Petróleo
Investigan presuntas irregularidades en ventas millonarias de gas a industriasSin hacer olas, el Gobierno puso en marcha una iniciativa que promete traer cola en el mercado de gas. Hace 10 días lanzó una auditoría –en cabeza del Enargas- sobre tres empresas comercializadoras del fluido.
El ente regulador quiere saber si esos traders de gas, tal como se conoce en el negocio a las empresas intermediarias que le venden el hidrocarburo a las grandes industrias, cometieron maniobras fraudulentas para maximizar sus ganancias con la connivencia de la gestión anterior que lideraba Antonio Pronsato, un funcionario de confianza del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
En concreto, el Enargas está auditando a tres de las mayores comercializadoras del país, Gasmarra, cuya cabeza es el empresario Andrés Braconi; Energy Consulting Services, propiedad de Techint y el grupo GDF-Suez, y Albanesi, de la familia Losón. Así lo confirmaron a El Inversor Online varios ejecutivos del sector petrolero. Se trata de una decisión inédita en el mercado. Hace dos semanas, personal del ente se presentó en las oficinas de esas empresas para recabar información ligada a la compra-venta de gas. En particular, el organismo que conduce David Tezanos quiere constatar si las Declaraciones Juradas presentadas en forma mensual por las comercializadoras coinciden realmente con el gas despachado a las grandes industrias, el segmento que paga más caro el gas.
La medida del Enargas tiene su génesis en el descontento de los grandes productores de gas –con YPF y Pan American Energy (PAE) a la cabeza- que en los últimos años vieron como los traders se quedaron con los clientes más redituables del mercado (las grandes industrias). “En los ’90, los traders despachaban sólo un 2% del mercado de gas. En cambio, hoy mueven casi un 15% del mercado. Se terminan quedando con el negocio más rentable, el de los industriales, mientras los productores, que son los que realizan la inversión a riesgo para explorar y producir gas, deben cubrir la demanda prioritaria (residencial), que paga precios congelados desde hace años”, cuestionó el presidente de una petrolera. Son negocios millonarios.
Lo que sospechan los técnicos del Enargas es que, con el visto bueno de la gestión de Pronsato y también con la connivencia de algunas empresas distribuidoras, las comercializadoras apelaron a una estrategia comercial para expandir su negocio que se encuentra al filo de lo permitido. En línea con lo que denuncian los productores, sospechan que, durante el invierno de los últimos tres años, las comercializadoras vendieron gas a sus clientes industriales que tendría que haber sido despacho al mercado residencial.
Según la resolución 1410/2010 del Enargas, las distribuidoras de gas –lideradas por Metrogas, Gas Natural Ban, Camuzzi Gas Pampeana y del Sur- deben informar semanalmente qué cantidad de gas precisan del sistema para cubrir el segmento prioritario de consumo (el residencial). Por ese volumen pagan cerca de US$ 2 por millón de BTU a distintos productores (YPF, PAE, Total, Pluspetrol y Tecpetrol, entre otros).
“Lo que está investigando el Enargas es si algunas distribuidoras solicitaron más gas del que efectivamente precisaban para luego redespacharlo a comercializadores, que en un segundo paso terminaron vendiendo ese gas a clientes industrias a un precio mucho mayor, de hasta US$ 6 por MMBTU”, explicó el gerente comercial de una petrolera.
“Durante el verano, cuando el gas sobra en el sistema, los traders cubrían el desbalance que acumulaban en el invierno pero a precios mucho más bajos”, agregaron. Las tres comercializadoras involucradas facturaron el año pasado más de $ 300 millones.
Las auditorías en Gasmarra, Energy Consulting y Albanesi apuntan a recabar elementos probatorios que den cuenta de esa situación. El ente regulador tiene especial interés en conocer la vinculación entre Camuzzi Gas del Sur, la distribuidora (su principal accionista es el italiano Fabrizio Garelli) que despacha más gas a nivel nacional, y Gasmarra, una comercializadora controlada por el empresario Andrés Braconi que en los últimos años registró un crecimiento explosivo.
En el ámbito de las comercializadoras alegan, en cambio, que su crecimiento responde fundamentalmente a una mayor capacidad comercial para adaptarse a un mercado complejo como el argentino, que en los últimos años se caracterizó por la escasez de gas y los cortes imprevistos ordenados por el Ejecutivo.
“Hay industrias que están paradas más de 60 días al año por la falta de gas. Al final del día, a un industrial lo único que le interesa es asegurarse el suministro. Las comercializadoras están mejor preparadas para moverse en un escenario de crisis. Su estructura es más flexible, no tienen que cumplir tantos requerimientos legales como los productores y su negocio está más desregulado. A raíz de eso, su participación en el mercado creció exponencialmente. Hoy despachan un 15% del gas producido en el país”, explicó el titular de un trader que no está siendo auditado.
No está claro cuál será el curso de la acción que seguirá el Enargas. En caso de confirmar sus sospechas, el ente podría disponer sanciones económicas hasta la cancelación de las licencias para operar en el mercado. Se espera que en los próximos 30 días haya novedades al respecto.
Fuente: El Inversor Online
El ente regulador quiere saber si esos traders de gas, tal como se conoce en el negocio a las empresas intermediarias que le venden el hidrocarburo a las grandes industrias, cometieron maniobras fraudulentas para maximizar sus ganancias con la connivencia de la gestión anterior que lideraba Antonio Pronsato, un funcionario de confianza del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
En concreto, el Enargas está auditando a tres de las mayores comercializadoras del país, Gasmarra, cuya cabeza es el empresario Andrés Braconi; Energy Consulting Services, propiedad de Techint y el grupo GDF-Suez, y Albanesi, de la familia Losón. Así lo confirmaron a El Inversor Online varios ejecutivos del sector petrolero. Se trata de una decisión inédita en el mercado. Hace dos semanas, personal del ente se presentó en las oficinas de esas empresas para recabar información ligada a la compra-venta de gas. En particular, el organismo que conduce David Tezanos quiere constatar si las Declaraciones Juradas presentadas en forma mensual por las comercializadoras coinciden realmente con el gas despachado a las grandes industrias, el segmento que paga más caro el gas.
La medida del Enargas tiene su génesis en el descontento de los grandes productores de gas –con YPF y Pan American Energy (PAE) a la cabeza- que en los últimos años vieron como los traders se quedaron con los clientes más redituables del mercado (las grandes industrias). “En los ’90, los traders despachaban sólo un 2% del mercado de gas. En cambio, hoy mueven casi un 15% del mercado. Se terminan quedando con el negocio más rentable, el de los industriales, mientras los productores, que son los que realizan la inversión a riesgo para explorar y producir gas, deben cubrir la demanda prioritaria (residencial), que paga precios congelados desde hace años”, cuestionó el presidente de una petrolera. Son negocios millonarios.
Lo que sospechan los técnicos del Enargas es que, con el visto bueno de la gestión de Pronsato y también con la connivencia de algunas empresas distribuidoras, las comercializadoras apelaron a una estrategia comercial para expandir su negocio que se encuentra al filo de lo permitido. En línea con lo que denuncian los productores, sospechan que, durante el invierno de los últimos tres años, las comercializadoras vendieron gas a sus clientes industriales que tendría que haber sido despacho al mercado residencial.
Según la resolución 1410/2010 del Enargas, las distribuidoras de gas –lideradas por Metrogas, Gas Natural Ban, Camuzzi Gas Pampeana y del Sur- deben informar semanalmente qué cantidad de gas precisan del sistema para cubrir el segmento prioritario de consumo (el residencial). Por ese volumen pagan cerca de US$ 2 por millón de BTU a distintos productores (YPF, PAE, Total, Pluspetrol y Tecpetrol, entre otros).
“Lo que está investigando el Enargas es si algunas distribuidoras solicitaron más gas del que efectivamente precisaban para luego redespacharlo a comercializadores, que en un segundo paso terminaron vendiendo ese gas a clientes industrias a un precio mucho mayor, de hasta US$ 6 por MMBTU”, explicó el gerente comercial de una petrolera.
“Durante el verano, cuando el gas sobra en el sistema, los traders cubrían el desbalance que acumulaban en el invierno pero a precios mucho más bajos”, agregaron. Las tres comercializadoras involucradas facturaron el año pasado más de $ 300 millones.
Las auditorías en Gasmarra, Energy Consulting y Albanesi apuntan a recabar elementos probatorios que den cuenta de esa situación. El ente regulador tiene especial interés en conocer la vinculación entre Camuzzi Gas del Sur, la distribuidora (su principal accionista es el italiano Fabrizio Garelli) que despacha más gas a nivel nacional, y Gasmarra, una comercializadora controlada por el empresario Andrés Braconi que en los últimos años registró un crecimiento explosivo.
En el ámbito de las comercializadoras alegan, en cambio, que su crecimiento responde fundamentalmente a una mayor capacidad comercial para adaptarse a un mercado complejo como el argentino, que en los últimos años se caracterizó por la escasez de gas y los cortes imprevistos ordenados por el Ejecutivo.
“Hay industrias que están paradas más de 60 días al año por la falta de gas. Al final del día, a un industrial lo único que le interesa es asegurarse el suministro. Las comercializadoras están mejor preparadas para moverse en un escenario de crisis. Su estructura es más flexible, no tienen que cumplir tantos requerimientos legales como los productores y su negocio está más desregulado. A raíz de eso, su participación en el mercado creció exponencialmente. Hoy despachan un 15% del gas producido en el país”, explicó el titular de un trader que no está siendo auditado.
No está claro cuál será el curso de la acción que seguirá el Enargas. En caso de confirmar sus sospechas, el ente podría disponer sanciones económicas hasta la cancelación de las licencias para operar en el mercado. Se espera que en los próximos 30 días haya novedades al respecto.
Fuente: El Inversor Online
