Sapo sapo: los "duros" del PJ dejan de alentar el conflicto docente para acomodarse a los movimientos de AlbertoEn Chubut, no pocos diputados provinciales de filiación kirchnerista comienzan a dar señales de que ya no les cae tan simpático el largo paro docente que en algún momento alentaron como táctica de desgaste político de Mariano Arcioni. El gobernador -al que están lejos están de apreciar- empezó a recibir algo de respaldo táctico de Alberto Fernández, y los dirigentes que en la última elección apostaron por Carlos Linares están guardando piedras y "miguelitos" para otra ocasión. El sapo es difícil de digerir, pero nadie quiere pisar en falso.
Primero fue el diputado Blas Meza Evans, quien promovía el juicio político a Mariano Arcioni hasta que lo convocaron desde Buenos Aires y entregó las armas en las coquetas oficinas de Sergio Massa en Avenida del Libertador.
Enrolado en el kirchnerismo más duro, el ex fiscal de Estado entendió que había prioridades que obligaban a resguardar la figura del tan poco apreciado gobernador que ahora juega para el "peronismo de los Fernández".
Antes que Meza Evans fue Carlos Gómez desde el mismo bloque quien sin pruritos dijo que era más importante preservar la producción petrolera que cuidar los modales con la veintena de docentes que cortaban la ruta que en Comodoro conduce al yacimiento de Cerro Dragón.
Sin ser del Frente Para la Victoria -aunque fue electo en su boleta en 2015-, Alfredo Di Filippo se adelantó al seguidismo albertista al acusar al titular de ATECh, Santiago Goodman, de buscar que "explote todo" y de darse ínfulas de Yasser Arafat por usar el clásico pañuelo sirio.
Los años de la vergüenza
La última en sumarse a esta cruzada de desalentar la huelga docente que ya cumplió 13 semanas desde el 22 de julio fue Viviana Navarro, la diputada provincial que siempre respondió a Néstor Di Pierro y que fue de las primeras en enfrentar
-siendo concejal- a Mario Das Neves cuando el ex gobernador se hallaba en su apogeo.
En 2009, Navarro reclamaba por la discriminación que sufría Comodoro desde el Valle, mientras otros callaban o directamente lo avalaban.
Ahora, la diputada también decidió cargar las tintas sobre Goodman. Según ella, el paradigma que subyace en el conflicto docente puede resumirse en aquella frase poco feliz: "que los estudiantes aprendan a luchar es muchísimo más importante que saber la raíz cuadrada de las cosas".
Por eso, pide el cese de la medida de fuerza, invocando los derechos de los más de 172 mil niños y jóvenes chubutenses escolarizados.
Sin embargo, la diputada no parece querer para sí un rol protagónico en la búsqueda de soluciones, sino que apela -como hace el ministro Federico Massoni, entre otros- al Poder Judicial para que este resuelva lo que la soberbia e incapacidad de la clase política no pudo.
Navarro presentó un proyecto instando al Poder Judicial a que intervenga, adoptando las medidas pertinentes "para poner fin al conflicto educativo en Chubut, garantizando el derecho a la educación, consagrado por la Constitución Provincial, Nacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos".
El aprendizaje que no vuelve
Casi cuatro meses después de que estallara el conflicto, también les pide a los jueces que intervengan "garantizando el derecho a la libre circulación de bienes y personas, por rutas y caminos provinciales y nacionales, que habitualmente se ve avasallado por las metodologías de protesta adoptadas".
En sus fundamentos, la diputada indicó que los jóvenes que egresen este año de la educación media pública habrán tenido 430 días menos de escolarización, desde que ingresaron en el año 2006 al nivel inicial, debido a conflictos gremiales.
"Esto equivale a casi dos años y medio sin clases", se alarma quien fuera concejal entre 2007 y 2015 y que ahora ocupa una banca en la Legislatura.
Su énfasis se explica también porque todo parece indicar que volverá al Concejo de Comodoro desde el próximo mes de diciembre.
"Los niños que terminan este año el sexto grado de la educación primaria pública habrán tenido 340 días menos de escolarización, desde que ingresaron en el año 2012 al nivel inicial; equivale a casi dos años sin clases", exclama con asombro.
La diputada ya no cuestiona al gobernador que prometió aumentos salariales y pases a planta antes de ser reelecto, sin poder cumplir luego con quienes le dieron su voto, pero sí se preocupa en dejar claro que de ninguna manera piensa soslayar la legitimidad del reclamo de los docentes, "pero abre interrogantes acerca de las formas en que deberían ser llevadas adelante las medidas de fuerza de modo de no hipotecar el futuro de 172000 niños y jóvenes, y con ellos de la provincia toda, evitando acentuar desigualdades sociales, e inclusive regionales, que se derivarían como consecuencias lógicas de tantas horas de clases perdidas".
Recordó que Chubut ha destinado recursos para que durante 430 y 340 días, "gremialistas con fuertes intereses políticos y personales eduquen en la ?lucha' a nuestros jóvenes", y puso como ejemplo que entre 2012 y 2019, mientras la matrícula se incrementó en 19,85%, la cantidad de horas cátedra lo hizo un 34%, y la planta de auxiliares de educación un 91,69%.
En Chubut, no pocos diputados provinciales de filiación kirchnerista comienzan a dar señales de que ya no les cae tan simpático el largo paro docente que en algún momento alentaron como táctica de desgaste político de Mariano Arcioni. El gobernador -al que están lejos están de apreciar- empezó a recibir algo de respaldo táctico de Alberto Fernández, y los dirigentes que en la última elección apostaron por Carlos Linares están guardando piedras y "miguelitos" para otra ocasión. El sapo es difícil de digerir, pero nadie quiere pisar en falso.
Primero fue el diputado Blas Meza Evans, quien promovía el juicio político a Mariano Arcioni hasta que lo convocaron desde Buenos Aires y entregó las armas en las coquetas oficinas de Sergio Massa en Avenida del Libertador.
Enrolado en el kirchnerismo más duro, el ex fiscal de Estado entendió que había prioridades que obligaban a resguardar la figura del tan poco apreciado gobernador que ahora juega para el "peronismo de los Fernández".
Antes que Meza Evans fue Carlos Gómez desde el mismo bloque quien sin pruritos dijo que era más importante preservar la producción petrolera que cuidar los modales con la veintena de docentes que cortaban la ruta que en Comodoro conduce al yacimiento de Cerro Dragón.
Sin ser del Frente Para la Victoria -aunque fue electo en su boleta en 2015-, Alfredo Di Filippo se adelantó al seguidismo albertista al acusar al titular de ATECh, Santiago Goodman, de buscar que "explote todo" y de darse ínfulas de Yasser Arafat por usar el clásico pañuelo sirio.
Los años de la vergüenza
La última en sumarse a esta cruzada de desalentar la huelga docente que ya cumplió 13 semanas desde el 22 de julio fue Viviana Navarro, la diputada provincial que siempre respondió a Néstor Di Pierro y que fue de las primeras en enfrentar
-siendo concejal- a Mario Das Neves cuando el ex gobernador se hallaba en su apogeo.
En 2009, Navarro reclamaba por la discriminación que sufría Comodoro desde el Valle, mientras otros callaban o directamente lo avalaban.
Ahora, la diputada también decidió cargar las tintas sobre Goodman. Según ella, el paradigma que subyace en el conflicto docente puede resumirse en aquella frase poco feliz: "que los estudiantes aprendan a luchar es muchísimo más importante que saber la raíz cuadrada de las cosas".
Por eso, pide el cese de la medida de fuerza, invocando los derechos de los más de 172 mil niños y jóvenes chubutenses escolarizados.
Sin embargo, la diputada no parece querer para sí un rol protagónico en la búsqueda de soluciones, sino que apela -como hace el ministro Federico Massoni, entre otros- al Poder Judicial para que este resuelva lo que la soberbia e incapacidad de la clase política no pudo.
Navarro presentó un proyecto instando al Poder Judicial a que intervenga, adoptando las medidas pertinentes "para poner fin al conflicto educativo en Chubut, garantizando el derecho a la educación, consagrado por la Constitución Provincial, Nacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos".
El aprendizaje que no vuelve
Casi cuatro meses después de que estallara el conflicto, también les pide a los jueces que intervengan "garantizando el derecho a la libre circulación de bienes y personas, por rutas y caminos provinciales y nacionales, que habitualmente se ve avasallado por las metodologías de protesta adoptadas".
En sus fundamentos, la diputada indicó que los jóvenes que egresen este año de la educación media pública habrán tenido 430 días menos de escolarización, desde que ingresaron en el año 2006 al nivel inicial, debido a conflictos gremiales.
"Esto equivale a casi dos años y medio sin clases", se alarma quien fuera concejal entre 2007 y 2015 y que ahora ocupa una banca en la Legislatura.
Su énfasis se explica también porque todo parece indicar que volverá al Concejo de Comodoro desde el próximo mes de diciembre.
"Los niños que terminan este año el sexto grado de la educación primaria pública habrán tenido 340 días menos de escolarización, desde que ingresaron en el año 2012 al nivel inicial; equivale a casi dos años sin clases", exclama con asombro.
La diputada ya no cuestiona al gobernador que prometió aumentos salariales y pases a planta antes de ser reelecto, sin poder cumplir luego con quienes le dieron su voto, pero sí se preocupa en dejar claro que de ninguna manera piensa soslayar la legitimidad del reclamo de los docentes, "pero abre interrogantes acerca de las formas en que deberían ser llevadas adelante las medidas de fuerza de modo de no hipotecar el futuro de 172000 niños y jóvenes, y con ellos de la provincia toda, evitando acentuar desigualdades sociales, e inclusive regionales, que se derivarían como consecuencias lógicas de tantas horas de clases perdidas".
Recordó que Chubut ha destinado recursos para que durante 430 y 340 días, "gremialistas con fuertes intereses políticos y personales eduquen en la ?lucha' a nuestros jóvenes", y puso como ejemplo que entre 2012 y 2019, mientras la matrícula se incrementó en 19,85%, la cantidad de horas cátedra lo hizo un 34%, y la planta de auxiliares de educación un 91,69%.
