Patagonia
Nación fuerza la estrategia para insistir en la central nuclear en Río NegroA través de interpretaciones judiciales tratará de eludir la ley provincial que prohíbe su instalación. La consulta. Votó sólo el 24% del padrón de Sierra Grande. El 85% por el sí y el 15% por el no.
A mediados de febrero, el gobierno nacional, a través del Municipio de Sierra Grande, pondrá en marcha una estrategia judicial para insistir en la instalación de la central nuclear en Río Negro. Buscará derribar una ley provincial que impide su instalación en el territorio rionegrino, desoyendo el fuerte rechazo que generó el proyecto, para avanzar con una instalación cuyas características técnicas y potencial peligrosidad se desconocen.
La posible estrategia diseñada por Nación contempla que, a través de Energía, dicte una norma que disponga la localización de la central nuclear en Sierra Grande. Esta formalidad abriría al Municipio el camino para avanzar en la Justicia, con un recurso de “conflictos de intereses y de inconstitucionalidad”.
Un equipo legal –que integran la constitucionalista Marcela Basterra, el exdiputado y exministro radical Oscar Machado y, entre otros, los letrados Micaela Santolaria y Pedro Casariego- evalúan antecedentes y opciones jurídicas. Los primeros argumentos: reivindicar la potestad de Nación del manejo de la actividad nuclear –fijada en la ley 24804– y la decisión municipal de Sierra Grande de permitir el asentamiento de una planta.
Actualmente, la instalación está prohibida en Río Negro por la ley Nº 5227, promulgada en setiembre pasado. Aún así, el proyecto siguió latente y, por ejemplo, nunca existió resignación de parte del intendente serrano, Nelson Iribarren. Así, se lo había hecho saber a Nación y, en esa línea, idearon un proceso, previa realización de una consulta popular en Sierra Grande para su reimpulso.
El 17 de diciembre, esa localidad votó por “Si” o “No” a la planta nuclear. Con baja concurrencia (24%) y sin fiscalización independiente ni participación de la oposición –que llamó a no participar–, el Municipio anunció un triunfo de los que están a favor de la instalación. Este respaldo –según los datos oficiales, del 85%– servirá a la Nación y al Municipio para insistir con el proyecto.
A principios de enero, en Villa La Angostura, el presidente Mauricio Macri le adelantó la decisión al gobernador Alberto Weretilneck. “Plantean llevarlo adelante. Yo le dije que la provincia fijó su posición aunque yo creo que la planta es importante y trascendente. El gobierno (provincial) se expresó con la ley que dice que no puede haber una planta nuclear. Pero, si el gobierno nacional o Cambiemos considera que ellos pueden llevarla adelante, entonces sabrán como hacerlo”, declaró Weretilneck.
Así, Macri entendió que el gobernador no obstruirá su intento. En cambio, el vicegobernador Pedro Pesatti promete una activa resistencia. El diputado macrista Sergio Wisky encabeza el empuje nacional. “Esa instalación sería extraordinaria”, afirmó.
La reaparición del proyecto correspondió al senador Miguel Pichetto, que lo retomó el mismo día de la elección de octubre pasado. Sus fundamentos: “la extensa trayectoria en materia nuclear” de Río Negro, con el Invap y sus reactores; significa la “inversión más grande de la historia de la provincia”, con “más empleo” en “cantidad y calidad”; y la “energía nuclear juega un rol clave para bajar la emisión de dióxido de carbono (CO2), contribuyendo a la protección del medio ambiente”. La propone para Sierra Grande ya que está “gravemente afectada por diferentes crisis económicas, que la condenan a un futuro incierto”.
En Sierra Grande, Iribarren apura a la Nación para cumplir con el trámite de localización y avanzar en la acción judicial frente al STJ. Esa formalización daría cierto cuerpo al proyecto y, consecuentemente, razones municipales para su reclamo judicial. Quiere evitar un traspié formal, como ya ocurrió. A fin de año, este tribunal declaró “improcedente” un recurso del barilochense Antonio Sánchez, que pedía la inconstitucionalidad de la ley de prohibición. La Justicia ni profundizó el análisis ya que cuestionó la legitimidad del accionante.
Hay voces en defensa de la ley y contrario a los pasos nacionales. La senadora Magdalena Odarda, con residencia en Sierra Grande, reafirma que “es constitucional y válida” mientras advirtió del “lobby” del gobierno nacional para “avanzar en la central en Río Negro, a pesar del multitudinario rechazo”. Reivindica el “desarrollo eólico” y cuestiona que no es explotado en la provincia. Odarda sale al cruce de la ofensiva nacional y advierte que la ley Nº 24804 también establece que los “emplazamientos nucleares deben tener la aprobación de los estados provinciales y que las provincias son autónomas en esa decisión”, sobretodo “las que pueden afectar al ambiente”.
Fuente: Río Negro
A mediados de febrero, el gobierno nacional, a través del Municipio de Sierra Grande, pondrá en marcha una estrategia judicial para insistir en la instalación de la central nuclear en Río Negro. Buscará derribar una ley provincial que impide su instalación en el territorio rionegrino, desoyendo el fuerte rechazo que generó el proyecto, para avanzar con una instalación cuyas características técnicas y potencial peligrosidad se desconocen.
La posible estrategia diseñada por Nación contempla que, a través de Energía, dicte una norma que disponga la localización de la central nuclear en Sierra Grande. Esta formalidad abriría al Municipio el camino para avanzar en la Justicia, con un recurso de “conflictos de intereses y de inconstitucionalidad”.
Un equipo legal –que integran la constitucionalista Marcela Basterra, el exdiputado y exministro radical Oscar Machado y, entre otros, los letrados Micaela Santolaria y Pedro Casariego- evalúan antecedentes y opciones jurídicas. Los primeros argumentos: reivindicar la potestad de Nación del manejo de la actividad nuclear –fijada en la ley 24804– y la decisión municipal de Sierra Grande de permitir el asentamiento de una planta.
Actualmente, la instalación está prohibida en Río Negro por la ley Nº 5227, promulgada en setiembre pasado. Aún así, el proyecto siguió latente y, por ejemplo, nunca existió resignación de parte del intendente serrano, Nelson Iribarren. Así, se lo había hecho saber a Nación y, en esa línea, idearon un proceso, previa realización de una consulta popular en Sierra Grande para su reimpulso.
El 17 de diciembre, esa localidad votó por “Si” o “No” a la planta nuclear. Con baja concurrencia (24%) y sin fiscalización independiente ni participación de la oposición –que llamó a no participar–, el Municipio anunció un triunfo de los que están a favor de la instalación. Este respaldo –según los datos oficiales, del 85%– servirá a la Nación y al Municipio para insistir con el proyecto.
A principios de enero, en Villa La Angostura, el presidente Mauricio Macri le adelantó la decisión al gobernador Alberto Weretilneck. “Plantean llevarlo adelante. Yo le dije que la provincia fijó su posición aunque yo creo que la planta es importante y trascendente. El gobierno (provincial) se expresó con la ley que dice que no puede haber una planta nuclear. Pero, si el gobierno nacional o Cambiemos considera que ellos pueden llevarla adelante, entonces sabrán como hacerlo”, declaró Weretilneck.
Así, Macri entendió que el gobernador no obstruirá su intento. En cambio, el vicegobernador Pedro Pesatti promete una activa resistencia. El diputado macrista Sergio Wisky encabeza el empuje nacional. “Esa instalación sería extraordinaria”, afirmó.
La reaparición del proyecto correspondió al senador Miguel Pichetto, que lo retomó el mismo día de la elección de octubre pasado. Sus fundamentos: “la extensa trayectoria en materia nuclear” de Río Negro, con el Invap y sus reactores; significa la “inversión más grande de la historia de la provincia”, con “más empleo” en “cantidad y calidad”; y la “energía nuclear juega un rol clave para bajar la emisión de dióxido de carbono (CO2), contribuyendo a la protección del medio ambiente”. La propone para Sierra Grande ya que está “gravemente afectada por diferentes crisis económicas, que la condenan a un futuro incierto”.
En Sierra Grande, Iribarren apura a la Nación para cumplir con el trámite de localización y avanzar en la acción judicial frente al STJ. Esa formalización daría cierto cuerpo al proyecto y, consecuentemente, razones municipales para su reclamo judicial. Quiere evitar un traspié formal, como ya ocurrió. A fin de año, este tribunal declaró “improcedente” un recurso del barilochense Antonio Sánchez, que pedía la inconstitucionalidad de la ley de prohibición. La Justicia ni profundizó el análisis ya que cuestionó la legitimidad del accionante.
Hay voces en defensa de la ley y contrario a los pasos nacionales. La senadora Magdalena Odarda, con residencia en Sierra Grande, reafirma que “es constitucional y válida” mientras advirtió del “lobby” del gobierno nacional para “avanzar en la central en Río Negro, a pesar del multitudinario rechazo”. Reivindica el “desarrollo eólico” y cuestiona que no es explotado en la provincia. Odarda sale al cruce de la ofensiva nacional y advierte que la ley Nº 24804 también establece que los “emplazamientos nucleares deben tener la aprobación de los estados provinciales y que las provincias son autónomas en esa decisión”, sobretodo “las que pueden afectar al ambiente”.
Fuente: Río Negro
