Política
Se vienen los retiros voluntarios para achicar los empleados públicos de Chubut y la PatagoniaEl Gobierno Nacional estudia financiar la baja del empleo público en las provincias. En la Casa Rosada afirmaron que cada provincia interesada debe presentar un esquema que detalle la cantidad de empleados que desea incluir y los montos que necesitaría. El “acuerdo fiscal” pendiente de aprobación en la provincia, prevé retiros voluntarios. Chubut tiene 109 empleados públicos por cada mil habitantes. Una de las propuestas que se barajan se centra en que el Estado nacional abone los primeros siete meses y el 70 por ciento del salario de cada empleado que la provincia decida jubilar o incluir en un plan de retiro voluntario.
A nivel nacional el Ministerio de Trabajo contabilizó cerca de 3,5 millones de personas registradas en relación de dependencia en todos los niveles y jurisdicciones estatales. La mayor parte del empleo público se concentra en el ámbito provincial con el 66% que representa cerca de 2,3 millones de puestos.
Un estudio revela que Catamarca tiene 168 agentes públicos por cada mil habitantes, le siguen, La Rioja con 162, Capital Federal con 160, Tierra del Fuego con 160, Santa Cruz con 159, Neuquén con 143, Jujuy con 139, Río Negro con 116, Chubut con 109, y La Pampa con 107, en el lote de las diez provincias con mayor nivel de empleados públicos respecto a su población.
Estado sobredimensionado
Durante más de un lustro el empleo público se comportó como una bolsa de trabajo en la que se acumulaba gran parte de la población que se incorporaba al mercado laboral o que lo perdía en el ámbito privado, en particular en las provincias y municipios cuyos gastos se financian más con los recursos que cobra la Nación, o que distribuye muchas veces discrecionalmente, que con fondos que obtienen del cobro de Ingresos Brutos y tasas y contribuciones. En todos los casos, el principal aportante es el sector privado, sean empresas, sean empleados y familias, con los impuestos a sus ingresos y consumos.
Si bien esa fue una práctica dominante en la mayor parte de los últimos 70 años, en particular en los años recesivos, volvió a cobrar ímpetu en el lustro previo al cambio de Gobierno, cuando inexplicablemente se dio un giro en la política económica a favor de “vivir con lo nuestro y lo puesto”, que minó las posibilidades de crecimiento del sector privado que se había abocado a vender gran parte de su producción al mercado internacional, y debió conformarse con un limitado mercado interno. En 2015, el sector público fue casi el único generador de empleo, a un ritmo de 5,1% en la administración nacional; 3,8% en las provincias y 4,8% en los municipios; sumó 139 mil personas.
3,5 millones de agentes públicos
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Un análisis del Ministerio de Trabajo de aproximación al total de empleados públicos en el país, por el faltante de información de algunos organismos públicos provinciales (principalmente de Santa Cruz) y municipales, contabilizó cerca de 3,5 millones de personas registradas en relación de dependencia en todos sus niveles y jurisdicciones.
En términos generales se observa que la mayor parte del empleo público se concentra en el ámbito provincial: el 66% (cerca de 2,3 millones de puestos), fenómeno que se explica porque esas jurisdicciones tienen a su cargo los servicios de educación, la seguridad y la salud pública; 21% depende de la nación (741 mil puestos); y 13% de los estados municipales (452 mil personas).
Exigencia de metas fiscales
La semana pasada, el presidente Mauricio Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fueron claros. “Vamos a acompañar a las provincias que cumplan con las metas fiscales”, les dijo el Presidente a los tres gobernadores patagónicos con los que se reunió en los últimos días, y que tienen problemas para poner sus cuentan en orden.
A ese pedido desde lo más alto del poder se le sumó una “sugerencia”. En sus diálogos de la semana que pasó en Cumelén con Mariano Arcioni (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén), Macri reiteró el ofrecimiento a las provincias para que adhieran a un plan de financiamiento de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, incluido en la ley de responsabilidad fiscal firmada por Frigerio y los gobernadores.
“Es un apartado de esa ley en la que se invita a las provincias a adherir y, si se comprometen a iniciar un plan de retiros voluntarios, el Estado ayudaría”, afirmaron cerca del ministro Frigerio en torno al denominado “sistema de retiro voluntario para empleados provinciales” que el Presidente adelantó a los gobernadores.
Las alternativas
Una de las propuestas que se barajan se centra en que el Estado nacional abone los primeros siete meses y el 70 por ciento del salario de cada empleado que la provincia decida jubilar o incluir en un plan de retiro voluntario.
Otra fuente de ese mismo ministerio agregó que hay otras propuestas en danza, como el pago del sueldo a empleados con años suficientes de aporte, pero a los que les faltan algunos pocos años para alcanzar la edad que les permita jubilarse. “Es una alternativa que beneficia a los empleados que se quieren ir, aunque el riesgo es que con el retiro voluntario se vayan del Estado los más capaces”, reflexionó una fuente oficial.
No hay estimaciones del monto que debería aportar el Estado, aunque sí se barajan vías para hacer efectivas las erogaciones: podría hacerse por medio de aportes del Tesoro nacional o fondos del recién creado Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.
Según el Gobierno, varias de las provincias que escucharon la propuesta general del Presidente -y no solo las patagónicas- se mostraron interesadas en la propuesta. “No nos viene mal, al contrario, estamos buscando optimizar el gasto en recursos humanos”, afirmaron cerca de Weretilneck.
Cada una debe presentar un plan
Temerosos de que la propuesta genere una demanda excesiva a la que no puedan responder, en la Casa Rosada afirmaron que cada provincia interesada debe presentar un esquema en el que detalle la cantidad de empleados que desea incluir y los montos que necesitaría. “Cuando lleguen las propuestas de cada uno las analizaremos, tomando en cuenta la dimensión de la planta de cada provincia y la factibilidad de ayudarlos”, detallaron.
Según la ley de responsabilidad fiscal, las provincias se comprometieron a no aumentar su base de personal, y solo tomar nuevos empleados en rubros sociales, como salud, educación y seguridad, cuando sea estrictamente necesario.
Rebaja de Ingresos Brutos
También hay un compromiso de los gobernadores de bajar impuestos -sobre todo Ingresos Brutos, una de las obsesiones del Presidente- y de no aumentar el gasto de provincias y municipios. “Estamos muy preocupados y ocupados en el gasto provincial y comunal. Una gran parte de ese gasto es en personal, la idea es no aumentarlo y si es posible bajarlo a través de retiros voluntarios”, afirmaron cerca del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien está a cargo de la reglamentación de la ley.
Acepten o no la “ayuda” del Gobierno, las provincias estarán en la mira durante 2018 y lo saben. “Vamos a estar muy encima de esa ley y la del pacto fiscal. Necesitamos que se cumplan para bajar el déficit y tenemos herramientas para hacerla cumplir”, advierten en el Palacio de Hacienda. Y dan como ejemplo de esas “herramientas” las transferencias de dinero fresco y los permisos de endeudamiento en el exterior, como para que nadie diga que no le avisaron.
Cuentas en rojo
No por casualidad Macri empezó por las provincias patagónicas, que -incluida la Santa Cruz de Alicia Kirchner- tienen sus cuentas en rojo. Salta y Chaco, ambas gobernadas por dirigentes peronistas conciliadores con el Gobierno, también están en la mira por el “desorden” de sus cuentas públicas, mientras que en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda reconocen que Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba y San Luis son de las más ordenadas.
No creemos que se presenten más de diez provincias, porque no todas necesitan de esa ayuda para ordenar su planta de empleados”, especularon en el Gobierno frente al flamante plan de reducción de la planta estatal provincial, que según un macrista memorioso tiene bastante en común con el que Macri implementó en la ciudad durante sus años como jefe de gobierno porteño.
Fuente: Diario de Madryn
A nivel nacional el Ministerio de Trabajo contabilizó cerca de 3,5 millones de personas registradas en relación de dependencia en todos los niveles y jurisdicciones estatales. La mayor parte del empleo público se concentra en el ámbito provincial con el 66% que representa cerca de 2,3 millones de puestos.
Un estudio revela que Catamarca tiene 168 agentes públicos por cada mil habitantes, le siguen, La Rioja con 162, Capital Federal con 160, Tierra del Fuego con 160, Santa Cruz con 159, Neuquén con 143, Jujuy con 139, Río Negro con 116, Chubut con 109, y La Pampa con 107, en el lote de las diez provincias con mayor nivel de empleados públicos respecto a su población.
Estado sobredimensionado
Durante más de un lustro el empleo público se comportó como una bolsa de trabajo en la que se acumulaba gran parte de la población que se incorporaba al mercado laboral o que lo perdía en el ámbito privado, en particular en las provincias y municipios cuyos gastos se financian más con los recursos que cobra la Nación, o que distribuye muchas veces discrecionalmente, que con fondos que obtienen del cobro de Ingresos Brutos y tasas y contribuciones. En todos los casos, el principal aportante es el sector privado, sean empresas, sean empleados y familias, con los impuestos a sus ingresos y consumos.
Si bien esa fue una práctica dominante en la mayor parte de los últimos 70 años, en particular en los años recesivos, volvió a cobrar ímpetu en el lustro previo al cambio de Gobierno, cuando inexplicablemente se dio un giro en la política económica a favor de “vivir con lo nuestro y lo puesto”, que minó las posibilidades de crecimiento del sector privado que se había abocado a vender gran parte de su producción al mercado internacional, y debió conformarse con un limitado mercado interno. En 2015, el sector público fue casi el único generador de empleo, a un ritmo de 5,1% en la administración nacional; 3,8% en las provincias y 4,8% en los municipios; sumó 139 mil personas.
3,5 millones de agentes públicos
CLIC PARA AMPLIAR
Un análisis del Ministerio de Trabajo de aproximación al total de empleados públicos en el país, por el faltante de información de algunos organismos públicos provinciales (principalmente de Santa Cruz) y municipales, contabilizó cerca de 3,5 millones de personas registradas en relación de dependencia en todos sus niveles y jurisdicciones.
En términos generales se observa que la mayor parte del empleo público se concentra en el ámbito provincial: el 66% (cerca de 2,3 millones de puestos), fenómeno que se explica porque esas jurisdicciones tienen a su cargo los servicios de educación, la seguridad y la salud pública; 21% depende de la nación (741 mil puestos); y 13% de los estados municipales (452 mil personas).
Exigencia de metas fiscales
La semana pasada, el presidente Mauricio Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fueron claros. “Vamos a acompañar a las provincias que cumplan con las metas fiscales”, les dijo el Presidente a los tres gobernadores patagónicos con los que se reunió en los últimos días, y que tienen problemas para poner sus cuentan en orden.
A ese pedido desde lo más alto del poder se le sumó una “sugerencia”. En sus diálogos de la semana que pasó en Cumelén con Mariano Arcioni (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén), Macri reiteró el ofrecimiento a las provincias para que adhieran a un plan de financiamiento de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, incluido en la ley de responsabilidad fiscal firmada por Frigerio y los gobernadores.
“Es un apartado de esa ley en la que se invita a las provincias a adherir y, si se comprometen a iniciar un plan de retiros voluntarios, el Estado ayudaría”, afirmaron cerca del ministro Frigerio en torno al denominado “sistema de retiro voluntario para empleados provinciales” que el Presidente adelantó a los gobernadores.
Las alternativas
Una de las propuestas que se barajan se centra en que el Estado nacional abone los primeros siete meses y el 70 por ciento del salario de cada empleado que la provincia decida jubilar o incluir en un plan de retiro voluntario.
Otra fuente de ese mismo ministerio agregó que hay otras propuestas en danza, como el pago del sueldo a empleados con años suficientes de aporte, pero a los que les faltan algunos pocos años para alcanzar la edad que les permita jubilarse. “Es una alternativa que beneficia a los empleados que se quieren ir, aunque el riesgo es que con el retiro voluntario se vayan del Estado los más capaces”, reflexionó una fuente oficial.
No hay estimaciones del monto que debería aportar el Estado, aunque sí se barajan vías para hacer efectivas las erogaciones: podría hacerse por medio de aportes del Tesoro nacional o fondos del recién creado Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.
Según el Gobierno, varias de las provincias que escucharon la propuesta general del Presidente -y no solo las patagónicas- se mostraron interesadas en la propuesta. “No nos viene mal, al contrario, estamos buscando optimizar el gasto en recursos humanos”, afirmaron cerca de Weretilneck.
Cada una debe presentar un plan
Temerosos de que la propuesta genere una demanda excesiva a la que no puedan responder, en la Casa Rosada afirmaron que cada provincia interesada debe presentar un esquema en el que detalle la cantidad de empleados que desea incluir y los montos que necesitaría. “Cuando lleguen las propuestas de cada uno las analizaremos, tomando en cuenta la dimensión de la planta de cada provincia y la factibilidad de ayudarlos”, detallaron.
Según la ley de responsabilidad fiscal, las provincias se comprometieron a no aumentar su base de personal, y solo tomar nuevos empleados en rubros sociales, como salud, educación y seguridad, cuando sea estrictamente necesario.
Rebaja de Ingresos Brutos
También hay un compromiso de los gobernadores de bajar impuestos -sobre todo Ingresos Brutos, una de las obsesiones del Presidente- y de no aumentar el gasto de provincias y municipios. “Estamos muy preocupados y ocupados en el gasto provincial y comunal. Una gran parte de ese gasto es en personal, la idea es no aumentarlo y si es posible bajarlo a través de retiros voluntarios”, afirmaron cerca del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien está a cargo de la reglamentación de la ley.
Acepten o no la “ayuda” del Gobierno, las provincias estarán en la mira durante 2018 y lo saben. “Vamos a estar muy encima de esa ley y la del pacto fiscal. Necesitamos que se cumplan para bajar el déficit y tenemos herramientas para hacerla cumplir”, advierten en el Palacio de Hacienda. Y dan como ejemplo de esas “herramientas” las transferencias de dinero fresco y los permisos de endeudamiento en el exterior, como para que nadie diga que no le avisaron.
Cuentas en rojo
No por casualidad Macri empezó por las provincias patagónicas, que -incluida la Santa Cruz de Alicia Kirchner- tienen sus cuentas en rojo. Salta y Chaco, ambas gobernadas por dirigentes peronistas conciliadores con el Gobierno, también están en la mira por el “desorden” de sus cuentas públicas, mientras que en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda reconocen que Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba y San Luis son de las más ordenadas.
No creemos que se presenten más de diez provincias, porque no todas necesitan de esa ayuda para ordenar su planta de empleados”, especularon en el Gobierno frente al flamante plan de reducción de la planta estatal provincial, que según un macrista memorioso tiene bastante en común con el que Macri implementó en la ciudad durante sus años como jefe de gobierno porteño.
Fuente: Diario de Madryn
