Exclusivo EES
“Un sistema corrupto que se alimenta de pobres”POR LILIANA GIAMBELLUCA. Agencia Walsh. EES 119
Familias de la región patagónica denunciaron en Buenos Aires hechos de violencia, impunidad y corrupción institucional en la causa de los asesinatos de sus seres queridos. Expusieron Roberto Uriarte, María Angela Cabrera, Julieta Vinaya y César Antillanca. Susana Díaz habló en nombre de la Asociación Civil Proderechos del Niño de Comodoro Rivadavia y la doctora María del Carmen Verdú coordinó en representación de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
La conferencia sobre "Violencia institucional, abusos, corrupción e impunidad en las provincias de Chubut y Río Negro" se realizó a fines de septiembre en el Hotel Bauen por iniciativa de César Antillanca, padre de una víctima de "gatillo fácil". Asistieron familiares de víctimas de la región patagónica, el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, a los que se sumó el periodista Herman Schiller y representantes de organismos de derechos humanos y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
"La tortura, política de Estado"
La abogada Verdú señaló que "la Patagonia es un espejo de lo que ocurre a lo largo del país". Agregó la existencia de una "línea histórica y sistemática de la justicia" argentina, "capaz de meter los dedos en el enchufe antes de admitir que la tortura es una política de Estado". "Muere un chico por día torturado en una cárcel, en una comisaría, en un instituto de menores o fusilado por el gatillo fácil", afirmó.
Roberto Uriarte relató la desaparición seguida de muerte de su hija Otoño, de 16 años de edad, ocurrida el 23 de octubre de 2006. A los seis meses apareció muerta en un canal de riego cercano a Cipolletti, provincia de Río Negro.
“La investigación se llevó adelante con una desidia total por parte de la Asesoría de Menores, de la Fiscalía, del Juzgado de turno y de la Policía", según Uriarte. "Decían que Otoño se fue por sus propios medios, que tenía problemas con su familia y la investigación se enfocó en nosotros", sostuvo el padre, y luego hablaron de "un ajuste de cuentas".
El abogado José Gérez aseguró en 2010 a 8300web de Neuquén que la joven fue "secuestrada" y "abusada sexualmente por al menos cuatro personas". “En la causa hubo numerosas irregularidades", dijo el abogado, y pidió un examen integral de los vellos púbicos hallados en el cadáver de la joven, pero nunca se hizo la ampliación de peritajes de ADN. "Hay $200 mil para quien aporte datos pero no 100 mil para hacer las pericias que faltan", informan desde la familia.
“Policías de espalda"
La causa de Jorge Pilquimán (21 años) es otra muestra grosera de corrupción institucional. María Cabrera relató cómo su hermano fue asesinado el 6 de febrero de 2005 en Bariloche y arrojado en el lago Nahuel Huapi. "Según las pericias mi hermano se suicidó y tenía escoriaciones leves, pero él estaba todo golpeado -relató María-. Cuando en el cajón tomé su cabeza, mi mano se hundió y a él no se la habían abierto durante la autopsia".
Aparecieron testigos que involucraban a policías, pero "la ronda de reconocimiento se hizo con los policías de espalda". Nadie reconoció a nadie y la investigación se estancó.
El juez de la causa tenía pruebas y testigos que desechó. María le pidió una entrevista: "me dijo que si lo había matado la policía, yo contra ella no iba a poder hacer nada y cuando pasaran diez años me iba a tirar la causa a la basura". Cabrera pidió que “me digan qué tengo que hacer para reabrir la causa y no se tire a la basura como me dijo el juez. Necesito que me ayuden".
"La noche, la policía y el poder "
Julieta Vinaya relató las circunstancias de la desaparición y posterior asesinato de su hijo Atahualpa Martínez Vinaya, ocurrido el 15 de junio de 2008 en Viedma. El joven de 19 años estaba en un bar con un amigo. El gobernador ofreció una recompensa de 100 mil pesos. "Nos dimos cuenta que la gente le tenía miedo a la policía", afirma Julieta.
La causa estuvo paralizada hasta hace unas semanas, momento en que hallaron rastros de ADN en la prenda de un vecino. "A nosotros nos llama la atención porqué recién ahora", máxime cuando esa persona en un primer momento fue demorada junto con otras tres que viven juntas y enseguida los liberaron. Su desconfianza aumenta cuando el juez considera que el caso podría estar resuelto. "No. No está resuelto -resaltó Julieta- porque hay una persona con identidad reservada que dice que ellos trabajan para los punteros y que le dieron dinero a una persona para que fueran a ‘quebrarle las patas a alguien que estaba jodiendo'. Ese alguien era Atahualpa". "Seguimos golpeando puertas y diciendo que el asesinato de mi hijo tiene vinculaciones con la noche, con la policía y el poder político", finalizó.
"Un sistema corrupto que se alimenta de pobres"
César Antillanca relató cómo en la madrugada del 5 de septiembre de 2010 la policía de la Comisaría Cuarta de Trelew asesinó a golpes a su hijo Julián. En marzo de este año, pese a las pruebas y un testimonio clave, el crimen quedó impune y los acusados fueron absueltos por la justicia. "La noticia inicial en el diario fue ‘Muere joven por coma alcohólico'. (...) Al mes de haber empezado la investigación aparece una testigo que dice haber visto cuando arrojaron a Julián del patrullero y que podía reconocer al policía", expuso Antillanca. Se peritaron los móviles policiales y en uno de ellos hallaron rastros de sangre de Julián.
"El fallo no sólo está corrompido, sino que es un fallo de clase porque Julián completa el perfil de personas vulnerables: joven, pobre y morocho. Estamos en un sistema corrupto y perverso que se alimenta de pobres, de desposeídos. (...) El Poder Ejecutivo avala este tipo de prácticas y el Poder Judicial lo retroalimenta", denunció Antillanca.
"Simulacros de fusilamiento en el Chenque"
Susana Díaz, de la Organización Civil ProDerechos de los Niños de Comodoro Rivadavia, contó que a la preocupación específica la institución sumó la defensa de los jóvenes que "denunciaban torturas y el ‘juego del gatillo' por parte de la policía en el Cerro Chenque de Comodoro Rivadavia, donde se hacían simulacros de fusilamiento".
Consideró que "los chicos más vulnerables son los de barrios humildes, blanco fácil de este tipo de prácticas represivas", que "recrudecieron" con el correr de los años.
Consideró necesario "visibilizar" esta situación sistemática de violencia institucional, continuar "reclamando justicia por todos" y "pedir la abolición de los métodos" que a lo largo de la conferencia se denunciaron.
Más casos
Se analizaron también los casos de los jóvenes Guillermo "Coco" Garrido, asesinado en la Comisaría 12 de El Bolsón, el 13 de enero de 2011; de Iván Torres, detenido, torturado y desaparecido por policías de la comisaría 1° de Comodoro Rivadavia, el 2 de octubre del 2003; del asesinato del testigo "protegido" Bruno Rodríguez Monsalve, en marzo de este año, en Trelew, y de los hermanos Sergio y Denis Aballay, víctimas de vejaciones y apremios ilegales sufridos en la misma madrugada de 2010 en que asesinaron a Julián Antillanca.
Familias de la región patagónica denunciaron en Buenos Aires hechos de violencia, impunidad y corrupción institucional en la causa de los asesinatos de sus seres queridos. Expusieron Roberto Uriarte, María Angela Cabrera, Julieta Vinaya y César Antillanca. Susana Díaz habló en nombre de la Asociación Civil Proderechos del Niño de Comodoro Rivadavia y la doctora María del Carmen Verdú coordinó en representación de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
La conferencia sobre "Violencia institucional, abusos, corrupción e impunidad en las provincias de Chubut y Río Negro" se realizó a fines de septiembre en el Hotel Bauen por iniciativa de César Antillanca, padre de una víctima de "gatillo fácil". Asistieron familiares de víctimas de la región patagónica, el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, a los que se sumó el periodista Herman Schiller y representantes de organismos de derechos humanos y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
"La tortura, política de Estado"
La abogada Verdú señaló que "la Patagonia es un espejo de lo que ocurre a lo largo del país". Agregó la existencia de una "línea histórica y sistemática de la justicia" argentina, "capaz de meter los dedos en el enchufe antes de admitir que la tortura es una política de Estado". "Muere un chico por día torturado en una cárcel, en una comisaría, en un instituto de menores o fusilado por el gatillo fácil", afirmó.
Roberto Uriarte relató la desaparición seguida de muerte de su hija Otoño, de 16 años de edad, ocurrida el 23 de octubre de 2006. A los seis meses apareció muerta en un canal de riego cercano a Cipolletti, provincia de Río Negro.
“La investigación se llevó adelante con una desidia total por parte de la Asesoría de Menores, de la Fiscalía, del Juzgado de turno y de la Policía", según Uriarte. "Decían que Otoño se fue por sus propios medios, que tenía problemas con su familia y la investigación se enfocó en nosotros", sostuvo el padre, y luego hablaron de "un ajuste de cuentas".
El abogado José Gérez aseguró en 2010 a 8300web de Neuquén que la joven fue "secuestrada" y "abusada sexualmente por al menos cuatro personas". “En la causa hubo numerosas irregularidades", dijo el abogado, y pidió un examen integral de los vellos púbicos hallados en el cadáver de la joven, pero nunca se hizo la ampliación de peritajes de ADN. "Hay $200 mil para quien aporte datos pero no 100 mil para hacer las pericias que faltan", informan desde la familia.
“Policías de espalda"
La causa de Jorge Pilquimán (21 años) es otra muestra grosera de corrupción institucional. María Cabrera relató cómo su hermano fue asesinado el 6 de febrero de 2005 en Bariloche y arrojado en el lago Nahuel Huapi. "Según las pericias mi hermano se suicidó y tenía escoriaciones leves, pero él estaba todo golpeado -relató María-. Cuando en el cajón tomé su cabeza, mi mano se hundió y a él no se la habían abierto durante la autopsia".
Aparecieron testigos que involucraban a policías, pero "la ronda de reconocimiento se hizo con los policías de espalda". Nadie reconoció a nadie y la investigación se estancó.
El juez de la causa tenía pruebas y testigos que desechó. María le pidió una entrevista: "me dijo que si lo había matado la policía, yo contra ella no iba a poder hacer nada y cuando pasaran diez años me iba a tirar la causa a la basura". Cabrera pidió que “me digan qué tengo que hacer para reabrir la causa y no se tire a la basura como me dijo el juez. Necesito que me ayuden".
"La noche, la policía y el poder "
Julieta Vinaya relató las circunstancias de la desaparición y posterior asesinato de su hijo Atahualpa Martínez Vinaya, ocurrido el 15 de junio de 2008 en Viedma. El joven de 19 años estaba en un bar con un amigo. El gobernador ofreció una recompensa de 100 mil pesos. "Nos dimos cuenta que la gente le tenía miedo a la policía", afirma Julieta.
La causa estuvo paralizada hasta hace unas semanas, momento en que hallaron rastros de ADN en la prenda de un vecino. "A nosotros nos llama la atención porqué recién ahora", máxime cuando esa persona en un primer momento fue demorada junto con otras tres que viven juntas y enseguida los liberaron. Su desconfianza aumenta cuando el juez considera que el caso podría estar resuelto. "No. No está resuelto -resaltó Julieta- porque hay una persona con identidad reservada que dice que ellos trabajan para los punteros y que le dieron dinero a una persona para que fueran a ‘quebrarle las patas a alguien que estaba jodiendo'. Ese alguien era Atahualpa". "Seguimos golpeando puertas y diciendo que el asesinato de mi hijo tiene vinculaciones con la noche, con la policía y el poder político", finalizó.
"Un sistema corrupto que se alimenta de pobres"
César Antillanca relató cómo en la madrugada del 5 de septiembre de 2010 la policía de la Comisaría Cuarta de Trelew asesinó a golpes a su hijo Julián. En marzo de este año, pese a las pruebas y un testimonio clave, el crimen quedó impune y los acusados fueron absueltos por la justicia. "La noticia inicial en el diario fue ‘Muere joven por coma alcohólico'. (...) Al mes de haber empezado la investigación aparece una testigo que dice haber visto cuando arrojaron a Julián del patrullero y que podía reconocer al policía", expuso Antillanca. Se peritaron los móviles policiales y en uno de ellos hallaron rastros de sangre de Julián.
"El fallo no sólo está corrompido, sino que es un fallo de clase porque Julián completa el perfil de personas vulnerables: joven, pobre y morocho. Estamos en un sistema corrupto y perverso que se alimenta de pobres, de desposeídos. (...) El Poder Ejecutivo avala este tipo de prácticas y el Poder Judicial lo retroalimenta", denunció Antillanca.
"Simulacros de fusilamiento en el Chenque"
Susana Díaz, de la Organización Civil ProDerechos de los Niños de Comodoro Rivadavia, contó que a la preocupación específica la institución sumó la defensa de los jóvenes que "denunciaban torturas y el ‘juego del gatillo' por parte de la policía en el Cerro Chenque de Comodoro Rivadavia, donde se hacían simulacros de fusilamiento".
Consideró que "los chicos más vulnerables son los de barrios humildes, blanco fácil de este tipo de prácticas represivas", que "recrudecieron" con el correr de los años.
Consideró necesario "visibilizar" esta situación sistemática de violencia institucional, continuar "reclamando justicia por todos" y "pedir la abolición de los métodos" que a lo largo de la conferencia se denunciaron.
Más casos
Se analizaron también los casos de los jóvenes Guillermo "Coco" Garrido, asesinado en la Comisaría 12 de El Bolsón, el 13 de enero de 2011; de Iván Torres, detenido, torturado y desaparecido por policías de la comisaría 1° de Comodoro Rivadavia, el 2 de octubre del 2003; del asesinato del testigo "protegido" Bruno Rodríguez Monsalve, en marzo de este año, en Trelew, y de los hermanos Sergio y Denis Aballay, víctimas de vejaciones y apremios ilegales sufridos en la misma madrugada de 2010 en que asesinaron a Julián Antillanca.
