Política
La post corrupción y la política en manos del Poder JudicialPor Cristian Aliaga (Director/EES).
Así como la causa judicial “Apadrinados” pareció colocar en situación crítica a la matriz de poder político de Comodoro Rivadavia que encabezaba el ex intendente Néstor Di Pierro, las causas “El Embrujo” y “Revelación” ponen en jaque ahora al dispositivo organizado desde Trelew y Rawson que aseguró control territorial y repetidos triunfos electorales en la era Das Neves. En buena medida, el Poder Judicial ordena el vacío de liderazgo en la política de Chubut. Arcioni intenta salir del laberinto por arriba, alejándose del macrismo y mostrándose como una opción modesta pero previsible en medio del caos.
A fines de 2016, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a 15 miembros de una banda que se dedicada al narcotráfico de cocaína y marihuana. Además de pedir que se investigaran los nexos de la banda con una parte significativa de la clase política comodorense, el TOF señaló como "sumamente llamativa y preocupante la fluidez de comunicación" de uno de esos condenados con el grupo de poder político liderado por Di Pierro, hoy miembro del directorio de YPF.
Desde entonces, poco y nada relevante ha ocurrido en el marco de la causa denominada “Apadrinados” –que sigue en manos de la jueza federal Eva Parcio de Seleme– en su impacto sobre el peronismo dominante en el sur de Chubut, y parece diluirse en la maraña de un expediente gigantesco que duerme el sueño de los justos.
Es evidente que el progreso –al menos aparente– de las causas “El Embrujo” y “Revelación” ha sido vertiginoso desde la detención de Diego Correa, aquel hombre duro y parco que gozara de la máxima confianza de Das Neves hasta su muerte. La agenda pasó de hablar de post dasnevismo a centrarse en la post corrupción.
Con imputados y detenidos del nivel político de Gonzalo Carpintero –ex secretario privado–, Pablo Oca –ex ministro de Economía–, Víctor Cisterna –ex jefe de Gabinete–; empresarios como Patricio Musante, Daniel Russo, Pablo Bastida, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Esteban Torraca, Oscar Peña y Federico Piccione; y el periodista Andrés Ninín –que fungiera como responsable de prensa de la Legislatura y de Canal 9– la situación devastó a la dirigencia de Chubut Somos Todos y dejó en estado de parálisis a la política provincial como no se veía desde la salida anticipada del poder del gobernador Néstor Perl.
Mientras los abogados defensores trabajan para demostrar incongruencias en la aplicación del código por parte de los fiscales –se hace evidente tanto el trato desparejo a personas que según los testimonios parecen haber incurrido en acciones similares como la historia despareja de los propios fiscales, por ejemplo– la incógnita mayor consiste en dilucidar en qué medida lograrán probar la responsabilidad de los imputados de mayor calibre político y económico, justificar en cada caso la utilización adecuada del instituto de la prisión preventiva, avanzar con carátulas aplicadas como la de asociación ilícita –de compleja demostración– e identificar a actores que están detrás de las grandes operaciones en torno de la obra pública pero no aparecen sino a través de representantes.
Si se observa la duración promedio de las causas de corrupción en la Argentina –11 años según relevamiento del CELS– y las consecuencias de una causa como “Apadrinados” –donde hasta el momento solo han sido condenados actores de segunda o tercera línea o “perejiles” según el habla popular– las chances de que se arribe a un escenario de impunidad selectiva no resultan menores sino evidentes.
Y dónde está la política
De la inmovilidad política provocada por el estallido de las causas de corrupción intentaron salir los diputados del Frente para la Victoria, presentándose como querellantes tanto en “El Embrujo” como en “Revelación”. En paralelo, tratan de obtener crédito social por su denuncia pionera en el marco de la malversación de fondos en la asistencia a las víctimas del temporal de Comodoro Rivadavia.
El gobernador Arcioni, por su parte, intenta un equilibrio delicado entre su pertenencia original a Chubut Somos Todos –el partido al que pertenece o perteneció buena parte de los acusados–, su apoyo institucional a la tarea de los fiscales –que al comienzo de esta historia se manifestaba incluso con la presencia mediática de su controvertido secretario de Seguridad Santiago Massoni en operativos y allanamientos– y su prescindencia –hasta llegar al “desconocimiento”, como se dice en la jerga de la calle– de actores políticos y empresarios de su conocimiento personal involucrados en este tsunami que podría ser terminal para muchos.
Arcioni logró sacarse de encima el larguísimo conflicto con docentes y estatales que dejó durante meses a Chubut en estado de asamblea y a la administración en la inoperancia total.
Tras meses de seguidismo estéril, el gobernador reaccionó ante el plan de desguace macrista que puede quebrar definitivamente a las provincias patagónicas –así lo describió el senador Alfredo Luenzo con rasgos de su oficio de periodista sagaz– y se lanzó a la constitución de un frente patagónico anti ajuste en el que procurará ocupar una posición de liderazgo dentro de un club de gobernadores variopinto.
Arcioni no retrocede ni siquiera ante los pronósticos más agoreros, y no solo procura relanzar su gestión jaqueada por decenas de problemas con una planificación anticipada para el segundo semestre de este año –ya el uso del término “planificación” suena novedoso en este contexto de biblia y calefón– sino también colocarse en la grilla de candidatos para 2019 con alianzas como la que trata de establecer con el imprevisible y huidizo Adrián Maderna. Todo parece indicar que Arcioni no se rendirá con un suspiro. Será “a plata o mierda”, como se dice en el campo.
Desde distintos rincones del tablero lo miran con sorna Carlos Linares, Gustavo Menna y Ricardo Sastre. El primero tendrá opciones concretas si toma la decisión de avanzar con su candidatura desde el sur pletórico de rechazo al macrismo y el Valle, mientras empieza a tomar posición crítica en su discurso contra un gobernador al que hasta hace poco apañaba pero sin tomarlo en serio.
A Menna lo esmerilan tanto las políticas de Macri –imposibles de barrer bajo la alfombra de un discurso prolijo pero anodino– como los desplantes crecientes de los radicales que vuelven a sentir algo de vergüenza y a recordar qué bueno era Alfonsín.
A Sastre le empiezan a disgustar un poco los cantos de sirena del frigerismo, pero sueña con estar en alguna fórmula, de uno o de dos, pero estar. Los tres tienen algo en común: les sirve que Arcioni llegue a 2019. Como sea, pero que llegue sin convocar a elecciones anticipadas.
Por ahora, la tan llorada muerte de Das Neves –sumada a la de otros de su generación como Marcelo Guinle, en cierto modo su antítesis– dejó a la política en manos de la Justicia (mejor dicho, del Poder Judicial).
En el plano empresario, la prisión de Cristóbal López y la ausencia final de referentes como Vicente Torraca producen un efecto similar. No se puede desconocer, al menos irónicamente, que algunos de los jóvenes empresarios ahora detenidos intentaban lograr una renovación generacional en las cámaras que reúnen a los empresarios de la construcción, ni que López era un gran empleador en sentido cuantitativo.
Un lector calificado de estos artículos calificó a uno de los más recientes –tal vez despectivamente– como “un guión para (Werner) Herzog”. ¿La política de Chubut se convirtió en “Los enanos también nacen pequeños”, en “Fitzcarraldo” o en “Aguirre, la ira de Dios”?
La Oficina Anticorrupción
En su propio sitio web (www.anticorrupcionchu.gov.ar) la Oficina Anticorrupción de la Provincia de Chubut describe su función y responsabilidades. La cita es extensa –los subrayados son míos– pero merece la pena dedicar unos segundos a su lectura:
“Este Organismo fue creado a finales de 1999, mediante la ley N° 4520, y comenzó a funcionar el 15 de Mayo del año 2000. Originariamente se denominó “Fiscalía de Investigaciones Administrativas” y funcionó hasta el año 2004, año en el que se sanciona la ley I N° 267 (Ex - 5130) por medio de la cual se le asigna su actual denominación “Oficina Anticorrupción” y se establece como un Organismo creado en el ámbito de la Legislatura de la Provincia del Chubut, encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por la citada ley, se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Ley Nacional Nº 24.759, como así también toda otra irregularidad funcional y/o violaciones a los deberes de funcionario público. Las Naciones Unidas consideran que la corrupción tiene efectos devastadores sobre las “economías que pasan por una situación difícil”. La corrupción vacía las arcas de los Estados, arruina el libre comercio y ahuyenta a los inversionistas. El Banco Mundial ha señalado que el pago de sobornos a los funcionarios públicos representa un alto costo para las empresas, lo que las mueve a declarar a las autoridades menores ventas, costos y nómina, para pagar menos impuestos. Por supuesto que el Estado pierde una cantidad sustancial de sus ingresos y los ciudadanos de escasos recursos llevan la peor parte al tener que pagar mayores impuestos y recibiendo menos beneficios sociales. La corrupción reduce los ingresos impositivos y aduaneros de muchos países en transición y en desarrollo. Los impuestos se evaden mediante el contrabando y mediante transacciones no asentadas en los libros y una contabilidad fraudulenta. La delincuencia organizada puede usar deliberadamente la corrupción para aumentar su participación en los mercados ilegales. Por ejemplo, los que trafican con el juego y con la droga en América del Norte y en América Latina han pagado a los funcionarios para que hagan redadas entre sus competidores o los mantengan alejados del país, según observa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”.
Los logros de la institución son módicos, al menos en su visibilidad. Una parte –exigua, es cierto– del periodismo intenta excepcionalmente realizar la tarea de investigación que no llevan a cabo la Oficina Anticorrupción o el Poder Judicial. Las instituciones públicas suelen no estar a la altura de sus responsabilidades, o flamean como banderas ante el cambio de los vientos políticos.
Así como la causa judicial “Apadrinados” pareció colocar en situación crítica a la matriz de poder político de Comodoro Rivadavia que encabezaba el ex intendente Néstor Di Pierro, las causas “El Embrujo” y “Revelación” ponen en jaque ahora al dispositivo organizado desde Trelew y Rawson que aseguró control territorial y repetidos triunfos electorales en la era Das Neves. En buena medida, el Poder Judicial ordena el vacío de liderazgo en la política de Chubut. Arcioni intenta salir del laberinto por arriba, alejándose del macrismo y mostrándose como una opción modesta pero previsible en medio del caos.
A fines de 2016, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a 15 miembros de una banda que se dedicada al narcotráfico de cocaína y marihuana. Además de pedir que se investigaran los nexos de la banda con una parte significativa de la clase política comodorense, el TOF señaló como "sumamente llamativa y preocupante la fluidez de comunicación" de uno de esos condenados con el grupo de poder político liderado por Di Pierro, hoy miembro del directorio de YPF.
Desde entonces, poco y nada relevante ha ocurrido en el marco de la causa denominada “Apadrinados” –que sigue en manos de la jueza federal Eva Parcio de Seleme– en su impacto sobre el peronismo dominante en el sur de Chubut, y parece diluirse en la maraña de un expediente gigantesco que duerme el sueño de los justos.
Es evidente que el progreso –al menos aparente– de las causas “El Embrujo” y “Revelación” ha sido vertiginoso desde la detención de Diego Correa, aquel hombre duro y parco que gozara de la máxima confianza de Das Neves hasta su muerte. La agenda pasó de hablar de post dasnevismo a centrarse en la post corrupción.
Con imputados y detenidos del nivel político de Gonzalo Carpintero –ex secretario privado–, Pablo Oca –ex ministro de Economía–, Víctor Cisterna –ex jefe de Gabinete–; empresarios como Patricio Musante, Daniel Russo, Pablo Bastida, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Esteban Torraca, Oscar Peña y Federico Piccione; y el periodista Andrés Ninín –que fungiera como responsable de prensa de la Legislatura y de Canal 9– la situación devastó a la dirigencia de Chubut Somos Todos y dejó en estado de parálisis a la política provincial como no se veía desde la salida anticipada del poder del gobernador Néstor Perl.
Mientras los abogados defensores trabajan para demostrar incongruencias en la aplicación del código por parte de los fiscales –se hace evidente tanto el trato desparejo a personas que según los testimonios parecen haber incurrido en acciones similares como la historia despareja de los propios fiscales, por ejemplo– la incógnita mayor consiste en dilucidar en qué medida lograrán probar la responsabilidad de los imputados de mayor calibre político y económico, justificar en cada caso la utilización adecuada del instituto de la prisión preventiva, avanzar con carátulas aplicadas como la de asociación ilícita –de compleja demostración– e identificar a actores que están detrás de las grandes operaciones en torno de la obra pública pero no aparecen sino a través de representantes.
Si se observa la duración promedio de las causas de corrupción en la Argentina –11 años según relevamiento del CELS– y las consecuencias de una causa como “Apadrinados” –donde hasta el momento solo han sido condenados actores de segunda o tercera línea o “perejiles” según el habla popular– las chances de que se arribe a un escenario de impunidad selectiva no resultan menores sino evidentes.
Y dónde está la política
De la inmovilidad política provocada por el estallido de las causas de corrupción intentaron salir los diputados del Frente para la Victoria, presentándose como querellantes tanto en “El Embrujo” como en “Revelación”. En paralelo, tratan de obtener crédito social por su denuncia pionera en el marco de la malversación de fondos en la asistencia a las víctimas del temporal de Comodoro Rivadavia.
El gobernador Arcioni, por su parte, intenta un equilibrio delicado entre su pertenencia original a Chubut Somos Todos –el partido al que pertenece o perteneció buena parte de los acusados–, su apoyo institucional a la tarea de los fiscales –que al comienzo de esta historia se manifestaba incluso con la presencia mediática de su controvertido secretario de Seguridad Santiago Massoni en operativos y allanamientos– y su prescindencia –hasta llegar al “desconocimiento”, como se dice en la jerga de la calle– de actores políticos y empresarios de su conocimiento personal involucrados en este tsunami que podría ser terminal para muchos.
Arcioni logró sacarse de encima el larguísimo conflicto con docentes y estatales que dejó durante meses a Chubut en estado de asamblea y a la administración en la inoperancia total.
Tras meses de seguidismo estéril, el gobernador reaccionó ante el plan de desguace macrista que puede quebrar definitivamente a las provincias patagónicas –así lo describió el senador Alfredo Luenzo con rasgos de su oficio de periodista sagaz– y se lanzó a la constitución de un frente patagónico anti ajuste en el que procurará ocupar una posición de liderazgo dentro de un club de gobernadores variopinto.
Arcioni no retrocede ni siquiera ante los pronósticos más agoreros, y no solo procura relanzar su gestión jaqueada por decenas de problemas con una planificación anticipada para el segundo semestre de este año –ya el uso del término “planificación” suena novedoso en este contexto de biblia y calefón– sino también colocarse en la grilla de candidatos para 2019 con alianzas como la que trata de establecer con el imprevisible y huidizo Adrián Maderna. Todo parece indicar que Arcioni no se rendirá con un suspiro. Será “a plata o mierda”, como se dice en el campo.
Desde distintos rincones del tablero lo miran con sorna Carlos Linares, Gustavo Menna y Ricardo Sastre. El primero tendrá opciones concretas si toma la decisión de avanzar con su candidatura desde el sur pletórico de rechazo al macrismo y el Valle, mientras empieza a tomar posición crítica en su discurso contra un gobernador al que hasta hace poco apañaba pero sin tomarlo en serio.
A Menna lo esmerilan tanto las políticas de Macri –imposibles de barrer bajo la alfombra de un discurso prolijo pero anodino– como los desplantes crecientes de los radicales que vuelven a sentir algo de vergüenza y a recordar qué bueno era Alfonsín.
A Sastre le empiezan a disgustar un poco los cantos de sirena del frigerismo, pero sueña con estar en alguna fórmula, de uno o de dos, pero estar. Los tres tienen algo en común: les sirve que Arcioni llegue a 2019. Como sea, pero que llegue sin convocar a elecciones anticipadas.
Por ahora, la tan llorada muerte de Das Neves –sumada a la de otros de su generación como Marcelo Guinle, en cierto modo su antítesis– dejó a la política en manos de la Justicia (mejor dicho, del Poder Judicial).
En el plano empresario, la prisión de Cristóbal López y la ausencia final de referentes como Vicente Torraca producen un efecto similar. No se puede desconocer, al menos irónicamente, que algunos de los jóvenes empresarios ahora detenidos intentaban lograr una renovación generacional en las cámaras que reúnen a los empresarios de la construcción, ni que López era un gran empleador en sentido cuantitativo.
Un lector calificado de estos artículos calificó a uno de los más recientes –tal vez despectivamente– como “un guión para (Werner) Herzog”. ¿La política de Chubut se convirtió en “Los enanos también nacen pequeños”, en “Fitzcarraldo” o en “Aguirre, la ira de Dios”?
La Oficina Anticorrupción
En su propio sitio web (www.anticorrupcionchu.gov.ar) la Oficina Anticorrupción de la Provincia de Chubut describe su función y responsabilidades. La cita es extensa –los subrayados son míos– pero merece la pena dedicar unos segundos a su lectura:
“Este Organismo fue creado a finales de 1999, mediante la ley N° 4520, y comenzó a funcionar el 15 de Mayo del año 2000. Originariamente se denominó “Fiscalía de Investigaciones Administrativas” y funcionó hasta el año 2004, año en el que se sanciona la ley I N° 267 (Ex - 5130) por medio de la cual se le asigna su actual denominación “Oficina Anticorrupción” y se establece como un Organismo creado en el ámbito de la Legislatura de la Provincia del Chubut, encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por la citada ley, se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Ley Nacional Nº 24.759, como así también toda otra irregularidad funcional y/o violaciones a los deberes de funcionario público. Las Naciones Unidas consideran que la corrupción tiene efectos devastadores sobre las “economías que pasan por una situación difícil”. La corrupción vacía las arcas de los Estados, arruina el libre comercio y ahuyenta a los inversionistas. El Banco Mundial ha señalado que el pago de sobornos a los funcionarios públicos representa un alto costo para las empresas, lo que las mueve a declarar a las autoridades menores ventas, costos y nómina, para pagar menos impuestos. Por supuesto que el Estado pierde una cantidad sustancial de sus ingresos y los ciudadanos de escasos recursos llevan la peor parte al tener que pagar mayores impuestos y recibiendo menos beneficios sociales. La corrupción reduce los ingresos impositivos y aduaneros de muchos países en transición y en desarrollo. Los impuestos se evaden mediante el contrabando y mediante transacciones no asentadas en los libros y una contabilidad fraudulenta. La delincuencia organizada puede usar deliberadamente la corrupción para aumentar su participación en los mercados ilegales. Por ejemplo, los que trafican con el juego y con la droga en América del Norte y en América Latina han pagado a los funcionarios para que hagan redadas entre sus competidores o los mantengan alejados del país, según observa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”.
Los logros de la institución son módicos, al menos en su visibilidad. Una parte –exigua, es cierto– del periodismo intenta excepcionalmente realizar la tarea de investigación que no llevan a cabo la Oficina Anticorrupción o el Poder Judicial. Las instituciones públicas suelen no estar a la altura de sus responsabilidades, o flamean como banderas ante el cambio de los vientos políticos.
