En este sentido, Flores Torres remarca el impacto de la demora en los procesos administrativos: "La Universidad fue notificada, y ya venía con los plazos vencidos, así que estaba todo totalmente pasado, en septiembre del 2019 se abrió el sumario y en el 2022, tres años después, dictaron la cesantía".
Las demoras de carácter administrativo pusieron en juego, una vez más, la prescripción de los hechos denunciados: "Era todo muy difícil, iban a prescribir dos cosas, el plazo para llevar adelante un sumario, por un lado, y también iba a prescribir el hecho del 2018, pero se vencieron los plazos".
En enero del 2024 se conoció la muerte de Nadina Nieto Velasco, la joven estudiante de Turismo de la Facultad de Humanidades de Trelew. El caso volvió a poner a Sancci en la mira, ya que el arma con que se habría matado era propiedad del docente.
A partir de ese hecho, la Facultad de Humanidades decide abrir otro sumario para sostener la separación preventiva de Sancci hasta que se esclarezcan los hechos. Sin embargo, las desprolijidades administrativas vuelven a truncar el proceso. "La Universidad hizo tan mal las cosas que en la resolución en la que decide abrir un sumario por la muerte de Nadina, vinculan nuestra denuncia colectiva -explica Flores Torres-; entonces se mezclan sumarios, y normativamente es muy desprolijo, porque el nuestro ya estaba vencido".
"El abogado de Sancci plantea todas esas irregularidades de la Facultad y la Universidad, es decir, sigue fallando todo a favor de él", sintetiza.
El criterio de la Universidad fue postergar la investigación en torno a la muerte de Nadina hasta tener un dictamen de la Fiscalía del Poder Judicial de Trelew, a cargo del caso. "Para nosotras era un error que esperaran que resuelva algo la justicia penal para mover el sumario de Nadina, pasó todo el 2024 y el 2025 sin que se moviera nada, y en el medio Sancci sigue planteando pedidos para volver a la Universidad porque los sumarios no avanzan", relata Flores Torres.
En marzo de este año, el Poder Judicial de Trelew cerró la investigación por la muerte de Nadina Nieto Velasco, determinando que habría sido suicidio. Es decir, no hay responsabilidad penal de Bruno Sancci, aunque se haya acreditado que el arma era de su propiedad.
"A partir de que se cierra el caso la Universidad vuelve sobre el sumario de Nadina, cuando a él lo declaran libre de responsabilidad penal en la Justicia vuelve a presentar una apelación para volver a la Universidad a dar clases", explica. En abril, la Justicia instó a la Universidad a que, en un plazo no menor a tres meses, termine de sustanciar el informe de Nadina.
"El juzgado notificó a la Universidad de que contaba con tres meses mientras mantenía la suspensión preventiva de Sancci, pero de abril a julio se cumplieron los tres meses y la Universidad no investigó nada sobre Nadina", agrega Flores Torres.
En mayo del 2025 se había planteado la posibilidad de remitir los antecedentes a juicio académico. No obstante, las dilaciones agotaron las posibilidades administrativas de las denunciantes. La propia Facultad reconoció, en un comunicado reciente, que las autoridades ejecutivas que en aquel momento estaban a cargo del Rectorado y del Decanato no iniciaron oportunamente ni el juicio académico ni el nuevo sumario solicitado.
"El juicio académico fue un intento desprolijo, desesperado, un intento mal hecho de que se arme un tribunal académico para juzgarlo a este hombre", opina Flores Torres.
"El reglamento de juicios académicos es nuevo, porque se había aprobado ahí mismo a fines de 2024. Y el reglamento establece que se tiene que tramitar en determinado plazo, no más de un año y que además quien tiene que habilitar el inicio del juicio es el Rector. Entre mayo del 2025 y mayo de 2026 no pasó nada de esto. Así que el juicio académico murió", cuestiona.
Sancci de vuelta en las aulas y las víctimas sin protección
"En este momento no tenemos nada", remarca la denunciante, tras las instancias administrativas y judiciales agotadas y los hechos prescritos. Cabe remarcar que la reincorporación de Sancci responde a cuestiones administrativas, y que las sucesivas decisiones no se expresaron sobre la cuestión de fondo, por lo que su regreso no implica la inocencia.
"Estamos desesperadas y sin protección alguna -subraya-. En junio, cuando nos enteramos que iba a volver, pedimos que nos den una licencia por violencia de género, usando el protocolo vigente". La respuesta del médico de salud ocupacional es que no cabe la licencia porque "la denuncia no es policial, no estamos golpeadas ni lastimadas ni hay constancia médica de que lo estemos". En su lugar, recomendó una licencia psiquiátrica.
Las denunciantes, que ahora se cruzan con Sancci en los distintos espacios académicos, exigen medidas de protección: "Ya nos lo cruzamos varias veces. Y él se queda ahí mirándonos con aire triunfalista y provocador, o pasa al lado nuestro con su camioneta bajando la velocidad".
Flores Torres se refiere, además, a un alto "nivel de apatía" del estudiantado respecto al tema, "porque hace siete años que no pisa la Universidad por nuestras denuncias, entonces el estudiantado no lo conoce".
Sí advierte que la narrativa que se impone en redes sociales apela a la idea de las falsas denuncias. De hecho, el propio Sancci publicó numerosos vídeos en redes sociales donde se refiere a su inocencia y a una "caza de brujas" por parte de la institución. "La idea de que él es inocente y que nosotras somos falsas denunciantes, eso es lo que consume la mayoría del estudiantado".
"Los discursos que recibimos son tremendos, nos mandan a estudiar, nos dicen ‘recíbanse', no saben quiénes somos ni qué hacemos y ya nos califican, hay un humor social y político totalmente contrario a nosotras", explica.
Para Flores Torres, "esto tiene un efecto aleccionador absoluto, no solamente para nosotras, sino para quienes quieran denunciar situaciones de violencia de género, porque el mensaje es que la Universidad no va a protegerte, porque no tiene perspectiva de género ni sabe cómo llevar sumarios".
A la ausencia de medidas de protección se suman las demandas civiles por calumnias que impulsó Sancci contra las denunciantes: "Nos está castigando económicamente y con el poder fáctico de los medios, y nosotras no tenemos nada". Flores Torres caracteriza la decisión como "un resultado muy negativo para la lucha del feminismo y contra la violencia machista".
"Sin embargo, mis compañeras y yo estamos orgullosas de haber logrado que él no pise la universidad por siete años y creemos ya va a cambiar el viento", agrega. "Nosotras estamos castigadas, fusiladas mediáticamente, castigadas económicamente y tenemos que ir a nuestro lugar de trabajo y cruzarlo, Nadina está muerta, ¿qué más se necesitaba para que haga algo?", cierra.
El caso de Sancci es quizás el más mediático de los últimos años, pero no es el único. A pesar de los avances en materia de género, el ámbito universitario todavía expone patrones de violencia y un sistema que no alcanza a dar las respuestas adecuadas.
