Patagonia
Tierras: Macri elimina todos los límites y libera los “paraísos” de Benetton y LewisPor Pablo Quintana (Esquel - Especial para EES).
La polémica por el decreto de Macri que flexibiliza la ley de tierras para extranjeros provoca controversias. Algunos números no cierran y se abren las ofertas para la venta de propiedades de grandes extensiones. El último relevamiento territorial realizado hace dos años en el país surgió de la Ley de Tierras 26.737 y dejó en evidencia que más de 50 distritos en 15 provincias habían superado el límite permitido de tenencia de tierras en manos de extranjeros. Esa misma ley fue modificada el pasado 30 de junio, a través del Decreto 820/2016, por el presidente Mauricio Macri. En cualquier mapa de Argentina se hace evidente que Luciano Benetton es el mayor propietario extranjero de tierras argentinas, a través de su empresa Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.
El territorio que posee Benetton atraviesa las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz y ocupa un total de 884.200 hectáreas. En Balcarce, provincia de Buenos Aires, tiene 15.800 hectáreas. Hasta la BBC –British Broadcasting Corporation, el conglomerado de medios públicos del Reino Unido– destacó en su momento que la multinacional tiene 900.000 hectáreas de campo en Argentina, “90.000 veces más de lo permitido por el proyecto de ley”. El informe fue publicado en 2011, cuando la ley de Tierras se debatía en el Congreso.La Cámara de Diputados aprobó esa iniciativa con 153 votos afirmativos, 26 negativos, una abstención y con 75 legisladores ausentes.
Entre los que estuvieron se destacan la hoy vicepresidenta Gabriela Michetti, la actual responsable de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, el ahora presidente provisional del Senado Federico Pinedo y el hoy ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Para terratenientes foráneos como Benetton, la preocupación por la posesiones de las propiedades no era materia de preocupación, al menos por lo que establecía la ley. En cambio, si le complicaría negocios inmobiliarios que podrían tener en adelante.
Piedra Parada en alerta
Los últimos días apareció en venta en inmobiliarias británicas la Estancia Rincón de los Leones, ubicada en inmediaciones de la reserva natural de Piedra Parada. Son unas 12.522 hectáreas que incluyen unos nueve kilómetros del recorrido del Río Chubut.
Según versiones, la propiedad figura desde 2005 en manos de la “Compañía de Tierras del Sud Argentino”. De acuerdo a los datos a los que pudo acceder El Extremo Sur, la valiosa propiedad fue escriturada el 8 de marzo del 2004 a nombre de Cristian Dario Nasif por una superficie exacta de 11.411 ha 29a 47ca., ubicada en el departamento Languineo. La preciada porción de tierra habría sido entregada al grupo italiano en 2005.
En los papeles, la estancia está administrada por la firma Rincón de los Leones S.A., que registra como presidente y titular a Juan Pablo Reynal y como director suplente a Miguel Patricio Murray.
Reynal, que además maneja Onside Entertainment LLC (empresa de espectáculos deportivos), The Outdoorsman Collection (vinculada al desarrollo inmobiliario) y Patagonia Media (empresa editorial), supo publicar en su red social de Facebook fotos de la Estancia allá por febrero del 2014 y en ellas afirma: "Juan Pablo Reynal, Mariam, Ricky y Max. Todos pioneros de Rincón de los Leones. Fueron y son parte de la historia de ese increíble y único lugar. Mi sueño de construir la casa más increíble de la Patagonia no hubiese sido posible sin ustedes”.
Si la Ley de Tierras siguiera vigente, tal cual como fue concebida, impondría restricciones en caso de un cambio de titularidad en la propiedad. En Chubut, la limitación que en 2011 se acordó entre las autoridades provinciales y Nación para la región oeste de la provincia, en donde se encuentra la Estancia Rincón de los Leones, es de nada más y nada menos que 10 mil hectáreas. Con lo cual el cambio en la titularidad implicaría, al menos, dos titulares extranjeros.
Coartadas de Macri
El propósito que esgrimió el gobierno nacional para avanzar sobre la modificación de la normativa fue la necesidad de actualizar la reglamentación del Código Civil y Comercial. Así empieza a echar por tierra la ley 26.737, tal cual como analiza la ex directora del Registro Nacional de Tierras Rurales y actual titular del Grupo de Apoyo Jurídico Para el Acceso a la Tierra (GAJAT), Florencia Gómez. La normativa permitía “correr el velo jurídico de las sociedades, es decir prevé analizar la composición accionaria de las empresas, así como los grandes capitales que las controlan”, esgrime en su análisis.
El relevamiento catastral y dominial efectuado por el Registro de Tierras, en el que trabajaron las 23 provincias del país por intermedio de sus catastros y registros de la propiedad inmueble, arrojó en 2013 que el 5,93 por ciento de tierras estaba en manos de extranjeros, es decir unas 15.800.000 hectáreas.
El informe del Registro Nacional Tierras Rurales dejaba en evidencia que la superficie de tierras rurales en manos de extranjeros en Chubut era de unas 949.858 ha de un total de 22.229.906, es decir un 4,27%. Algunos sostienen que los números se quedaron cortos.
Cushamen for export
De ese primer relevamiento, se especificaba que en el Departamento Cushamen (con una extensión de 16.250 km², en la que se incluyen localidades como Cholila, Epuyén, El Maitén, Gualjaina y Lago Puelo) se superaba con creces el límite del 15% de posesión extranjera.
Chubut se transformó en 2014 en una de las dieciséis provincias en aprobar sus equivalencias (Decreto 614/14) tal cual como lo constituía el decreto reglamentario de la legislación, hoy modificada por el macrismo. En la misma se establecía que los estados provinciales debían elevar sus propuestas de equivalencias al Consejo Interministerial de Tierras Rurales, considerando el límite a la adquisición de mil hectáreas impuesto por la ley en la zona núcleo, de acuerdo a las características locales, económicas, sociales y productivas de cada provincia.
Para muchos, aquella normativa le ponía un coto a los extranjeros que pretendieran adquirir tierras rurales en el país, para lo cual debían tramitar previamente un certificado de habilitación ante el Registro de Tierras. El objetivo final era poner limitaciones del 15% del territorio, a nivel nacional, provincial y subprovincial (partidos o departamentos); así como un 30% de una misma nacionalidad, sobre ese 15% del territorio y especificaba que las tierras que contemplaran espejos de agua importantes no podrían ser adquiridas por los foráneos.
“Con orgullo puedo decir que dejé el organismo con ocho personas altamente calificadas, con certificación ISO 9001, informatizado y con altos estándares de seguridad y gestión de calidad”, dice la abogada Gómez, que fue Directora Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales.
Las tierras y el paraíso
Hay un dato sorprendente que revela la letrada: más de un millón de hectáreas (1.113.654,85 Has), están en manos de empresas radicadas en los denominados “paraísos fiscales”, como Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo y otros lugares. De manera gráfica se podría decir que sólo en manos de firmas radicadas en esos paraísos fiscales está la propiedad de tierras que equivalen a 55 veces la superficie de Buenos Aires.
Gómez refuta el argumento de que aquella reglamentación frenaba inversiones. “Podemos decir que de los 186 tramites el 93,6% fue aprobado, en 3 años con solo 12 certificados denegados. Es decir, que las inversiones genuinas no especulativas pudieron llevarse adelante. Este Decreto 820/2016 impugnable por inconstitucional (un decreto no puede modificar una ley que tiene mayor jerarquía) es también nulo, de nulidad insanable y absoluta por lo que las operaciones llevadas a cabo en ese marco podrán ser cuestionadas judicialmente”, advirtió la letrada.
Lo que se viene
El decreto de Macri busca una celeridad que la ley de Tierras impedía para lograr un mayor control. Mientras que la normativa establecía la obligación de tramitar previamente el certificado de habilitación antes de la adquisición de tierras por parte de forasteros, el Decreto permite una rápida extranjerización al solo hecho de “comunicar” al Registro. Expresa textualmente: “no deberá solicitar certificado de habilitación… si la persona controlan supera los límites del Art.10 de la Ley 26.737 (cuerpos de agua y 1000 hectáreas o su equivalente en otra zona del país) tiene 90 días para readecuarse a la ley transmitiendo a través suyo o de sociedades controladas la propiedad de la tierra o modificando el tipo de explotación”.
En este sentido, Gómez subraya que “el Decreto demuestra un acabado desconocimiento del Derecho Público provincial y de las realidades provinciales, las facultades de ordenamiento territorial (cambios de uso de suelo, zonificaciones, fiscalización ambiental) son eminentemente provinciales y en algunos casos transferidas a los municipios. Por lo que la modificación del tipo de explotación supone la atomización del control, y resulta inocuo pues una vez adquirida la tierra, sobrepasados los límites de la Ley el extranjero no tiene sanción alguna”.
La abogada sostuvo que el decreto de Macri remite al tipo de explotación, destino o uso de la tierra que es materia del derecho administrativo o ambiental local, vinculada al ordenamiento territorial. “Una vez adquirida la tierra, no existe limitación alguna”, advirtió.
Lo más llamativo es que La ley de Tierras establecía que no afectaba derechos adquiridos. El Decreto aclara que no deberá vender quien haya adquirido previo a la vigencia de la ley, y si bien es una redundancia, la letrada sostiene que “inmediatamente a continuación habilita a compensar tierras que ya hayan sido adquiridas con anterioridad a la Ley, es decir Benetton podría entonces canjear sus 900.000 hectáreas por otras equivalentes en otras partes del país”.
Otro de los argumentos en la legislación fue la creación de parques, áreas o zonas industriales, sin más especificaciones. “Es decir –explica la directora de GAJAT- un Parque Industrial, aislado de 1000 hectáreas en la Selva de Misiones, como pretendió una empresa estadounidense que sea aprobado durante mi gestión en el organismo podría tener cabida según el Decreto 820/2016. Cabe aclarar que las excepciones están contenidas en la ley, y debieran ser aprobadas por el Congreso”.
Otros “lagos escondidos”
La medida del macrismo permite que las adquisiciones por sucesión hereditaria no pasen por el Registro. Otro ejemplo citado por Gómez es que las cerca de 400.000 hectáreas propiedad de Douglas Tompkins y sus empresas, en el Acuífero Guaraní pasarían sin limitación alguna a su viuda y descendientes.
Quizás la limitación sobre los espejos de agua que esgrimía la ley 26.737 para evitar que acontezca otro caso similar al de Joseph Lewis y su apropiación del Lago Escondido en Río Negro, era uno de los aspectos destacados de la norma. La misma establecía que un profesional debía verificar la inexistencia de esos cuerpos de agua y ser autenticado por la autoridad Provincial del Agua, como requisito del trámite atento a la competencia provincial sobre los recursos hídricos.
El Decreto de Macri, prevé que desde el Ministerio de Justicia podrán remitir a la provincia la consulta y si pasados diez días no hay respuestas queda aprobado tácitamente, es decir que notificada la Provincia, y si esta no responde o se extravía la documentación, puede significar la extranjerización de un lago, laguna o cuerpo de agua en contraposición a la Ley.
Otro dato llamativo de la medida interpuesta por Macri es que elimina ante incumplimientos cualquier mención e intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) encargada de prevenir el lavado de dinero y la propia AFIP.
Flojo de datos
Para el ambientalista Federico Soria calificó la ley de Tierras como una farsa. En su blog “Yo tampoco me callo”, Soria realizó un chequeo de los datos que el Registro Nacional de Tierras Rurales publicó en ese momento. Para Soria había datos que no se condecían con la realidad. Para ello compara tres departamentos de Mendoza con los registros que se habían dado a conocer oficialmente. “Estaban dibujados, muy por debajo”, sentenció.
Uno de los ejemplos es el registro en Las Heras (Mendoza) cuya superficie total es de 895.500 has. y cuyas principales propiedades están en manos de extranjeros, según cita en su blog. Estancia Yalguaraz (Coro Minning, Canadá) 180.000 has, donde se pretendía ubicar la explotación minera San Jorge, rechazada por la población; Estancia Villavicencio (Danone, Francia) 70.000 has, dueña de la conocida marca de agua mineral, producto que se origina allí mismo, donde se capta y envasa para su comercialización. “El mapa oficial del RNTR pone a Las Heras en el rango entre el 10 y el 15 % de tierras en manos de extranjeros, sin embargo esas dos únicas propiedades representan el 28% de la superficie del mismo”, subraya el informe de Soria.
“En ambos casos –la ley de Tierras surgida en el kirchnerismo y el decreto de Macri-, se trata exclusivamente de operaciones truchas de marketing político. Mientras tanto los terratenientes y las corporaciones siguen apropiándose del territorio y los bienes comunes, con el visto bueno de todos los estamentos del Estado, mientras la política partidaria criolla cacarea y la masa compra cualquier verdura”.
Amparo judicial en Chubut
Los diputados del FPV chubutense Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y José Grazzini junto con el concejal de Lago Puelo, Alejandro Marques, presentaron un amparo en la justicia federal que busca dejar sin efecto el decreto, declarándolo nulo por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta. En la medida presentada solicitan que se declare todo acto administrativo y jurídico que se haya dictado o realizado desde el dictado del Decreto y hasta que la sentencia quede firme.
En la presentación judicial sostienen que la flexibilización del dominio de las tierras con aptitud rural esconde la privatización de los reservorios de aguas potables, los alimentos, los yacimientos de hidrocarburos y de minerales estratégicos para el desarrollo informático como el sílice, el litio y el tungsteno".
La polémica por el decreto de Macri que flexibiliza la ley de tierras para extranjeros provoca controversias. Algunos números no cierran y se abren las ofertas para la venta de propiedades de grandes extensiones. El último relevamiento territorial realizado hace dos años en el país surgió de la Ley de Tierras 26.737 y dejó en evidencia que más de 50 distritos en 15 provincias habían superado el límite permitido de tenencia de tierras en manos de extranjeros. Esa misma ley fue modificada el pasado 30 de junio, a través del Decreto 820/2016, por el presidente Mauricio Macri. En cualquier mapa de Argentina se hace evidente que Luciano Benetton es el mayor propietario extranjero de tierras argentinas, a través de su empresa Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.
El territorio que posee Benetton atraviesa las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz y ocupa un total de 884.200 hectáreas. En Balcarce, provincia de Buenos Aires, tiene 15.800 hectáreas. Hasta la BBC –British Broadcasting Corporation, el conglomerado de medios públicos del Reino Unido– destacó en su momento que la multinacional tiene 900.000 hectáreas de campo en Argentina, “90.000 veces más de lo permitido por el proyecto de ley”. El informe fue publicado en 2011, cuando la ley de Tierras se debatía en el Congreso.La Cámara de Diputados aprobó esa iniciativa con 153 votos afirmativos, 26 negativos, una abstención y con 75 legisladores ausentes.
Entre los que estuvieron se destacan la hoy vicepresidenta Gabriela Michetti, la actual responsable de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, el ahora presidente provisional del Senado Federico Pinedo y el hoy ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Para terratenientes foráneos como Benetton, la preocupación por la posesiones de las propiedades no era materia de preocupación, al menos por lo que establecía la ley. En cambio, si le complicaría negocios inmobiliarios que podrían tener en adelante.
Piedra Parada en alerta
Los últimos días apareció en venta en inmobiliarias británicas la Estancia Rincón de los Leones, ubicada en inmediaciones de la reserva natural de Piedra Parada. Son unas 12.522 hectáreas que incluyen unos nueve kilómetros del recorrido del Río Chubut.
Según versiones, la propiedad figura desde 2005 en manos de la “Compañía de Tierras del Sud Argentino”. De acuerdo a los datos a los que pudo acceder El Extremo Sur, la valiosa propiedad fue escriturada el 8 de marzo del 2004 a nombre de Cristian Dario Nasif por una superficie exacta de 11.411 ha 29a 47ca., ubicada en el departamento Languineo. La preciada porción de tierra habría sido entregada al grupo italiano en 2005.
En los papeles, la estancia está administrada por la firma Rincón de los Leones S.A., que registra como presidente y titular a Juan Pablo Reynal y como director suplente a Miguel Patricio Murray.
Reynal, que además maneja Onside Entertainment LLC (empresa de espectáculos deportivos), The Outdoorsman Collection (vinculada al desarrollo inmobiliario) y Patagonia Media (empresa editorial), supo publicar en su red social de Facebook fotos de la Estancia allá por febrero del 2014 y en ellas afirma: "Juan Pablo Reynal, Mariam, Ricky y Max. Todos pioneros de Rincón de los Leones. Fueron y son parte de la historia de ese increíble y único lugar. Mi sueño de construir la casa más increíble de la Patagonia no hubiese sido posible sin ustedes”.
Si la Ley de Tierras siguiera vigente, tal cual como fue concebida, impondría restricciones en caso de un cambio de titularidad en la propiedad. En Chubut, la limitación que en 2011 se acordó entre las autoridades provinciales y Nación para la región oeste de la provincia, en donde se encuentra la Estancia Rincón de los Leones, es de nada más y nada menos que 10 mil hectáreas. Con lo cual el cambio en la titularidad implicaría, al menos, dos titulares extranjeros.
Coartadas de Macri
El propósito que esgrimió el gobierno nacional para avanzar sobre la modificación de la normativa fue la necesidad de actualizar la reglamentación del Código Civil y Comercial. Así empieza a echar por tierra la ley 26.737, tal cual como analiza la ex directora del Registro Nacional de Tierras Rurales y actual titular del Grupo de Apoyo Jurídico Para el Acceso a la Tierra (GAJAT), Florencia Gómez. La normativa permitía “correr el velo jurídico de las sociedades, es decir prevé analizar la composición accionaria de las empresas, así como los grandes capitales que las controlan”, esgrime en su análisis.
El relevamiento catastral y dominial efectuado por el Registro de Tierras, en el que trabajaron las 23 provincias del país por intermedio de sus catastros y registros de la propiedad inmueble, arrojó en 2013 que el 5,93 por ciento de tierras estaba en manos de extranjeros, es decir unas 15.800.000 hectáreas.
El informe del Registro Nacional Tierras Rurales dejaba en evidencia que la superficie de tierras rurales en manos de extranjeros en Chubut era de unas 949.858 ha de un total de 22.229.906, es decir un 4,27%. Algunos sostienen que los números se quedaron cortos.
Cushamen for export
De ese primer relevamiento, se especificaba que en el Departamento Cushamen (con una extensión de 16.250 km², en la que se incluyen localidades como Cholila, Epuyén, El Maitén, Gualjaina y Lago Puelo) se superaba con creces el límite del 15% de posesión extranjera.
Chubut se transformó en 2014 en una de las dieciséis provincias en aprobar sus equivalencias (Decreto 614/14) tal cual como lo constituía el decreto reglamentario de la legislación, hoy modificada por el macrismo. En la misma se establecía que los estados provinciales debían elevar sus propuestas de equivalencias al Consejo Interministerial de Tierras Rurales, considerando el límite a la adquisición de mil hectáreas impuesto por la ley en la zona núcleo, de acuerdo a las características locales, económicas, sociales y productivas de cada provincia.
Para muchos, aquella normativa le ponía un coto a los extranjeros que pretendieran adquirir tierras rurales en el país, para lo cual debían tramitar previamente un certificado de habilitación ante el Registro de Tierras. El objetivo final era poner limitaciones del 15% del territorio, a nivel nacional, provincial y subprovincial (partidos o departamentos); así como un 30% de una misma nacionalidad, sobre ese 15% del territorio y especificaba que las tierras que contemplaran espejos de agua importantes no podrían ser adquiridas por los foráneos.
“Con orgullo puedo decir que dejé el organismo con ocho personas altamente calificadas, con certificación ISO 9001, informatizado y con altos estándares de seguridad y gestión de calidad”, dice la abogada Gómez, que fue Directora Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales.
Las tierras y el paraíso
Hay un dato sorprendente que revela la letrada: más de un millón de hectáreas (1.113.654,85 Has), están en manos de empresas radicadas en los denominados “paraísos fiscales”, como Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo y otros lugares. De manera gráfica se podría decir que sólo en manos de firmas radicadas en esos paraísos fiscales está la propiedad de tierras que equivalen a 55 veces la superficie de Buenos Aires.
Gómez refuta el argumento de que aquella reglamentación frenaba inversiones. “Podemos decir que de los 186 tramites el 93,6% fue aprobado, en 3 años con solo 12 certificados denegados. Es decir, que las inversiones genuinas no especulativas pudieron llevarse adelante. Este Decreto 820/2016 impugnable por inconstitucional (un decreto no puede modificar una ley que tiene mayor jerarquía) es también nulo, de nulidad insanable y absoluta por lo que las operaciones llevadas a cabo en ese marco podrán ser cuestionadas judicialmente”, advirtió la letrada.
Lo que se viene
El decreto de Macri busca una celeridad que la ley de Tierras impedía para lograr un mayor control. Mientras que la normativa establecía la obligación de tramitar previamente el certificado de habilitación antes de la adquisición de tierras por parte de forasteros, el Decreto permite una rápida extranjerización al solo hecho de “comunicar” al Registro. Expresa textualmente: “no deberá solicitar certificado de habilitación… si la persona controlan supera los límites del Art.10 de la Ley 26.737 (cuerpos de agua y 1000 hectáreas o su equivalente en otra zona del país) tiene 90 días para readecuarse a la ley transmitiendo a través suyo o de sociedades controladas la propiedad de la tierra o modificando el tipo de explotación”.
En este sentido, Gómez subraya que “el Decreto demuestra un acabado desconocimiento del Derecho Público provincial y de las realidades provinciales, las facultades de ordenamiento territorial (cambios de uso de suelo, zonificaciones, fiscalización ambiental) son eminentemente provinciales y en algunos casos transferidas a los municipios. Por lo que la modificación del tipo de explotación supone la atomización del control, y resulta inocuo pues una vez adquirida la tierra, sobrepasados los límites de la Ley el extranjero no tiene sanción alguna”.
La abogada sostuvo que el decreto de Macri remite al tipo de explotación, destino o uso de la tierra que es materia del derecho administrativo o ambiental local, vinculada al ordenamiento territorial. “Una vez adquirida la tierra, no existe limitación alguna”, advirtió.
Lo más llamativo es que La ley de Tierras establecía que no afectaba derechos adquiridos. El Decreto aclara que no deberá vender quien haya adquirido previo a la vigencia de la ley, y si bien es una redundancia, la letrada sostiene que “inmediatamente a continuación habilita a compensar tierras que ya hayan sido adquiridas con anterioridad a la Ley, es decir Benetton podría entonces canjear sus 900.000 hectáreas por otras equivalentes en otras partes del país”.
Otro de los argumentos en la legislación fue la creación de parques, áreas o zonas industriales, sin más especificaciones. “Es decir –explica la directora de GAJAT- un Parque Industrial, aislado de 1000 hectáreas en la Selva de Misiones, como pretendió una empresa estadounidense que sea aprobado durante mi gestión en el organismo podría tener cabida según el Decreto 820/2016. Cabe aclarar que las excepciones están contenidas en la ley, y debieran ser aprobadas por el Congreso”.
Otros “lagos escondidos”
La medida del macrismo permite que las adquisiciones por sucesión hereditaria no pasen por el Registro. Otro ejemplo citado por Gómez es que las cerca de 400.000 hectáreas propiedad de Douglas Tompkins y sus empresas, en el Acuífero Guaraní pasarían sin limitación alguna a su viuda y descendientes.
Quizás la limitación sobre los espejos de agua que esgrimía la ley 26.737 para evitar que acontezca otro caso similar al de Joseph Lewis y su apropiación del Lago Escondido en Río Negro, era uno de los aspectos destacados de la norma. La misma establecía que un profesional debía verificar la inexistencia de esos cuerpos de agua y ser autenticado por la autoridad Provincial del Agua, como requisito del trámite atento a la competencia provincial sobre los recursos hídricos.
El Decreto de Macri, prevé que desde el Ministerio de Justicia podrán remitir a la provincia la consulta y si pasados diez días no hay respuestas queda aprobado tácitamente, es decir que notificada la Provincia, y si esta no responde o se extravía la documentación, puede significar la extranjerización de un lago, laguna o cuerpo de agua en contraposición a la Ley.
Otro dato llamativo de la medida interpuesta por Macri es que elimina ante incumplimientos cualquier mención e intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) encargada de prevenir el lavado de dinero y la propia AFIP.
Flojo de datos
Para el ambientalista Federico Soria calificó la ley de Tierras como una farsa. En su blog “Yo tampoco me callo”, Soria realizó un chequeo de los datos que el Registro Nacional de Tierras Rurales publicó en ese momento. Para Soria había datos que no se condecían con la realidad. Para ello compara tres departamentos de Mendoza con los registros que se habían dado a conocer oficialmente. “Estaban dibujados, muy por debajo”, sentenció.
Uno de los ejemplos es el registro en Las Heras (Mendoza) cuya superficie total es de 895.500 has. y cuyas principales propiedades están en manos de extranjeros, según cita en su blog. Estancia Yalguaraz (Coro Minning, Canadá) 180.000 has, donde se pretendía ubicar la explotación minera San Jorge, rechazada por la población; Estancia Villavicencio (Danone, Francia) 70.000 has, dueña de la conocida marca de agua mineral, producto que se origina allí mismo, donde se capta y envasa para su comercialización. “El mapa oficial del RNTR pone a Las Heras en el rango entre el 10 y el 15 % de tierras en manos de extranjeros, sin embargo esas dos únicas propiedades representan el 28% de la superficie del mismo”, subraya el informe de Soria.
“En ambos casos –la ley de Tierras surgida en el kirchnerismo y el decreto de Macri-, se trata exclusivamente de operaciones truchas de marketing político. Mientras tanto los terratenientes y las corporaciones siguen apropiándose del territorio y los bienes comunes, con el visto bueno de todos los estamentos del Estado, mientras la política partidaria criolla cacarea y la masa compra cualquier verdura”.
Amparo judicial en Chubut
Los diputados del FPV chubutense Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y José Grazzini junto con el concejal de Lago Puelo, Alejandro Marques, presentaron un amparo en la justicia federal que busca dejar sin efecto el decreto, declarándolo nulo por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta. En la medida presentada solicitan que se declare todo acto administrativo y jurídico que se haya dictado o realizado desde el dictado del Decreto y hasta que la sentencia quede firme.
En la presentación judicial sostienen que la flexibilización del dominio de las tierras con aptitud rural esconde la privatización de los reservorios de aguas potables, los alimentos, los yacimientos de hidrocarburos y de minerales estratégicos para el desarrollo informático como el sílice, el litio y el tungsteno".
