Patagonia
El comisario “garganta profunda”: prostitutas, proxenetas, ex jefes de Policía y un empleado de un Juzgado Federal, todos acusadosPor Arturo Haffner (Exclusivo/El Extremo Sur).
Un año después de que estallara el escándalo por un operativo en un VIP que funcionaba en el centro de Comodoro, el comisario Alejandro Pulley declaró desde Trelew que él solo iba al lugar porque tenía informantes. Afirmó que esto lo sabían sus superiores, a quienes no dudó en acusar de no hacer nada para combatir el narcotráfico.
Así fue como no solo implicó a los últimos secretarios de Seguridad del municipio de Comodoro Rivadavia -Carlos Marsó y Antonio Zúñiga-, sino también a los exjefes de Policía del Chubut: Luis Buttazzi y Leonardo Bustos. Incluso fue más allá y apuntó al actual jefe de Drogas, Julián Vilches, y al secretario del Juzgado federal, Manuel Pizarro.
En la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia, el comisario Alejandro Pulley llamaba mucho la atención. Era 2014 y al extrovertido personaje le gustaba explayarse ante su auditorio de la buena suerte que lo acompañaba cada vez que iba al casino. Por eso nunca le faltaba plata y no necesitaba andar peleándose con otros jefes para hacer adicionales en yacimientos, una prerrogativa a la que parecen acceder solo estos.
Sin embargo a Pulley la racha se le cortó cuando ya había vuelto a Trelew, donde con el cambio de gobierno y mediante sus influencias había logrado que lo designaran jefe de la Unidad Regional de esa ciudad. Fue el lunes 4 de julio de 2016 cuando el castillo se le vino abajo. Ese día un operativo desmanteló un departamento VIP que funcionaba en la calle Francia 502, casi Dorrego, pleno centro de Comodoro Rivadavia, en jurisdicción de la Seccional Primera, la misma que había conducido Pulley.
Aquel día detuvieron a la madama del lugar, la ciudadana paraguaya Guillermina Ferreyra Almada; a su pareja, el colombiano Juan Carlos Cuellar Gamboa; y al oficial Pedro Lázaro Benítez, quien prestaba servicios en la Seccional Primera y –según fuentes confiables- reportaba directamente a Pulley.
El alto jefe policial, por su parte, permaneció detenido en Trelew y a lo largo del tiempo fue accediendo a distintos beneficios. Primero al arresto domiciliario; luego con desplazamientos dentro de Trelew y finalmente se lo dejó ir y volver de Gaiman, donde dijo que tenía un comercio que le permitía la subsistencia. Eso sí: no lo dejaron viajar a Comodoro Rivadavia, tal como pidió en alguna ocasión.
Investigación compleja
Desde un principio, los más afectados con la investigación fueron los engranajes más débiles: los extranjeros y el oficial Benítez. Este terminaría aceptando un juicio abreviado en el cual admitió haber conformado una asociación ilícita junto a Cuellar Gamboa y el célebre César Gustavo “Chatrán” Hernández, para hacerse de un vehículo que no les pertenecía.
Es que desde un principio se estableció que ese VIP de la calle Francia era un lugar ideal para múltiples negocios de osados emprendedores, algunos con más contactos que otros. El oficial Benítez, por ejemplo, logró desde Comodoro que en una comisaría de Trelew les entregaran a “Chatrán” y a Cuellar Gamboa una camioneta que no les pertenecía.
Como se trataba de una causa con varias ramificaciones, los fiscales pidieron un año de plazo para concluirla, lo cual se les concedió. Mientras tanto, cada quien se fue a su casita a restañar heridas, o a contar cuánta plata les quedaba luego de pagarles a sus abogados.
Guillermina Ferreyra Almada cumplió arresto domiciliario un tiempo en La Casa (un espacio de contención para mujeres vulnerables) ya que su domicilio declarado era el VIP y ella estaba embarazada.
A todo esto, la versión de Pulley siempre fue la de que si frecuentaba y protegía al famoso VIP era porque Guillermina se había convertido en su informante y contaba con información valiosa. Tenía registros, por ejemplo, de los visitantes del lugar, algunos de los cuales eran integrantes de la Brigada de Investigaciones que por entonces conducía Leonardo Fabio Bustos, el último jefe de Policía provincial durante el gobierno de Martín Buzzi.
Política y sobrevivientes
Además, y como para sumar confusión, en diciembre pasado estalló el escándalo en la Secretaría de Seguridad del municipio de Comodoro Rivadavia que llevó a la cárcel por 48 horas a Antonio Zúñiga, titular de la misma tras el alejamiento de Carlos Marsó.
Según se cuenta en el círculo del intendente Carlos Linares, Marsó (hombre de Néstor Di Pierro) no quería dejar el puesto en manos de su segundo, pero al final debió ceder y en la Secretaría se produjo tal división que la mitad del personal le respondía al nuevo titular, mientras el resto seguía reportando a quien ya no ocupaba cargo público pero que conservaba influencia en temas de controles y habilitaciones desde los tiempos en que el intendente era Raúl Simoncini (2003-07), más allá de que alguna vez debió dar un paso al costado por un sonado caso que salpicó a inspectores, funcionarios municipales, exjefes de Policía, altos oficiales y empresarios de la noche. Al final solo estos últimos recibieron mínimas condenas, mientras el resto fue absuelto por “el beneficio de la duda”.
Lo cierto es que hace siete meses Zúñiga cayó por denuncias de pedido de coimas, junto a los inspectores Víctor Barrientos y Andrés “Maga” Velázquez, este último también involucrado en la muerte accidental de un ciudadano a la salida de un boliche, al que pisó con su camioneta municipal.
El tweet de Das Neves
Curiosamente, mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaba el allanamiento en la Secretaría de Seguridad, el propio Mario Das Neves tuiteaba que Zúñiga era “un coimero”, mientras el intendente Carlos Linares lo separaba del cargo sin necesidad de apelar a la instrucción de un sumario interno. Además –extraño en él-, esta vez no le contestó al gobernador.
Luego se aclaró que el operativo en sí tuvo su origen en una denuncia presentada por el abogado Sergio Romero, quien asesoraba a un grupo de trabajadores que había sido separado de la Secretaría de Seguridad producto de la interna que surgió allí con quienes le respondían a Zúñiga y los que intentaban que la Secretaría cumpliera la misión para la que fue creada: erradicar lugares donde se ejercía la prostitución y se vendía alcohol de manera clandestina.
En una caja los empleados guardaron documentación importante, como la fecha y hora en que se presentaron dos mujeres que por entonces eran las propietarias del boliche “El Duque”, las cuales buscaban a Zúñiga y Velázquez para entregarles una bolsa con 15.000 pesos, aduciendo que esa semana no habían pasado a buscar la plata por el local ubicado en la avenida Yrigoyen, a pocos metros del Hospital Regional.
Alguien cantó
El pasado 4 de julio se cumplió un año del inicio de la causa que pareció volverse más compleja, razón por la cual la fiscal Camila Banfi decidió pedir otro mes para analizar si la eleva a juicio. En esta instancia volvió a declarar el comisario Pulley (siempre por teleconferencia desde Trelew), quien ratificó su versión acerca de las razones que conducían sus pasos esas 12 cuadras que separan a la Seccional Primera del departamento VIP que tantos secretos guardaba.
El todavía comisario contó que cuando tomó el cargo en la jefatura de la Seccional Primera de Comodoro los recursos eran escasos, ya que solo disponía de 14 empleados y 4 móviles, no obstante lo cual se reunió con responsables de todas las fuerzas de seguridad para acordar colaboraciones y así fue como en febrero de 2014 desde la Secretaría de Seguridad le pidieron colaboración para participar del allanamiento de un VIP en la calle Rawson, donde se generaron diferencias porque maltrataban a las mujeres y les secuestraban sus pertenencias, cuando la orden decía que debían identificar a las personas y determinar la actividad que desarrollaban.
Pulley declaró que la Secretaría municipal de Seguridad tenía línea directa con algunos jueces que le allanaban el camino y se esperaba que los mismos estuvieran de turno para que las órdenes salieran tal como ellos las solicitaban. Lo mismo ocurría con los juzgados de faltas, amplió.
Entonces acotó que durante el primer operativo del que participaron de manera conjunta, Zúñiga se había quedado con 85.000 pesos de la propietaria del lugar, Guillermina Ferreyra Almada. La mujer exigió el dinero y finalmente se lo entregaron, tras la confección de un acta que fue rubricada por Pulley en la Seccional Primera.
Aparentemente agradecida por su mediación, la madama se convirtió en informante de Pulley, contexto en el cual le aportó el dato sobre un importante cargamento de drogas que llegaría a Comodoro Rivadavia. Ese dato fue llevado por el comisario a la Brigada de Investigaciones que conducía Bustos.
Siempre según Pulley, cuando recibió un nuevo dato de similar tenor optó por ir directamente al jefe de Policía de Chubut, Luis Buttazzi, quien lo remitió a Bustos. Tampoco esta vez, según el comisario, hubo resultados positivos.
La fiscal Banfi avanza
A partir de estos dichos, fue que la fiscal Banfi solicitó ampliar la investigación a Marsó, Bustos, Buttazzi, el jefe de la División Drogas Peligrosas, Julián Vilches; y uno de los secretarios del Juzgado Federal que conduce Eva Parcio. Se trata de Manuel Pizarro, también presidente del Instituto Belgraniano en la ciudad petrolera.
Ante la magnitud de los nombres en danza, la juez Daniela Arcuri –que concedió el mes extra que le pedía la fiscal- debió salir a aclarar 24 horas después de que el hecho de que la fiscal pida investigar a tamaños personajes no implica que se lo esté haciendo.
“En la audiencia donde prestó declaración Pulley, lo hizo en su calidad de imputado. Por lo tanto, como tal, no se le exige decir verdad y en esos términos deben ser considerados sus dichos”, sostuvo la jueza Arcuri, a la que le tocó en suerte tan delicada causa que involucra a delincuentes en curiosa mezcla con policías y magistrados, proxenetas y madamas; hijos y entenados. Todos en el mismo lodo.
Controladores sin control
Desde que asumió como intendente, Carlos Linares parece no tener respiro con el personal de Tránsito, que periódicamente le suele ocasionar serios dolores de cabeza. Hay tres casos emblemáticos que le han robado horas de sueño al jefe comunal.
La madrugada del 10 de marzo de 2016 no la olvidarán jamás Facundo Garbarino y Mauro Cárdenas, dos inspectores a los que les gustaba camuflarse como si fueran policías del GEOP. Así vestidos, interceptaban conductores a los que siempre algún motivo les encontraban para amenazarlos con secuestrarles el auto. Claro que si las víctimas “cooperaban”, todo se olvidaba.
No se pudo establecer cuántas veces se manejaron al margen de la ley. Sí que ese viernes hubo dos casos que les costarían la detención y su posterior condena a cinco años y medio de prisión, que actualmente cumplen en sus casas hasta que la sentencia quede firme. Para amedrentar a sus víctimas, los “inspec-chorros” no dudaban en utilizar hasta una picana eléctrica y tanta era su audacia que uno de ellos acompañó a un conductor hasta un cajero automático para que le diera dinero. Ese hecho puntual les costaría la detención.
El caso de Luis Alberto Moreno, en tanto, es de otro tenor. Con el cargo de director de Pavimentación y de la Planta Asfáltica, Moreno atropelló y mató con su Ford Ranger a un ciclista, en la ruta que lleva al barrio Diadema, en mayo de 2016. Lo dejó abandonado y horas más tarde se entregaría en la comisaría de Mosconi, dando una versión bastante confusa. Curiosamente, Moreno también es perito accidentológico.
A punto de ir a juicio por homicidio culposo, Moreno protagonizó el 2 junio último otro accidente que esta vez no provocó consecuencias fatales. Solo embistió de atrás con su Ford Ranger (no era la misma del accidente fatal) a un vehículo detenido frente a un semáforo. Iba sin licencia ni seguro. Y como cruel paradoja del destino, por el lugar –cruce de Ruta 3 y barrio Castelli, en zona norte- pasaba haciendo runner la viuda de Eduardo Leguizamón, el ciclista al que mató hace más de un año.
Finalmente, otro caso delicado involucra a quien hasta hace un par de meses era el coordinador del área de Licencias de Conducir, Amín Contreras, quien fue detenido por la policía el lunes 22 de mayo luego de escapar del lugar donde provocó un accidente, en la zona sur de Comodoro. Al hacerle el control, le detectaron 1,57 grados de alcohol en sangre, por lo que le retuvieron su camioneta Chevrolet S-10 en la Seccional Cuarta.
Pero el caso no terminó ahí, sino que cuando fue a retirar el vehículo el personal policial lo acompañó para realizar una revisión de rutina. Fue entonces cuando hallaron bajo el asiento del conductor 251.000 pesos.
Un año después de que estallara el escándalo por un operativo en un VIP que funcionaba en el centro de Comodoro, el comisario Alejandro Pulley declaró desde Trelew que él solo iba al lugar porque tenía informantes. Afirmó que esto lo sabían sus superiores, a quienes no dudó en acusar de no hacer nada para combatir el narcotráfico.
Así fue como no solo implicó a los últimos secretarios de Seguridad del municipio de Comodoro Rivadavia -Carlos Marsó y Antonio Zúñiga-, sino también a los exjefes de Policía del Chubut: Luis Buttazzi y Leonardo Bustos. Incluso fue más allá y apuntó al actual jefe de Drogas, Julián Vilches, y al secretario del Juzgado federal, Manuel Pizarro.
En la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia, el comisario Alejandro Pulley llamaba mucho la atención. Era 2014 y al extrovertido personaje le gustaba explayarse ante su auditorio de la buena suerte que lo acompañaba cada vez que iba al casino. Por eso nunca le faltaba plata y no necesitaba andar peleándose con otros jefes para hacer adicionales en yacimientos, una prerrogativa a la que parecen acceder solo estos.
Sin embargo a Pulley la racha se le cortó cuando ya había vuelto a Trelew, donde con el cambio de gobierno y mediante sus influencias había logrado que lo designaran jefe de la Unidad Regional de esa ciudad. Fue el lunes 4 de julio de 2016 cuando el castillo se le vino abajo. Ese día un operativo desmanteló un departamento VIP que funcionaba en la calle Francia 502, casi Dorrego, pleno centro de Comodoro Rivadavia, en jurisdicción de la Seccional Primera, la misma que había conducido Pulley.
Aquel día detuvieron a la madama del lugar, la ciudadana paraguaya Guillermina Ferreyra Almada; a su pareja, el colombiano Juan Carlos Cuellar Gamboa; y al oficial Pedro Lázaro Benítez, quien prestaba servicios en la Seccional Primera y –según fuentes confiables- reportaba directamente a Pulley.
El alto jefe policial, por su parte, permaneció detenido en Trelew y a lo largo del tiempo fue accediendo a distintos beneficios. Primero al arresto domiciliario; luego con desplazamientos dentro de Trelew y finalmente se lo dejó ir y volver de Gaiman, donde dijo que tenía un comercio que le permitía la subsistencia. Eso sí: no lo dejaron viajar a Comodoro Rivadavia, tal como pidió en alguna ocasión.
Investigación compleja
Desde un principio, los más afectados con la investigación fueron los engranajes más débiles: los extranjeros y el oficial Benítez. Este terminaría aceptando un juicio abreviado en el cual admitió haber conformado una asociación ilícita junto a Cuellar Gamboa y el célebre César Gustavo “Chatrán” Hernández, para hacerse de un vehículo que no les pertenecía.
Es que desde un principio se estableció que ese VIP de la calle Francia era un lugar ideal para múltiples negocios de osados emprendedores, algunos con más contactos que otros. El oficial Benítez, por ejemplo, logró desde Comodoro que en una comisaría de Trelew les entregaran a “Chatrán” y a Cuellar Gamboa una camioneta que no les pertenecía.
Como se trataba de una causa con varias ramificaciones, los fiscales pidieron un año de plazo para concluirla, lo cual se les concedió. Mientras tanto, cada quien se fue a su casita a restañar heridas, o a contar cuánta plata les quedaba luego de pagarles a sus abogados.
Guillermina Ferreyra Almada cumplió arresto domiciliario un tiempo en La Casa (un espacio de contención para mujeres vulnerables) ya que su domicilio declarado era el VIP y ella estaba embarazada.
A todo esto, la versión de Pulley siempre fue la de que si frecuentaba y protegía al famoso VIP era porque Guillermina se había convertido en su informante y contaba con información valiosa. Tenía registros, por ejemplo, de los visitantes del lugar, algunos de los cuales eran integrantes de la Brigada de Investigaciones que por entonces conducía Leonardo Fabio Bustos, el último jefe de Policía provincial durante el gobierno de Martín Buzzi.
Política y sobrevivientes
Además, y como para sumar confusión, en diciembre pasado estalló el escándalo en la Secretaría de Seguridad del municipio de Comodoro Rivadavia que llevó a la cárcel por 48 horas a Antonio Zúñiga, titular de la misma tras el alejamiento de Carlos Marsó.
Según se cuenta en el círculo del intendente Carlos Linares, Marsó (hombre de Néstor Di Pierro) no quería dejar el puesto en manos de su segundo, pero al final debió ceder y en la Secretaría se produjo tal división que la mitad del personal le respondía al nuevo titular, mientras el resto seguía reportando a quien ya no ocupaba cargo público pero que conservaba influencia en temas de controles y habilitaciones desde los tiempos en que el intendente era Raúl Simoncini (2003-07), más allá de que alguna vez debió dar un paso al costado por un sonado caso que salpicó a inspectores, funcionarios municipales, exjefes de Policía, altos oficiales y empresarios de la noche. Al final solo estos últimos recibieron mínimas condenas, mientras el resto fue absuelto por “el beneficio de la duda”.
Lo cierto es que hace siete meses Zúñiga cayó por denuncias de pedido de coimas, junto a los inspectores Víctor Barrientos y Andrés “Maga” Velázquez, este último también involucrado en la muerte accidental de un ciudadano a la salida de un boliche, al que pisó con su camioneta municipal.
El tweet de Das Neves
Curiosamente, mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaba el allanamiento en la Secretaría de Seguridad, el propio Mario Das Neves tuiteaba que Zúñiga era “un coimero”, mientras el intendente Carlos Linares lo separaba del cargo sin necesidad de apelar a la instrucción de un sumario interno. Además –extraño en él-, esta vez no le contestó al gobernador.
Luego se aclaró que el operativo en sí tuvo su origen en una denuncia presentada por el abogado Sergio Romero, quien asesoraba a un grupo de trabajadores que había sido separado de la Secretaría de Seguridad producto de la interna que surgió allí con quienes le respondían a Zúñiga y los que intentaban que la Secretaría cumpliera la misión para la que fue creada: erradicar lugares donde se ejercía la prostitución y se vendía alcohol de manera clandestina.
En una caja los empleados guardaron documentación importante, como la fecha y hora en que se presentaron dos mujeres que por entonces eran las propietarias del boliche “El Duque”, las cuales buscaban a Zúñiga y Velázquez para entregarles una bolsa con 15.000 pesos, aduciendo que esa semana no habían pasado a buscar la plata por el local ubicado en la avenida Yrigoyen, a pocos metros del Hospital Regional.
Alguien cantó
El pasado 4 de julio se cumplió un año del inicio de la causa que pareció volverse más compleja, razón por la cual la fiscal Camila Banfi decidió pedir otro mes para analizar si la eleva a juicio. En esta instancia volvió a declarar el comisario Pulley (siempre por teleconferencia desde Trelew), quien ratificó su versión acerca de las razones que conducían sus pasos esas 12 cuadras que separan a la Seccional Primera del departamento VIP que tantos secretos guardaba.
El todavía comisario contó que cuando tomó el cargo en la jefatura de la Seccional Primera de Comodoro los recursos eran escasos, ya que solo disponía de 14 empleados y 4 móviles, no obstante lo cual se reunió con responsables de todas las fuerzas de seguridad para acordar colaboraciones y así fue como en febrero de 2014 desde la Secretaría de Seguridad le pidieron colaboración para participar del allanamiento de un VIP en la calle Rawson, donde se generaron diferencias porque maltrataban a las mujeres y les secuestraban sus pertenencias, cuando la orden decía que debían identificar a las personas y determinar la actividad que desarrollaban.
Pulley declaró que la Secretaría municipal de Seguridad tenía línea directa con algunos jueces que le allanaban el camino y se esperaba que los mismos estuvieran de turno para que las órdenes salieran tal como ellos las solicitaban. Lo mismo ocurría con los juzgados de faltas, amplió.
Entonces acotó que durante el primer operativo del que participaron de manera conjunta, Zúñiga se había quedado con 85.000 pesos de la propietaria del lugar, Guillermina Ferreyra Almada. La mujer exigió el dinero y finalmente se lo entregaron, tras la confección de un acta que fue rubricada por Pulley en la Seccional Primera.
Aparentemente agradecida por su mediación, la madama se convirtió en informante de Pulley, contexto en el cual le aportó el dato sobre un importante cargamento de drogas que llegaría a Comodoro Rivadavia. Ese dato fue llevado por el comisario a la Brigada de Investigaciones que conducía Bustos.
Siempre según Pulley, cuando recibió un nuevo dato de similar tenor optó por ir directamente al jefe de Policía de Chubut, Luis Buttazzi, quien lo remitió a Bustos. Tampoco esta vez, según el comisario, hubo resultados positivos.
La fiscal Banfi avanza
A partir de estos dichos, fue que la fiscal Banfi solicitó ampliar la investigación a Marsó, Bustos, Buttazzi, el jefe de la División Drogas Peligrosas, Julián Vilches; y uno de los secretarios del Juzgado Federal que conduce Eva Parcio. Se trata de Manuel Pizarro, también presidente del Instituto Belgraniano en la ciudad petrolera.
Ante la magnitud de los nombres en danza, la juez Daniela Arcuri –que concedió el mes extra que le pedía la fiscal- debió salir a aclarar 24 horas después de que el hecho de que la fiscal pida investigar a tamaños personajes no implica que se lo esté haciendo.
“En la audiencia donde prestó declaración Pulley, lo hizo en su calidad de imputado. Por lo tanto, como tal, no se le exige decir verdad y en esos términos deben ser considerados sus dichos”, sostuvo la jueza Arcuri, a la que le tocó en suerte tan delicada causa que involucra a delincuentes en curiosa mezcla con policías y magistrados, proxenetas y madamas; hijos y entenados. Todos en el mismo lodo.
Controladores sin control
Desde que asumió como intendente, Carlos Linares parece no tener respiro con el personal de Tránsito, que periódicamente le suele ocasionar serios dolores de cabeza. Hay tres casos emblemáticos que le han robado horas de sueño al jefe comunal.
La madrugada del 10 de marzo de 2016 no la olvidarán jamás Facundo Garbarino y Mauro Cárdenas, dos inspectores a los que les gustaba camuflarse como si fueran policías del GEOP. Así vestidos, interceptaban conductores a los que siempre algún motivo les encontraban para amenazarlos con secuestrarles el auto. Claro que si las víctimas “cooperaban”, todo se olvidaba.
No se pudo establecer cuántas veces se manejaron al margen de la ley. Sí que ese viernes hubo dos casos que les costarían la detención y su posterior condena a cinco años y medio de prisión, que actualmente cumplen en sus casas hasta que la sentencia quede firme. Para amedrentar a sus víctimas, los “inspec-chorros” no dudaban en utilizar hasta una picana eléctrica y tanta era su audacia que uno de ellos acompañó a un conductor hasta un cajero automático para que le diera dinero. Ese hecho puntual les costaría la detención.
El caso de Luis Alberto Moreno, en tanto, es de otro tenor. Con el cargo de director de Pavimentación y de la Planta Asfáltica, Moreno atropelló y mató con su Ford Ranger a un ciclista, en la ruta que lleva al barrio Diadema, en mayo de 2016. Lo dejó abandonado y horas más tarde se entregaría en la comisaría de Mosconi, dando una versión bastante confusa. Curiosamente, Moreno también es perito accidentológico.
A punto de ir a juicio por homicidio culposo, Moreno protagonizó el 2 junio último otro accidente que esta vez no provocó consecuencias fatales. Solo embistió de atrás con su Ford Ranger (no era la misma del accidente fatal) a un vehículo detenido frente a un semáforo. Iba sin licencia ni seguro. Y como cruel paradoja del destino, por el lugar –cruce de Ruta 3 y barrio Castelli, en zona norte- pasaba haciendo runner la viuda de Eduardo Leguizamón, el ciclista al que mató hace más de un año.
Finalmente, otro caso delicado involucra a quien hasta hace un par de meses era el coordinador del área de Licencias de Conducir, Amín Contreras, quien fue detenido por la policía el lunes 22 de mayo luego de escapar del lugar donde provocó un accidente, en la zona sur de Comodoro. Al hacerle el control, le detectaron 1,57 grados de alcohol en sangre, por lo que le retuvieron su camioneta Chevrolet S-10 en la Seccional Cuarta.
Pero el caso no terminó ahí, sino que cuando fue a retirar el vehículo el personal policial lo acompañó para realizar una revisión de rutina. Fue entonces cuando hallaron bajo el asiento del conductor 251.000 pesos.
