El proyecto de ley enviado por Arcioni a la Legislatura desatará nuevas controversias con los municipios y las cooperativas. Para hacerse cargo de las deudas con CAMMESA la provincia se endeudará y pone como exigencia que se produzcan "cuadros tarifarios que contemplen el costo real de la distribución". Indefectiblemente, eso se traducirá en nuevos tarifazos que recaerán sobre los usuarios.
Durante la jornada de este martes ingresó a la Legislatura de Chubut el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo que encabeza el gobernador Mariano Arcioni. En el articulado del mismo se estipula cuál será el mecanismo para que la Provincia se haga cargo de las deudas que mantienen las cooperativas provinciales con la distribuidora eléctrica CAMMESA.
Lo curioso del mecanismo que contiene el proyecto es que de alguna manera obliga a los Municipios, utilizando el término "propender", a que los Concejos Deliberantes aprueben nuevos cuadros tarifarios que significarán más incrementos en los costos del servicio eléctrico de cada ciudad, pero a la vez pone como condición que se mantengan las concesiones con las actuales cooperativas.
Para afrontar la deuda de 3.588 millones de pesos existente con CAMMESA por parte las cooperativas de Chubut, el gobierno buscará endeudarse ante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFPD), aunque ese mecanismo quedará sujeto a los bonos para el Consenso Fiscal, que ascienden a 1.131 millones de pesos.
El controvertido artículo en cuestión es el número 9 y dice textualmente que: "Los Municipios que sean concedentes de Servicios Públicos propenderán a la aprobación de Ordenanzas que aseguren cuadros tarifarios que contemplen el costo real de distribución en su ciudad".
El término propender no implica una obligación, por lo que de alguna manera queda liberada cada gestión municipal a instrumentar o no los nuevos tarifazos. Lo preocupante del proyecto es que la administración de Arcioni se adjudica la posibilidad de interferir en las autonomías municipales y al mismo tiempo presiona a los Municipios para que sigan aumentando las tarifas a cambio de hacerse cargo de una deuda que luego le será pagada a la Provincia a través de la prestación del servicio energético.
El mencionado artículo no se queda solamente en el tema de los tarifazos que terminará pagando la población, sino que además agrega que "De igual manera los Municipios garantizarán a favor del Estado Provincial la continuidad en la concesión por parte de la cooperativa prestadora actual del servicio eléctrico y la cancelación de la deuda"; una injerencia poco aceptable ya que el poder concedente es potestad exclusiva de cada Municipalidad y no debieran existir limitaciones a la hora de hacer funcionar estos servicios públicos.
Si el proyecto se transforma en Ley por el voto de la Legislatura, solamente se verán beneficiadas con el pago de la deuda las cooperativas donde los Municipios involucrados adhieran "en forma expresa" a la misma, tal como lo establece el artículo 10 y allí se consolida la imposición de la normativa que se aleja de la ambiguo concepto que apuntaba a "propender".
Las deudas reconocidas en el proyecto por cada una de las cooperativas frente a CAMMESA, ascienden a: 1.300 millones de pesos la SCPL de Comodoro; 1.246 millones la de Trelew; 358 millones la de Rawson; 316 millones de la Sarmiento; 289 millones la de Puerto Madryn y 76 millones de pesos la cooperativa de Esquel.
Ajuste y miedo para lograr aumentos
Esta exigencia de nuevos tarifazos ya fue expresada con claridad por la actual conducción de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), quien argumenta que sin aumentos no se puede seguir funcionando. El integrante del Consejo de Administración de la cooperativa comodorense Guillermo Costes fue el encargado de sembrar el miedo y exigir los aumentos de tarifas.
En la lógica de "aumento o caos", Costes reveló la brutal apetencia de tarifazos y dijo que "ya sea por intención, que no creo que exista, o por acción, el Municipio está asfixiando a la cooperativa al no permitirle actualizar tarifas, que son la única fuente de ingreso genuina que tiene. Por eso decimos que, al no tratar el tema, son responsables de un ahogo financiero. Desde agosto del año pasado realizamos un pedido de incremento al intendente que parece se le ha traspapelado".
No conforme, Costes se encargó de sembrar el temor entre la ciudadanía alertando que si no se vota el proyecto de ley, CAMMESA podría recortar el suministro de energía y aseveró que "Si no está la responsabilidad y no están los votos, lo que vamos a tener son los cortes anunciados por CAMMESA"; agregando que "va a significar para Comodoro Rivadavia tres días a oscuras por mes".
Los dichos de Costes no tienen correlato directo con la intimación de pago que hizo CAMMESA el pasado 12 abril, ya que por el momento el recorte del 10% en el consumo energético es contemplado como sanción en la Resolución SE Nº 124/2002 que también perjudicaría a las cooperativas de Trelew y Rawson.
Inclusive en su momento se mencionó un embargo por 600 millones de pesos, cuando en realidad los 589 millones de pesos en cuestión son parte de lo reclamado judicialmente por CAMMESA pero en las cartas documento conocidas no se menciona ningún embargo a las cuentas de la SCPL.
Costes fue más allá y afirmó que "Tarifa social y tarifas disminuidas a jubilados son algunos de los ítems con los que la cooperativa colaboró en momentos de bonanza económica y que ahora son parte de la historia"; revelando una clara política de ajuste que se traduciría en otro golpe social para los sectores más desprotegidos.
Presiones con aroma electoral
Sabido es que la actual conducción del Consejo de Administración de la SCPL está estrechamente vinculada políticamente con la gestión del gobernador Arcioni y una las especulaciones es que dejaron pasar el tiempo para que se generaran las cartas documento de CAMMESA, las intimaciones y al mismo tiempo se genere presión sobre los Municipios -especialmente los de signo político contrario- para que se impongan nuevos aumentos en las tarifas.
A mediados de febrero el primer mandatario provincial sentenció que "la decisión de pagar las deudas de las cooperativas a CAMMESA ya está tomada. Se lo hemos manifestado tanto a las cooperativas como a CAMMESA y lo cierto es que ahora deben trabajar los municipios con las cooperativas para poder garantizar el consumo corriente"; los días pasaron y las promesas no se concretaron lo que derivó en las intimaciones recibidas en Chubut a mediados de abril.
Linares, enfrente
El intendente Carlos Linares ya ha manifestado públicamente que no autorizará nuevos incrementos tarifarios en la SCPL y afirmó "Nosotros no vamos a autorizar ningún tipo de aumento de tarifas hasta que no tengamos ninguna certeza sobre los números"; y como publicó el EES para el jefe comunal comodorense hay un plan de privatización.
Quienes conducen actualmente la cooperativa siguen presionando para que los aumentos se produzcan antes de las elecciones de junio y así tenga que pagar los costos políticos de un nuevo mazazo al bolsillo de la población; el proyecto de ley enviado por Arcioni se ensambla con esa misma línea argumental.
