Un triunfo del activismo en Chubut: Se entregó la primera vivienda del cupo travesti trans en Comodoro El activismo provincial impulsó en 2022 la aprobación de la Ley N° 65, que contempla el cupo travesti-trans en los planes del Instituto Provincial de la Vivienda. La situación habitacional del colectivo es uno de los principales reclamos en el país: la discriminación y la falta de acceso a empleos de calidad están concatenados a la vulneración de múltiples derechos y a una peor calidad de vida. Chubut ha sido pionera en materia de diversidad, con la aprobación de la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans en 2018. En diálogo con El Extremo Sur, la referente del activismo local Daniela Andrade subrayó la importancia de las leyes conquistadas en una coyuntura signada por los discursos de odio, así como la necesidad de sostener las políticas públicas que desde hace más de una década consolidan el paradigma de derechos en la región.
Situación habitacional en emergencia
Son múltiples los reclamos que sostiene la población travesti-trans en relación a sus derechos. Si bien se han conquistado leyes en las últimas dos décadas que ampliaron la participación del colectivo y mejoraron su calidad de vida, todavía enfrentan serios obstáculos en el acceso al trabajo, la salud y la educación. La vivienda es otro de los ejes centrales que afecta a buena parte de la población en todo el país.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la situación habitacional empeoró a partir de la pandemia, en función de la falta de ingresos y del aislamiento con el mismo grupo de convivencia.
En general, la población travesti-trans se encuentra en situación de calle o en lugares de residencia transitoria, consecuencia de la falta de acceso a empleo de calidad y, muchas veces, del rechazo de inmobiliarias o propietarios. El porcentaje de personas trans que vive en una casa propia es relativamente bajo, más aún si se toma en cuenta a las mujeres trans.
Según el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina realizado durante 2023, hay un 39,9% de feminidades trans que alquila y un 38,5% que vive en una propiedad prestada u ocupada. Solo el 22,2% de quienes participaron del estudio afirmaron vivir en una casa propia. El relevamiento es apenas el primero de alcance nacional, por lo que todavía faltan datos precisos sobre la situación habitacional de la comunidad en cada provincia.
El camino legislativo del activismo
El Extremo Sur dialogó con Daniela Andrade, quien está al frente de la Dirección de Diversidad de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Andrade cuenta con una amplia trayectoria en el activismo regional: forma parte de la Federación Argentina de Lesbianas, Bisexuales y Trans (FALGBT) y de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgenero Argentina (ATTA).
La referente señala que desde hace años se vienen trabajando distintos ejes en todo el territorio nacional. "Empezamos a trabajar por el 2006 con la Ley de Identidad de Género. Después fueron pasando otras circunstancias, primero tuvimos la Ley de Matrimonio Igualitario, después la Ley de Identidad de Género y pudimos hacer ejes que tenían que ver con la identidad, la salud, la educación. Uno de esos ejes era la vivienda. Tenía prioridad, pero en ese momento también había otras prioridades", señala.
"La provincia del Chubut fue trabajando en Cupo Laboral Trans, fue trabajando la Ley de Identidad de Género, hasta que por el 2021, ya teniendo estas dos leyes, empezamos a pensar también en poder hacer en realidad la Ley de Cupo de Vivienda porque era una de las demandas que tenían las compañeras travestis-trans de Chubut", agrega.
El trabajo se hizo de manera conjunta con la Cámara de Diputados de la provincia, en concreto con Adriana Casanova -en ese momento legisladora del Frente de Todos-, quien fue la responsable de presentar formalmente el proyecto.
La ley XXV Nº 65 se aprobó por unanimidad en diciembre de 2022. Garantiza un cupo mínimo del 3% en todos los planes de vivienda llevados adelante por el Gobierno provincial. Pueden ser beneficiarias y beneficiarios todas las personas trans, travestis, transgénero y transexuales que hayan accedido al cambio registral establecido en la Ley Nacional N°26.743.
"Se votó por unanimidad, votaron todos los legisladores porque comprendían que era una temática que atañe a toda la provincia y que era muy difícil para las compañeras trans y travestis de la provincia, teniendo en cuenta que la expectativa de vida de las compañeras es de 35 ó 40 años y cuando llegaba el momento de poder anotarse para una vivienda algunas ya no existían, habían fallecido", advierte Andrade. La cuestión de la edad fue clave en la confección de la ley, ya que uno de los requisitos para acceder a una vivienda del IPV es ser mayor de 45 años.
En este marco, la semana pasada se entregó en Comodoro Rivadavia una vivienda a Andrea Emilia Hernández Bordón, quien la recibió junto a activistas de ATTA y FALGBT. Andrade remarca que la vivienda entregada recientemente es la primera en Comodoro Rivadavia, pero no la primera en Chubut. A la fecha, se han entregado alrededor de 12 viviendas bajo el cupo travesti-trans en la provincia.
"Y así llegamos al cupo en Comodoro Rivadavia: se hicieron 19 viviendas y de esas 19, una era para el cupo travesti trans. Como también hay un cupo para personas con discapacidad, la ley indica que tiene que haber un cupo para personas travesti trans", enfatiza.
La referente indica que el hecho supone un gran avance en materia de derechos e implica cumplir en cada territorio con los ejes que las organizaciones acordaron a nivel nacional.
De la conquista al desfinanciamiento
Si bien el cumplimiento de las leyes de cupo en la provincia muestra un claro avance hacia la igualdad, la comunidad advierte el complejo escenario que atraviesan a nivel nacional, a raíz del desfinanciamiento de las políticas de género y la proliferación de discursos de odio.
El ataque contra el colectivo LGBT+ ha sido un aspecto transversal al discurso libertario y se tradujo en el cierre de organismos y el desfinanciamiento de políticas de género y diversidad. Una de las medidas más concretas es el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Hasta su cierre, había sido un punto institucional de denuncia para la población LGBT+ ante hechos de discriminación y ataques de odio.
Milei carga contra el colectivo LGBT a fuerza de decretos, ataques y ajuste
Por otro lado, el Gobierno nacional redujo las partidas en programas como el Acompañar o la Línea 144, que tienen entre sus objetivos la asistencia de personas LGBT+ víctimas de violencia de género.
El Ejecutivo Nacional ha expresado, igualmente, su intención de eliminar la Ley de Identidad de Género, la normativa aprobada en 2012 que establece que las personas tienen derecho a que se reconozca su identidad de género autopercibida.
Pese a que no fue eliminada, el Gobierno emitió en febrero del año pasado los decretos 61 y 62/2025 que modifican dos aspectos de la ley: prohíben el acceso a tratamientos de hormonización y adecuación corporal para las personas menores de 18 años y limitan el alojamiento de las personas privadas de libertad de acuerdo a su identidad de género.
Andrade se refiere a un escenario en el que "se ha empezado a gestar nuevamente una ola de odio: Creemos también que tiene que ver con el mensaje del Gobierno nacional y todo lo que fue sucediendo con la garantía de derechos", afirma.
Y subraya: "Haber podido tener derechos y hoy sentirnos amenazados, amenazadas o amenazadxs con la quita de derechos nos pone en alerta en todo el país y en Chubut, por eso no bajamos los brazos y seguimos luchando, sosteniendo cuestiones de Derechos Humanos que hemos trabajado en toda la provincia".
También hace referencia al rol de los espacios institucionales de género y diversidad que se han mantenido a nivel provincial y municipal: "Hay que estar presente todo el tiempo en el sostenimiento de estas políticas públicas, estar atentos, atentas de que no se hagan recortes por parte de la derecha".
"Sabemos que hay muchos gobiernos que no son de derecha, pueden ser gobiernos socialistas, gobiernos peronistas, que sostienen los Derechos Humanos como una política de Estado. Eso hace que nosotros podamos seguir manteniendo lo que se acordó en algún momento o por lo menos lo que se debatió, lo que se conquistó, en materia de derechos, en cada ciudad, en cada lugar", afirma.
Advierte, sin embargo, una realidad signada por los recortes: "Lamentablemente la derecha ha hecho que ocurran estas cuestiones como el cierre de los ministerios, el cierre de direcciones de diversidad, el vaciamiento de los lugares donde había derechos para personas travesti-trans cómo sucedía con los consultorios inclusivos que tienen que ver con la salud, el tema de la hormonización y un montón de otras cuestiones".
Andrade alerta sobre las consecuencias directas del cierre de espacios en la vida de la población travesti-trans, fuertemente atravesada por dificultades de acceso al empleo: "Las compañeras en algunos lugares han tenido que volver al trabajo sexual porque era el único trabajo que tenían por lo que significa o lo que significó en algún momento ser travesti-trans".
"Del 2012 para adelante pudimos conquistar un montón de espacios. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la educación. Poder formarnos y luego que esas compañeras formadas puedan tener un cupo de trabajo y dejar de ejercer la prostitución", recuerda y subraya que hoy ese escenario ha cambiado para muchas personas del colectivo, sobre todo a raíz de los miles de despidos en la Administración Nacional.
En 2021 se promulgó la Ley 27.636 para la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Establece un cupo de contratación no inferior al 1% para las personas trans en los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado.
Aunque aún no se alcanza el cupo del 1%, la contratación de personas trans en el sector público nacional registra un crecimiento sostenido desde la sanción de la ley. Según el último informe del Registro Único de Aspirantes Travestis, Transexuales y/o Transgénero "Diana Sacayán-Lohana Berkins" (que dependía del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades) al 31 de agosto de 2023 había 955 personas trans empleadas en el sector público, frente a 574 en 2022 y 235 en 2021.
Para principios de 2024, sin embargo, se registraba el despido de 100 personas trans, según datos del Observatorio Transindical de Trabajadores TTNB (Travestis, Trans y No Binaries), lo que representa casi el 10% del cupo alcanzado desde la sanción de la ley.
Provincia pionera
Chubut fue pionera en la implementación del Cupo Laboral Travesti-Trans a través de la Ley I N° 621 en 2018. La normativa establece un piso del 0,5% al 1% en el sector público para personas travestis, transexuales y transgénero, con requisitos de residencia y sin exigencia de terminalidad educativa obligatoria. Desde entonces se trabaja en su implementación mediante la contratación de personas de la comunidad en áreas municipales, provinciales y en el área de Justicia. No obstante, la provincia no escapa al difícil panorama nacional.
"Hoy nos encontramos con esta quita de derecho: muchas compañeras que se pudieron formar, que pudieron tener un trabajo, ya no lo tienen porque fueron despedidas y tienen que volver al ejercicio del trabajo sexual o una situación de prostitución. Entonces, eso hace que estemos muy alerta en cuidar los derechos conquistados", señala Andrade.
Respecto a lo que todavía es necesario fortalecer, se refiere al eje de la Educación: "El tema de la comprensión de la sociedad, que pueda comprender y aprender a respetar. Nos va a faltar mucho porque no es solamente con la población travesti-trans, sino que hoy nos vemos en una situación de odio hacia muchísimas cuestiones, hacia las personas con discapacidad, hacia las que tienen problemas de consumo, la sociedad no está pudiendo comprender cómo poder acompañar a estos grupos".
"Entonces, eso hace que nosotros tengamos que visibilizar la causa, tengamos que salir a poder sensibilizar a la población también para que se pueda tener otra aceptación o que por lo menos podamos convivir todos y todas como seres humanos, que es lo que buscamos. Sabemos que desde el amor podemos lograr un montón de cuestiones que se están perdiendo", precisa.
La vivienda entregada en la ciudad implica un hito en un largo camino recorrido y que todavía tiene desafíos pendientes. "Hoy vemos mucho hater, muchos mensajes de odio. Estamos tratando de sostener las políticas públicas que en algún momento pudimos ayudar a crear", concluye Andrade.
El activismo provincial impulsó en 2022 la aprobación de la Ley N° 65, que contempla el cupo travesti-trans en los planes del Instituto Provincial de la Vivienda. La situación habitacional del colectivo es uno de los principales reclamos en el país: la discriminación y la falta de acceso a empleos de calidad están concatenados a la vulneración de múltiples derechos y a una peor calidad de vida. Chubut ha sido pionera en materia de diversidad, con la aprobación de la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans en 2018. En diálogo con El Extremo Sur, la referente del activismo local Daniela Andrade subrayó la importancia de las leyes conquistadas en una coyuntura signada por los discursos de odio, así como la necesidad de sostener las políticas públicas que desde hace más de una década consolidan el paradigma de derechos en la región.
Situación habitacional en emergencia
Son múltiples los reclamos que sostiene la población travesti-trans en relación a sus derechos. Si bien se han conquistado leyes en las últimas dos décadas que ampliaron la participación del colectivo y mejoraron su calidad de vida, todavía enfrentan serios obstáculos en el acceso al trabajo, la salud y la educación. La vivienda es otro de los ejes centrales que afecta a buena parte de la población en todo el país.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la situación habitacional empeoró a partir de la pandemia, en función de la falta de ingresos y del aislamiento con el mismo grupo de convivencia.
En general, la población travesti-trans se encuentra en situación de calle o en lugares de residencia transitoria, consecuencia de la falta de acceso a empleo de calidad y, muchas veces, del rechazo de inmobiliarias o propietarios. El porcentaje de personas trans que vive en una casa propia es relativamente bajo, más aún si se toma en cuenta a las mujeres trans.
Según el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina realizado durante 2023, hay un 39,9% de feminidades trans que alquila y un 38,5% que vive en una propiedad prestada u ocupada. Solo el 22,2% de quienes participaron del estudio afirmaron vivir en una casa propia. El relevamiento es apenas el primero de alcance nacional, por lo que todavía faltan datos precisos sobre la situación habitacional de la comunidad en cada provincia.
El camino legislativo del activismo
El Extremo Sur dialogó con Daniela Andrade, quien está al frente de la Dirección de Diversidad de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Andrade cuenta con una amplia trayectoria en el activismo regional: forma parte de la Federación Argentina de Lesbianas, Bisexuales y Trans (FALGBT) y de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgenero Argentina (ATTA).
La referente señala que desde hace años se vienen trabajando distintos ejes en todo el territorio nacional. "Empezamos a trabajar por el 2006 con la Ley de Identidad de Género. Después fueron pasando otras circunstancias, primero tuvimos la Ley de Matrimonio Igualitario, después la Ley de Identidad de Género y pudimos hacer ejes que tenían que ver con la identidad, la salud, la educación. Uno de esos ejes era la vivienda. Tenía prioridad, pero en ese momento también había otras prioridades", señala.
"La provincia del Chubut fue trabajando en Cupo Laboral Trans, fue trabajando la Ley de Identidad de Género, hasta que por el 2021, ya teniendo estas dos leyes, empezamos a pensar también en poder hacer en realidad la Ley de Cupo de Vivienda porque era una de las demandas que tenían las compañeras travestis-trans de Chubut", agrega.
El trabajo se hizo de manera conjunta con la Cámara de Diputados de la provincia, en concreto con Adriana Casanova -en ese momento legisladora del Frente de Todos-, quien fue la responsable de presentar formalmente el proyecto.
La ley XXV Nº 65 se aprobó por unanimidad en diciembre de 2022. Garantiza un cupo mínimo del 3% en todos los planes de vivienda llevados adelante por el Gobierno provincial. Pueden ser beneficiarias y beneficiarios todas las personas trans, travestis, transgénero y transexuales que hayan accedido al cambio registral establecido en la Ley Nacional N°26.743.
"Se votó por unanimidad, votaron todos los legisladores porque comprendían que era una temática que atañe a toda la provincia y que era muy difícil para las compañeras trans y travestis de la provincia, teniendo en cuenta que la expectativa de vida de las compañeras es de 35 ó 40 años y cuando llegaba el momento de poder anotarse para una vivienda algunas ya no existían, habían fallecido", advierte Andrade. La cuestión de la edad fue clave en la confección de la ley, ya que uno de los requisitos para acceder a una vivienda del IPV es ser mayor de 45 años.
En este marco, la semana pasada se entregó en Comodoro Rivadavia una vivienda a Andrea Emilia Hernández Bordón, quien la recibió junto a activistas de ATTA y FALGBT. Andrade remarca que la vivienda entregada recientemente es la primera en Comodoro Rivadavia, pero no la primera en Chubut. A la fecha, se han entregado alrededor de 12 viviendas bajo el cupo travesti-trans en la provincia.
"Y así llegamos al cupo en Comodoro Rivadavia: se hicieron 19 viviendas y de esas 19, una era para el cupo travesti trans. Como también hay un cupo para personas con discapacidad, la ley indica que tiene que haber un cupo para personas travesti trans", enfatiza.
La referente indica que el hecho supone un gran avance en materia de derechos e implica cumplir en cada territorio con los ejes que las organizaciones acordaron a nivel nacional.
De la conquista al desfinanciamiento
Si bien el cumplimiento de las leyes de cupo en la provincia muestra un claro avance hacia la igualdad, la comunidad advierte el complejo escenario que atraviesan a nivel nacional, a raíz del desfinanciamiento de las políticas de género y la proliferación de discursos de odio.
El ataque contra el colectivo LGBT+ ha sido un aspecto transversal al discurso libertario y se tradujo en el cierre de organismos y el desfinanciamiento de políticas de género y diversidad. Una de las medidas más concretas es el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Hasta su cierre, había sido un punto institucional de denuncia para la población LGBT+ ante hechos de discriminación y ataques de odio.
Milei carga contra el colectivo LGBT a fuerza de decretos, ataques y ajuste
Por otro lado, el Gobierno nacional redujo las partidas en programas como el Acompañar o la Línea 144, que tienen entre sus objetivos la asistencia de personas LGBT+ víctimas de violencia de género.
El Ejecutivo Nacional ha expresado, igualmente, su intención de eliminar la Ley de Identidad de Género, la normativa aprobada en 2012 que establece que las personas tienen derecho a que se reconozca su identidad de género autopercibida.
Pese a que no fue eliminada, el Gobierno emitió en febrero del año pasado los decretos 61 y 62/2025 que modifican dos aspectos de la ley: prohíben el acceso a tratamientos de hormonización y adecuación corporal para las personas menores de 18 años y limitan el alojamiento de las personas privadas de libertad de acuerdo a su identidad de género.
Andrade se refiere a un escenario en el que "se ha empezado a gestar nuevamente una ola de odio: Creemos también que tiene que ver con el mensaje del Gobierno nacional y todo lo que fue sucediendo con la garantía de derechos", afirma.
Y subraya: "Haber podido tener derechos y hoy sentirnos amenazados, amenazadas o amenazadxs con la quita de derechos nos pone en alerta en todo el país y en Chubut, por eso no bajamos los brazos y seguimos luchando, sosteniendo cuestiones de Derechos Humanos que hemos trabajado en toda la provincia".
También hace referencia al rol de los espacios institucionales de género y diversidad que se han mantenido a nivel provincial y municipal: "Hay que estar presente todo el tiempo en el sostenimiento de estas políticas públicas, estar atentos, atentas de que no se hagan recortes por parte de la derecha".
"Sabemos que hay muchos gobiernos que no son de derecha, pueden ser gobiernos socialistas, gobiernos peronistas, que sostienen los Derechos Humanos como una política de Estado. Eso hace que nosotros podamos seguir manteniendo lo que se acordó en algún momento o por lo menos lo que se debatió, lo que se conquistó, en materia de derechos, en cada ciudad, en cada lugar", afirma.
Advierte, sin embargo, una realidad signada por los recortes: "Lamentablemente la derecha ha hecho que ocurran estas cuestiones como el cierre de los ministerios, el cierre de direcciones de diversidad, el vaciamiento de los lugares donde había derechos para personas travesti-trans cómo sucedía con los consultorios inclusivos que tienen que ver con la salud, el tema de la hormonización y un montón de otras cuestiones".
Andrade alerta sobre las consecuencias directas del cierre de espacios en la vida de la población travesti-trans, fuertemente atravesada por dificultades de acceso al empleo: "Las compañeras en algunos lugares han tenido que volver al trabajo sexual porque era el único trabajo que tenían por lo que significa o lo que significó en algún momento ser travesti-trans".
"Del 2012 para adelante pudimos conquistar un montón de espacios. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la educación. Poder formarnos y luego que esas compañeras formadas puedan tener un cupo de trabajo y dejar de ejercer la prostitución", recuerda y subraya que hoy ese escenario ha cambiado para muchas personas del colectivo, sobre todo a raíz de los miles de despidos en la Administración Nacional.
En 2021 se promulgó la Ley 27.636 para la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Establece un cupo de contratación no inferior al 1% para las personas trans en los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado.
Aunque aún no se alcanza el cupo del 1%, la contratación de personas trans en el sector público nacional registra un crecimiento sostenido desde la sanción de la ley. Según el último informe del Registro Único de Aspirantes Travestis, Transexuales y/o Transgénero "Diana Sacayán-Lohana Berkins" (que dependía del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades) al 31 de agosto de 2023 había 955 personas trans empleadas en el sector público, frente a 574 en 2022 y 235 en 2021.
Para principios de 2024, sin embargo, se registraba el despido de 100 personas trans, según datos del Observatorio Transindical de Trabajadores TTNB (Travestis, Trans y No Binaries), lo que representa casi el 10% del cupo alcanzado desde la sanción de la ley.
Provincia pionera
Chubut fue pionera en la implementación del Cupo Laboral Travesti-Trans a través de la Ley I N° 621 en 2018. La normativa establece un piso del 0,5% al 1% en el sector público para personas travestis, transexuales y transgénero, con requisitos de residencia y sin exigencia de terminalidad educativa obligatoria. Desde entonces se trabaja en su implementación mediante la contratación de personas de la comunidad en áreas municipales, provinciales y en el área de Justicia. No obstante, la provincia no escapa al difícil panorama nacional.
"Hoy nos encontramos con esta quita de derecho: muchas compañeras que se pudieron formar, que pudieron tener un trabajo, ya no lo tienen porque fueron despedidas y tienen que volver al ejercicio del trabajo sexual o una situación de prostitución. Entonces, eso hace que estemos muy alerta en cuidar los derechos conquistados", señala Andrade.
Respecto a lo que todavía es necesario fortalecer, se refiere al eje de la Educación: "El tema de la comprensión de la sociedad, que pueda comprender y aprender a respetar. Nos va a faltar mucho porque no es solamente con la población travesti-trans, sino que hoy nos vemos en una situación de odio hacia muchísimas cuestiones, hacia las personas con discapacidad, hacia las que tienen problemas de consumo, la sociedad no está pudiendo comprender cómo poder acompañar a estos grupos".
"Entonces, eso hace que nosotros tengamos que visibilizar la causa, tengamos que salir a poder sensibilizar a la población también para que se pueda tener otra aceptación o que por lo menos podamos convivir todos y todas como seres humanos, que es lo que buscamos. Sabemos que desde el amor podemos lograr un montón de cuestiones que se están perdiendo", precisa.
La vivienda entregada en la ciudad implica un hito en un largo camino recorrido y que todavía tiene desafíos pendientes. "Hoy vemos mucho hater, muchos mensajes de odio. Estamos tratando de sostener las políticas públicas que en algún momento pudimos ayudar a crear", concluye Andrade.