Petróleo
Santa Cruz ya tiene acordada la tenencia de las acciones de YPFLuego de que esta semana se ratificara el acuerdo con Repsol por parte del Congreso, la Nación deberá disponer la cancelación de los 5 mil millones de dólares pactados. Mientras las provincias productoras debaten si podrán o no hacer frente al pago de las acciones, Santa Cruz, mediante un acuerdo firmado en 2012, ya tiene compensadas las mismas con los beneficios del acuerdo de prórroga. Ahora será una comisión técnica la que hará las evaluaciones pertinentes.
Esta semana la Cámara de Diputados terminó de dar la ratificación al acuerdo que alcanzara meses atrás la Nación con la empresa española para el pago de dichas acciones.
En el convenio rubricado con Repsol, el gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1 de mayo la ley votada por el Congreso, que contempla, además, la autorización para la emisión de los títulos públicos que serán destinados al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.
Contempla una compensación de 5.000 millones de dólares en títulos públicos “por la expropiación” y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados por este litigio.
El “convenio de solución amigable y advenimiento de expropiación” contempla la entrega de cuatro tipos de bonos, con rentabilidad en dólares que va de 7 a 8,75% y que el Estado empezará a pagar el año próximo, al filo del recambio de gobierno, y saldará del todo dentro de 20 años. La emisión más importante será de un bono nuevo (Bonar 2024) por 3.250 millones de dólares, a 10 años, con una tasa de 8,75%. A eso se sumarán US$ 500 millones en Bonar X (vence en 2017, con una tasa de 7%) y US$ 1.250 millones en Discount 33 (20 años; a 8,26%).
Las provincias
En la actualidad está en debate si las provincias petroleras deberán afrontar o no el pago de la cuota parte de los bonos que se corresponden con su participación accionaria en la empresa.
En el análisis del Congreso se contrapusieron opiniones que iban en uno u otro sentido.
Pero mientras varios gobernadores, entre ellos el chubutense Martín Buzzi, advirtieron que no podrían hacer frente a esa obligación, Santa Cruz tiene gran parte del camino avanzado.
Es que cuando en noviembre de 2012 la provincia firmó con YPF el contrato de prórroga de las concesiones de las áreas hidrocarburíferas santacruceñas, lo hizo con condiciones económicas que eran favorables a la entonces ya petrolera estatal, declinando algunas condiciones que establece la marco provincial para las extensiones de las áreas (3.117).
Esto se hizo porque en simultáneo a firmar el acuerdo con el CEO de YPF, Miguel Galuccio, también el gobernador rubricó un convenio con el Gobierno Nacional que estaba representado por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el de Economía, Axel Kicillof.
Compensaciones
En ese acuerdo se inicia el proceso de traspaso de la transferencia de acciones, en el marco del Pacto Federal firmado en agosto de 2012. En su momento se señaló que todas las concesiones que están por fuera de la Ley 3.117 “se acordaron en función de este traspaso”, dijo el Gobierno Provincial.
En aquella oportunidad se aclaró que la transferencia efectiva de las acciones (hasta la actualidad la posesión la tiene la Nación y también el manejo de los dividendos) se dará, “por parte de la Nación una vez culminado el proceso de expropiación con Repsol”, a sabiendas que eso tardaría un tiempo.
Esas “concesiones” por fuera de la ley marco fueron varias:
- La extensión de las áreas en vez de hacerse sólo por 10 años, se hizo sumando otros 15 años, totalizando 25 años de plazo. Aunque el canon de prórroga fijado sólo abarcó los primeros diez años.
- Si el barril supera los 70 dólares, YPF no deberá pagar la regalía por “renta extraordinaria” que se fijó en la ley en un 30%, y continuará, por lo tanto, liquidando el 15% (12+3) como ocurre al día de hoy.
- El monto final del canon de prórroga no sólo fue fijado por los primeros 10 años y no por los 25 que durará la extensión, sino que el valor acordado fue, incluso, inferior al previsto según la fórmula establecida por la ley. Esta planteaba un canon de entre 350 y 400 millones de dólares y el acuerdo fue por 201 millones de dólares.
Pero además el Gobierno Provincial, en el acuerdo firmado con Nación, también se comprometió a pagar, (y lo viene haciendo desde aquella fecha) 60 cuotas iguales y consecutivas de 1 millón de dólares cada una, en efectivo. Esta cuota se descuenta mensualmente del pago mensual por 27 millones de dólares que realiza en concepto del canon, YPF.
Esto, en un todo, ahora deberá ser valuado por una comisión técnica bipartita (Nación-Provincia), la que deberá fijar el valor entre lo que hubiese sido el monto real que Santa Cruz debería haber percibido en concepto de canon y el valor a pagar por las acciones que lo fijó el acuerdo alcanzado por Repsol.
Santa Cruz debe afrontar por el paquete accionario 500 millones de dólares, en tanto que, según fuentes provinciales revelaron a E4, “el canon por los 25 años, más los otros beneficios, descontado lo que ya pagó YPF, daría un saldo a favor de Santa Cruz de unos 200 millones de dólares”.
Pero será la compensación final que deberán consensuar ambos estados en el seno de esta comisión técnica la que verificará el monto final.
Recupero de ahorros
Días atrás, el jefe de Gabinete y director por Santa Cruz en YPF, se refirió al acuerdo logrado con Repsol y lo que significó la recuperación estatal de la empresa petrolera. “Las expectativas que teníamos sobre lo que significaría ello se van cumpliendo en partes, ya sea en inversión, extensión de las áreas, mayor actividad, y la incorporación y capacitación de mano de obra” resaltando que “desde la provincia estamos contentos” y que “hemos logrado en los últimos dos años que gran parte de la economía provincial se sostuviera por el cobro en cuotas del bono que se generó en la extensión de las áreas” dijo.
Asimismo destacó que “se recuperaron 500 millones de dólares en acciones, ahorros que la provincia en algún momento tuvo, y hoy podemos decir que volvemos a contar con esos ahorros pero en acciones de YPF” indicó Ivovich, al sostener luego que “al momento de extender nuestras áreas lo hicimos con una legislación especial con beneficios adicionales hacia YPF, los cuales se van compensar una vez aprobado definitivamente el acuerdo con REPSOL, por parte del Gobierno Nacional” lo cual indicaría “un ingreso importante a las arcas provinciales” destacó.
Fuente: La Opinión Austral
Esta semana la Cámara de Diputados terminó de dar la ratificación al acuerdo que alcanzara meses atrás la Nación con la empresa española para el pago de dichas acciones.
En el convenio rubricado con Repsol, el gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1 de mayo la ley votada por el Congreso, que contempla, además, la autorización para la emisión de los títulos públicos que serán destinados al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.
Contempla una compensación de 5.000 millones de dólares en títulos públicos “por la expropiación” y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados por este litigio.
El “convenio de solución amigable y advenimiento de expropiación” contempla la entrega de cuatro tipos de bonos, con rentabilidad en dólares que va de 7 a 8,75% y que el Estado empezará a pagar el año próximo, al filo del recambio de gobierno, y saldará del todo dentro de 20 años. La emisión más importante será de un bono nuevo (Bonar 2024) por 3.250 millones de dólares, a 10 años, con una tasa de 8,75%. A eso se sumarán US$ 500 millones en Bonar X (vence en 2017, con una tasa de 7%) y US$ 1.250 millones en Discount 33 (20 años; a 8,26%).
Las provincias
En la actualidad está en debate si las provincias petroleras deberán afrontar o no el pago de la cuota parte de los bonos que se corresponden con su participación accionaria en la empresa.
En el análisis del Congreso se contrapusieron opiniones que iban en uno u otro sentido.
Pero mientras varios gobernadores, entre ellos el chubutense Martín Buzzi, advirtieron que no podrían hacer frente a esa obligación, Santa Cruz tiene gran parte del camino avanzado.
Es que cuando en noviembre de 2012 la provincia firmó con YPF el contrato de prórroga de las concesiones de las áreas hidrocarburíferas santacruceñas, lo hizo con condiciones económicas que eran favorables a la entonces ya petrolera estatal, declinando algunas condiciones que establece la marco provincial para las extensiones de las áreas (3.117).
Esto se hizo porque en simultáneo a firmar el acuerdo con el CEO de YPF, Miguel Galuccio, también el gobernador rubricó un convenio con el Gobierno Nacional que estaba representado por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el de Economía, Axel Kicillof.
Compensaciones
En ese acuerdo se inicia el proceso de traspaso de la transferencia de acciones, en el marco del Pacto Federal firmado en agosto de 2012. En su momento se señaló que todas las concesiones que están por fuera de la Ley 3.117 “se acordaron en función de este traspaso”, dijo el Gobierno Provincial.
En aquella oportunidad se aclaró que la transferencia efectiva de las acciones (hasta la actualidad la posesión la tiene la Nación y también el manejo de los dividendos) se dará, “por parte de la Nación una vez culminado el proceso de expropiación con Repsol”, a sabiendas que eso tardaría un tiempo.
Esas “concesiones” por fuera de la ley marco fueron varias:
- La extensión de las áreas en vez de hacerse sólo por 10 años, se hizo sumando otros 15 años, totalizando 25 años de plazo. Aunque el canon de prórroga fijado sólo abarcó los primeros diez años.
- Si el barril supera los 70 dólares, YPF no deberá pagar la regalía por “renta extraordinaria” que se fijó en la ley en un 30%, y continuará, por lo tanto, liquidando el 15% (12+3) como ocurre al día de hoy.
- El monto final del canon de prórroga no sólo fue fijado por los primeros 10 años y no por los 25 que durará la extensión, sino que el valor acordado fue, incluso, inferior al previsto según la fórmula establecida por la ley. Esta planteaba un canon de entre 350 y 400 millones de dólares y el acuerdo fue por 201 millones de dólares.
Pero además el Gobierno Provincial, en el acuerdo firmado con Nación, también se comprometió a pagar, (y lo viene haciendo desde aquella fecha) 60 cuotas iguales y consecutivas de 1 millón de dólares cada una, en efectivo. Esta cuota se descuenta mensualmente del pago mensual por 27 millones de dólares que realiza en concepto del canon, YPF.
Esto, en un todo, ahora deberá ser valuado por una comisión técnica bipartita (Nación-Provincia), la que deberá fijar el valor entre lo que hubiese sido el monto real que Santa Cruz debería haber percibido en concepto de canon y el valor a pagar por las acciones que lo fijó el acuerdo alcanzado por Repsol.
Santa Cruz debe afrontar por el paquete accionario 500 millones de dólares, en tanto que, según fuentes provinciales revelaron a E4, “el canon por los 25 años, más los otros beneficios, descontado lo que ya pagó YPF, daría un saldo a favor de Santa Cruz de unos 200 millones de dólares”.
Pero será la compensación final que deberán consensuar ambos estados en el seno de esta comisión técnica la que verificará el monto final.
Recupero de ahorros
Días atrás, el jefe de Gabinete y director por Santa Cruz en YPF, se refirió al acuerdo logrado con Repsol y lo que significó la recuperación estatal de la empresa petrolera. “Las expectativas que teníamos sobre lo que significaría ello se van cumpliendo en partes, ya sea en inversión, extensión de las áreas, mayor actividad, y la incorporación y capacitación de mano de obra” resaltando que “desde la provincia estamos contentos” y que “hemos logrado en los últimos dos años que gran parte de la economía provincial se sostuviera por el cobro en cuotas del bono que se generó en la extensión de las áreas” dijo.
Asimismo destacó que “se recuperaron 500 millones de dólares en acciones, ahorros que la provincia en algún momento tuvo, y hoy podemos decir que volvemos a contar con esos ahorros pero en acciones de YPF” indicó Ivovich, al sostener luego que “al momento de extender nuestras áreas lo hicimos con una legislación especial con beneficios adicionales hacia YPF, los cuales se van compensar una vez aprobado definitivamente el acuerdo con REPSOL, por parte del Gobierno Nacional” lo cual indicaría “un ingreso importante a las arcas provinciales” destacó.
Fuente: La Opinión Austral