Sociedad
Centenario de la incorporación de Juan B. Justo a la Cámara de Diputados de la NaciónEn este mes de mayo se cumplen cien años de la incorporación al Parlamento argentino del dirigente socialista Juan B. Justo. Su ingreso a la Cámara de Diputados, según testimoniaron tanto sus partidarios como sus adversarios, produjo un cambio en los debates que dejaron de ser formales contiendas verbales entre caballeros para presentar la rispidez de la disputa de intereses fundamentales contrapuestos.
Justo, que encabezó la lista de ocho candidatos del Partido Socialista, resultó electo en abril de 1912, en la primera elección en que se aplicó la ley Sáenz Peña. Se abrió así una de las vías del proceso de institucionalización de una parte de la clase obrera argentina. La expectativa cumplida de elecciones limpias, sin fraude, convocó a votar al 76% del padrón electoral de la Capital Federal. Para sorpresa de los conservadores en el gobierno que, confiados en su triunfo presentaron varias listas con el objetivo de ganar las doce bancas en disputa (ocho por la mayoría y cuatro por la minoría), resultaron electos los ocho candidatos de la UCR y dos socialistas, relegando a los exponentes del antiguo régimen a sólo dos diputados: uno por la Unión Nacional y otro por la Unión Cívica. El socialista electo junto con Justo fue Alfredo L. Palacios, que ya había sido diputado nacional entre 1904 y 1908 lo que lo había convertido en el primer diputado socialista de América.
La entrada de los socialistas se hizo notar desde el primer momento, el de su juramento de desempeñar fielmente sus cargos de diputados nacionales: tanto Justo como Palacios se negaron a utilizar la habitual fórmula de juramento “por Dios y los santos evangelios”, debiendo la Cámara aceptar que lo hicieran “por la Patria”. Inmediatamente, al discutirse los diplomas de los diputados bonaerenses, Palacios los impugnó por fraudulentos. Lo mismo se extendió a los electos en otras provincias. Y Justo se refirió al debate sobre los diplomas como “la gran ficción del momento” e hizo notar que “la mitad de esta asamblea está compuesta por hombres elegidos por el viejo régimen. Me choca menos la incorporación a esta cámara de cualesquiera de los nuevos electos, que el ver mi diploma fiscalizado y juzgado por la comisión de poderes” . Según testimonia el taquígrafo parlamentario Ramón Columba, las palabras de Justo fueron más fuertes: manifestó de viva voz su repugnancia “al ver que mi diploma legítimo ha necesitado la aprobación de una comisión de poderes formada por diputados fraudulentos” y por verse rodeado “por los representantes de las oligarquías cerradas que (…) manejan la cosa pública con los procedimiento de conciliábulos, defendiendo siempre los intereses mezquinos de la clase capitalista”; estas frases suscitaron la indignación del presidente de la Cámara, general Rosendo M. Fraga, que las testó, y de los diputados conservadores, uno de los cuales, Peña, vociferó que “No podemos aceptar diputados revolucionarios” .
Veinte años después, en 1932, el diputado demócrata nacional José M. Bustillo hacía la siguiente caracterización de la entrada de los socialistas en la política y el Parlamento: “La historia demuestra que la lucha entre los partidos tradicionales argentinos ha sido intensa y que algunas veces se han confundido en un abrazo después de los comicios. Partidos (…) que se combatían en forma agria, estaban dispuestos al día siguiente a pactar, a pensar en común en los intereses generales del país. Pero desde que aparece el Partido Socialista en escena, aparece el odio; la forma enconada en que se establece la lucha se debe pura y exclusivamente a la actitud del Partido Socialista, (…)” ; en este mismo debate el diputado Manuel Fresco, declarado admirador de Mussolini, caracterizó al PS como un “partido de odios”.
Más allá de las cuestiones formales y aunque los representantes del PS lejos estaban de adherir a las vertientes revolucionarias del socialismo, su intervención revolucionó el Parlamento al darle voz en ese recinto a las demandas de los trabajadores a la vez que, en palabras de Justo, venían a romper los “viejos moldes de hipocresía parlamentaria en el Congreso de los argentinos” . Desde un comienzo, las intervenciones parlamentarias de Justo a propósito de los más diversos temas, introdujeron en el análisis y caracterización de la realidad argentina la dimensión de las clases sociales y los intereses contrapuestos entre “lo que nosotros consideramos la ‘clase burguesa’, clase propietaria o gobernante, en contraposición a la clase trabajadora” . En su primera intervención en la sesión del 31 de mayo, Justo, con motivo de la discusión de los diplomas de los diputados electos por San Juan, se refirió a las clases sociales: “la gente propietaria, más o menos parásita, de la cual forman parte todos los sanjuaninos que viven en París, en Londres o en cualquier otro punto agradable, positivamente sin hacer nada, de la renta que sacan de la tierra argentina y de la clase trabajadora que puebla este país. (…) El parasitismo de esta clase, teóricamente, se formula así: es una clase dueña de los medios de producción, de los cuales ninguno más importante, en San Juan, que la tierra y las viñas, y que en virtud de eso tiene el privilegio legal de apropiarse una buena parte de lo que los trabajadores de esa región producen” . En su discurso fue extendiendo esa caracterización al conjunto del país, dominado por una clase que ha hecho “más pesada” la explotación del asalariado, que sólo recibe una parte del producto de su trabajo (extracción de plusvalía), y que además recibe su salario en una moneda degradada (los “pesos-letra” que hoy llamaríamos cuasimonedas), una clase que ha reinstaurado (de derecho o de hecho) la ley de conchabo (“verdadera esclavitud de hecho”), que ha establecido un sistema de impuestos que grava principalmente a los bienes de consumo imprescindibles para la subsistencia de los trabajadores mientras exime de pagos a sus propias fuentes de renta, que garantiza la ganancia a las empresas de vías férreas pero no a sus obreros, que establece el servicio militar obligatorio y lo utiliza para reprimir a los obreros, una clase que tiene tendencias belicistas y “espíritus imperialistas”. Y no olvidó referirse a la destrucción de los periódicos y locales obreros dos años antes, con motivo del Centenario de la Revolución de Mayo.
En ese primer año como diputado Justo presentó un proyecto de ley sobre Asociaciones de Trabajadores; en él se declaraba a los sindicatos de utilidad pública y con derecho a tener personería jurídica, amparando las marcas o rótulos usadas por las sociedades obreras para señalar productos hechos en las condiciones laborales aceptadas por ellas, prohibiendo la entrada de trabajadores contratados en el extranjero, imponiendo a los patrones que explicitaran en todo aviso pidiendo personal si se trataba de reemplazar obreros en huelga, y considerando delitos con penas de multa y prisión a toda presión para que se abandone una organización sindical, la publicación de los nombres de despedidos para dificultarles la búsqueda de un nuevo trabajo y el intento de soborno a un representante de los trabajadores; además instituía la realización de una investigación estadística anual comparativa sobre el nivel de vida y las condiciones de trabajo de los obreros agremiados y no agremiados. También presentó un proyecto de Modificación de la ley de Aduanas (suprimiendo tasas a productos de consumo masivo) y otro de Modificación de la ley de Patentes (eximiendo del pago a numerosos oficios y actividades), y tuvo activa participación en la interpelación al ministro de Agricultura con motivo del conflicto entre agricultores y terratenientes conocido como el Grito de Alcorta, así como en el pedido de interpelación al Poder Ejecutivo por el incremento del costo de vida.
Con su entrada en el Parlamento el poder político y el poder económico-social encontraron un crítico agudo, contundente y eficaz. No casualmente en 1917 fue objeto de un intento de asesinato, que tuvo mucho más que ver con su cuestionamiento al uso de los dineros públicos que con sus posiciones ideológicas.
Fuente: Fundación Juan B. Justo
Justo, que encabezó la lista de ocho candidatos del Partido Socialista, resultó electo en abril de 1912, en la primera elección en que se aplicó la ley Sáenz Peña. Se abrió así una de las vías del proceso de institucionalización de una parte de la clase obrera argentina. La expectativa cumplida de elecciones limpias, sin fraude, convocó a votar al 76% del padrón electoral de la Capital Federal. Para sorpresa de los conservadores en el gobierno que, confiados en su triunfo presentaron varias listas con el objetivo de ganar las doce bancas en disputa (ocho por la mayoría y cuatro por la minoría), resultaron electos los ocho candidatos de la UCR y dos socialistas, relegando a los exponentes del antiguo régimen a sólo dos diputados: uno por la Unión Nacional y otro por la Unión Cívica. El socialista electo junto con Justo fue Alfredo L. Palacios, que ya había sido diputado nacional entre 1904 y 1908 lo que lo había convertido en el primer diputado socialista de América.
La entrada de los socialistas se hizo notar desde el primer momento, el de su juramento de desempeñar fielmente sus cargos de diputados nacionales: tanto Justo como Palacios se negaron a utilizar la habitual fórmula de juramento “por Dios y los santos evangelios”, debiendo la Cámara aceptar que lo hicieran “por la Patria”. Inmediatamente, al discutirse los diplomas de los diputados bonaerenses, Palacios los impugnó por fraudulentos. Lo mismo se extendió a los electos en otras provincias. Y Justo se refirió al debate sobre los diplomas como “la gran ficción del momento” e hizo notar que “la mitad de esta asamblea está compuesta por hombres elegidos por el viejo régimen. Me choca menos la incorporación a esta cámara de cualesquiera de los nuevos electos, que el ver mi diploma fiscalizado y juzgado por la comisión de poderes” . Según testimonia el taquígrafo parlamentario Ramón Columba, las palabras de Justo fueron más fuertes: manifestó de viva voz su repugnancia “al ver que mi diploma legítimo ha necesitado la aprobación de una comisión de poderes formada por diputados fraudulentos” y por verse rodeado “por los representantes de las oligarquías cerradas que (…) manejan la cosa pública con los procedimiento de conciliábulos, defendiendo siempre los intereses mezquinos de la clase capitalista”; estas frases suscitaron la indignación del presidente de la Cámara, general Rosendo M. Fraga, que las testó, y de los diputados conservadores, uno de los cuales, Peña, vociferó que “No podemos aceptar diputados revolucionarios” .
Veinte años después, en 1932, el diputado demócrata nacional José M. Bustillo hacía la siguiente caracterización de la entrada de los socialistas en la política y el Parlamento: “La historia demuestra que la lucha entre los partidos tradicionales argentinos ha sido intensa y que algunas veces se han confundido en un abrazo después de los comicios. Partidos (…) que se combatían en forma agria, estaban dispuestos al día siguiente a pactar, a pensar en común en los intereses generales del país. Pero desde que aparece el Partido Socialista en escena, aparece el odio; la forma enconada en que se establece la lucha se debe pura y exclusivamente a la actitud del Partido Socialista, (…)” ; en este mismo debate el diputado Manuel Fresco, declarado admirador de Mussolini, caracterizó al PS como un “partido de odios”.
Más allá de las cuestiones formales y aunque los representantes del PS lejos estaban de adherir a las vertientes revolucionarias del socialismo, su intervención revolucionó el Parlamento al darle voz en ese recinto a las demandas de los trabajadores a la vez que, en palabras de Justo, venían a romper los “viejos moldes de hipocresía parlamentaria en el Congreso de los argentinos” . Desde un comienzo, las intervenciones parlamentarias de Justo a propósito de los más diversos temas, introdujeron en el análisis y caracterización de la realidad argentina la dimensión de las clases sociales y los intereses contrapuestos entre “lo que nosotros consideramos la ‘clase burguesa’, clase propietaria o gobernante, en contraposición a la clase trabajadora” . En su primera intervención en la sesión del 31 de mayo, Justo, con motivo de la discusión de los diplomas de los diputados electos por San Juan, se refirió a las clases sociales: “la gente propietaria, más o menos parásita, de la cual forman parte todos los sanjuaninos que viven en París, en Londres o en cualquier otro punto agradable, positivamente sin hacer nada, de la renta que sacan de la tierra argentina y de la clase trabajadora que puebla este país. (…) El parasitismo de esta clase, teóricamente, se formula así: es una clase dueña de los medios de producción, de los cuales ninguno más importante, en San Juan, que la tierra y las viñas, y que en virtud de eso tiene el privilegio legal de apropiarse una buena parte de lo que los trabajadores de esa región producen” . En su discurso fue extendiendo esa caracterización al conjunto del país, dominado por una clase que ha hecho “más pesada” la explotación del asalariado, que sólo recibe una parte del producto de su trabajo (extracción de plusvalía), y que además recibe su salario en una moneda degradada (los “pesos-letra” que hoy llamaríamos cuasimonedas), una clase que ha reinstaurado (de derecho o de hecho) la ley de conchabo (“verdadera esclavitud de hecho”), que ha establecido un sistema de impuestos que grava principalmente a los bienes de consumo imprescindibles para la subsistencia de los trabajadores mientras exime de pagos a sus propias fuentes de renta, que garantiza la ganancia a las empresas de vías férreas pero no a sus obreros, que establece el servicio militar obligatorio y lo utiliza para reprimir a los obreros, una clase que tiene tendencias belicistas y “espíritus imperialistas”. Y no olvidó referirse a la destrucción de los periódicos y locales obreros dos años antes, con motivo del Centenario de la Revolución de Mayo.
En ese primer año como diputado Justo presentó un proyecto de ley sobre Asociaciones de Trabajadores; en él se declaraba a los sindicatos de utilidad pública y con derecho a tener personería jurídica, amparando las marcas o rótulos usadas por las sociedades obreras para señalar productos hechos en las condiciones laborales aceptadas por ellas, prohibiendo la entrada de trabajadores contratados en el extranjero, imponiendo a los patrones que explicitaran en todo aviso pidiendo personal si se trataba de reemplazar obreros en huelga, y considerando delitos con penas de multa y prisión a toda presión para que se abandone una organización sindical, la publicación de los nombres de despedidos para dificultarles la búsqueda de un nuevo trabajo y el intento de soborno a un representante de los trabajadores; además instituía la realización de una investigación estadística anual comparativa sobre el nivel de vida y las condiciones de trabajo de los obreros agremiados y no agremiados. También presentó un proyecto de Modificación de la ley de Aduanas (suprimiendo tasas a productos de consumo masivo) y otro de Modificación de la ley de Patentes (eximiendo del pago a numerosos oficios y actividades), y tuvo activa participación en la interpelación al ministro de Agricultura con motivo del conflicto entre agricultores y terratenientes conocido como el Grito de Alcorta, así como en el pedido de interpelación al Poder Ejecutivo por el incremento del costo de vida.
Con su entrada en el Parlamento el poder político y el poder económico-social encontraron un crítico agudo, contundente y eficaz. No casualmente en 1917 fue objeto de un intento de asesinato, que tuvo mucho más que ver con su cuestionamiento al uso de los dineros públicos que con sus posiciones ideológicas.
Fuente: Fundación Juan B. Justo
